En las últimas semanas, Irán ha ejecutado a dos víctimas inocentes por su participación en las protestas que sacuden el país. Con estas manifestaciones, la población denuncia la falta de derechos y libertades sociales, gratuitamente amputados por las autoridades patrias. La situación es de suma gravedad: el poder judicial utiliza la pena de muerte para sembrar el miedo y ejercer venganza contra quienes rehúyen de las pautas consignadas.

Las movilizaciones comenzaron en septiembre, cuando la joven Masha Amini perdió la vida en una comisaría policial, tras ser detenida por llevar mal puesto el velo islámico. El despotismo gubernamental, en cambio, viene de atrás. A raíz de las críticas, se han intensificado las persecuciones y se han endurecido las torturas. A los pesos pesados de Irán les molestan las voces discordantes y, con estas medidas, tratan de amordazar el levantamiento popular.