En la capital correntina terminó el juicio contra seis exmilitares y tres exgendarmes que participaron del genocidio. Con penas de entre 4 y 25 años de cárcel y dos absoluciones, el debate abarcó un centenar de casos de privación de la libertad y tormentos. Las demoras en la realización del juicio provocaron que dos imputados murieran impunes y otros tres zafaran por “problemas de salud”.
Este lunes el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a cinco exmilitares y dos exgendarmes (de un total de nueve imputados) con penas de entre cuatro y 25 años de prisión, acusados de la privación ilegal de la libertad y tormentos aplicados a un centenar de detenidos desaparecidos bajo la órbita de la “subzona militar 23” durante la dictadura cívico-militar-eclesiástica. Así terminó el juicio oral y público que había comenzado en el mes de agosto en los Tribunales Federales de la capital provincial.
Los condenados son los exoficiales de Inteligencia del Regimiento de Infantería 9 Horacio Losito y Juan Carlos De Marchi, ambos a 25 años de prisión. El exalférez de Gendarmería Raúl Reynoso recibió 18 años. Otros 15 años recibió el exoficial del comando de la Brigada VII Eduardo Cardoso. En tanto el excoronel del RI 9 Abelardo de la Vega fue condenado a 12 años, el exteniente primero del mismo regimiento Horacio Harsich a 8 años y el exauxiliar de Inteligencia de la Gendarmería Pedro Alarcón a 4 años.
Las penas dictadas por los jueces Fermín Ceroleni, Juan Iglesias y Eduardo Belforte son menores a las que se habían pedido desde la querella encabezada por la Secretaría de Derechos Humanos nacional. De allí que, tras conocerse el fallo, los funcionarios de esa dependencia anunciaron que apelarán la sentencia luego de que se conozcan los fundamentos de las siete condenas y las dos absoluciones.
Los dos acusados que no recibieron condena y fueron absueltos son Alfredo Farmache, exauxiliar de Personal de la Brigada VII, y Abelardo Palma, excomandante de Gendarmería. Para ellos la Fiscalía y las querellas habían pedido entre cuatro y diez años de cárcel.
En el debate judicial se analizaron los crímenes cometidos dentro de la jurisdicción de la Brigada de Infantería VII, con asiento en la ciudad de Corrientes y cuyo radio de acción alcanzaba a gran parte de la provincia y a Chaco, Formosa y Misiones, con varios Centros Clandestinos de Detención montados en toda la región. Precisamente el del Regimiento de Infantería 9 (RI 9) correntino fue el más grande de todos. El listo de las víctimas por las que se acusó y juzgó a los exmilitares y exgendarmes se puede ver al final de esta nota.
Si bien en Corrientes ya se habían realizado otros nueve juicios por crímenes de lesa humanidad, el que acaba de concluir fue el que abarcó la mayor cantidad tanto de víctimas como de genocidas acusados. En ese sentido, se lo considera un juicio “histórico”. Pese a las dos absoluciones y a penas menores para algunos de los culpables, la sentencia sienta un nuevo precedente para motorizar nuevos juicios.
Aunque también podría decirse que es “histórico” por haber sido uno de los juicios que más demoraron en llegar a realizarse. La propia Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en su calidad de querellante debió reconocer en un comunicado que el Estado se tomó “casi cuatro años entre la elevación a juicio y el inicio del debate, lo que provocó que dos imputados fallecieran y otros tres fueran apartados del proceso por problemas de salud”.
Esa dilación en el juicio, de todos modos, no es exclusiva de esta causa. De hecho, a poco de cumplirse cuarenta años del fin de la dictadura, aún hay juicios que esperan fecha de realización y otros ya terminados también pasaron largos años de espera entre la apertura de los expedientes y las sentencias, pese a que en la gran mayoría de los casos las pruebas y los testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas estuvieron a disposición de jueces y fiscales desde hacía mucho tiempo.
Según informa la propia Secretaría de Derechos Humanos, hoy en Argentina se están llevando adelante “más de 15 juicios orales en diferentes provincias” y “desde la vuelta de la democracia ya fueron condenados por la Justicia casi 1.200 genocidas”. Si se tiene en cuenta que, hasta el momento, se identificaron alrededor de 800 sitios en los que la dictadura secuestró, torturó y mató a miles de personas; se está hablando, en promedio, de 1,5 condenados por centro clandestino de detención. Poco para 40 años de “democracia”.
En su intento de mostrarse activa en causas penales contra genocidas (algunos de ellos incluso ya condenados en juicios previos), desde la secretaría que conduce Horacio Pietragalla destacan los datos “positivos” a costa de ocultar otros menos gratos. Por caso, desde hace mucho tiempo la enorme mayoría de los genocidas condenados (ocho de cada diez, informó en marzo Gloria Pagés) gozan de prisión domiciliaria, consiguiendo ese beneficio a través de diversas maniobras judiciales.
Tampoco se explica desde los despachos oficiales por qué aún hay un importante caudal de información en manos del Estado que sigue sin ser sacada a la luz. La apertura de los archivos, tanto públicos como privados (como los de la Iglesia Católica y los de las grandes corporaciones), es una demanda de amplio sectores defensores de los derechos humanos nunca atendida por los gobiernos de turno, ni siquiera los que se llenan la boca hablando de memoria, verdad y justicia.
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Los archivos públicos están en poder de las Fuerzas Armadas, de las policías, los servicios penitenciarios, los organismos de inteligencia y los ministerios nacionales y provinciales. Sólo episódicamente, y guiados por intereses políticos particulares de determinado gobierno, se abrieron parcialmente algunos archivos.
Esa limitada información abierta al conocimiento de la sociedad demostró que, si se abriera la totalidad de los archivos, muy probablemente se conocería el destino de muchas compañeras y compañeros detenidos desaparecidos y quiénes fueron sus verdugos. Para no hablar del destino de alrededor de 400 personas apropiadas que hoy sigue con su identidad cambiada.
Los verdugos correntinos y sus víctimas
Juan Carlos De Marchi fue condenado a 25 años de prisión por los secuestros y torturas de Dardo Bernasconi, Juan Carlos Cassane, Omar Solís, Mario Ingold, Juan Vilouta, Mario Barbisan, Enrique Garmendia, Omar De Giorgi, Víctor Núñez, Octavio Villoria, María Morresi, José Aguilera, Luis Orué, Raúl Merlo, Diego Orlandini, Víctor Benítez, Mario Bracamonte, Guadalupe Arqueros, Judith Casco, Viviana Chapero De Ayala, Juana Gamboa, Gladys Hanke, Irma Fernández, Lilian Lossada, Valentín Molina, Carlos Franco, Juan Basualdo, Washington Ferrer Almeida, Arturo Helman, Miguel Helman, Pedro Avalos, Rodolfo Ojeda, Alfredo Billordo, Ceferina Gauna, Vicente Ferrer Rodríguez, Carlos Duarte, Fernando Piérola, José Miño, José Almirón, Luis Díaz, Gerónimo Fernández, Dora Noriega, Julio Repetto, Silvia Martínez, Carlos Carlomagno, Juan Ponce, Mariano Nadalich, Moisés Belsky, Ramón Cura, Juan Orsetti, Pablo Busemi, Miguel Busso, Mario Arqueros, Ramón Frette, Raúl Francia; Roberto Parodi Ocampo, Máximo Wettengel y Germán Calafell. Horacio Losito también recibió una condena a 25 años. En su caso por secuestrar y torturar a Mario Ingold, Juan Vilouta, Mario Barbisan, Enrique Garmendia, Omar De Giorgi, María Morresi, José Aguilera, Luis Daniel Orué, Diego Rolando Orlandini, Mario Bracamonte, Viviana Chapero De Ayala, Juana Gamboa, Gladys Hanke, Irma Fernández, Lilian Lossada, Valentín Molina, Carlos Franco, Juan Basualdo, Washington Ferrer Almeida, Raúl Merlo, José Miño, José Almirón, Dora Noriega, Silvia Martínez, Carlos Achar Carlomagno, Mariano Nadalich, Viviana Chapero De Ayala, Moisés Belsky, Ramón Cura, Juan Orsetti, Pablo Busemi, Miguel Busso, Mario Arqueros, Raúl Francia, Gerónimo Fernández y Roberto Parodi Ocampo. Raúl Reynoso, con 18 años de cárcel, fue hallado culpable de los delitos contra Luis Orué, José Miño, Juan Silva Casanova, Silvia Martínez, Ramón Cura y Gerónimo Fernández. Eduardo Cardoso, condenado a 15 años, secuestró y torturó a José Aguilera, Luis Orué, José Pucheta, Teófila Melgarejo, Emilce Pucheta, Carlos Lamberti, Marta Pucheta, Marta Ayala; Carlos Achar Carlomagno, Valentín Molina, Washington Ferrer Almeida, Raúl Merlo, Diego Orlandini, Juan Basualdo; Modesto Pucheta, Juan Orsett, Rogelio Tomasella, Raúl Francia, Mario Arqueros y Gerónimo Fernández. Abelardo de la Vega, con pena de 12 años, fue condenado por los crímenes contra Jorge Trainer, Ramón Aguirre, Víctor Benítez, Francisco Esquivel, Hugo Torres, Miguel Lastra y Hugo Acosta. Raúl Harsich recibió ocho años por los casos de Jorge Trainer y Ramón Aguirre. Pedro Alarcón recibió una pena de cuatro años por el caso de Ramón Cura.
Fuente: La Izquierda Diario
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