Brasil: expulsa garimpeiros y vuelve a proteger a los yanomamis/ Ver- Oro de sangre por alimentos: Caso de contrabando de oro se instruye en un tribunal regional de Brasil y ha producido evidencias sobre las redes de tráfico entre la Guayana venezolana y ese país

31 MARZO 2023

Martha Zein* Columnistas

 

El Gobierno brasileño de Lula da Silva da un giro radical a la política de Bolsonaro en la Amazonía. Anuncia la expulsión de miles de personas relacionadas con la minería ilegal de oro, que había sido bendecida por el ex presidente de extrema derecha, y que tenía acogotadas a las comunidades indígenas y ponía en serio peligro su existencia y la de la propia selva amazónica. Incluso hay denuncias en marcha contra Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad por su trato a las comunidades yanomamis. Es nuestra buena noticia, ‘noticia que abraza’, del mes de marzo.

El 13 de marzo un joven líder yanomami enviaba un mensaje a quienes iban a recibir los Oscar. Lo hacía a través de un cortometraje de apenas 2 minutos que arrancaba así: «Uno de los mayores símbolos del éxito –el Oscar– podría estar pronto en tus manos. Sin embargo, este símbolo tiene un precio mucho mayor para nuestro pueblo”. Junior Hekurari tomaba la palabra en nombre de esta comunidad indígena brasileña para señalar el daño que está causando la extracción y el comercio del oro en el Amazonas, y lo hacía irrumpiendo en el corazón de la fábrica de relatos.

Custo do Ouro (El coste del oro) teñía aún más de carmín la celebrada alfombra roja de Hollywood en un momento en el que las autoridades brasileñas anunciaban que habían logrado expulsar del territorio a unas 20.000 personas relacionadas con la minería ilegal, entre mineros, cocineros, pilotos y prostitutas. En el horizonte se abría la esperanza de que fuera el comienzo del fin, o al menos del infierno en el que viven los pueblos originarios del Amazonas. El respaldo explícito del anterior mandatario, Jair Bolsonaro, a la minería ilegal, el aumento del precio internacional del oro y la crisis económica están acabando con la vida de estas comunidades y de la propia selva amazónica.

La minería tala árboles, altera los cursos de agua y transforma el paisaje. El agua estancada de las minas también cría mosquitos, que ayudan a propagar el paludismo que los mineros traen de las ciudades. El ruido de las dragas ahuyenta la caza. El mercurio que los mineros usan para separar el oro del barro se filtra en el suelo y en los ríos, matando la pesca y envenenando a los nativos. Los ríos del territorio yanomami contienen niveles de mercurio un 8.600% superiores a lo que se considera seguro.

La población yanomami, garante de la vida en las áreas protegidas de la Amazonía, está siendo diezmada. A principios de este mes, el Gobierno brasileño confirmaba que las principales causas de la muerte de 42 indígenas yanomamis en los dos primeros meses de 2023 fueron desnutrición, diarrea y neumonía, todas dolencias asociadas al hambre. En la actualidad, la tasa de mortalidad infantil supera a la de los países asolados por la guerra y el hambre: uno de cada diez niños muere, en comparación con los datos del resto del país que son aproximadamente uno de cada 100. Según el Ministerio de los Pueblos Indígenas, al menos 570 niños yanomamis murieron en los últimos cuatro años por contaminación de mercurio, amén de por la desnutrición y por hambre.

A esta cadena de violencias van enlazadas las violaciones de indígenas, la explotación sexual, la proliferación de armas, conflictos internos entre los propios nativos… En dos minutos, El coste del oro recuerda que todas ellas palpitan en nuestros símbolos más glamourosos: las estatuillas doradas, las medallas golden, las joyas que lucen las celebridades de la era del bling-bling (atuendo ostentoso) y que tanto consumen las nuevas generaciones de multimillonarios. Por eso, los yanomamis, a través de Junior Hekurari, proponen sustituir nuestros ídolos por nuevos referentes, tallados en madera, como Omama “el creador y guerrero del Amazonas y del pueblo yanomami”. Omama simboliza protección. Pero incluso Omama necesita aliados en la lucha contra el oro ilegal y su coste para nuestro pueblo y nuestra tierra».

Si bien es cierto que quien controla este mercado sobre el terreno es la delincuencia organizada a un nivel superior, son los bancos, fondos de inversión, cooperativas de crédito, incluso extranjeras, las que financian la explotación minera en Brasil. Casi un tercio del oro exportado por Brasil muestra evidencias de ilegalidad. El capital de este lobby ilegal es imprescindible para adquirir las maquinarias adecuadas y las aeronaves para el transporte del oro, ya que las zonas donde opera la minería ilegal sólo son accesibles por vía aérea en un 98%.

En esta cadena de intereses también tienen su eslabón las empresas que comercializan el oro en el resto del mundo. En 2021, la policía federal brasileña denunció, en una operación llamada Terra Desolata, que una refinería de la empresa Chimet, en la región de Los Abruzos, Italia, procesaba gran parte del oro extraído de una mina ilegal dentro de la reserva indígena de los kayapó, en Ourilandia do Norte, en el estado amazónico de Pará. Pese a ello, no se ha tomado ninguna medida contra la empresa italiana.

Por otro lado, las grandes marcas de lujo no explican de dónde obtienen el oro de sus joyas. Aunque existe el concepto de ”joyería sostenible”, no se ha diseñado un método de identificación del oro equivalente al proceso Kimberly, que se adoptó en el mercado de diamantes tras el escándalo de financiación de conflictos armados en Sierra Leona. Aunque las refinerías de oro en Suiza ya utilizan un proceso químico para averiguar el país de origen del oro, esto no es suficiente para saber si es oro de sangre o no. Sin ir más lejos, el propio ministro de Justicia brasileño, Flávio Dino, asegura: “La ley actual permite que el oro ilegal, por arte de magia, se transforme en oro legal”.

Ante la evidencia de que “arrestar a 15.000 garimpeiros es estrictamente imposible”, el citado ministro ha propuesto ir directamente “a quienes financian y blanquean las ganancias”, refiriéndose a las empresas que actúan bajo la llamada “presunción de buena fe” sobre el origen del oro comprado, y las indagaciones han comenzado a desplegarse. En este mismo mes, la Policía Federal ha abierto una investigación para esclarecer la responsabilidad de los funcionarios del gobierno del ex presidente Jair Bolsonaro, ante lo que podría constituir un ”delito de genocidio“ por omisión de ayuda. Concretamente existen denuncias que acusan al gobierno de Bolsonaro de debilitar el sistema de salud indígena (a pesar de que se había comprometido a proporcionar 23 médicos para los yanomamis, a finales de 2021 solo había 12) e incluso impidió que los equipos médicos entraran en la zona cuando la magnitud de la emergencia sanitaria era evidente.

Bolsonaro fue informado en 2020 de que los mineros habían destruido una comunidad Yanomami y no tomó ninguna resolución al respecto. Por entonces, los profesionales sanitarios ya habían presentado denuncias sobre la invasión de las aldeas por parte de los garimpeiros, su violencia, el alcoholismo y consumo de cocaína, pero es ahora cuando prosperan. En la aldea de Kayanaú los criminales utilizaban el puesto de salud indígena de la región y tomaban medicamentos y vacunas que eran para los Yanomami.

Esta omisión de ayuda parece formar parte de un plan organizado mayor, de ahí que muchas de las investigaciones abiertas apunten la acusación de genocidio. Actualmente el Supremo Tribunal Federal (STF) está examinando la posible responsabilidad del gobierno de Bolsonaro en el envío de datos falsos sobre las comunidades yanomamis. El Ministerio de Derechos Humanos investiga a la mafia de la minería por el secuestro de niñas y adolescentes para someterlas a la prostitución y la realización de trabajos domésticos en los campamentos, así como el embarazo de 30 adolescentes indígenas que habrían sido violadas por garimpeiros. La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, está evaluando dos denuncias preliminares contra Bolsonaro, presentadas por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y la comisión Arns, por presuntos crímenes de lesa humanidad y genocidio en la pandemia del covid-19, respecto a la protección que recibieron los indígenas en su gobierno.

Cesar el daño es el principio de una reparación necesaria; ese es el rayo de esperanza que parece abrirse en los ojos de los Yanomami. Pero Omama no puede hacerlo solo…

 

*Martha Zein: narradora. Utiliza múltiples lenguajes para contar el mundo. En el año 2000 empezó a desarrollar su propia línea de producción y creación basada en la ecología y el cuidado bajo el sello Producciones Orgánicas. Con el tiempo se he convertido en una experta en estrategias narrativas. Comparte este conocimiento con quienes creen que no saben contar historias;  guí a través del juego, la imaginación y la delicadeza. HabitA un barco 4 meses al año sabe del poder que adquiere un viaje cuando se convierte en relato.

 

Fuente: El Asombrario. Público.es

 

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Oro de sangre por alimentos

 

Un caso de contrabando de oro que se instruye en un tribunal regional de Brasil ha producido evidencias no solo sobre las redes de tráfico entre la Guayana venezolana y ese país, sino también de un enrevesado modus operandi que en la peor época de la crisis humanitaria intercambió el mineral dorado por comida y medicinas. Mientras una parte del oro terminaba, comprobadamente, en India, los traficantes de entonces pasaron a gozar hoy de concesiones del gobierno de Nicolás Maduro.

JOSEPH POLISZUK • MARÍA RAMÍREZ CABELLO • EDUARDO GOULART

Pacaraima.- La estatal petrolera venezolana Pdvsa concedió hace no mucho la administración de la estación de gasolina que se halla entre las localidades de Santa Elena de Uairén y Pacaraima, justo sobre la frontera entre Venezuela y Brasil, a un individuo con el nombre de Marco Antonio Flores Moreno. El nombre y los datos de identidad del concesionario coinciden con los de un ciudadano venezolano solicitado no solo en Brasil por tráfico de oro, sino también en su momento imputado en la propia Venezuela por otro caso de contrabando de oro, develado en una de las varias redadas que los organismos policiales han presentado como parte de la Operación Manos de Metal.

Se trata de uno de los mayores fornecedores –o “proveedores”, en portugués– de oro de la frontera, según apunta el expediente judicial de la llamada Operación Hespérides que las autoridades brasileñas han adelantado. Ese individuo maneja ahora el combustible que el gobierno de Venezuela lleva a esa zona remota del sur del estado Bolívar.

Después de mucho tiempo cerrada, Pdvsa reabrió la estación de gasolina de la frontera con Brasil en agosto de 2022. En la región el evento se vivió como una señal de reactivación económica, de que lo peor de la crisis ya había pasado.

Aunque en la gasolinera no se expiden ni facturas ni recibos de pago a nombre de una persona jurídica, los lugareños de ese paso fronterizo no tienen dudas de que el expendio de combustible está en manos de Marco Flores.

La estación de servicio, a cargo de Marco Flores Moreno, está en un punto estratégico: la frontera entre Venezuela y Brasil.  | Crédito: ARMANDO.INFO – Correo del Caroní

 

Nota(1r) Para seguir leyendo este extenso reportaje ir al siguiente enlace del Correo del Caroní:

Oro de sangre por alimentos

 

Fuente: Correo del Caroní

 

 

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