Boris Kagarlitsky*- Rusia: ¿Cuánto tiempo más puede durar la guerra?

Desde luego, el descontento y la resistencia crecen de forma palpable, pero también está claro que no han llegado a un punto en el que se conviertan en peligrosos para el sistema. Los actos de sabotaje ferroviario organizados por grupos clandestinos de diversas tendencias ideológicas, los incendios provocados en oficinas de enrolamiento militar e instituciones estatales, la destrucción de coches decorados con símbolos militaristas y otras acciones de este tipo suceden con más frecuencia que antes, pero siguen siendo excepciones en todo el país. Un problema mucho más grave para el gobierno es la división dentro de sus propias filas.

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El síntoma más notorio de una división política dentro del sistema fue el enfrentamiento abierto entre el ejército regular y la empresa militar privada Wagner, creada por Yevgeny Prigozhin. Después de haber obtenido el derecho de facto a ignorar las leyes y los procedimientos establecidos por el Estado, Prigozhin formó su propio ejército privado, equipado con artillería, tanques y aviones, alimentado por el reclutamiento forzoso de prisioneros en centros penitenciarios. En contravención de la ley rusa, los secuaces de Prigozhin aplican su propia justicia militar, celebran ejecuciones públicas de desertores y amenazan con fusilar a sus soldados sin dilación si tratan de huir. Desde el verano [europeo], existe una lucha abierta por el poder entre Prigozhin y los generales de carrera, en la que los insultos se suceden y se producen enfrentamientos armados entre el personal militar y los mercenarios de Wagner, estos últimos poco dispuestos a reconocer las normas de conducta establecidas por las Fuerzas Armadas.

No obstante, el conflicto entre los generales y Prigozhin no es más que la parte visible del iceberg. La burocracia gubernamental, absorta en asuntos económicos y financieros, y los organismos de seguridad del Estado no están contentos con el problemático giro de los acontecimientos. El llamamiento del gobierno a las grandes empresas para que contribuyan voluntariamente con 250.000-300.000 millones de rublos [3.110-3.740 millones de euros] al presupuesto para cubrir el déficit, que ya había alcanzado el billón de rublos en enero [las estimaciones – CNBC – sitúan el déficit en enero de 2023 en 1.700.000 millones de rublos a fecha de 15 de febrero – ed.], no fue recibido con entusiasmo. Las empresas más grandes, que antes eran las mayores beneficiarias de las reducciones fiscales del gobierno, no sólo no han mostrado voluntad de contribuir, sino que anunciaron públicamente su voluntad de no hacerlo. El problema no es el dinero como tal. La industria rusa se enfrenta a una crisis de sobreacumulación de capital, en la que los fondos libres no pueden invertirse de forma rentable y, además, debido a las sanciones, el dinero depositado en el extranjero no puede ser retirado. Pero estas empresas, incluidas las vinculadas al Estado, simplemente no le encuentran sentido a financiar un presupuesto que amenaza con aumentar el déficit de forma incontrolable. Un Estado que insiste en financiar una guerra que de todos modos ya está perdida

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Para los círculos dirigentes rusos, un rápido acuerdo con Occidente sigue siendo la única opción realista. Sus adversarios en Europa y en Estados Unidos no descartan de plano esta opción. Pero cualquier acuerdo implica inevitablemente serias concesiones por parte del Kremlin. En el mejor de los casos, un tal acuerdo implica la retirada de las tropas a las posiciones originales que ocupaban antes de que comenzara la guerra, lo que equivale a admitir la derrota. Al mismo tiempo, prolongar el conflicto no hace más que agravar la situación y choca con el hecho de que las condiciones para un alto el fuego sólo irán empeorando. De hecho, conservar el control de Luhansk y Donetsk -que se encuentran bajo protectorado ruso de facto desde 2014- es incierto; y en el futuro existe incluso la amenaza de perder la Crimea anexionada. Por supuesto, ninguna de las partes le va a pedir la opinión a los habitantes de Donbass y Crimea.

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Cualquier acuerdo real en las condiciones actuales significaría un desastre político para Putin. Por eso, a pesar de las declaraciones formales a favor de las negociaciones, la orientación central del Kremlin es la de mantener la guerra indefinidamente. Ni Occidente ni las élites rusas se muestran satisfechos con tal giro de los acontecimientos, por no mencionar que la mayoría de la sociedad rusa tampoco está nada contenta con esa perspectiva. Al no esperar concesiones aceptables por parte de Moscú, los círculos políticos occidentales decidieron finalmente levantar las restricciones a las entregas de armas a Ucrania. Comenzó con un envío importante de tanques, vehículos blindados y misiles de largo alcance, al que seguirán inevitablemente aviones. Hay muchas razones para creer que estas decisiones fueron precedidas por intentos de negociaciones entre bambalinas que convencieron a los estadistas occidentales de la absoluta insensatez de Putin y de su círculo íntimo. Aparentemente, una parte significativa de la burocracia dirigente rusa, de los negocios y del aparato militar llegó a la misma conclusión.

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El año que ha transcurrido desde el comienzo de la guerra ha dejado claro que el sistema político ruso necesita un cambio radical. Todo aquello que no sea una reforma sólo puede conducir a una mayor desintegración de las instituciones estatales y al deterioro de una economía que ya está en crisis, lo que no le conviene a nadie. Pero la única forma de cambiar de rumbo consiste en desalojar a Vladimir Putin del poder. Por supuesto, el presidente en funciones no estaría de acuerdo, pero tampoco lo estarían muchos de los que lo rodean, porque son conscientes de que, sin un padrino, perderán rápidamente su puesto y quizá se conviertan en chivos expiatorios. Después de todo, alguien tendrá que ser sancionado por sus errores y delitos. En este caso, enviarlos a La Haya como criminales de guerra podría ser el aterrizaje más suave posible para ellos, ya que la experiencia de la historia rusa demuestra que en circunstancias en las que el estado de derecho no funciona, el destino de los responsables derrotados es verdaderamente terrible.

Pese a la censura permanente y a la represión intermitente, en Rusia ya se habla casi abiertamente de estas hipótesis. Cada día, Moscú a finales de febrero de 2023 se parece más a Petrogrado a principios de febrero de 1917. El grado de pertinencia de esta analogía se revelará en un futuro muy próximo. Por supuesto, el liderazgo de Putin puede aferrarse a sus posiciones. Pero esto no hará más que retrasar el inevitable desastre, que será tanto más extenso cuanto más tarde se produzca.