La exministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos y senadora electa por el Distrito Federal, Damares Alves (republicanas) es uno de los temas más comentados en twitter desde el viernes (20), cuando ocurrió la tragedia humanitaria que asola al pueblo Yanomami en Rondônia. Según lo revelado por numerosos informes y confirmado por una amplia documentación, más de 500 niños yanomami han muerto de hambre y enfermedades desde 2019, cuando comenzó el proyecto de persecución generalizada contra los pueblos originarios, impulsado por el gobierno de Bolsonaro. Fotos de indígenas en condiciones que recuerdan a los campos de concentración nazis dieron la vuelta al mundo y desencadenaron una serie de críticas y cargos contra Damares.

Como ministra de derechos humanos, era su responsabilidad recibir las denuncias de violaciones de los derechos indígenas y trasladarlas a las autoridades responsables, lo que parece no haber sido así. Además, se acusa a Damares de actuar conscientemente para promover el genocidio del pueblo yanomami y allanar el camino para la minería en la región, política prioritaria del gobierno de Bolsonaro. No es la primera vez que Damares se involucra en temas relacionados con los pueblos indígenas. En 2019, la exministra fue acusada de haber secuestrado a una niña indígena en 2005, cuando trabajaba como misionera en Mato Grosso. Nunca se aclaró el caso y se dijo por no dicho. Damares dice ser la “cuidadora” de la joven Lulu Kamayurá, ahora de 24 años, y asegura que nunca formalizó los papeles de adopción porque su vínculo con la joven es meramente “socioafectivo”. Por cierto, este es otro punto. Damares realizó misiones de evangelización en territorios indígenas. Coincidencia o no, su gestión es acusada precisamente de sustituir, muchas veces, una genuina política indigenista por misiones de evangelización, destruyendo la cultura de los pueblos indígenas.

Con el estallido del escándalo de la sospecha de genocidio, Damares ya no pudo contener la ola de indignación y denuncias y comenzó el diluvio.

Los diputados del PT Reginaldo Lopes (PT-MG), Zeca Dirceu (PT-PR), Alencar Santana (PT-SP) y Maria do Rosário (PT-RS) interpusieron este domingo (22) el MPF (Ministerio Público Federal) contra Bolsonaro administración en territorio yanomami. Según la representación enviada:

“Esta política de Estado comandada directamente por el ex representante de la Nación y ejecutada, también por acción y/u omisión dolosa del segundo representado [Damares] y demás actores que formaron parte de la mala gestión que culminó el 31/12/22, contribuyó decisivamente a la contaminación de los ríos (mercurio) y, en consecuencia, se tradujo en impactos en la alimentación (pesca) y las condiciones sanitarias (salud) de los pueblos tradicionales que viven y sobreviven en zonas donde no debería haber minería, legal o ilegal”.

Y continua:

“El pueblo indígena yanomami fue víctima de acciones y omisiones criminales, en una política de Estado orquestada y conducida para conducir a la aniquilación de esa comunidad en particular y de otros pueblos indígenas de la región, con el objetivo de abrir camino a la prospección, tala y otros ocupaciones económicas nocivas de dichas tierras. Los responsables de este genocidio no pueden quedar impunes”.

Por su parte, el Ministro de Desarrollo y Asistencia Social, Wellington Dias, afirmó que es una “vergüenza” que los indígenas mueran de hambre “en el país que es el 4º productor de alimentos del mundo”:

“Equipos y autoridades indígenas en Roraima dijeron que aún no se sabe a ciencia cierta cuántas personas murieron en este genocidio, agravado por estar dentro de un territorio yanomami, de protección y responsabilidad federal, que permitió la minería ilegal, contaminando con mercurio las aguas y los presencia del crimen organizado”, declaró Dias.

Flavio Dino, ministro de Justicia, también dijo este sábado (21) que determinará la apertura de una investigación en la Policía Federal para investigar el asunto y determinar si hubo dolo o culpa en el caso de las muertes y desnutrición de miembros de las comunidades indígenas: “El presidente Lula determinó que las leyes se cumplan en todo el país. Y hagámoslo en relación al sufrimiento criminal impuesto a los Yanomami. Hay fuertes indicios del delito de genocidio, que será investigado por la PF”, dijo Dino.

Pero el caso no se restringe a diputados de gobierno o ministros de estado. El insospechado simpatizante del ministro del PT, Gilmar Mendes, dijo este domingo (22) en su twitter que es “urgente” determinar responsabilidades por la situación de la población en territorio yanomami. Según él, “La inaceptable situación de penuria de los yanomamis, ahora revelada, es una tragedia demasiado grande para creer que fue improvisada. La determinación de responsabilidades es urgente”.

Críticas de la izquierda radical

El diputado Glauber Braga (PSOL-RJ) dijo que hubo 21 solicitudes de ayuda ignoradas por Bolsonaro. “La situación encontrada en Roraima ya había sido denunciada más de una vez por activistas y líderes indígenas al gobierno de Bolsonaro, pero no se tomó ninguna medida”, declaró.

Además, un grupo de diputados del PSOL pide una investigación contra Bolsonaro, Damares y Marcelo Xavier, expresidente de FUNAI.

El pedido de verificación fue por iniciativa de la diputada federal electa Célia Xakriabá: “Damares le pidió a Bolsonaro, en medio de la pandemia de Covid-19, vetar las camas de UCI, el agua potable, los materiales informativos y los artículos de higiene. Es un genocidio planeado. Un ataque directo a nuestros pueblos. Son delincuentes y deben rendir cuentas por las muertes que causaron”, dijo.

Por su parte, Guilherme Boulos (PSOL-SP) afirmó que Bolsonaro, Damares y Moro deben responder por sus crímenes contra las poblaciones indígenas ante la Corte Internacional de La Haya.

En su twitter, Damares se defendió de las acusaciones lanzando una nueva cortina de humo: “Siempre he cuestionado la política de aislamiento impuesta a algunas comunidades”, declaró en su perfil. En otras palabras, para Damares no se trata de proteger las culturas y modos de vida tradicionales de estas comunidades, sino de combatir su “atraso”, “integrarlos a la sociedad”.

Aunque el notario tiene gran parte de la culpa, hay que reconocer que Damares es solo una de las piezas de este complejo mecanismo montado para exterminar a los indígenas y arrebatarles sus tierras. Otra pieza, también muy comentada durante el fin de semana, es Sergio Moro.

Fue durante su mandato que la FUNAI pasó a depender del Ministerio de Justicia. Moro está acusado de hacer la vista gorda ante el asesinato de indígenas ocurrido en 2020 en Maranhão. Según los informes, Moro habría enviado a la Fuerza Nacional para que se hiciera cargo del asunto, pero su ordenanza simplemente excluyó de la acción de la Fuerza Nacional a los territorios más atacados por los madereros ilegales. Además, la mano derecha de Moro está directamente involucrada en la destitución del indigenista Bruno Pereira de la FUNAI. Bruno había estado investigando crímenes contra comunidades indígenas durante el gobierno de Bolsonaro y fue asesinado junto con el periodista británico Dom Phillips en Roraima en junio de 2022.

Pero ninguno de estos crímenes hubiera sido posible si no hubiera habido, para todos ellos, un autor intelectual, inspirador y promotor. Se trata de Jair Bolsonaro, el mismo que declaró con todas las palabras que no daría “una pulgada de tierra a los indígenas”. Todas estas atrocidades que ahora salen a la luz se llevaron a cabo bajo su mando y protección. Como si todos los demás crímenes cometidos por Bolsonaro en los últimos cuatro años no fueran suficientes, ahora hay que agregar el intento de genocidio de todo un pueblo, todo en nombre de la minería ilegal y la tala depredadora, motores del modelo de desarrollo bolsonarista, pero que en última instancia no son más que una política de muerte.

Con información de Agência Câmara de Notícias y Agência Estado