Mucho antes de Bretton Woods, las poderosas naciones capitalistas perfeccionaron el arte de explotar a otros países sin colonizarlos formalmente. Lo hicieron a través de una economía internacional amañada, gobernada por instituciones como el Banco Mundial y el FMI.
El artículo que sigue es una reseña de The Meddlers: Sovereignty, Empire, and the Birth of Global Economic Governance, de Jamie Martin (Harvard University Press, 2022).
¿Cómo justifican las instituciones económicas internacionales la intromisión en Estados soberanos? Como sostiene Jamie Martin en su nuevo libro, The Meddlers: Sovereignty, Empire, and the Birth of Global Economic Governance, no lo hacen con el lenguaje de la «coerción» sino de la «cooperación».
Meddlers rastrea la historia de las infracciones occidentales en las economías de los Estados soberanos no occidentales y los orígenes de las instituciones que rigen la economía mundial en la actualidad. Aunque la mayoría de las veces se asocia con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, como sostiene Martin, Occidente empezó a crear una economía global estructurada según sus intereses mucho antes de la Segunda Guerra Mundial.
Merece la pena tomar en serio el relato de Martin, y no solo porque nos permite desenmascarar la retórica de la cooperación y el desarrollo que justifica un orden internacional explotador y desigual. Para desafiar al capitalismo a nivel local y nacional, necesitamos entender cómo la clase capitalista organiza y proyecta su poder a nivel internacional.
Los inicios de la gobernanza económica mundial
En 1944 nacieron las instituciones de Bretton Woods, como el FMI y el Banco Mundial. Sin embargo, a pesar de la fanfarria, estas y otras estructuras económicas de la posguerra representaban una nueva versión de una vieja ambición de control económico global. De hecho, como escribe Martin, incluso antes de la Primera Guerra Mundial los imperios europeos habían «perfeccionado el arte de inmiscuirse en los asuntos de otros sin necesidad de colonizarlos formalmente».
Después de la guerra, la Sociedad de Naciones desempeñó un papel activo en la apertura de las economías de los antiguos imperios Habsburgo y Otomano a la explotación internacional. Otras crisis económicas, como la Gran Depresión, hicieron que otras naciones-estado acudieran a la Sociedad en busca de ayuda, intercambiando soberanía por préstamos y otras ayudas. Por ejemplo, a principios de la década de 1930, la Liga eliminó el control de China sobre sus propios niveles arancelarios, su desarrollo industrial y su producción agrícola. Todo esto se hizo, como argumentaron los defensores del nuevo orden, en aras de la estabilización financiera. Lo que eran menos propensos a admitir era que los imperios centrales privilegiaban la estabilidad económica mundial sobre la estabilidad interna de sus colonias.
Como explica Martin, otras instituciones económicas de la posguerra se crearon en la década de 1930 o se inspiraron en las que ya existían. Por ejemplo, la Comisión Internacional del Estaño (ITC) surgió a raíz de la Gran Depresión y, según Martin, fue uno de los primeros experimentos de gobernanza económica mundial. Anteriormente, los cárteles británicos dominaban el comercio mundial del estaño, resultado del control del imperio británico sobre las industrias del estaño y el caucho de Malasia. Para el Reino Unido, esto era una ventaja significativa dada la importancia de estos productos para los industriales del automóvil como Harvey Firestone y Henry Ford. Sin embargo, Gran Bretaña aceptó ceder parte de su soberanía imperial al ITC para estabilizar los precios del estaño tras el colapso de la demanda durante la Gran Depresión.
El ITC tuvo éxito y pasó a inspirar a otros grupos internacionales, como la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), así como a los cárteles que organizan los mercados mundiales del trigo, el té y el café. Martin explica que cuando estas organizaciones llegaron a gobernar el comercio de productos básicos clave, sustituyendo la competencia del mercado por la colusión, recortaron la oferta para aumentar los precios de los productos básicos. Así es como estos cárteles garantizan la estabilidad económica y la rentabilidad de las naciones occidentales más ricas y sus corporaciones, a expensas de las naciones más pobres donde se suelen producir los productos básicos.
Finanzas armadas
La discusión del libro sobre el Banco de Pagos Internacionales (BPI) es de especial interés. Creado en la primavera de 1930, el BPI se convirtió en un modelo para instituciones posteriores. Louis McFadden, un representante republicano de Pensilvania, lo llamó una «Liga de Naciones financiera». De hecho, según sus partidarios más comprometidos, gracias al BPI «no habría necesidad de soldados ni de barcos de guerra. El banco mundial, y solo el sistema bancario mundial, podría mantener la paz».
El BPI no consiguió precisamente este objetivo. Tampoco intervino para ayudar a los países en dificultades a estabilizar sus economías ni prestó dinero para contribuir al desarrollo económico. Por el contrario, era un banco central de bancos centrales, con capacidad para incidir en la política monetaria de las naciones soberanas. Tras la Segunda Guerra Mundial, las mismas grandes potencias crearon el FMI y el Banco Mundial para llevar a cabo las funciones que quedaban fuera de las competencias del BPI, incluyendo los préstamos.
El punto de vista de Martin es que estos programas siempre fueron diseñados como extensiones del poder económico occidental. El BPI se aseguró de que los bancos centrales de todo el mundo alinearan sus políticas monetarias con las preferidas por Occidente, mientras que el FMI y el Banco Mundial concedían préstamos con condiciones que garantizaban un desarrollo global desigual. Mientras tanto, los cárteles que dominan los mercados de materias primas fijan los precios sin tener en cuenta los intereses de los trabajadores o de las naciones más pobres.
Aunque el FMI y el Banco Mundial han perfeccionado el arte de prestar dinero con condiciones onerosas, esta práctica también es anterior a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, lo que ha cambiado es que, con el tiempo, las condiciones impuestas a estos préstamos se han vuelto más gravosas. Las condiciones de «ajuste estructural» impuestas a los préstamos —que solo se aplican a los países prestatarios— han obligado a los países en desarrollo a liberalizar los mercados, aumentar los tipos de interés, imponer la austeridad y privatizar las empresas estatales.
Las naciones en desarrollo, a su vez, tienen muy poco que decir al respecto. Los directorios del FMI y del Banco Mundial están diseñados para garantizar que esas naciones sigan siendo marginales en el proceso de toma de decisiones. Estas prácticas, como argumenta Martin, son «una extensión del arte del estado financiero con más de un siglo de historia».
De hecho, en la historia reciente, el FMI y el Banco Mundial han reforzado su control sobre la economía mundial. Tras el colapso de la Unión Soviética, así como la crisis financiera asiática de los años 90, el FMI emitió una nueva serie de préstamos de ajuste estructural, extendiendo el neoliberalismo a naciones como Rusia y México. Y durante la pandemia, el FMI siguió poniendo condiciones a los préstamos, una práctica que, según Martin, es poco probable que abandone.
La cuestión es que el mercado mundial nunca fue libre. Por el contrario, ha sido mantenido por instituciones económicas que se basan en el dominio geopolítico y económico de Occidente y lo mantienen.
Implicaciones para la actualidad
Para Martin, la solución no es ni un retorno al nacionalismo económico ni una transformación de raíz del sistema económico mundial. Por el contrario, concluye que
Un retroceso a las políticas nacionalistas es peligrosamente inadecuado para los problemas globales del siglo XXI. Pero también está claro que hay que replantearse radicalmente el gobierno de la economía mundial si se quiere que sea plenamente compatible, por primera vez, con una verdadera autodeterminación económica y un autogobierno democrático, y para todos los Estados, independientemente de sus historias de soberanía y de sus posiciones imaginadas en un orden global jerárquico.
Martin aboga por una red de seguridad mundial y una ampliación de los Derechos Especiales de Giro (DEG), que darían a los países prestatarios liquidez y seguridad, pero sin condiciones. También sostiene que las instituciones que rigen la economía mundial deben incluir más representantes no estadounidenses o enfrentarse a un colapso sistémico. Sin embargo, aunque algunas de estas propuestas son atendibles, indican también el mayor límite político de The Meddlers. A pesar de las críticas que plantea, Martin acepta la existencia de las instituciones cuya historia descubre.
Sin embargo, como deja claro el relato histórico de Martin, las clases capitalistas de las economías occidentales dominantes construyeron la Organización Mundial del Comercio, el FMI, el Banco Mundial y el BPI para extender su control sobre el mundo. Por eso, para luchar eficazmente contra el neoliberalismo a nivel local, será necesario luchar por un nuevo sistema internacional, auténticamente democrático.
Los costes para nosotras, las ganancias para el capital
Endika Alabort Amundarain @autogestioa
27 OCT 2022
Los beneficios empresariales son los responsables de gran parte del incremento del coste de la vida.
Decir que el coste de vida ha tomado una tendencia al alza es cosa sabida. La subida de los precios de los alimentos está afectando gravemente a la población más humilde; los precios del combustible no han dejado de subir; el coste de la electricidad y del gas están convirtiendo tareas básicas para el bienestar de las personas, como cocinar, mantener la casa a una temperatura óptima, usar la lavadora, en cuestiones de privilegiados. El derecho a una vivienda digna es una vieja exigencia que sigue sin satisfacerse. Hay que destacar que este aumento del coste de la vida, medido a través de la inflación, golpea más violentamente a las personas que tienen bajos ingresos.
Sin embargo, las previsiones económicas y los últimos datos señalan que la inflación se irá moderando en el futuro inmediato. Mientras, junto a este crecimiento inflacionario, en muchos sectores los beneficios empresariales han crecido considerablemente. Así lo subraya el BCE: “Muchas empresas han elevado sus precios más allá de la subida de los salarios nominales y, en muchos casos, incluso de la subida de los costes de la energía”. En resumen, que los beneficios empresariales han sido en gran parte los responsables del creciente coste de vida.
Una inflación de dos dígitos ha sido el enésimo golpe contra las trabajadoras. Los incrementos salariales firmados desde la Gran Recesión en los convenios colectivos laborales han sido, en general, deficientes, y deberíamos hablar de recortes salariales si lo medimos en términos reales. Las empresas siempre han utilizado la excusa de la crisis para no aumentar sus retribuciones salariales, especialmente a partir de 2008, manteniendo convenios colectivos sin renovar durante años. A esto hay que añadir que, a partir de 2002, la Moneda Única no ha servido de ayuda en esa evolución salarial, y así también se puede explicar cómo las trabajadoras tienen la misma capacidad de compra que ese año 2002, 20 años después.
De todas formas, no todo es cuestión de dinero. La carga de trabajo que sufren las trabajadoras ha aumentado, en beneficio de las empresas. El ritmo de trabajo creciente, el control exhaustivo de la empresa a través de la tecnología, la exigencia de una atención muy alta en las tareas encomendadas, la alta movilidad en los puestos de trabajo, la escasa formación impartida por las empresas… han multiplicado exponencialmente el coste psicológico del trabajo, a cambio de un salario insuficiente que no garantiza un nivel de vida digno. La OCDE informa de que uno de cada cinco trabajadoras sufre trastorno mental, depresión o ansiedad y que en la actualidad la inseguridad laboral y el aumento de la presión están aumentando los problemas de salud mental.
El crecimiento del coste de vida y el empeoramiento de la salud mental son consecuencias directas del funcionamiento capitalista
El crecimiento del coste de vida y el empeoramiento de la salud mental son consecuencias directas del funcionamiento capitalista, que influyen positivamente en el balance anual de muchas empresas. Lo peor es que esta situación se ha normalizado, porque, en este realismo capitalista que padecemos, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Parece que es la decepción la que está ganando el partido. ¿Es así?
Agentes sociales y sindicatos han puesto en marcha en el Reino Unido la campaña Enough is enough, con cinco demandas para hacer frente a la crisis: aumento salarial real, reducción de la factura energética, acabar con la pobreza alimentaria, garantizar una vivienda digna para todas y gravar a los ricos. No será una propuesta revolucionaria, pero puede ser un principio. Si a esto añadimos la expansión del sindicalismo transformador y la reducción de la jornada de trabajo sin reducción salarial, permitiría arrojar luz en el oscuro contexto trasladado en los párrafos anteriores.
No debemos olvidar que estamos hablando del conflicto entre capital y trabajo. El conflicto entre el capital y la vida.
Venezuela: La tripartita, ayer y hoy.
«La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa»
Karl Marx. El 18 de brumario de Luis Bonaparte
La historia laboral de Venezuela registra tristes páginas dedicadas a las negociaciones tripartitas, desde la privatización de los regímenes de seguridad social hasta la suspensión de las prestaciones sociales laborales, todo esto en los años 90 del siglo pasado. Recientemente y casi de forma irónica, Venezuela vuelve a recurrir a este mecanismo poniendo en alentar a las fuerzas obreras del país.
Entre 25 y el 28 de abril de este año se realizó en Venezuela el foro “Diálogo Social”. Uno de sus objetivos era presentar y evaluar los mecanismos dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la instalación de una consulta tripartita en el país.
En el mecanismo de consulta participaron representantes de las partes patronales, obreras y estatales, bajo la asesoría técnica de representantes de la OIT, según lo dispuesto en el Convenio 144 establecido por dicha institución.
El convenio denominado “Sobre la Consulta Tripartita” fue elaborado por la OIT en 1976 y ratificado por Venezuela en 1983. Sin embargo, la última vez que el mecanismo fue utilizado en Venezuela fue en el año 1997, durante el gobierno de Rafael Caldera. Curiosamente, tanto en la actual como en aquella consulta el tema principal fue el salario.
Primero como tragedia
La década de los 90 fue testigo de la más brutal y frenética ofensiva contra la clase obrera venezolana. Desde el gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989) se había instalado en el país la nefasta práctica de bonificación salarial y gracias a los continuos programas de ajuste económico esta dinámica terminó por profundizar a niveles inverosímiles.
Durante aquellos años el objetivo macroeconómico central de las élites políticas consistía en lograr el refinanciamiento de la deuda externa. Esto obligaba a cumplir una serie de exigencias impuestas por las agencias internacionales de financiamiento. Una de ellas era el reconocimiento de la deuda externa privada que había sido acumulado por la burguesía venezolana entre años 70 y comienzos de los 80 gracias al mecanismo de los dólares preferenciales otorgados por el Estado.
El gravamen de la deuda fue reconocido y ratificado por los gobiernos copeyanos y adecos, pero sus auténticos responsables salieron exentos de todo compromiso. El pago de dicha deuda se realizó por medio de la precarización y pauperización de las clases populares y obreras del país.
Primero por medio de los continuos programas de ajuste económico y luego mediante las políticas abiertamente neoliberales de Carlos Andrés Pérez y “El Gran Viraje” destruyendo gran parte de las garantías y contraprestaciones laborales. No obstante, primero el 27 de febrero de 1989 y luego el 4 de febrero de 1992 transformarían la resiliencia social en indignación de clase.
Con la intención de doblegar a las fuerzas populares movilizadas se realizó la consulta tripartita. Al vivo estilo de cualquier herramienta de restauración, aquella consulta fue utilizada para legitimar los años de expoliación y robo que la clase popular y obrera había experimentado.
Fue entonces que los primeros días de marzo de 1997 comenzó la consulta tripartita, en la misma participaron, por la parte empresarial, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARA); El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (CONSECOMERCIO); La Confederación Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA); La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela(FEDEAGRO); y La Federación de Cámaras y Asociaciones de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela (FEDEINDUSTRIA).
Por parte de los trabajadores estuvieron presentes La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV); La Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA); y La Confederación General de Trabajadores (CGT).
Por el Estado fueron representantes La Oficina Central de Planificación y Coordinación de la Presidencia de la República (CORDIPLAN), así como los ministerios de industrias y comercio, hacienda y trabajo, respectivamente.
· El Acuerdo Tripartito sobre Seguridad Social Integral y política salarial.
El resultado de estos encuentros fue el Acuerdo Tripartito sobre Seguridad Social Integral y política salarial (ATSSI) firmado el 17 de marzo de 1997 en Miraflores. El mismo contemplaba algunos elementos que son de obligatoria reflexión.
En primer lugar, el documento ordenaba la creación de un sistema de seguridad social bajo la dirección y rectoría del órgano tripartito. En el punto 3.1, correspondiente a las pensiones, establecía la capitalización de todos los fondos de pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y su colocación en cuentas y fideicomisos no estatales que ofrecieran un adecuado rendimiento. Estos fondos a su vez serían manejados por una entidad creada por la tripartita para tal fin con el objetivo de garantizar su rentabilidad.
Por su parte, el punto 3.2 el documento establecía la privatización de la red de asistencia patrimonial del IVSS para ser manejada bajo distintos modelos de negocio, pero según el principio de competencia de mercado y eficacia gerencial.
El capítulo II, correspondiente a la materia de Prestaciones Sociales y Salario, establecía la modificación del cálculo de prestaciones, extendiendo los tiempos de avalúo y disminuyendo la carga patronal en las mismas, estableciendo como tiempo para su cobro de 90 días a 5 años.
En lo referente al salario mínimo, el punto 5.1 establecía la creación de una comisión técnica tripartita que anualmente tenía la tarea de realizar recomendaciones al ejecutivo sobre el aumento o la congelación del mismo.
Estos acuerdos fueron refrendados primero por medio de la Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo realizada el 19 de junio de 1997, la cual establecía como mecanismo de cálculo de prestaciones lo que el convenio establecía y además creaba el mecanismo tripartito de consulta salarial.
Por su parte, la Ley Orgánica de Seguridad Social Integral sancionada el 30 diciembre de ese mismo año establecida lo propio con respecto a la privatización de los fondos y las instalaciones del IVSS, que serían liquidados por decreto el 23 de septiembre de 1998.
Cabe resaltar que ambas políticas se enmarcaron en los lineamientos programáticos de La Agenda Venezuela, plan económico de Rafael Caldera. Su objetivo, en el caso de las pensiones, era la reconstrucción del mercado de capitales bancarios que había sido golpeado durante la crisis de 1995-1996,creando fondos pensionales dirigidos al crédito y la inversión.
Algo similar sucedía con el subsistema de salud. Esta iniciativa se generaba debido a la necesidad de dinamizar el sector de la salud privada que se encontraba rezagado, además de servir como prueba para el Fondo Monetaria Internacional de que sus políticas en cuanto a reducción de gasto social estaban siendo ejecutadas en el país.
Sin embargo, la tragedia no se hizo esperar y lo que se planteó como solución del problema simplemente lo agravó. Para finales de 1997 el ingreso anual promedio era casi 43% menor al de 1979, reduciéndose de los 5345 a los 3049 dólares. Lo anterior también ayudó a acrecentar la desigualdad. Para el mencionado año el 5% más rico de la población se apropiaba de más de la mitad del ingreso nacional[1]. En el terreno de la salud el gasto del Estado se redujo en un 20% para finales de 1997, de igual forma más del 50% de la población se encontraba en la línea de la pobreza y más de 25% por debajo de la misma[2]
Los datos hablan por sí solos. Este primer intento de consulta tripartita en Venezuela se desarrolló como una gran tragedia para el escenario social venezolano.
Chávez y la tripartita
Para Chávez fue evidente esta realidad, lo cual le llevo a realizar fuertes críticas al mecanismo de la tripartita, considerándola una herramienta del neoliberalismo y el imperialismo. Por eso en el año 2006 se refería de la siguiente forma al dispositivo.
“Vamos a recordar un poco, vamos a recordar un poco que pasaba por aquí en Venezuela hace 10 años, 10 años es nada. 1996 pues, 10 años. Qué era lo que se estaba haciendo hace 10 años aquí. Bueno, se estaban haciendo muchas cosas, estaba en marcha a todo vapor aquella llamada agenda Venezuela… Hace 10 años, estaba en marcha dentro de ese plan neoliberal, la privatización de la seguridad social, y en 1997, aquél año 97 fue cuando más avanzó aquél proyecto, largas discusiones en el seno de aquella tristemente célebre tripartita, ¿recuerdan ustedes la tripartita? A la que algunos llamaban la tri-maldita.
Bueno, el plan era entregarle a esos sectores privados, a la oligarquía criolla y a la banca transnacional, es decir, al imperialismo entregarle el dinero de los venezolanos para que ellos lo administran, supuestamente o bajo el supuesto de que el Estado no tiene capacidad para administrar eso, de que el Seguro Social bueno era parte del pasado y que aquello… bueno, no sería para administrar un centavo, que había que dárselo al sector privado, a estas administradoras de los fondos de pensiones porque ellos sí sabían cómo administrar los recursos de los trabajadores, trabajadoras, y cómo ponerlos a rendir además.“[3]
Afortunadamente, casi de forma inmediata fueron revertidas estas políticas, tanto el nefasto régimen de seguridad social como la privatización de IVSS. La propia Constitución de 1999 establecía en la disposición transitoria cuarta la derogación de dichas leyes y la promulgación de otras mejores que regulen ambos casos.
¿Ahora como farsa?
Como se dijo al inicio, el actual proceso de consulta tiene como epicentro el salario, pero este está vinculado a las prestaciones. De hecho entre las muchas propuestas que intentan tratar esta vinculación está la de Jorge Roig, integrante del consejo de administración de la OIT en Venezuela, quien ha propuesto la promulgación de una Ley de Emergencia Laboral para aumentar el salario pero sin que el mismo tenga incidencia en las prestaciones sociales. Esto último resulta muy familiar al compararlo con los acuerdos de 1997.
Por otro lado, incluso el propio mecanismo de la tripartita parece no ser tan eficiente porque a pesar de las buenas intenciones de la OIT y de que 128 Estados Miembros (del total de 187 afiliados a la organización) han ratificado y utilizado el mecanismo de la tripartita, de los 1.721 millones de trabajadores/as contratados/as y asalariados/as registrados/as por la OIT, 327 millones reciben hoy una paga inferior al salario mínimo y 500 millones reciben ingresos menores por horas trabajadas que las negociadas sin razones definidas. Esto último según el propio Informe Mundial sobre Salarios 2020-2021 de la OIT.[4]
Por su parte, el Informe sobre el diálogo social del 2022[5], también elaborado por la OIT, revela que de los 187 Estados miembros de la OIT, solo 86 registran funcionamiento de sindicatos obreros. Es decir, por lo menos 42 Estados han realizado convenios tripartitos sin tener siquiera sindicatos que representen a la clase obrera en las mencionadas consultas.
Como queda claro, nada hace presagiar, ni en nuestra historia ni en la de la OIT, que el mecanismo de la tripartita logre solucionar los grandes problemas que someten y agobian a la clase obrera venezolana. Pareciera más bien que se presenta, como lo hizo en el pasado, como un mecanismo para legitimar la actual situación laboral venezolana.
Es posible que todo este cuento no termine en una tragedia, sino como una gran farsa para nuestra clase obrera.
Debemos asumir que la única forma, como clase, que tenemos de defender nuestros derechos sigue siendo la organización y la movilización permanente. Hoy toca remitirse a la historia y apreciar con confianza el futuro que tenemos por delante, luchando contra la tragedia de la desigualdad y la miseria y sabiendo leer los movimientos de nuestro enemigo de clase.
[1] Margarita López Maya y Luis Lander en Emir Sader (coord.) El Ajuste Estructural en América Latina Costos Sociales y Alternativas, Buenos Aires: CLACSO, 2001, p. 244.
[2] Ibídem. P. 246.
[3] 09/06/2006. Discursos y Alocuciones. Comandante presidente. Salón Venezuela, Círculo Militar. Caracas, Distrito Capital, Venezuela.
[4] https://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2020/WCMS_762317/lang–es/index.htm
[5] https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_857318/lang–es/index.htm
Fuente: Tatuy Tv Comunistaria
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