«La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa»
Karl Marx. El 18 de brumario de Luis Bonaparte
La historia laboral de Venezuela registra tristes páginas dedicadas a las negociaciones tripartitas, desde la privatización de los regímenes de seguridad social hasta la suspensión de las prestaciones sociales laborales, todo esto en los años 90 del siglo pasado. Recientemente y casi de forma irónica, Venezuela vuelve a recurrir a este mecanismo poniendo en alentar a las fuerzas obreras del país.
Entre 25 y el 28 de abril de este año se realizó en Venezuela el foro “Diálogo Social”. Uno de sus objetivos era presentar y evaluar los mecanismos dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la instalación de una consulta tripartita en el país.
En el mecanismo de consulta participaron representantes de las partes patronales, obreras y estatales, bajo la asesoría técnica de representantes de la OIT, según lo dispuesto en el Convenio 144 establecido por dicha institución.
El convenio denominado “Sobre la Consulta Tripartita” fue elaborado por la OIT en 1976 y ratificado por Venezuela en 1983. Sin embargo, la última vez que el mecanismo fue utilizado en Venezuela fue en el año 1997, durante el gobierno de Rafael Caldera. Curiosamente, tanto en la actual como en aquella consulta el tema principal fue el salario.
Primero como tragedia
La década de los 90 fue testigo de la más brutal y frenética ofensiva contra la clase obrera venezolana. Desde el gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989) se había instalado en el país la nefasta práctica de bonificación salarial y gracias a los continuos programas de ajuste económico esta dinámica terminó por profundizar a niveles inverosímiles.
Durante aquellos años el objetivo macroeconómico central de las élites políticas consistía en lograr el refinanciamiento de la deuda externa. Esto obligaba a cumplir una serie de exigencias impuestas por las agencias internacionales de financiamiento. Una de ellas era el reconocimiento de la deuda externa privada que había sido acumulado por la burguesía venezolana entre años 70 y comienzos de los 80 gracias al mecanismo de los dólares preferenciales otorgados por el Estado.
El gravamen de la deuda fue reconocido y ratificado por los gobiernos copeyanos y adecos, pero sus auténticos responsables salieron exentos de todo compromiso. El pago de dicha deuda se realizó por medio de la precarización y pauperización de las clases populares y obreras del país.
Primero por medio de los continuos programas de ajuste económico y luego mediante las políticas abiertamente neoliberales de Carlos Andrés Pérez y “El Gran Viraje” destruyendo gran parte de las garantías y contraprestaciones laborales. No obstante, primero el 27 de febrero de 1989 y luego el 4 de febrero de 1992 transformarían la resiliencia social en indignación de clase.
Con la intención de doblegar a las fuerzas populares movilizadas se realizó la consulta tripartita. Al vivo estilo de cualquier herramienta de restauración, aquella consulta fue utilizada para legitimar los años de expoliación y robo que la clase popular y obrera había experimentado.
Fue entonces que los primeros días de marzo de 1997 comenzó la consulta tripartita, en la misma participaron, por la parte empresarial, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARA); El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (CONSECOMERCIO); La Confederación Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA); La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela(FEDEAGRO); y La Federación de Cámaras y Asociaciones de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela (FEDEINDUSTRIA).
Por parte de los trabajadores estuvieron presentes La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV); La Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA); y La Confederación General de Trabajadores (CGT).
Por el Estado fueron representantes La Oficina Central de Planificación y Coordinación de la Presidencia de la República (CORDIPLAN), así como los ministerios de industrias y comercio, hacienda y trabajo, respectivamente.
· El Acuerdo Tripartito sobre Seguridad Social Integral y política salarial.
El resultado de estos encuentros fue el Acuerdo Tripartito sobre Seguridad Social Integral y política salarial (ATSSI) firmado el 17 de marzo de 1997 en Miraflores. El mismo contemplaba algunos elementos que son de obligatoria reflexión.
En primer lugar, el documento ordenaba la creación de un sistema de seguridad social bajo la dirección y rectoría del órgano tripartito. En el punto 3.1, correspondiente a las pensiones, establecía la capitalización de todos los fondos de pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y su colocación en cuentas y fideicomisos no estatales que ofrecieran un adecuado rendimiento. Estos fondos a su vez serían manejados por una entidad creada por la tripartita para tal fin con el objetivo de garantizar su rentabilidad.
Por su parte, el punto 3.2 el documento establecía la privatización de la red de asistencia patrimonial del IVSS para ser manejada bajo distintos modelos de negocio, pero según el principio de competencia de mercado y eficacia gerencial.
El capítulo II, correspondiente a la materia de Prestaciones Sociales y Salario, establecía la modificación del cálculo de prestaciones, extendiendo los tiempos de avalúo y disminuyendo la carga patronal en las mismas, estableciendo como tiempo para su cobro de 90 días a 5 años.
En lo referente al salario mínimo, el punto 5.1 establecía la creación de una comisión técnica tripartita que anualmente tenía la tarea de realizar recomendaciones al ejecutivo sobre el aumento o la congelación del mismo.
Estos acuerdos fueron refrendados primero por medio de la Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo realizada el 19 de junio de 1997, la cual establecía como mecanismo de cálculo de prestaciones lo que el convenio establecía y además creaba el mecanismo tripartito de consulta salarial.
Por su parte, la Ley Orgánica de Seguridad Social Integral sancionada el 30 diciembre de ese mismo año establecida lo propio con respecto a la privatización de los fondos y las instalaciones del IVSS, que serían liquidados por decreto el 23 de septiembre de 1998.
Cabe resaltar que ambas políticas se enmarcaron en los lineamientos programáticos de La Agenda Venezuela, plan económico de Rafael Caldera. Su objetivo, en el caso de las pensiones, era la reconstrucción del mercado de capitales bancarios que había sido golpeado durante la crisis de 1995-1996,creando fondos pensionales dirigidos al crédito y la inversión.
Algo similar sucedía con el subsistema de salud. Esta iniciativa se generaba debido a la necesidad de dinamizar el sector de la salud privada que se encontraba rezagado, además de servir como prueba para el Fondo Monetaria Internacional de que sus políticas en cuanto a reducción de gasto social estaban siendo ejecutadas en el país.
Sin embargo, la tragedia no se hizo esperar y lo que se planteó como solución del problema simplemente lo agravó. Para finales de 1997 el ingreso anual promedio era casi 43% menor al de 1979, reduciéndose de los 5345 a los 3049 dólares. Lo anterior también ayudó a acrecentar la desigualdad. Para el mencionado año el 5% más rico de la población se apropiaba de más de la mitad del ingreso nacional[1]. En el terreno de la salud el gasto del Estado se redujo en un 20% para finales de 1997, de igual forma más del 50% de la población se encontraba en la línea de la pobreza y más de 25% por debajo de la misma[2]
Los datos hablan por sí solos. Este primer intento de consulta tripartita en Venezuela se desarrolló como una gran tragedia para el escenario social venezolano.
Chávez y la tripartita
Para Chávez fue evidente esta realidad, lo cual le llevo a realizar fuertes críticas al mecanismo de la tripartita, considerándola una herramienta del neoliberalismo y el imperialismo. Por eso en el año 2006 se refería de la siguiente forma al dispositivo.
“Vamos a recordar un poco, vamos a recordar un poco que pasaba por aquí en Venezuela hace 10 años, 10 años es nada. 1996 pues, 10 años. Qué era lo que se estaba haciendo hace 10 años aquí. Bueno, se estaban haciendo muchas cosas, estaba en marcha a todo vapor aquella llamada agenda Venezuela… Hace 10 años, estaba en marcha dentro de ese plan neoliberal, la privatización de la seguridad social, y en 1997, aquél año 97 fue cuando más avanzó aquél proyecto, largas discusiones en el seno de aquella tristemente célebre tripartita, ¿recuerdan ustedes la tripartita? A la que algunos llamaban la tri-maldita.
Bueno, el plan era entregarle a esos sectores privados, a la oligarquía criolla y a la banca transnacional, es decir, al imperialismo entregarle el dinero de los venezolanos para que ellos lo administran, supuestamente o bajo el supuesto de que el Estado no tiene capacidad para administrar eso, de que el Seguro Social bueno era parte del pasado y que aquello… bueno, no sería para administrar un centavo, que había que dárselo al sector privado, a estas administradoras de los fondos de pensiones porque ellos sí sabían cómo administrar los recursos de los trabajadores, trabajadoras, y cómo ponerlos a rendir además.“[3]
Afortunadamente, casi de forma inmediata fueron revertidas estas políticas, tanto el nefasto régimen de seguridad social como la privatización de IVSS. La propia Constitución de 1999 establecía en la disposición transitoria cuarta la derogación de dichas leyes y la promulgación de otras mejores que regulen ambos casos.
¿Ahora como farsa?
Como se dijo al inicio, el actual proceso de consulta tiene como epicentro el salario, pero este está vinculado a las prestaciones. De hecho entre las muchas propuestas que intentan tratar esta vinculación está la de Jorge Roig, integrante del consejo de administración de la OIT en Venezuela, quien ha propuesto la promulgación de una Ley de Emergencia Laboral para aumentar el salario pero sin que el mismo tenga incidencia en las prestaciones sociales. Esto último resulta muy familiar al compararlo con los acuerdos de 1997.
Por otro lado, incluso el propio mecanismo de la tripartita parece no ser tan eficiente porque a pesar de las buenas intenciones de la OIT y de que 128 Estados Miembros (del total de 187 afiliados a la organización) han ratificado y utilizado el mecanismo de la tripartita, de los 1.721 millones de trabajadores/as contratados/as y asalariados/as registrados/as por la OIT, 327 millones reciben hoy una paga inferior al salario mínimo y 500 millones reciben ingresos menores por horas trabajadas que las negociadas sin razones definidas. Esto último según el propio Informe Mundial sobre Salarios 2020-2021 de la OIT.[4]
Por su parte, el Informe sobre el diálogo social del 2022[5], también elaborado por la OIT, revela que de los 187 Estados miembros de la OIT, solo 86 registran funcionamiento de sindicatos obreros. Es decir, por lo menos 42 Estados han realizado convenios tripartitos sin tener siquiera sindicatos que representen a la clase obrera en las mencionadas consultas.
Como queda claro, nada hace presagiar, ni en nuestra historia ni en la de la OIT, que el mecanismo de la tripartita logre solucionar los grandes problemas que someten y agobian a la clase obrera venezolana. Pareciera más bien que se presenta, como lo hizo en el pasado, como un mecanismo para legitimar la actual situación laboral venezolana.
Es posible que todo este cuento no termine en una tragedia, sino como una gran farsa para nuestra clase obrera.
Debemos asumir que la única forma, como clase, que tenemos de defender nuestros derechos sigue siendo la organización y la movilización permanente. Hoy toca remitirse a la historia y apreciar con confianza el futuro que tenemos por delante, luchando contra la tragedia de la desigualdad y la miseria y sabiendo leer los movimientos de nuestro enemigo de clase.
[1] Margarita López Maya y Luis Lander en Emir Sader (coord.) El Ajuste Estructural en América Latina Costos Sociales y Alternativas, Buenos Aires: CLACSO, 2001, p. 244.
[2] Ibídem. P. 246.
[3] 09/06/2006. Discursos y Alocuciones. Comandante presidente. Salón Venezuela, Círculo Militar. Caracas, Distrito Capital, Venezuela.
[4] https://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2020/WCMS_762317/lang–es/index.htm
[5] https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_857318/lang–es/index.htm
Fuente: Tatuy Tv Comunistaria
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