Por Darío Balvidares.
No hay dudas que para estos modelos de país la educación no es importante más que en los discursos de la dirigencia que administra los asuntos públicos.
El sistema educativo se define por su organización administrativa y política, organización alejada de quienes hacen al cotidiano educativo (docentes y estudiantes).
Las luchas por la emancipación educativa son las marcas contra las especulaciones políticas por subsumir la educación pública a intereses meramente sectoriales.
Una tensión que fue definiendo el sistema hacia procesos de privatización creciente, porque ya no se trataba solamente del sector clerical como motor de diferenciación ideológica, como fue la disputa que se conoció como “Laica o Libre” en la década del 50 del siglo pasado de una profunda lucha que venía desde el primer Congreso Pedagógico de 1882 en el que se debatieron las bases de la que después fuera la Ley 1420 de educación común, laica y gratuita, sino de la creación del mercado educativo, con la expansión de la educación privada durante la década de 1990 (exoprivatización) y la apertura al universo de las ong y fundaciones para operar dentro del sistema vía convenios ministeriales (endoprivatización) y la injerencia empresarial directa en el contexto universitario.
En ese contexto las universidades nacionales también entran en una dinámica de sumisión, que bajo el eslogan de vincular esas casas de estudios con las (dudosas) “demandas sociales”, comenzaron a perder la autonomía conquistada en 1918, la que se dio en llamar, Reforma Universitaria y así quedó la marca de la lucha de la “revolución de las conciencias” registrada en la historia y que fue fuente de inspiración en Latinoamérica y el mundo.
En la década del 50 se triplica la matrícula universitaria tras la supresión de los aranceles, los trabajadores se vieron beneficiados por la accesibilidad a los estudios universitarios, hasta que en 1966 el general golpista, dictador Juan Carlos Onganía, decidió terminar con la autonomía en las universidades nacionales, mediante el decreto ley 16.912 que determinaba la intervención, prohibía la actividad política en las facultades y anulaba el gobierno tripartito. Ese 29 de junio mandó a desalojar y ordenó la “depuración académica”.
Hubo resistencia en las facultades de Ciencias Exactas y Naturales, Arquitectura, Ingeniería, Filosofía y Letras y Medicina de la UBA y la primera consecuencia fue la feroz represión sobre estudiantes y profesores; la segunda, la renuncia de miles de profesores y el inicio de éxodo académico.
Tal vez ese haya sido el antecedente de lo que vendría con la dictadura genocida y desaparecedora de Jorge Rafael Videla y su banda a partir de 1976, no sólo con la intervención de las universidades sino con la militarización dentro de las propias facultades, con “oficinas” improvisadas en algún aula y un par de soldaditos con los fusiles en mano al lado del bedel que recibía las libretas universitarias de lxs estudiantes para poner en un cajoncito y retirarlas después de la clase correspondiente (como le ocurría a quien escribe estas líneas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA).
Cabe aclarar que, en 1975, la autodenominada Alianza Anticomunista Argentina de José López Rega, ministro de Bienestar Social del tercer mandato de Juan Domingo Perón, también conocida como la Triple AAA, tenía las mismas prácticas represivas, usando como fuerza de choque a la Policía Federal con los parapoliciales y los camiones “celulares” esperando en la puerta de la facultad.
Este muy breve e incompleto recorrido sobre algunos de los hitos que marcaron la vida de la universidad pública tiene la intención de exponer porqué el conocimiento, en sentido amplio, es un problema para el poder y los poderosos. Porque forma en el desarrollo de la inteligencia, porque cuando es colectivo genera fuerza social, como se demostró en la multitudinaria Marcha Universitaria del 23 de abril que convocó a miles y miles universitarios, trabajadorxs, familias, estudiantes secundarios, jubiladxs; aunque para el poder, que el conocimiento sea fundamental para el mejoramiento de la sociedad, es el problema, porque eso implicaría socializar los frutos de ese conocimiento cuya finalidad, también sería, el bienestar general del conjunto de la población.
Pero no, esos son objetivos que deben desaparecer del imaginario popular, por eso la reforma educativa globalizada, a la que Argentina adhirió formalmente en la década del 90, durante el gobierno de Carlos Menem, vino a hacer lo que los gobiernos dictatoriales no pudieron terminar de plasmar, más que en algunos aspectos de la reorganización, como fue el principio de la fragmentación con el traspaso de las escuelas primarias a las provincias en 1979, tarea que se completa durante el “menemato” con la transferencia de los secundarios y terciarios, terminando el proceso de fragmentación educativa, que mantiene la Ley Nacional de Educación (2006). Mientras que a las universidades se las encorsetó con la Ley de Educación Superior (1.995).
La intervención de las universidades (en las instancias dictatoriales) siempre tuvo como finalidad no solo el control sobre el conocimiento, sino la direccionalidad del mismo, lo que significa, a grandes rasgos, el desarrollo intelectual en función social.
No les resultó tan sencillo imponer sus obscenos deseos, porque siempre hubo una línea de fuga en la que la resistencia se materializaba, incluso en grupos de estudio “clandestinos”. Parece un argumento para una película, pasar a la clandestinidad para estudiar, pero eso es lo que sucedía en los llamados “años de plomo”.
A pesar de la resistencia histórica, los principios postulados en la reforma universitaria de 1918 no pudieron filtrar el aire de los tiempos neoliberales, fueron traicionados por las políticas de la democracia y ya no se necesitaron las dictaduras cívico-militares para imponer el ordenamiento, porque el discurso de la eficiencia y la eficacia había ganado la batalla, aún con los resultados de generación de pobreza y los indicadores de indigencia.
El mercado comenzó a ser el ordenador del sistema educativo, ministros de educación de los distintos colores políticos de los partidos del establishment accediendo a firmar convenios con fundaciones, ong y universidades privadas de elite, en algunos casos; con empresas EdTech, que nos “aseguran el futuro” de los “aprendizajes” desde la versión del capitalismo de plataformas, como es el caso de TICMAS, con récord de audiencia de especialistas en educación y dirigentes políticos en la Feria del libro.
Una nueva redefinición de aquello de Marshall McLuhan, “el medio es el mensaje” para la comunicación, que en la nueva clave post-educativa debería ser “la plataforma es el aprendizaje”, donde el otro formante del binomio dialéctico queda borrado, la “enseñanza”.
El fin de la docencia se viene anunciando desde hace décadas, primero con las campañas de desprestigio organizadas desde el discurso transpolítico, Banco Mundial, OCDE, UNESCO, dirigentes políticos, funcionarios de turno, periodismo “independiente” y la lista sigue…
Mientras escribo este artículo, está finalizando la jornada del paro docente en todos los niveles de la enseñanza, por demandas salariales y laborales, también piden un aumento de emergencia para los docentes jubilados y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), además de infraestructura, entre otras demandas y a un mes de la Marcha Universitaria.
En la semana de la pueblada en Misiones donde los docentes y lxs trabajadores de la Salud hicieron punta con los reclamos salariales a los que se sumaron la policía y los tareferos. Los docentes, con salarios de $270.000, fueron reprimidos por sus reclamos en la legislatura y en la casa del gobernador (como venimos informando en tramas).
También finalizó el debate en diputados, se reunieron de manera conjunta la comisión de educación y la de presupuesto por la emergencia presupuestaria en universidades. La reunión finalizó con tres dictámenes, el de la mayoría es de Unión por la Patria (UP) y el Frente de Izquierda (FIT-U) en el que se pide la inclusión del FONID. El próximo encuentro será el martes 28.
Esta es, simplemente, una parte del panorama actual en relación con la historia, signada por el control administrativo de la burocracia y la dominación de la colonialidad del poder en beneficio de intereses espurios. Un oxímoron en el que el sistema educativo confronta y desafía lo único por lo cual tiene significación, la escuela y la universidad públicas, que bien podrían funcionar en otro contexto, sin el peso de un sistema que lejos de sostenerlas e impulsarlas, las agrede, las ahoga y las degrada.
Eso es lo que estos sistemas tienen para ofrecernos, los beneficios de los intereses privados en los asuntos públicos, los negocios empresariales a expensas de las investigaciones científicas realizadas en las universidades públicas, como los convenios celebrados con la corporación minera, en algunos casos o con la generación de transgénicos en otros.
Son algunas de las formas “eficientes” de financiamiento al que están sometidas las universidades y de las que también tiene que dar respuestas el propio Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), como promotor de ese maridaje público/privado, que desvirtúa la esencia de la universidad.
Para cerrar, si el 90% del presupuesto universitario es para pagar los deprimidos salarios docentes, que ni siquiera el gobierno debate convocando a paritarias, es porque su representante máximo, autopercibido anarco capitalista, pretende, como lo escribió Onganía, una “limpieza académica” y el cierre programado de las universidades o su reconversión en unidades de conocimiento aplicado a los intereses empresariales y financiar las carreras que el mercado demande.
Solo haber escuchado lo que el señor presidente dijo en el marco del Congreso del Instituto de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), frente a la posibilidad de que de la Cámara surja la emergencia presupuestaria para la universidad, “Cualquier proyecto que manden desde el Congreso que quieran romper la caja y hacer volar este país por los aires,lo voy a vetar, me importa tres carajos”, nos dice todo sobre su interés por rol social del conocimiento y por la educación como derecho humano.
Después de todo, el evento que protagonizó el autor del libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” en el Luna Park, también constituyó un hecho pedagógico, nos enseñó que Narnia no solo es un relato fantástico, también puede ser fatalmente político.
Tomado de tramas.ar
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