Por Darío Balvidares.
A Milei nada lo obliga a pagar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la amenaza a las provincias es más bien una sentencia, las políticas que el ejecutivo no pudo lograr mediante la ley ómnibus, las va a conseguir en tanto el DNU 70/2023 tenga vigencia.
Luego de las reuniones del 8 y 9 de febrero del Consejo Federal de Educación (CFE) en la Ciudad de Buenos Aires, cuyo tema fue el compromiso con la alfabetización, lxs 23 ministrxs de educación firmaron una carta, dirigida al secretario de esa cartera, Carlos Torrendell, en la que expresan su “incertidumbre” en virtud de la “falta de remisión de los fondos en el marco de la legislación vigente: Leyes 26.075 y 25.053”, que son las leyes de Financiamiento educativo y de la creación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, respectivamente.
Los fondos de referencia por los que lxs ministrxs expresan su “incertidumbre” son un combo que viene desde hace años pero que no terminan de consolidarse, se refieren al “Fondo de Compensación Salarial Docente, Fondo Nacional de Incentivo Docente, Conectividad y Material Didáctico, Programas Educativos Nacionales y Fondo de Infraestructura”.
Si bien el secretario, Torrendell había anunciado que no había problemas con la efectivización de las partidas. De todas maneras, no solo el problema es que no se pagaron, sino la desactualización en caso de decidir hacerlo, porque el señor presidente resolvió mantener el presupuesto 2023, durante el 2024, lo que puede durar un trimestre en función del desaguisado en la economía que provocaron las medidas que tomó junto al responsable de esa cartera, (el reconocido endeudador serial) Luis Caputo.
Muchos de los ministros que ahora ponen la firma en la cartuja donde expresan su “incertidumbre”, estuvieron de acuerdo, junto con sus gobernadores y algunos diputados, en acompañar el proyecto de ley Ómnibus que declaraba a la educación como “servicio esencial”, con todos los perjuicios que conlleva tal decisión.
Recordemos que el DNU, aún vigente, dice expresamente en el artículo 24, referido a las actividades que se consideran servicios esenciales, inciso f: “cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial”. Lo que demuele el concepto de la educación como derecho en todos los niveles educativos.
Esa es la línea propuesta por el señor presidente, fundada en la noción neoliberal de mercado educativo que se lleva al extremo en el paroxismo anarco capitalista.
La noción de mercado educativo ha seducido no solo a los “derechistas”, sino también a los “progres” que durante sus gobiernos sancionaron leyes que abrieron, desembozadamente, el espacio a la participación de los intereses privados enmascarados en las denominadas organizaciones de la sociedad civil, cuya participación profundizó el proceso de endoprivatización creciente. Un ejemplo de esto es la llegada de Carlos Torrendell a la secretaría de educación de la nación; formado en la Pontificia Universidad Católica y vinculado a distintas organizaciones de la sociedad civil, de quien ya habíamos hablado en otro artículo.
La reforma educativa nunca fue ni nacional ni popular, se fue ejecutando en base a los coloniales mandatos internacionales, Banco Mundial; UNESCO; BID, OCDE, los intereses empresariales y el mercado. De esto hemos hablado en innumerables ocasiones a lo largo de más de 30 años.
Volviendo al tema, cuando se hacía cada vez más necesario mantener una coherencia respecto del componente salarial de maestrxs y profesorxs nunca tuvieron sustentabilidad, ni sostenibilidad, palabritas tan usadas por las dirigencias que quieren pasar por amigos del siglo XXI. Los salarios docentes no son sustentables, no pueden asegurar el sustento de trabajadores y trabajadoras y la única sostenibilidad que tienen es la de ser, invariablemente, salarios precarizados.
El salario docente se fue descomponiendo año tras año, desde hace décadas, no solo depreciando, sino descomponiendo en múltiples ítems, sumas fijas, montos bonificables y no bonificables, otros remunerativos y no remunerativos, presentismo o “ítem aula” y otros tantos que se hace imposible sostener la magra integridad salarial.
Ahora se suma la “discrecionalidad” del FONID, que a pesar de la ley, nunca tuvo automatismo, siempre fue “discrecional”.
¿Por qué hay que mantener el carácter perentorio del FONID? Porque así fue promulgado.
Veamos, sin ir a la prehistoria del FONID, en diciembre de 2005 se incluye dicho Fondo en la Ley de Financiamiento Educativo, donde se prorroga la vigencia por 5 años más a partir de su creación por ley 25.053 del 1 de enero de 2004.
Para no hacerlo muy largo, se iba renovando su vigencia antes de cada vencimiento, el hecho es que el último decreto que lo mantuvo fue el Decreto N° 88/2022 firmado por el expresidente, Alberto Fernández, que prorrogó su vigencia por dos años a partir del 1 de enero de 2022. ¡Nada para preguntar! Perdió la vigencia el 1 enero de 2024.
Así las cosas, Caputo y Milei se ajustaron a la norma, que en general no respetan y entonces sin ninguna ética mediante y en “guerra” con los gobernadores, hasta hoy, no hay transferencias.
Pero eso no es todo, es una obviedad que, aunque el proyecto de ley Ómnibus haya sido desmantelado, el señor presidente cuando les anticipó el recorte a los gobernadores, pone en vigencia de hecho el que fuera artículo 552 de su frustrado proyecto de ley, que afirmaba un cambio de rumbo respecto del financiamiento educativo a las provincias: “Acuerdo con las Provincias. Las provincias, a cuyo cargo se encuentra la gestión de la educación en los distintos niveles, acordarán cada una de ellas en su jurisdicción, las condiciones laborales, el calendario educativo, el salario mínimo docente y la carrera docente”.
El Estado nacional se desentiende de la educación en cuanto al sostenimiento económico, la prueba fehaciente es la cartuja del CFE a modo ruego de los 23 ministros y ante el desconcierto del secretario de Educación, Carlos Torrendell como presidente del propio Consejo, puesto que los funcionarios de Educación ya habían ejecutado la partida, pero el ministro de Economía decidió, por lo menos hasta que escribo estas líneas, no efectuar el pago.
Así las cosas, ya no se trata de lo que puede venir, estamos hablando de lo que vino, de lo que anunció el señor presidente, de la línea de mercado educativo en la que enmarca su política de una falaz oferta y demanda educativa. Su proyecto representa el grado cero de la educación escolar.
En términos más generales, nada para esperar, no de trata de esperanza, se trata despertar la conciencia crítica y la acción política frente al desfinanciamiento de la Educación y la caída del poder adquisitivo producto del aumento desmesurado e injustificado de combustibles; de los tarifazos en la energía; del monopólico mercado de alimentos con precios internacionales; de la quita del subsidio al transporte y el aumento de los pasajes con fuerte impacto en el bolsillo; el congelamiento salarial y de las jubilaciones… todo eso es un hecho político llevado a cabo por el señor presidente de las fuerzas del cielo (porque ya negó al Estado más de tres veces); lloró en el muro de los lamentos, reafirmó su apoyo a Israel frente al genocidio palestino y ratificó que mudará la embajada a Jerusalén, sin medir las consecuencias de sus alboratamientos personales para la Argentina; y también se abrazó con el Papa. Mientras la incomodidad social se manifiesta en varias vertientes de manera constante y creciente.
Tomado de tramas.ar
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