Con una inflación del 108% anual, el Gobierno anunció la importación de alimentos para “combatir” la disparada de precios de la comida. Una medida con escasas voces que auguren alguna efectividad. Organizaciones campesinas y cooperativas exigen políticas para la agroecología, favorecer a las cadenas cortas de comercialización y el apoyo a la Pymes alimenticias.
El Ministerio de Economía habilitó que el Mercado Central de Buenos Aires importe alimentos con el objetivo de frenar la inflación. La decisión se difundió tras hacerse pública la inflación de abril, que en general fue del 8,4 por ciento y en el rubro de alimentos llegó al 10,1. Nahuel Levaggi, presidente del Mercado Central hasta marzo pasado y uno de los referentes de la Unión de Trabajadores/as de la Tierra (UTT), cuestionó la medida: “Estamos en desacuerdo con la iniciativa de importar alimentos en un país donde tenemos tierra de sobra y bienes comunes para producir los alimentos que necesitamos”.
En el último mes el índice de precios al consumidor creció un 8,4 por ciento y acumuló una suba interanual del 108 por ciento. Según informó el Indec, el rubro Alimentos y Bebidas fue nuevamente el que mayor incremento tuvo en las seis regiones del país (Noreste, Noroeste, Pampeana, Cuyo, Patagonia y Gran Buenos Aires). Entre los productos que más aumentaron estuvieron el pan de mesa, la carne picada común, la leche en sachet y la yerba mate, entre otros.
Luego de los anuncios del ministro Sergio Massa, la Agencia Télam señaló, mediante “fuentes oficiales”, que el “nuevo rol” que se buscará dar al Mercado Central apuntará a lograr “reducir el precio efectivo de venta al público de productos frescos —frutas, verduras, hortalizas, carnes— y productos secos no perecederos, de manera de defender el poder de consumo de las personas”.
Para Levaggi, el problema de la indigencia y la pobreza no tiene que ver con importar alimentos, sino con la falta de acceso a la tierra, al agua y políticas activas de ordenamiento, promoción y planificación de la producción para el abastecimiento en el mercado interno.
Con el agronegocio no habrá democratización en los platos
Con el objetivo de frenar la suba del precio de los alimentos, el Gobierno anunció que habilitará al Mercado Central de Buenos Aires dentro del Registro de Importadores (RIE). Se trata del áreas del Senasa que inscribe a las personas físicas o jurídicas que operan comercialmente como importadoras y/o exportadoras de productos de origen animal o vegetal, o de subproductos que contengan materias primas de origen animal o vegetal.
El Mercado Central podrá importar en forma directa alimentos con arancel cero. La versión del Gobierno es que, de esta forma, habrá “mayor oferta de productos sin costo de intermediación, los que serán ofrecidos al público y a los comercios minoristas de cercanía de manera directa”. La decisión fue tomada —según se anunció— debido a “distorsiones” detectadas por la Secretaría de Comercio en los precios de los alimentos, debido al “abuso” de las empresas “con posición dominante de mercado”. Se trata de una situación que denuncian, desde hace años, organizaciones campesinas y de la economía social.
Levaggi remarca la importancia de fortalecer y multiplicar las pequeñas explotaciones agrarias, las colonias agrícolas, los tambos y fomentar la cooperación con acciones concretas de financiamiento a los sectores productivos. Y recuerda la propuesta de organizaciones campesinas y cooperativas de generar mil colonias agrícolas para el abastecimiento local de alimentos y para la democratización de las estructuras de comercialización, que priorice los circuitos cortos entre quien produce y quien consume.
Afirma que es necesario descalzar la producción del dólar. “Producimos y comemos a precio dólar, cuando tendríamos que producir y comer en pesos”, remarca.
Ante la dolarización de los insumos para la agricultura, como las semillas y los agroquímicos del paquete tecnológico, las organizaciones campesinas subrayan que es necesario impulsar la agroecología y el acceso a las semillas nativas. Y destacan la necesidad de que exista una empresa estatal de alimentos que intervenga en el mercado en función de garantizar el alimento como derecho, siendo un actor más en la oferta y en la demanda, con el objetivo de garantizar el abastecimiento hacia los sectores más postergados.
Frente a la escalada del precio de los alimentos y el abuso de las empresas del modelo agroindustrial, la Mesa Agroalimentaria Argentina propuso el tratamiento de una serie de leyes que contemplen a las familias que producen, en condiciones muy precarias, el 60 por ciento de las frutas y verduras que se sirven en las mesas argentinas. Estas son: la Ley de Acceso a la Tierra, la Ley de Arrendamientos Rurales, la Ley de Protección y Fortalecimiento de los Territorios Campesinos y la Agricultura Familiar, la Ley de Segmentación de las Políticas Impositivas Agrarias y la Ley de Fomento del Cooperativismo y la Transición Agroecológica. En ninguna de ellas hubo avances concretos por parte del Gobierno.
La salida no es importar sino frenar la especulación
Enrique Martínez, del Instituto para la Producción Popular (IPP), afirmó que hay “ignorancia” detrás de la medida de importar frutas y verduras y cuestionó: “De tanto viajar a foros financieros no conocen su país. Para frenar la inflación se gastarán divisas en importar, frenando a las líderes, pero también jodiendo a las chicas. En lugar de eso, hay que congelar a las grandes y acordar precios con las empresas chicas, a las que (los funcionarios) ni conocen”.
“Los controles de precios deben ser acompañados de aumento de la competencia. Un país exportador de alimentos debe promover la competencia interna, fortaleciendo a los más pequeños. Importar es ridículo porque son bienes que luego fluyen por los mismos canales de siempre”, alertó Martínez.
Desde la Federación Rural para la Producción y el Arraigo destacan que el principal rubro de venta en el Mercado Central son precisamente las frutas y hortalizas, que vienen de manos campesinas y de pequeños productores. “Importar sin cánones es una medida que puede hacerle muy mal a la producción nacional. Sus efectos los conocemos, la liberalización indiscriminada de la importación acabó con miles de Pymes en nuestro país generando concentración de las cadenas y desocupación“, señalan.
La organización cuestiona “la falta de planificación de la producción y a la especulación de los sectores comercializadores concentrados, asentados en las naves más fuertes del Mercado Central”.
A modo de ejemplo, citan la situación del cinturón hortícola platense, donde trabajan más de 6500 familias agricultoras, enfrentándose a la falta de tenencia de la tierra y a los insumos dolarizados. “Todos los domingos, martes y jueves por la tarde llegan los intermediarios y fijan un precio muy por debajo del que luego se venderá en el Mercado Central”, relatan. Por este mecanismo, los y las productoras reciben cuatro veces menos del precio con el que se comercializan nuestro productos en los supermercados.
Fuente: Agencia Tierra Viva
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