Fallar peor

Desafortunadamente, la derrota se ha convertido en una tendencia constante para la izquierda chilena. El primer intento fallido de redactar una nueva constitución, liderado por una Convención Constituyente dominada por la izquierda, fue la primera dosis de realidad. El plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022 quedará en la memoria como una de las derrotas electorales más duras que haya sufrido la izquierda chilena. Ese día, en medio de índices históricos de participación gracias a una nueva regla de voto obligatorio, una aplastante mayoría de chilenos (61,82 por ciento) rechazó la propuesta de constitución progresista que la convención venía preparando desde julio de 2021.

Entre los defensores del voto de “apruebo” (aprobación), la reacción inicial fue de conmoción y confusión. Hasta la fecha, todavía no hay una explicación convincente para un desastre electoral de tal magnitud, con la constitución propuesta ganando un exiguo 38,15 por ciento. Ese número, combinado con el repentino crecimiento electoral de la extrema derecha en la reciente elección del Consejo, debería estar haciendo sonar las alarmas.

Para muchos líderes e intelectuales del campo progresista, la razón de la derrota de 2022 estuvo en una campaña de comunicación de derecha. En ese relato, los ciudadanos fueron engañados por una “campaña de terror” y “noticias falsas” propagadas en los principales medios de comunicación y redes sociales. Argumentan que el proyecto constitucional se descarriló por el fracaso de la ciudadanía chilena en comprender lo que habría sido una gran constitución feminista, ambientalista e indígena, del tipo necesario para remediar los males de una constitución diseñada durante la dictadura militar de Pinochet. 1973–1990) y esencialmente en vigor desde 1990 en adelante. Los líderes de izquierda en las próximas semanas pueden repetir las mismas líneas, pero eso sería un grave error.

Aparte de algunas autocríticas de los procedimientos de la convención, la izquierda chilena aún tiene que realizar un autoanálisis políticamente productivo de su derrota. Ahora, con la sorpresiva victoria de la extrema derecha en el nuevo consejo, es más urgente que nunca llegar a una cierta claridad sobre dónde salieron mal las cosas.

El levantamiento

Una de las cosas más difíciles de digerir de las derrotas de septiembre de 2022 y mayo de 2023 es que la etapa política actual, abierta con el levantamiento de octubre de 2019, debería haber sido enormemente favorable para una agenda antineoliberal. Ese mes de 2019 vio protestas sociales masivas y espontáneas, las más grandes desde la década de 1980. Millones de ciudadanos salieron a las calles, decididos a rechazar la humillación colectiva a la que fueron sometidos por el gobierno conservador del multimillonario Piñera.

La chispa pudo haber sido la decisión del gobierno de aumentar la tarifa del metro en la capital de Santiago, pero a los pocos días de las protestas, quedó claro que las quejas, por muchas y diversas que fueran, se basaban en las desigualdades estructurales nacidas de treinta años de neoliberalismo.

En ese sentido, el “levantamiento social” de 2019 fue la culminación de una creciente ola de movilizaciones que comenzó al menos desde las manifestaciones estudiantiles de 2011, a las que se sumaron en los años siguientes diferentes movimientos sociales: contra el sistema de seguridad social privatizado de Chile ; la excesiva centralización administrativa en la capital del país; la depredación ambiental de las empresas transnacionales (y nacionales); las deficiencias del sistema de salud pública del país; y las desigualdades de género generalizadas combatidas por los movimientos feministas y juveniles, entre otros.

No es casualidad que todos estos agravios se canalizaran en la exigencia de una nueva constitución. En medio de protestas, un congreso y un gobierno conservadores finalmente se vieron obligados a aceptar la quiebra de su modelo político y económico e iniciar un proceso de cambio constitucional sin precedentes, que ni siquiera el inicio de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020 pudo detener.

Durante algún tiempo, la situación todavía parecía favorable para la izquierda. En octubre de 2020, el plebiscito para ratificar el inicio del proceso constitucional se decidió con un voto aprobatorio del 78,28 por ciento. Además, la votación de mayo de 2021 para la Convención Constitucional eligió a una mayoría heterogénea de asambleístas independientes: activistas indígenas, feministas y ambientalistas, así como intelectuales y militantes de partidos de izquierda y centroizquierda. La derecha política, por otro lado, no pudo elegir a un tercio de los miembros de la Convención, el umbral que le habría permitido ejercer el poder de veto.

Además, mientras la convención estaba deliberando en noviembre y diciembre de 2021, el izquierdista y exdirigente estudiantil Gabriel Boric aseguró la elección presidencial. Esa secuencia parecía implicar el fin de la hegemonía política de los dos grandes bloques de centroizquierda y derecha que habían dominado durante las tres décadas de gobierno posdictatorial.

Termidor de Chile

¿Por qué, entonces, triunfó el voto de “rechazo” en septiembre de 2022? ¿Y cómo la extrema derecha se convirtió repentinamente en el motor de la política chilena?

Primero, la pandemia de COVID y la consiguiente crisis económica alteraron radicalmente el panorama político, modificando las prioridades de gran parte de la población chilena, incluida parte de los participantes más movilizados de octubre de 2019. El espíritu del “levantamiento social” estaba profundamente conectado con un fuerte sentimiento antisistema, hecho reflejado en el plebiscito inicial de 2020 y la elección de independientes durante la Convención Constituyente de 2021.

Las elecciones presidenciales de 2022 fueron una advertencia temprana de un cambio importante en el sentimiento popular, especialmente desde que el candidato de extrema derecha Kast ganó el primer lugar en la primera vuelta (aunque en un contexto de alta fragmentación electoral). Las elecciones parlamentarias tampoco fueron un buen augurio para la izquierda: no solo la ultraderecha de Kast y la derecha tradicional salieron fortalecidas, también lo hizo el Partido Popular (PDG), un grupo populista, demagógico y oportunista que, a pesar de su fuerte discurso antisistema , en la práctica estaba a la derecha del espectro político.

La pandemia de COVID expuso los cimientos que se desmoronan del neoliberalismo chileno: pocas medidas de salud garantizadas por el estado, bajos salarios y alto endeudamiento, y regulaciones que favorecen al capital sobre el trabajo. Todo esto resultó en un alto desempleo mezclado con algo que los chilenos no habían experimentado durante décadas: la inflación.

Al mismo tiempo, el número de inmigrantes venezolanos indocumentados aumentó rápidamente, en gran parte en respuesta a las invitaciones públicas realizadas por el gobierno de Piñera. La falta de infraestructura estatal para recibir migrantes y las duras condiciones de marginación social y hacinamiento —junto con las extremas dificultades económicas de muchos chilenos— hicieron que el crimen y la violencia aumentaran a niveles desconocidos para los estándares locales.

La seguridad, la migración y el costo de vida se han convertido en temas prioritarios para la mayoría de los ciudadanos chilenos. La oposición política y los medios de comunicación de derecha han aprovechado esta situación para atacar al gobierno y, sobre todo, para resignificar la memoria del “levantamiento social”: ya no visto como una expresión legítima y genuina del malestar ciudadano sino como un estallido delictivo.

Todavía lidiando con problemas internos de su gabinete, el gobierno de Boric ha luchado para adaptarse a estas nuevas circunstancias. Boric apoyó leyes que otorgan a la policía nuevos poderes, a pesar de que el estado de ánimo de la izquierda, especialmente después de la brutalidad policial durante las protestas de 2019, pedía una reforma profunda de los “Carabineros”, la principal institución policial chilena. Queda por ver qué tan efectivo será el intento de adaptación política de Boric, ya qué costo para la lealtad de su propia base política.

Peor aún, ninguna de las políticas de Boric ha pagado dividendos con el electorado chileno en general: la extrema derecha todavía se beneficia políticamente de las dificultades de los ciudadanos chilenos. De hecho, Kast y sus Republicanos han logrado convertir el deterioro social en millones de votos, con generosos aportes de las fracciones más reaccionarias del capital chileno.

Atolladero convencional

El proyecto constitucional encalló por razones que van más allá de las circunstancias económicas y sociales. Hasta la fecha, la izquierda chilena ha dicho muy poco sobre un tema aparte: los problemas ideológicos que acosaron las propuestas de la convención. En el centro de esas propuestas estaba la idea de un “estado social” y “derechos sociales”, que incluían disposiciones para garantizar la igualdad de género, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación y medidas para el reconocimiento, reparación y autonomía de los pueblos indígenas. pueblos

Todas estas son banderas legítimas de la izquierda chilena. Descartarlas como caprichos de la “política de la identidad” es estar fuera de sintonía con los cambios que ha experimentado la izquierda chilena en las últimas décadas. Sin embargo, muchos debates en la convención giraron en torno a interpretaciones simplistas de la historia chilena que hicieron poco para ganarse el cariño de la población en general: el estado y la república, según algunos, son estructuras opresivas creadas por las clases dominantes y tienen identidades indígenas ancestrales con camisa de fuerza (ahora aparentemente libres para emerger en toda su pureza). La nación, continuaron, debe ser “pluralizada” en una serie de comunidades (o “pueblos”) enraizadas en “territorios”, cuestionando así la unidad constitutiva del propio país.

Esta noción pluralizada del Estado y la nación dio lugar a un conjunto de propuestas que dejaron un mal sabor de boca: el llamado a justicias locales separadas para los pueblos indígenas o la sustitución del Senado (uno de los más antiguos del mundo moderno ) por una cámara de representación regional.

Los medios de comunicación pusieron de relieve estos aspectos controvertidos y amplificaron una serie de escándalos en torno a la convención con el claro objetivo de desacreditarla e inflar el voto de “rechazo” en el plebiscito de salida. Pero la magnitud total de la derrota está en otra parte.

Muchos miembros de la convención continuaron actuando como si el país viviera en un constante estado de agitación social. De hecho, la gran cantidad de votos obtenidos en el plebiscito de 2020 había convencido a muchos de que la aprobación estaba casi garantizada y que los contenidos reales de la constitución eran casi secundarios. Y fue ese optimismo lo que desalentó una discusión más amplia sobre cómo una constitución podría impulsar un nuevo estado y sociedad chilenos en línea con las aspiraciones populares de la clase trabajadora.

El estado, la república, la nación y la democracia son lugares de lucha suficientemente familiares para la izquierda chilena. Después de todo, el “camino chileno al socialismo” de Salvador Allende se construyó sobre la idea de que la democracia era una conquista de los trabajadores, la nación una comunidad entre iguales y el Estado un aparato institucional que podía ser conquistado, sus sesgos de clase alterados en la búsqueda. del socialismo La vieja izquierda estaba ante todo preocupada por las condiciones materiales de existencia y las desigualdades estructurales del capitalismo dependiente.

No es que estas preocupaciones desaparecieran en los debates constitucionales. Pero las críticas simplistas ya veces infundadas al igualitarismo republicano, apreciadas por tantos movimientos sociales, tuvieron un papel desmesurado en las discusiones sobre el Estado. Sin necesidad de renunciar a las luchas feministas, indígenas o ambientalistas, la izquierda chilena debe repensar estas causas como parte de un proyecto integral de cambio social que aspire a tomar el poder y construir conexiones con sectores populares y trabajadores.

Las habituales explicaciones que ofrecen los sectores progresistas de su derrota (el papel de los medios, la incomprensión del pueblo) delatan un preocupante paternalismo burgués hacia el pueblo chileno que, a su juicio, no sería lo suficientemente virtuoso como para comprender lo que es en su propio interés. Además, ese pensamiento impide la necesaria reflexión y crítica política para salir del atolladero político actual.

Cincuenta años después

El proceso constituyente avanzará pesadamente hasta 2023 como producto de la derrota de la izquierda y un fuerte giro conservador en la política y la opinión pública chilenas. Es un proceso de alcance limitado cuidadosamente controlado por los partidos del establishment. Todavía a la espera de que el Consejo Constitucional dominado por la extrema derecha tome las riendas, una “Comisión de Expertos” nombrada por el Congreso está formulando los contenidos de la constitución a una distancia segura de la voluntad popular.

Por ahora, la izquierda debe actuar como una fuerza de resistencia real a la arremetida conservadora y evitar cualquier radicalización del estado neoliberal de Chile que tiene treinta años. Por extraño que parezca, esto podría incluso significar organizar una campaña de rechazo para detener la aprobación de una constitución respaldada por la derecha. Más importante aún, para recuperarse de estos duros golpes electorales, la izquierda debe iniciar un proceso de introspección sobre sus deficiencias ideológicas, inspirándose en su propia rica historia.

En 2023, año en que se cumplen 50 años del golpe de Estado que acabó violentamente con el gobierno socialdemócrata de Allende y la Unidad Popular, la izquierda haría bien en recordar varias cosas: la paciencia y la visión de largo plazo demostrada por ese formación política y social, construida en medio de avances y retrocesos a lo largo de varias décadas. El cambio estructural igualitario no se logrará por un golpe de suerte o por una vanguardia ilustrada de legisladores. Será producto de la lenta acumulación de fuerzas y de la construcción de una hegemonía duradera arraigada en las aspiraciones, expectativas e intereses de las mayorías trabajadoras de Chile.

* Marcelo Casals tiene un doctorado en historia latinoamericana de la Universidad de Wisconsin-Madison. Es profesor asociado de la Universidad Finis Terrae de Chile. Su último libro es Contrarrevolución, colaboracionismo y protesta: la clase media chilena y la dictadura militar (FCE, 2023).

* Nicolas Allen es editor colaborador de Jacobin y editor gerente de Jacobin América Latina .

Tomado de jacobin.com