Por Carlos Noriega
La derecha intentó impedir la presentación del informe anual de Amnistía Internacional. Ella no lo logró. Informe mundial anual que, en el caso de Perú, denuncia graves violaciones a los derechos humanos: muerte de manifestantes acribillados por las fuerzas de seguridad y detenciones arbitrarias. Esto se hizo durante la represión de las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte [en el cargo desde el 7 de diciembre de 2022, luego de haber sido vicepresidenta bajo la presidencia de Pedro Castillo de julio de 2021 a diciembre de 2022]. El municipio del distrito [residencial] de Miraflores en Lima, administrado por la extrema derecha que gobierna con Boluarte, ordenó el cierre del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM-Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social ), un espacio de memoria y reflexión sobre el conflicto armado interno de los años 80 y 90 y las violaciones a los derechos humanos. El informe de Amnistía Internacional se presentaría allí el martes 28 de marzo. La clausura de la LUM se produjo unas horas antes de la presentación del informe. Sin embargo, gracias a una acción de última hora de Amnistía, pudo ser presentado el martes por la noche en un hotel de Lima.
El informe
El informe de Amnistía, que intentamos impedir que se presentara, denuncia el “uso ilegítimo de la fuerza”, incluida munición real, contra las manifestaciones que exigen la dimisión de Dina Boluarte y elecciones anticipadas. Desde que estallaron las protestas después de que Pedro Castillo fuera derrocado y encarcelado el 7 de diciembre de 2022 y reemplazado por Boluarte, 49 manifestantes han sido asesinados a tiros por policías y militares. El número total de personas muertas en las protestas asciende a 67 y más de mil personas han resultado heridas, muchas por armas de fuego. Altos funcionarios del gobierno respaldaron a las fuerzas de seguridad acusadas de disparar contra los manifestantes. Amnistía calificó la represión del gobierno de “crímenes contra los principios del derecho internacional” y la denunció por tener “un sesgo racista”. La mayoría de las víctimas son de la población andina quechua y aymara.
“La situación de los derechos humanos en el Perú es muy preocupante. El carácter racista de la represión fue decisivo. La impunidad es una de nuestras principales preocupaciones. Las protestas se han saldado con muchas muertes y nadie ha sido detenido por ello. Pedimos que se lleven a cabo investigaciones en toda la cadena de mando. Si no se hace justicia en Perú, tendremos que recurrir a organismos internacionales”, dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
La izquierda ha pedido al Congreso la destitución de Dina Boluarte por la represión de las manifestaciones. El jueves 30 de marzo se llevará a cabo un debate sobre si se permite la destitución del presidente, que requiere 52 votos de los 130 miembros del Congreso, una meta difícil de alcanzar en un Congreso dominado por la derecha. De obtener estos votos, Dina Boluarte deberá comparecer ante el Congreso para justificarse por los muertos durante la represión. Pero el apoyo del que disfruta por parte de la derecha y la extrema derecha la protege de un juicio político, que requeriría el voto de 87 diputados. [Según la prensa, una investigación por financiamiento prohibido de la campaña electoral también preocupa al presidente.
El intento de censura
El cierre precipitado de la LUM pretendía impedir la presentación del informe de Amnistía, pero esta decisión va más allá. La derecha quiere poner fin a este importante lugar de memoria inaugurado en 2015, que permite recordar la violencia del Estado y de los grupos armados Sentero Luminoso (Sendero Luminoso, fundado en la década de 1970, acciones militares desde 1980) y MRTA ( Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, activo desde 1984) entre 1980 y 2000. Una violencia que causó alrededor de 70.000 muertos, incluido el 75% de pobladores andinos de habla quechua. La derecha busca reescribir la historia borrando, haciendo olvidar, las masacres de comunidades campesinas, secuestros, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones provocadas por la violencia estatal. Para ello, quiere el cierre de la LUM, que presenta toda la historia de forma matizada.
La decisión de cerrar la LUM la tomó el alcalde de Miraflores, Carlos Canales. Miraflores es el distrito [de 47] donde se encuentra el museo que reside en un edificio financiado por el gobierno alemán. Está situado en los acantilados, frente al mar.Carlos Canales, del partido de extrema derecha Renovación Popular, restó importancia al cierre y dijo que era temporal debido a la falta de un certificado de seguridad actualizado para las instalaciones, que actualmente está siendo verificado.
Esta decisión del alcalde de Miraflores va en línea con lo anunciado por su jefe político, el alcalde de la provincia de Lima, el fascista Rafael López Aliaga, presidente de Renovación Popular y excandidato presidencial [en 2021, al haber obtenido 11, 8 % de los votos]. Al asumir como alcalde en enero de 2023, López Aliaga, conocido como “Porky” [empresario -Citbank, grupo hotelero Peruval, ferroviario- y político], amenazó con cerrar la LUM o con entregarla a las fuerzas armadas para que pueden contar “su historia” del conflicto armado interno. “Ya nos cansamos de estos museos de la memoria y la reconciliación”, dijo Rafael López Aliaga. Un comunicado que toma la forma de una orden al alcalde de Miraflores, miembro de su partido.
Abusivo e ilegal
Manuel Burga, director de LUM, calificó su cierre de “abusivo e ilegal”. Señaló que cumplen con las normas de seguridad y que están en proceso de renovación del certificado exigido por el municipio. Denunció que para justificar el cierre el municipio cuestiona “elementos como que el detector de humo sea vertical y deba ser horizontal, o que una escalera tenga varios escalones”. El Ministerio de Cultura, del que depende la LUM, publicó un comunicado de prensa apoyando la decisión municipal de cerrar.
En declaraciones que nos hizo Gloria Cano, directora de la asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), subrayó que la ausencia de un certificado municipal “sirvió de pretexto para el cierre de la LUM mientras el informe de Amnistía, que es irrefutable en cuanto a violaciones a los derechos humanos en el país, iba a ser presentado”. Destacó que el objetivo era hacer desaparecer la LUM. “La derecha que gobierna con Dina Boluarte se siente fortalecida y por eso no le importa LUM. Quieren entorpecer la misión del museo, que es mantener la memoria. El objetivo es el cierre definitivo del museo”. (Artículo publicado por el diario Pagina/12 , 30 de marzo de 2023; traducción editorial A l’Encontre )
Tomado de Alencontre.org
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