Brasil: Avatar dos y Lula dos

 

El nuevo Gobierno de Brasil tendrá que hacer frente a los ‘lobbies’ extractivistas y al nuevo modelo de capitalismo “verde” para proteger la Amazonía y a sus habitantes

Andy Robinson* Altamira (Brasil) 

3/01/2023

 

“El agua conecta la vida con la muerte”, reza el mantra de las luchas de los pieles azules Na’vi en Avatar: El sentido del agua (2022). Nunca mejor dicho que en Altamira, en la Amazonía brasileña, donde la construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte, a partir del 2010, ha supuesto la inundación de más de 500 kilómetros cuadrados de selva y la desaparición bajo el agua de cientos de aldeas indígenas y no indígenas.

El “sentido del agua” en Altamira tiene relevancia para quienes esperan con fe ciega que el nuevo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva vaya a salvar a la Amazonía tras la “devastación” (Lula dixit en su discurso tras la toma de posesión como nuevo presidente), y además hacerlo sin que nosotros, en los países desarrollados, tengamos que hacer nada para cambiar nuestros modelos de consumo.

Cuando el director de Avatar (2009), James Cameron, Sigourney Weaver y otros actores de la película de ciencia ficción indigenista visitaron Altamira a finales del 2010, durante la numantina lucha de los kayapó contra el megaproyecto de Belo Monte, Lula aún era presidente de Brasil. Cameron resaltó entonces las semejanzas entre la lucha de los Na’vi, en la película, contra la corporación casi militar de minería de unobtainium en el planeta Pandora, y las batallas de los kayapó en Altamira contra un consorcio de grandes constructoras, empresas de energía y la megaminera Vale. Lula acusó al cineasta de arrogancia neocolonialista ante un proyecto de infraestructura vital para reducir la pobreza en Brasil.

Lula acusó a James Cameron de arrogancia neocolonialista ante un proyecto de infraestructura vital para reducir la pobreza en Brasil

Entonces, una Altamira con 80.000 habitantes, situada en el cruce del Xingú y la carretera transamazónica, todavía mantenía una relación de armonía relativa con la compleja ecología del inmenso río –afluente del Amazonas– y con sus diversos pueblos originarios. Ahora, tras la construcción de la megapresa, la llegada de miles de trabajadores y el desplazamiento de decenas de miles de campesinos y pescadores a la ciudad, la población del municipio se ha disparado hasta los 170.000 residentes.

La transformación ha supuesto derramar mucha sangre. Las tasas de homicidios y de suicidio infantil se encuentran entre las más elevadas de Brasil. Los principales grupos de narcotraficantes de Brasil, como Primero Comando de la Capital (PCC), se han instalado en la ciudad y se baten los récords de agresiones sexuales y violaciones.

Mientras, la región de Altamira –de superficie más grande que Inglaterra– registra la mayor tasa de deforestación de todo Brasil y emite más gases de efecto invernadero –principalmente metano por la llegada de miles de cabezas de ganado– que las zonas industriales de São Paulo. La presa ha provocado un descenso drástico de vida acuática forzando a las comunidades de pescadores a desplazarse a la ciudad. Por si todo eso fuera poco, la aportación de la central hidroeléctrica a la red nacional –en torno al 3% del suministro nacional– es menos de la mitad de lo que se esperaba.

Pocos activistas ecologistas quieren recordarlo en un momento de euforia tras la derrota de Jair Bolsonaro. Pero la verdad incómoda en Altamira es que Belo Monte –una obra concebida por la dictadura militar en los años setenta– fue aprobada por el gobierno de Lula y terminada durante la presidencia de su sucesora, otra líder del Partido de los Trabajadores (PT), Dilma Rousseff.

“La idea para la Amazonía de Lula y Dilma era bastante parecida a la de los generales”, afirma la periodista Eliane Brum, columnista de El País, radicada en Altamira. Una comparación un poco injusta. Lula adoptó políticas eficaces entre 2004 y 2012 para lograr una reducción de la deforestación del 85% (con Bolsonaro ha subido un 56%). Es más, dio luz verde a la demarcación de decenas de tierras indígenas y otras áreas de conservación que ya se extienden por casi una tercera parte de la Amazonía brasileña. Pocos dudan de que el nuevo gobierno hará lo necesario para frenar la ola de destrucción de los años de Bolsonaro.

“Lula va a reducir la deforestación sin lugar a dudas. Solo con decir que va a actuar contra madereros y mineros ilegales cambiará la sensación de impunidad que Bolsonaro ha creado”, dijo Marcelo Salazar, medioambientalista en Altamira y organizador de las visitas de Cameron y Weaver en el 2010. Pero “el PT tiene un problema con la Amazonía; yo participé en una reunión con Lula antes de las elecciones y me quedé sorprendido de que él aún defendiera Belo Monte, pese a que todos sepamos que ha sido un desastre”, afirma Salazar.

Lula adoptó políticas eficaces entre 2004 y 2012 para lograr una reducción de la deforestación del 85%

Lo cierto es que existe un dilema real en la estrategia del Amazonas sobre cómo generar divisas para financiar programas sociales y transferencias fiscales, como Bolsa Familia, y para afrontar una crisis de hambre que afecta a más de 30 millones de brasileños. El presidente electo se ha comprometido a restablecer los sistemas de vigilancia, reforzar los organismos de protección y las autoridades policiales responsables de combatir la delincuencia medioambiental. Así mismo, la creación de un nuevo ministerio para los pueblos originarios facilitará la demarcación de más territorios indígenas y otras áreas protegidas.

Pero un cambio de modelo productivo e infraestructural en la Amazonía puede ser más difícil y hará falta una movilización para lograr luchar contra los lobbies del agribusiness y grandes infraestructuras como Belo Monte. A fin de cuentas, por buena que sea la voluntad de Lula, las presiones en contra son enormes. Por un lado, desde los lobbies extractivistas en Brasil y, por otro, desde el nuevo modelo de capitalismo “verde” en el entorno internacional, que busca reducir emisiones mediante inventos financieros como el mercado de carbono sin preocuparse demasiado por los habitantes del sur global. Ya hay indicios de que los lobbies de los sospechosos habituales se movilizan en contra de un nuevo plan para la Amazonía.

Tres semanas antes de la toma de posesión de Lula, la nueva asociación empresarial MoveInfra, compuesta por grandes grupos de infraestructura, como CCR y Rumo, anunció un nuevo plan para la Amazonía. “La idea central de MoveInfra es la misma que antes”, advierte Ricardo Abramovay, autor del libro Infraestructura para el desarrollo sostenible en la Amazonía. “Más carreteras, un nuevo ferrocarril Ferrograu (para transportar soja desde Mato Grosso al puerto en el Amazonas, Santarém) y el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico”.

Ahora que el neoliberalismo se adapta al modelo altamente rentable de negocios de emisiones cero, el dilema será mayor para Lula. Las grandes corporaciones multinacionales quieren participar en un mercado de carbono que convierta la Amazonía en una gran unidad de conservación que excluye a sus más de cinco millones de habitantes, la mayoría en dos grandes metrópolis, Belem y Manaos. “La propuesta internacional es proteger la selva sin hacer nada para apoyar a los cinco millones de personas que viven en la Amazonía”, dice José Heder Benatti, abogado de la Universidad Federal de Pará. “La solución ahora tiene que ser socioambiental, no se puede proteger la selva sin tener en cuenta a la gente; tiene que haber más demarcación y respeto por el derecho de los indígenas a no incorporarse al sistema”. A pesar de ello, hay señales de un posible enfrentamiento dentro del equipo del presidente electo, entre Marina Silva, nueva ministra de Medio Ambiente, e Izabella Teixeira, exasesora de Dilma Rousseff y peso pesado en áreas de medioambiente, que apoyó la construcción de Belo Monte.

La exportación de materias primas agroindustriales, como la soja, es la opción más fácil para generar divisas con las que financiar programas sociales. Esto puede ser compatible con la reducción de la deforestación mediante la moratoria sobre la producciones de soja en suelo deforestado. Esta es la solución de Green Inc., apoyada por los gigantes de la economía alimentaria, desde Cargill a Sainsbury’s, que defendían la deforestación cero en la Amazonía y se unieron a las protestas contra Bolsonaro. Pero esto no proporciona una solución para una de las regiones más pobres de Brasil. Tres municipios de la Amazonía encabezan el ranking de pobreza en Brasil elaborado por Marcelo Neri, de la fundación Getulio Vargas en Río. El 98% de los municipios en la vasta región amazónica brasileña –más grande que Europa– registra indicadores de desarrollo inferiores a los del resto del país. Por citar un ejemplo, pese a la energía generada en Belo Monte, un millón de personas en la Amazonía carecen de electricidad.

En los primeros gobiernos de Lula (2003 y 2010), se optó por un modelo mosaico en el que se dio por hecho que la producción de commodities para generar divisas de exportaciones podría coexistir con la agricultura familiar y la economía campesina. Al mismo tiempo, los gobiernos del PT defendieron megaproyectos de infraestructura para generar energía y la logística necesaria para alcanzar elevadas tasas de crecimiento del PIB. Pero Altamira es un ejemplo del fracaso de esa idea.

Tres municipios de la Amazonía encabezan el ranking de pobreza en Brasil

“En 2002 se hablaba de la ingenua posibilidad de que el agronegocio coexistiera con la agricultura familiar”, dice Rosa Amorim, diputada por el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) en Pernambuco (estado de nacimiento de Lula). “Pero sabemos que esto no es cierto. Basta ver el frijol, por ejemplo. En las zonas de mayor producción de frijol se está reemplazando este cultivo por soja. La tecnología también es completamente diferente, lo que funciona para la agroindustria generalmente no funciona para la agricultura familiar (…) Además, sabemos que el agronegocio es el principal responsable del acaparamiento de tierras y todo lo que conlleva: los asesinatos de líderes campesinos, quilombolas e indígenas, los incendios en la Amazonía y en el Pantanal y todo el esquema de caza, pesca y minería ilegal de las empresas madereras. Los dos modelos son irreconciliables. Por lo tanto, es necesaria una política estructural para la producción de alimentos saludables. Creo que esa es la principal diferencia con 2002. El Gobierno es consciente de eso”.

Pasa lo mismo con las infraestructuras (estrechamente vinculadas con la agroindustria mundial). Abramovay propone un plan radicalmente diferente, inspirado en infraestructuras “basadas en la naturaleza”. En vez de entender la Amazonía como un conjunto de recursos naturales –entre ellos la energía– que deben ser extraídos para impulsar el desarrollo del resto de Brasil, propone priorizar el desarrollo sostenible y una nueva bioeconomía en la región amazónica. Esto supone la descentralización radical de la generación de energía. “Todos los proyectos de infraestructuras en la Amazonía (carreteras, hidroeléctricas, ferrocarriles) deben ser replanteados”, dice.

El nombramiento de Marina Silva –excompañera del icónico medioambientalista y trabajador del caucho, Chico Mendes– como ministra de Medioambiente es un indicio de la voluntad de un cambio de modelo. Silva dimitió del primer gobierno de Lula, en parte como protesta contra megaproyectos como Belo Monte. Pero, después, como candidata presidencial del partido Rede en el 2010, Silva defendió un programa neoliberal de defensa de la Amazonía muy próximo al Banco Mundial y el FMI, con el apoyo del entonces embrionario capitalismo verde.

Es decir, que hace falta un cambio más radical y audaz que el que defendía entonces Silva y el medioambientalismo aliado con el capitalismo verde en la Amazonía. Ahora, Lula y la nueva ministra de Medioambiente tienen que buscar estrategias radicalmente nuevas para proteger la selva y mejorar las vidas de los habitantes y no solo los balances de emisiones de las multinacionales. Mientras vemos Avatar, en los países desarrollados conviene reflexionar no solo sobre el modelo de desarrollo deseable para la Amazonía, sino también sobre el estilo de vida en nuestros propios países. Conviene tener en cuenta que la gente del Amazonas solo quiere lo que nosotros tenemos. Se proyecta Avatar en un multicine del Shopping Serra Dourada, el nuevo centro comercial rodeado de un millar de lotes vacíos de la promotora inmobiliaria Nova Altamira. Fue construido hace cinco años con el fin de “aprovechar una ciudad en constante crecimiento”, según el folleto. Cuando vino el equipo de Avatar a Altamira hace doce años, Serra Dourada era una selva por donde trepaban monos araña y jaguares. Ninguno de los espectadores se habían percatado de las similitudes entre la lucha de los “pieles azules” de la tribu. “No se me había ocurrido”, dijo un chico de melena larga, que se dirigía hacia el Burger King tras la película.

 

*Andy Robinson: Es corresponsal volante de ‘La Vanguardia’ y colaborador de Ctxt desde su fundación. Además, pertenece al Consejo Editorial de este medio. Su último libro es ‘Oro, petróleo y aguacates: Las nuevas venas abiertas de América Latina’ (Arpa 2020)

 

Imagen destacada: Fotograma de Avatar: el sentido del agua.

 

Fuente: CTXT- CONTEXTO Y ACCIÓN

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