Carlos Tautz *

Revista IHU Online, 15-12-2022

Traducción de Correspondencia de Prensa

No se conoce ni una sola idea del ingeniero José Múcio sobre la complejísima cuestión de la defensa nacional. Pero, aun así, Múcio recibió del diplomado presidente Lula la misión estratégica de hacerse cargo, a partir del 1° de enero de 2023, del Ministerio de Defensa, una cartera políticamente crítica, que, a juzgar por la trayectoria de sus ocupantes en los últimos seis años, debería plantear la hipótesis de que Lula termine o no su próximo mandato.

Quienes entienden del asunto lo garantizan: en la práctica, Lula entregó la cartera a los militares, cuando eligió para encabezarla a un político alejado de su círculo más próximo y sin peso político suficiente para dirigir el Ministerio y sus generales. Los mismos que, cómplices de terroristas, alimentan (literalmente) la turba reunida en el Cuartel General del Ejército en Brasilia, de donde salieron los uniformados con camisetas de la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) para incendiar la ciudad, momentos después de la graduación del nuevo Presidente este lunes (12 de diciembre).

“La elección del ministro Múcio no refleja la decisión del poder político, del poder del Estado, de ejercer el mando supremo de las fuerzas armadas. Más bien refleja el intento de conciliación, y esta conciliación es imposible. O el político somete al militar o el militar somete al político”, analizó el historiador Manoel Domingos, en TV247. Profesor jubilado de la Universidad Federal Fluminense, Domingos ha presidido la Asociación Brasileña de Estudios de Defensa (ABED). “Ganó la tutela (militar)”, resumió el ex diputado federal José Genoíno, ex presidente del PT, sobre la elección de Múcio, coincidiendo con Domingos.

Coraje

Al diplomado presidente alguien tiene que reiterarle lo que ya le dijo Celso Furtado en el número 1 del periódico Brasil de Fato (2003), justo después de que el presidente del PT asumiera su primer mandato: “Lula necesitará mucho coraje”, señaló el mayor economista brasileño de todos los tiempos. En el caso de Múcio, la enseñanza de Furtado significa que, por mucho que Lula quiera luchar, no hay otra forma de que el poder civil trate con los uniformados que dándoles órdenes, y no, bendiciones. Y que el orden unido ahora debe ser volver a gobernar Brasil de acuerdo con su Constitución, al contrario de lo que quieren los tiranos ridículos que parieron a Jair Bolsonaro, la abyecta bestia producida y alimentada por el Ejército.

Pues bien, el Presidente diplomático tomó una opción radical en sentido contrario al coraje cívico que le exigía Furtado. La elección de Múcio prueba que Lula practicó una vez más la atávica manía brasileña de la conciliación servil y que el nuevo Presidente no quiso aprender nada de la amnistía concedida en 1979 a los torturadores y generales ladrones (1). Esto es lo que ha venido ocurriendo hasta la actualidad. Alguien tiene que orientar a Lula para que lea a Florestan Fernandes, el mayor de nuestros sociólogos, fundador del PT, que enseñaba más o menos lo siguiente: lo que no se resuelve vuelve.

También habría que preguntarse qué hará realmente en el ámbito de la defensa alguien cuya única contribución importante a la historia nacional se produjo en 2016. Entonces ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), Múcio firmó el informe que atribuía a Dilma las “pedaleadas fiscales” y proporcionó así la “base técnica” para el golpe. Ahora, ha obtenido de Lula un puesto de máxima sensibilidad política tanto fuera como dentro de Brasil.

Combate en las sombras

La defensa es la encargada de aplicar políticas de disuasión de las amenazas exteriores en un mundo que está experimentando un cambio de hegemonía en términos globales. Al mismo tiempo, Múcio también tendrá que lidiar con uniformados tan poderosos como desconocidos, vinculados a las fuerzas armadas de países centrales en el sistema internacional y acostumbrados a luchar en la sombra y en los intersticios del Estado brasileño. El futuro ministro aún tendrá que decidir qué hacer con los miles de militares que Jair Bolsonaro ha acuartelado en la nómina oficial.

Según el sitio web Congresso em Foco, los generales ganan hasta 1 millón al mes. Es el caso de Braga Netto, excandidato a vicepresidente en la candidatura de Bolsonaro y comandante de la intervención financiero-militar en Río de Janeiro en 2018 -hasta hoy no rindió cuentas sobre si se habrían gastado 1.200 millones de reales presupuestados para esa aventura y cómo-. Por su parte, Heleno (general Augusto Heleno Ribeiro Pereira: ndt), el caricaturesco jefe del espionaje oficial que también se embolsa cientos de miles de reales de la Viuda (pensión de viudez: ndt) cada 30 días, escapó en 2017 de un escándalo millonario en el Comité Olímpico Brasileño, del que era vicepresidente con 80.000 reales al mes. La pequeña pandilla tenía el “derecho” a las sobras del botín. Unas 79.000 plazas recibieron ilegalmente del auxilio de emergencia de 600 reales (110 dólares: ndt) del Ministerio de Ciudadanía, según el TCU.

Lawfare

Al dejar toda esta situación en manos de alguien tan del agrado de los militares (Múcio fue incluso elogiado por el vicepresidente Mourão), Lula está alimentando al monstruo. Le permite crecer en autoridad, incluso después del asalto generalizado a las arcas públicas, especialmente a la de Salud, como probó la CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) de COVID19. El presidente diplomado parece haber olvidado ya incluso el golpe que sufrió Dilma Roussef hace apenas seis años y no ve el intento de asesinato político del que fue víctima la vicepresidenta Cristina Kirchner justo ahora, aquí cerca, en Argentina. Por cierto, no pasará mucho tiempo antes de que otra ronda de golpes de Estado basados en la fuerza de lawfare, golpee simultáneamente a los presidentes progresistas de Bolivia, Chile, Colombia y Venezuela.

Si todavía no ha entendido en qué consiste la estrategia de lawfare, Lula debería consultar a Cristiano Zanin, su propio abogado penalista y uno de los mayores expertos internacionales en la materia. O simplemente puede recordar los fraudes practicados por las cuadrillas de jueces, magistrados y fiscales. Lo llevaron a pasar ilegalmente, por persecución política, 580 días en las mazmorras de la Policía Federal en Curitiba, bajo la guardia pretoriana de Sergio Moro y Deltan Dalagnol – que aún no rindieron cuentas ante la Justicia.

Lula, escucha a Manoel Domingos y a Genoino. Acuérdate de Furtado y Florestan. O simplemente relee al inigualable Guimarães Rosa: “El flujo de la vida lo envuelve todo, la vida es así: calienta y enfría, aprieta y luego afloja, aquieta y luego desquicia. Lo que quiere de nosotros es coraje”.

Nota

1) Se refiere a la Ley de Amnistía decretada por la dictadura militar que permitió la liberación de presos políticos y el retorno de los exiliados. Vigente hasta hoy, opera de hecho como una auto-amnistía del terrorismo de Estado. Durante sus anteriores 14 años de gobierno, Lula y el PT aceptaron este pacto político-institucional de impunidad. A diferencia de lo ocurrido en Argentina, Chile y Uruguay, en Brasil ningún militar, policía o miembro de cualquier aparato represivo, ha sido juzgado por los tribunales, a pesar del reclamo, las innumerables pruebas y testimonios y la persistente movilización de las organizaciones de derechos humanos y los colectivos de familiares y compañeros de los asesinados, torturados y desaparecidos. (Redacción Correspondencia de Prensa)

* Carlos Tautz, periodista y doctorando en Historia por la Universidad Federal Fluminense, Río de Janeiro.

Tomado de Correspondencia de Prensa.

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Brasil – Legado brutal. Las Policías Militares de San Pablo y Río de Janeiro en manos del bolsonarismo. [Renato Sérgio de Lima – Entrevista]

Entrevista a Renato Sérgio de Lima

Las Policías Militares de San Pablo y Río de Janeiro en manos del bolsonarismo

“Si el bolsonarisimo quiere matar, el modelo de seguridad de Río es más eficiente”

Carol Castro, The Intercept, Brasil

Outras Palavras, 15-12-2022

Traducción de Correspondencia de Prensa, 16-12-2022

Tarcísio de Freitas y Cláudio de Castro, los nuevos gobernadores, apuestan por la truculencia policial. Pero se enfrentarán a realidades diferentes: en San Pablo, una corporación centralizada; en Río de Janeiro, bandas casi autónomas. Cada uno, brutal a su manera

Jair Bolsonaro desocupará el Palacio de la Alvorada, pero deja su mayor legado en dos estados: Río de Janeiro y São Paulo. Claudio Castro, del partido PL (Partido Liberal) reelegido gobernador, sigue la línea dura de «un bandido bueno es un bandido muerto»: en apenas año y medio de mandato, acumula tres de las cinco mayores matanzas del Estado. Los paulistas eligieron a Tarcísio de Freitas, del partido Republicanos, exministro de Infraestructuras de Bolsonaro, que puede replicar el modelo carioca de seguridad ciudadana.

Con Castro no hay muchas sorpresas. En línea con las fuerzas de seguridad de Río, se espera el mismo esquema fallido de operaciones policiales espectacularizadas, caras y letales de los últimos años. La incógnita viene del mando de Tarcisio. En campaña, dijo que extinguiría la Secretaría de Seguridad Pública y daría a los mandos de las policías civil y militar la categoría de secretarios, lo que desintegraría la toma de decisiones entre ambas corporaciones, como ocurre en Río desde 2019.

También prometió poner fin al uso de cámaras en los uniformes de la policía militar. Antes de la segunda vuelta electoral, se retractó de ambas promesas. Pero no se sabe qué decisiones tomará en su mandato y, hasta ahora, sólo ha mantenido el ya anunciado nombramiento del recién electo diputado federal Capitán Derrite, amigo de Eduardo Bolsonaro, al frente de la cartera de Seguridad.

Pero según Renato Sérgio de Lima, presidente-director del Foro Brasileño de Seguridad Pública, es poco probable que Tarcísio encuentre un camino muy fácil para transformar São Paulo en Río de Janeiro. «La Policía Militar de São Paulo es muy celosa de su institucionalidad y profesionalismo, y valora los mecanismos de control de los policías. El proyecto de las cámaras corporales, por ejemplo, salió de la corporación», explicó. «Entonces, ¿podrá Tarcísio hacer todo lo que quiera? No. Quien decidirá, en el fondo, es la propia empresa». Aun así, los dos bolsonaristas pueden llevar a sus estados a retrocesos en materia de seguridad pública o reforzarlos, en el caso de Río. En esta entrevista, Lima evalúa los posibles efectos de estos dos gobiernos – y cómo el presidente electo Lula puede frenar el descontrol policial al que aspiran.

-¿Qué puede cambiar en las políticas de seguridad pública de São Paulo con la llegada de Tarcísio de Freitas a la gobernación?

Primero debemos analizar la seguridad pública en Brasil. Existe una característica estructurante, muy debatida tras la Constitución, según la cual, parafraseando a Tomasi di Lampedusa, en el plan político «todo cambia para que todo siga en el mismo sitio». En los últimos 30 años, los elementos centrales de las políticas de seguridad, las normas infraconstitucionales, permanecen intactos. Y están muy relacionados con la lógica de la dictadura. La ley que organiza la policía militar es de 1969, el código penal de 1940, los cambios en el procedimiento penal son de 1941, y la Ley de Ejecución Penal es de 1984. Y esto supone una gran presión para los Estados, ya que el mundo ha cambiado, las características de la delincuencia han cambiado; al fin y al cabo, estas normas llevan vigentes más de 80 años.

Entonces, ¿qué puede hacer el gobernador, ya que las normas son federales? Puede invertir en tecnología, sistemas, eventualmente dar un aumento salarial, pero no mucho más que eso. A medida que todo el mundo reconoce que la tecnología es una de las formas en que la policía puede ser más profesional y legítima, se ha hecho un esfuerzo por modernizar la legislación. Pero fue muy residual y siempre dependiente de cambios en la gestión pública que llamamos incrementales. Es decir, implantaciones como Infocrim (base de datos de información criminal basada en informes policiales) en San Pablo, creada en 1998, o cambios operativos en los cuerpos policiales. Pero en el plano político y estratégico, nunca ha habido una política de seguridad pública eficaz en San Pablo ni en Río de Janeiro..

En los gobiernos de derechas y de izquierdas, siempre hubo una subordinación política a la dimensión operativa de la policía. Es decir, a lo que la policía cree que hay que hacer: más armas, más vehículos, más tecnología, más uniformes, y así se solucionará. Esto muestra un cierto límite. Por poner un ejemplo, son políticas que refuerzan tanto cuestiones como el racismo estructural, sin afectar al hecho de que quienes más mueren son jóvenes negros de las periferias, como las formas de legitimar el uso de la fuerza.

Incluso porque los gobernantes no tienen autonomía para cambiar de carrera, las formas de actuación. Enviamos al grupo de transición del gobierno una propuesta para reducir la influencia de la Presidencia y el Ejército sobre la policía. Porque hasta hoy es el Ejército el que controla y coordina, en teoría, las normas y la formación de la policía. Pero no lo hace. Quien lo hace es la propia policía, que acaba teniendo dos jefes: el Ejército y el gobernador. Cada uno hace una parte y a menudo no piensa en proyectos para todo el problema. Al final, la propia policía decide lo que quiere hacer. Y allí se acostumbran a la excesiva autonomía para decir lo que está bien o mal, lo que es orden público, lo que es poder de policía, que no son términos claramente definidos en la legislación.

-En la práctica, ¿esto significa que Tarcísio no podrá cambiar mucho… Había anunciado, durante la campaña, que eliminaría la Secretaría de Seguridad Pública para nombrar a los secretarios de policía, como en Río de Janeiro, pero luego dio marcha atrás.

Aún no sabemos si realmente dio marcha atrás. Pero San Pablo tiene una diferencia histórica: creó, por razones mucho más antiguas, que tienen que ver con la Revolución Constitucionalista de 1932, la idea de la identidad del paulista, y la policía es una fuerza pública muy celosa de su institucionalidad. Y siempre ha sido diferente de otras fuerzas de policía militar del país, porque invirtió mucho en su profesionalización. Por lo tanto, siempre ha sido una fuerza policial muy celosa de su poder y de su capacidad para determinar la agenda de lo que hace.

Cuando el PSDB ganó las elecciones y permaneció en el gobierno durante casi 30 años, se sustituyó el clamor «bandidos buenos son bandidos muertos», de los años de Paulo Maluf (gobernador de San Pablo de 1979 a 1982; derechisra, que apostó por una policía ostensiva) y Luiz Antônio Fleury Filho (gobernador de San Pablo de 1991 a 1994, cuya gestión estuvo marcada por la masacre en la cárcel de Carandiru), por «dejemos que la policía haga lo que técnicamente está capacitada para hacer», porque el gobierno de San Pablo invirtió invierte mucho en la policía, especialmente en la Policía Militar. Es un problema crónico en Brasil: la idea de seguridad pública como sinónimo de inversiones en la policía militar. Se invierte poco en mejorar la investigación, racionalizar la legislación y las normas que rigen las actividades policiales.

En São Paulo, además del Infocrim, tuvimos varias inversiones, empezando por el episodio de la Favela Naval, que el gobierno adoptó como punto de inflexión para una profesionalización de la policía y allí cuando creó el Sistema de Gestión de la Policía Militar del Estado de San Pablo. La Policía Militar de San Pablo está estudiando diversos mecanismos de revisión de supervisión y control porque, para ella, lo más importante es su institucionalidad. Un coronel permanece cinco años en el cargo y luego pasa obligatoriamente a la reserva. Por tanto, hay que controlar lo que hace el policía de arriba. No sólo para medir el uso de la fuerza, ya que se trata de una variable política en la toma de decisiones, sino también para que la propia corporación pueda saber qué hace el policía que está en primera línea o quién se lo ordena. Porque hay una única voz de mando en la Policía Militar de San Pablo, que es la propia Policía Militar – y no el Coronel A o B.

Esto no ocurre en Río de Janeiro, donde quien toma las decisiones es el policía de arriba. Allí se valora la independencia del policía para determinar lo que es correcto o no, cuando hay exclusión de ilegalidad o no. En otras palabras, la corporación no tiene la solidez organizativa que tiene la Policía Militar de San Pablo.

La policía de San Pablo está acostumbrada a la Secretaría de Seguridad, porque fue creada en 1978. Pero por un proyecto ideológico, hay una corriente en la policía militar que piensa que es necesario reproducir lo que ocurre en Río, que es hacer una Secretaría de Estado de la Policía Militar y una Secretaría de Estado de la Policía Civil. Este desmembramiento es muy malo, porque la seguridad no es sólo Policía Militar, no es sólo Policía Civil, es la suma de ellas y de otras políticas.

Hay otros modelos, como el de Santa Catarina. Adoptaron un consejo de gestión, en el que cada seis meses cada uno de los oficiales (Policía Militar, Policía Civil, Bomberos, Forenses, etc.) asume la presidencia del comité, que es deliberativo y vinculante. En otras palabras, las normas que allí se decidan deben ser cumplidas por todos. ¿Hay margen para la coordinación? Sí. Así que la secretaría no es el único modelo posible, pero es fundamental contar con un órgano. Porque en el modelo de separación de Río de Janeiro, nadie sabe qué hacer. El Instituto de Seguridad Pública produce datos, pero nadie piensa la política de seguridad. En 2019, por ejemplo, se creó la Policía Judicial que, teóricamente, necesita articularse a las demás. Pero, ¿qué hace la Policía Judicial? ¿Investiga? ¿No investiga? Es un proceso que hay que meditar.

En cualquier caso, Tarcísio señaló que prefiere el modelo del fluminense al del San Pablo. No hay comparación entre qué modelo es más eficiente, en términos de gestión policial y de gestión de la seguridad, ni por los índices de criminalidad ni por la profesionalización de las instituciones. Se trata de un modelo ideológico. Entonces, ¿qué entiende el bolsonarismo por eficiente?

Si el Bolsonarismo quiere matar, entonces el modelo Fluminense es más eficiente, ya que hay menos control sobre la policía. Si la legislación y la Constitución son la base, está claro que Río no es más eficaz.

-Tarcísio también habló de retirar las cámaras de seguridad de los uniformes policiales.

Este es un programa de la Policía Militar. Mientras todo el mundo presionaba para controlar el uso de la fuerza, la propia policía ya estudiaba prototipos, usos, formas de control. Y lo hizo por su propia cuenta y planificación. Cuando el coronel Marcelo Vieira Salles asumió el cargo, en 2018, permitió que estos estudios continuaran. Y, en 2020, cuando asumió la cartera, el coronel Fernando Alencar Medeiros siguió la misma línea: «Lo haremos, porque la policía necesita tener una nueva forma de control y legitimidad.

Es un proyecto corporativo. No será tan fácil para Tarcísio deshacerlo. Algunos candidatos bolsonaristas más radicales han intentado descalificar el proyecto de las cámaras como algo de dos o tres coroneles, porque saben que la corporación asumió el proyecto. Y una forma de descalificarlo es decir que no es un proyecto de la corporación, que los diputados no quieren las cámaras. Así que se trata de un juego interno que hay que dejar claro, pero hasta ahora la corporación ha dicho: «No, los queremos».

Y hay varios factores importantes y problemas internacionales, incluso con las empresas que ofrecen esta tecnología. Así que tenemos, por un lado, al lobby empresarial y, por otro, a la propia empresa diciendo que es una inversión creada por ella misma. Existe esta tensión básica en relación con Sao Paulo. Tarcísio prometió tumbar el uso de las cámaras corporales porque el grupo más bolsonarista está totalmente en contra, sobre todo los que son plazas. Y están en contra porque hay una variable muy importante: las cámaras vigilan, microcontrolan la vida cotidiana. No es sólo una cuestión de corrupción, también está el favor político del comandante, de querer servir al dueño de la panadería. Entonces el tipo paga por una taza de café. O para prestar servicios de seguridad privada utilizando material público, o para atender la petición de un determinado concejal en una determinada región. Las cámaras vigilan las solicitudes de uso privado de la fuerza pública, de ahí la resistencia interna. No se trata de «dar libertad a los policías». La gente no quiere control porque eso deshace los acuerdos, no sólo los de corrupción directa, sino el microfavor, la forma de hacer gestión privada de la actividad policial. Por eso es tan importante este proyecto, que en Río de Janeiro nunca se llevará a cabo.

-Usted mencionó los gobiernos de Paulo Maluf y Luiz Antônio Fleury Filho. ¿Puede decirse que San Pablo está volviendo a ese lugar? ¿Podemos esperar de nuevo una espectacularización de las operaciones policiales, como ocurre en Río?

Lo que veo en relación con São Paulo es un intento de deconstruir la inversión en la profesionalización de la Policía Militar realizada en los últimos 30 años, de la que la propia corporación se enorgullece. Si la profesionalización es la principal herramienta de identidad de un cuerpo policial, entonces el objetivo es rehacer este modelo, adoptando uno que dé más autonomía al policía. Así que, de nuevo, la policía de São Paulo construyó un modelo que da más autonomía a la corporación y no al policía. Esto es lo que está en juego.

En los 30 años de PSDB en San Pablo, la sociedad civil y la prensa presionaron el debate sobre los índices de letalidad policial. En 2011, hubo una masacre con 11 muertes en una acción de las Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, son las “fuerzas especiales” de la Policía Militar del estado de San Pablo: ndt), y el entonces gobernador Geraldo Alckmin dijo: «Los que no reaccionaron están vivos”. Acaba poniéndolo en duda, porque sabe que para una buena parte de la población «un bandido bueno es un bandido muerto», así que en cierto modo esto retroalimenta la legitimidad de la policía. Y los gobiernos dependen de la policía para ser viables. Porque no es necesario dar un golpe descarado. La policía puede, por ejemplo, hacer una operación tortuga (reducir la eficacia del trabajo para perjudicar las estadísticas). Y entonces las cosas crecen y el gobierno se vuelve políticamente inviable. Todo el mundo sabe que la relación con la policía, especialmente la militar, es muy difícil. Hay que equilibrar todo eso, ya que hoy en día la policía goza de un poder de influencia muy grande.

¿Podrá Tarcísio hacer todo lo que quiere? No. Quien decidirá, en el fondo, es la propia corporación. ¿Podrá Cláudio Castro (gobernador reelegido en Río de Janeiro) hacer lo que quiera? No necesariamente. En realidad, navega más o menos menos con la misma opinión que la corporación. Así que suele ser más eficaz a la hora de alinear sus agendas, a diferencia de lo que acabará ocurriendo con Tarcísio en San Pablo.

Tienes otro problema histórico: las deficiencias en la estructura de la policía civil. Hay 14 carreras, sin capacidad para ejecutar el presupuesto. En Río es aún peor, la Policía Civil está más militarizada que muchas policías militares, en relación a la letalidad de sus acciones (matando más que otras policías civiles en lugar de investigar). El problema es que el ISP no publica datos separados sobre las muertes generadas por la policía militar y la civil, todo está unificado.

-¿Cómo evalúa la nominación del Capitán Derrite para la cartera de Seguridad Pública en San Pablo?

Es un representante del Bolsonarismo de «delincuentes buenos son delincuentes muertos». Esto es innegable, se construyó políticamente al poseer un canal de Facebook con más de 1 millón de seguidores, espectacularizando la actividad policial. Pero es un capitán de 38 años, lo que, para un cuerpo de policía como el de São Paulo, significa que un capitán que apenas acaba de salir del servicio va a mandar a mayores, tenientes coroneles. Esto, en cierto modo, rompe la espina dorsal del militarismo. Si el objetivo es acabar con la estructura institucional, esta es una forma de hacer que todos estos altos cargos se jubilen. para hacer que todos estos oficiales superiores se retiren. Y entonces Derrite mete a gente más joven que está de acuerdo con él y, como es el mayor, impone su propia versión.

-¿Existe el riesgo de que aumente el poder de las milicias en San Pablo?

Cuando se invierte en la falta de control y en el fortalecimiento del liderazgo individual en detrimento del liderazgo corporativo, uno de los riesgos es la milicitización. La corrupción ya existe, pero el modelo de las milicias de Río no es exactamente el mismo en todo Brasil: con control territorial y de la fuerza, comercio de economía sumergida y actividades ilegales. Estos elementos, en cierto modo, ya son explotados por la delincuencia organizada en São Paulo, lo que tiene peso y pondrá en entredicho cualquier intento en este sentido.

En cualquier caso, el riesgo ya existe y se contiene precisamente con el fortalecimiento de la corporación. Cuando se amplía la autonomía, el riesgo puede aumentar. Pero decir que ese será el resultado automático no hace más que reforzar el bolsonarismo. Porque va con el discurso de «todo el mundo está en contra de la policía». Esta discusión debe ser muy cuidadosa, porque el riesgo está presente en todo Brasil. Policías militares como empleados de tráfico, pistoleros, guardias de seguridad, esto existe en todas partes – es lo que la propia corporación busca inhibir cuando crea los programas de cámaras corporales. Si afirmamos que esto será una consecuencia automática, debilitamos al buen policía. Es necesario tratar la cuestión de las milicias en San Pablo como un riesgo, y no como un hecho consumado.

-¿Cómo puede el gobierno federal intervenir en las políticas de seguridad pública adoptadas en los estados gobernados por bolsonaristas?

Hay tres escenarios posibles. En el primero de ellos, innegablemente, los gobernadores tendrán que hablar con el gobierno federal. Quien esté al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, o de los ministerios, si son desmembrados, tendrá que estrenar una agenda de fiscalización y control, sin revanchismo, pero de manera muy enfática (es decir, no dejando que la policía determine la agenda) y al mismo tiempo hablar de las necesidades de una política de seguridad pública. Entonces podrá contener estos avances bolsonaristas en la zona.

En el segundo escenario, seguimos en la misma situación que en los últimos 30 años: el ministro o sus ayudantes siguen la lógica de «ganemos más dinero». Gastemos más dinero, negociemos con el gobernador». Entonces la tendencia es a deshilacharse un poco. Y cuando acaben los cuatro años de Tarcísio, probablemente tendremos una policía más coja, con la profesionalidad comprometida en nombre de un proyecto político. Pero aún no habrá ganado del todo, porque la corporación paulista es muy fuerte.

El tercer escenario es ideal: con gestores que entiendan el problema y ayuden a construir la valorización de la policía, con la construcción de una nueva normativa infraconstitucional para la rendición de cuentas, con métricas basadas en evidencias, con información de nuevas doctrinas internacionales sobre investigación. Es el escenario perfecto, pero dudo de su aplicación, dado el debate que se está manteniendo en la transición.

-¿Por qué?

El debate, por lo que se ve en las declaraciones públicas, es «no nos centremos en nada que tenga que ver con la agenda de los gobernadores». E ignoran que para reforzar al gobernador hay que actualizar las normas. Es una agenda que genera desgaste, pero hay que hacerla. Necesitamos profesionales que piensen en la seguridad pública más allá del derecho penal. La seguridad acapara la agenda de la derecha y de la izquierda. Es innegable que el debate gira en torno a los delitos, las penas y la justicia penal. Pero es mucho más que eso. Es la garantía de que se respetan los derechos de entrada y salida. De eso se trata cuando decido subir a la colina de Vila Cruzeiro para matar a una veintena de personas, apoderarme de una docena de fusiles y detener la jornada de 70 mil personas, ¡una operación militar injustificada! Hay que hacerlo de otra manera.

-Dado que este diálogo con el nuevo gobierno es necesario, ¿puede imaginar un escenario mejor también para Río de Janeiro?

Si te fijas, no hay nadie de Río de Janeiro en el equipo de transición. Marcelo Freixo (Ex dirigente del PSOL, actualmente miembro del Partido Socialista Brasileño: ndt) no pudo entrar en el equipo de seguridad. Así pues, la realpolitik a menudo puede hacer que la negociación con Cláudio Castro pase por otros asuntos de mayor envergadura. Y la seguridad no tiene por qué ser el caos que sería con Bolsonaro, nunca será lo mismo, pero hay que presionar al gobierno de Lula. La sociedad civil y la prensa tienen que mostrar claramente que es necesario reconstruir algunos fundamentos -y tal vez no de la manera en que se ha hecho hasta ahora-, para garantizar que los gobiernos rindan cuentas y que, evidentemente, la policía esté controlada. El gran reto es controlar a la policía. Y la izquierda a menudo no sabe cómo hacerlo.

El gobierno tiene que decir cómo controlar a la policía, respetando a las corporaciones. No son enemigos, eso es fundamental. Es necesario valorizar la corporación, con condiciones mínimas de trabajo para los más de 700 mil funcionarios. Pero la valorización no puede confundirse con la total autonomía de la policía para hacer lo que crea conveniente, pero dentro de las garantías del Estado de Derecho y de la ciudadanía en Brasil. Parece difícil, pero esta es la disputa en la agenda del gobierno de Lula. Es una agenda muy aparentemente residual, pero es central en el modelo de desarrollo

(Publicado originalmente en The Intercept Brasil, 12-12-2022)

Tomado de Correspondencia de Prensa.

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