Por Mempo Giardinelli*
12 de diciembre de 2022
La semana que pasó –confusa debido a fuertes presiones políticas en pugna– ocultó en parte, involuntariamente, la lucha de quienes siguen alarmados el festival de entregas y claudicaciones de Soberanía que sufre esta República.
“El Canal Magdalena va a conectar el sistema fluvial con el marítimo, aportando mejoras logísticas a todo el sistema y brindando posibilidades de desarrollo para el país. Es una obra prioritaria para la Subsecretaría”, fue la frase de la semana, diríase, en boca del nuevo subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la Nación, Patricio Hogan (santafesino de Casilda, proveniente del Frente Renovador), quien dijo que “hace poco el Estado tomó el control de la Vía Navegable” (acaso refiriéndose al río Paraná) y destacó “consensos” en el “Consejo Federal de la Hidrovía”, como se insiste en llamar al Padre Río, lo que a estas alturas ya suena a provocación.
Pero así se autodefinen los dueños del agua (como los dueños de la tierra) en la sucesión de simposios, congresos y encuentros que no parecen tener otro objetivo que el de cerrar filas en contra de los intereses verdaderos de la República, hoy negados fácticamente mediante la ya maníaca parafernalia de eufemismos como “Concesiones Portuarias”, “Transporte Multimodal” y “Consorcios de Gestión”, vocablos cuya reiteración sólo apunta a seguir confundiendo a una sociedad a la que no se le quiere decir, claramente, que la República Argentina dejó de ser un país soberano en términos marítimos, fluviales, industriales y de exportación. Todo eso que alguna vez fuimos y que hizo la grandeza económica y social de esta nación hasta que el criminal bombardeo aéreo de 1955 sobre Buenos Aires inició la degradación política, económica, social y moral de esta Nación.
La reiteración de tanta sarasa conceptual, que procura convencer que los puertos son y serán “cada vez más eficientes” y “más competitivos para exportar” y que se dragará a conciencia –entre otros macaneos– son ya intolerables para quienes reclaman la recuperación incondicional de la soberanía marítima. Esa que le dio grandeza a este país, pleno empleo y educación, y una solvencia económica que es urgente recuperar en lugar de seguir vendiendo espejitos de colores como la recuperación de una industria naviera que se cacarea pero está en peligro de ser privatizada.
Todo eso prefigura, bajo la superficie, el confuso presente político, indefinido y enclenque por obra y ninguna gracia de la inacción gubernamental. Que, hay que decirlo, es cada día más peligrosa porque en los discursos de buenas intenciones casi nunca se nombra el vocablo clave del desastre argentino: Soberanía. Un concepto que define la línea urgente y necesaria para la recuperación de perspectivas propias en materia industrial y de comercio exterior y para recuperar nuestra moneda, alguna vez respetada en el mundo.
Tan cipayo es el presente que no hay intención ni conciencia de que ante previsibles desastres monetarios mundiales, cuando las potencias empiezan a darse cuenta de que el oro valdrá cada vez más que los dólares y euros, por lo menos se deberían regresar al país los lingotes de oro que Macri mandó a Inglaterra. Idea que acaso hoy no ha de pasar por la cabeza de ningún funcionario gubernamental.
No hace falta ser economista especializado para advertir que el control sobre la política monetaria de los países periféricos, todos endeudados en dólares, en algún momento va a estallar. Y es por eso que debería fijarse como mayor prioridad de supervivencia la plena recuperación de nuestra moneda y nuestras riquezas, nuestros bienes naturales y la conciencia de nación soberana.
Tampoco hace falta ser economista para condenar la imposición de tortuosas decisiones que agobian a nuestro pueblo. El Presidente Fernández no cumplió las promesas electorales y, al contrario, cedió frente a las mafias –comunicacional, judicial, empresarial– y los poderes extranjeros. Y el resultado, tres años después, es que 47 millones de compatriotas están condenados a una deuda impagable y agobiadora que como pueblo no tomamos, ni aceptamos ni fue auditada.
El riesgo de esta hora es enorme, y el posible caos social es urgente preverlo y atenuarlo tomando medidas para preservar los dos valores basales de la Argentina contemporánea: la Democracia y la Paz. Y es que la oposición violenta es lo que más creció en los últimos siete años y el magnicidio intentado hace dos meses fue la prueba. Así, la economía hiperconcentrada ya implica en sí una brutal condena social, cultural y emocional a nuestro pueblo. Y a ello ha contribuido, lo quisiese o no, la absurda política de (in)comunicación del gobierno, que desde hace tres años conlleva la pérdida de soberanía sobre nuestros bienes naturales. Con lo que encima genera condiciones políticas sólo conducentes a una dura derrota electoral.
Las medidas a tomar no son nada del otro mundo y este columnista, si le tocara la improbable misión de presidir esta república, no dudaría en aplicarlas mediante un urgente Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual:
a) se restablezca in totum la Constitución Nacional de 1949, última de toda legitimidad y declarando nulas e inválidas todas las reformas posteriores; b) se declare en comisión a todo el sistema judicial argentino, y la judicatura completa, para, en un lapso de seis a doce meses, reformular la impartición de Justicia en todos los fueros y en todo el país, cubriendo todos los cargos mediante exámenes de antecedentes y oposición; y a la vez se designe una Corte Suprema de Justicia integrada por no menos de 19 miembros, con paridad de géneros y originari@s de casi todas las provincias.
b) se declare en comisión a todo el sistema judicial argentino, y la judicatura completa, para, en un lapso de seis a doce meses, reformular la impartición de Justicia en todos los fueros y en todo el país, cubriendo todos los cargos mediante exámenes de antecedentes y oposición; y a la vez se designe una Corte Suprema de Justicia integrada por no menos de 19 miembros, con paridad de géneros y originari@s de casi todas las provincias.
c) se restablezca la Ley de Medios en todos sus artículos y se declare la necesidad y urgencia de repotenciar el sistema de TDA (Television Digital Abierta y gratuita);
d) se proceda a repatriar todo el oro del pueblo argentino depositado en custodia en bancos de Gran Bretaña o donde fuere.
e) en plan de restaurar el valor del peso moneda nacional, y restaurar y unificar valores transaccionales, encargar a economistas nacionales el estudio de la mejor vía hacia la consolidación de una economía que priorice intereses populares, así como de la industria nacional y con tecnologías propias.
f) la inmediata nacionalización de la educación, a fin de que exista un único sistema educativo con programas iguales para toda la república, aunque respetando peculiaridades regionales.
g) se apliquen de inmediato las leyes de defensa ambiental que hoy no se cumplen, empezando por la Ley de Bosques sancionada en 2007;
h) se anulen todas las adquisiones territoriales de ciudadanos, corporaciones o países extranjeros, o de testaferros evidentes. Quedará prohibida toda gran propiedad extranjera en territorio argentino.
i) se dispondrá la inmediata nacionalización de todos los bienes naturales que atesora el territorio nacional, en superficie y subsuelo, en mar y en espacio aéreo, los que son propiedad soberana de la República Argentina.
j) se comunicará a la hermana República Oriental del Uruguay que se romperán relaciones si desde ese país se continúan los abastecimientos a los apropiadores de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur más allá de los siguientes 30 días.
Esto para empezar. Y no se dude que, a partir de ahí, un país mejor sería posible.
*Mempo Giardinelli: es un escritor y periodista argentino. Traducido a 26 idiomas, fue galardonado con el Premio Rómulo Gallegos en 1993 en Venezuela y recibió también diversos premios en México, España, Italia y Chile. Preside una fundación dedicada al fomento de la lectura
Fuente: Página/12
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La política discute quien gestiona el ajuste y el rumbo de la economía
La política y la economía, o viceversa, tienen especificidad, pero interactúan de
manera dinámica.
Es algo visible en estas horas en las que se ventiló el fallo en primera instancia
que condena a Cristina Fernández de Kirchner, pero también, hace lo propio la
denuncia de la connivencia del poder económico, mediático, político y judicial.
Ambas son noticias de fuerte impacto político y, de hecho, el descargo de la “vice”
ante el fallo, anunciando el renunciamiento a cualquier cargo tiene fortísimo
impacto en vísperas de un año de renovación de la gestión presidencial.
Incluso, más allá de la validez jurídica de los diálogos telefónicos divulgados, se
evidencia la impunidad del poder articulado de grandes empresarios y medios con
instancias de los poderes del Estado. Detrás de estos episodios está en discusión
la gestión del capitalismo local.
No puede separarse la política de la economía o viceversa. Los casos judiciales a
que aludimos tienen impacto político y trasfondo de connivencia del poder
económico con quienes definen la política cotidiana, sea en el gobierno o desde la
oposición.
El fallo contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner establece una
condena a 6 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos políticos de por
vida, lo que ha generado un debate en el país, no solo en el oficialismo, sino
también en la oposición.
¿Quiénes serán los referentes electorales de las coaliciones que hoy disputan el
gobierno del capitalismo local y cómo se designarán? ¿Qué posibilidad se abre
para terceros que pretenden colarse en la disputa electoral, especialmente el caso
de la ultra derecha? ¿Podrá la izquierda articular una propuesta más amplia que la
actual para intervenir efectivamente en la disputa por la representación
institucional?
Resulta interesante para visibilizar en la sociedad la difusión de la connivencia del
poder económico personificado en Joe Lewis, el británico apropiador del “lago
escondido” en sus territorios y que asocia gran propiedad territorial y capital
externo con políticos de la oposición y del oficialismo, y claro que la enorme
complicidad de la prensa hegemónica en la Argentina.
En el fondo está el ajuste y la regresiva reestructuración económica
Queda claro que se trata de intereses económicos, políticos y judiciales todos
atravesados con lo que está por detrás que es el ajuste de la economía, algo que
se confirma en estas horas con la tercera auditoria del FMI, según leemos en
comunicado de prensa del organismo internacional 1 . Allí se puede leer el avance
del acuerdo:
“La prudente gestión macroeconómica y los esfuerzos para movilizar
financiamiento externo están respaldando la estabilidad
macroeconómica—se está restableciendo el orden fiscal, moderando la
inflación, mejorando la balanza comercial y fortaleciendo la cobertura de
reservas.”
Señala el FMI que Argentina está cumpliendo con lo que se comprometió en
marzo pasado que es la reducción del déficit fiscal, el control de la emisión
monetaria, aunque eso sea a costa de un endeudamiento en pesos fenomenal.
Las Letras de liquidez, LELIQ, duplican la base monetaria, que son todos los
billetes y monedas que circulan en la Argentina. Se trata, las LELIQ, de un pasivo
rentado del BCRA que complica el uso de recursos públicos destinado a resolver
necesidades sociales.
Ese costo afecta las posibilidades de atender a la población empobrecida de la
Argentina y aún restan 7 auditorías trimestrales, según el acurdo con el FMI, por lo
que el ajuste es un horizonte continuo en el futuro. El interrogante es si la
sociedad afectada por el ajuste y la restructuración regresiva no hace estallar la
relativa tranquilidad con la que se llega a este fin del 2022.
No es solo ajuste lo que está en discusión, en rigor, es el modelo productivo y
económico de la Argentina, donde lo que se afianza es la primarizacion de la
producción y las exportaciones por eso todo remite al complejo de la soja, lo que
explica la renovación de un tipo de cambio especial en beneficio para los grandes
productores y exportadores.
Pero también es el caso de los hidrocarburos no convencionales y todo lo
vinculado a sacar el petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta. Se pretende
producir para exportarlo y ofrecerlo sobre todo a Europa, apurada por sustituir la
importación del gas ruso.
En ese camino existen expectativas del poder mundial, sobre todo de EEUU, en el
litio. Vale recordar que Argentina, junto a Chile y Bolivia son el principal reservorio
del litio en el mundo.
Por eso las reuniones entre Sergio Massa, el ministro de economía de la
Argentina, con los sectores más concentrados de la industria, del agro, de la
agroindustria, de las finanzas, para consensuar una política antiinflacionaria que
reduzca este casi 100% que de inflación estimada para el 2022 y asegurar un
horizonte de estabilización macroeconómica que facilite inversiones en el corto plazo.
Temor al descontento y la protesta
Hay temor por la escalada inflacionaria en una perspectiva de hiperinflación, que
pueda desatar el conflicto social.
El ministro de economía dice que “si la inflación continua no ganaremos la
elección del 2023”, pero también le está diciendo a los grandes empresarios que
contribuyan a morigerar la expectativa de apropiación de ganancias para
normalizar la situación y no exacerbar la protesta, el conflicto social.
Fue el embajador estadounidense quien alertó en el mismo sentido a las
coaliciones políticas que disputan gobierno: “avancen en una coalición desde
ahora”, en claro mensaje para acordar cuestiones esenciales que viabilicen la
normalización del capitalismo en el país.
A no engañarse, más allá delo que sostengan las sentencias judiciales o las
connivencias del poder judicial con el poder político, mediático e intelectual, lo que
define la política es la lucha social contra el ajuste, especialmente si esta articula
un proyecto político para reestructurar el orden económico y político, con otros
beneficiarios a los actuales.
Es un tema escasamente evidenciado en el debate político y a tener en cuenta, ya
que solo se discute la “normalización” del orden existente y se escamotea el
desafío para posibilitar rumbos políticos alternativos para otro orden económico y
la reproducción de la vida cotidiana.
No se trata de la corrupción como pretenden instalar mediática y judicialmente,
aun siendo un tema de interés e importancia en la sociedad, no solo en Argentina,
un tema que visibiliza la situación de Perú.
La cuestión de fondo es el debate sobre el orden económico y político, por lo que
la pelea fundamental es contra el ajuste que supone el acuerdo con el FMI y que
encabeza las demandas de los sectores más concentrados de la actividad
económica local. Otra agenda es posible y se asocia a la organización y lucha
popular por otro orden social, económico, político y cultural.
*Julio Gambina: es economista marxista y profesor universitario argentino, especializado en economía política, economía mundial, integración, deuda externa y otros asuntos sociales y políticos.
Fuente: Tramas- PERIODISMO EN MOVIMIENTO
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