El pasado 12 de octubre se conmemoraron 2 años de la promulgación de la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos (LCA). La misma apareció por primera vez en Gaceta Oficial el 12 de octubre de 2020.
Tras dos años el mecanismo pareciera reflejar el triunfo sobre la guerra económica y el bloqueo, mostrándose como uno de los pilares indispensables de la prometida recuperación económica. A ella se debería la reciente confianza del sector empresarial en Venezuela.
Sin embargo, la valoración de la propia ley se enfrenta con algunos elementos insuperables, como el carácter confidencial de sus convenios y ejecuciones, así como por los propios mecanismos de amparo dispuestos en los Art 37, 38 y 39 de la propia ley.
Los socios en el mundo
Sabemos de forma tangencial que en el marco de esta ley se han hecho varias decenas de acuerdos con el capital internacional, incluyendo los convenios de confidencialidad firmados con Guinea Ecuatorial en diciembre de 2021 en materia de hidrocarburos. https://bit.ly/3VGypVu
También los firmados en febrero de este año 2022 en el marco del balance de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela, que según anunciaba el Ministro Tareck El Aissami están dirigidos a 20 ámbitos de cooperación y trabajo https://bit.ly/3gRZZfx
Al igual que los 51 acuerdos firmados el 8 de junio, por el Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan y Nicolás Maduro en Ankara, compuestos por ocho instrumentos de cooperación en las áreas de ciencia y tecnología, agricultura, transporte y turismo. https://bit.ly/3OfEapm
También dentro de este grupo se incluye el documento de cooperación energética firmado Irán con una duración de 20 años, que incluye los trabajos recientes hechos en la refinería El Palito en Carabobo https://bit.ly/3b9lf0B
Los socios en Venezuela
En esta lista también deben ser incluidos los convenios o alianzas estratégicas con privados para el fortalecimiento económico nacional, según lo dispuesto en los Art 29, 30 y 31 de la ley. Acá destacan el convenio con “Ouro Branco” para la producción de soya en el país firmado en 2021.
La adquisición del 70% de las acciones de Gas Guárico y 30% de Petroguárico a la empresa japonesa Inpex por parte del fondo privado de inversión Sucre Energy Group en septiembre del 2021, ante el cual el presidente de la Subcomisión de Hidrocarburos, William Rodríguez dijo:
“Esa compra de Gas Guárico y Petroguárico debería pasar por la Asamblea Nacional, pero no ocurrió porque está la Ley Antibloqueo (…) (para) proteger las operaciones”
También deben ser incluidas las 42 reuniones del Consejo Nacional de Economía Productiva, llevadas a cabo de julio de 2021 hasta abril de 2022, de las cuales salieron conformadas diversas políticas tributarias, como los 56 códigos arancelarios desarrollados para “proteger la producción nacional” en septiembre del 2021.
O los “aranceles productivos” descritos por Delcy Rodríguez como las “herramientas para fomentar la producción, bien sea por medio de la eliminación de impuesto por importación y del valor agregado, o la colocación de aranceles a productos terminados que entran al país y que impactan sobre la producción nacional.”
Cabría esperar que el Centro Internacional de Inversión Productiva fuera protagonista en la divulgación de algunos datos referentes a los logros de estos convenios, por lo dispuesto en el Art 15 de ley. Sin embargo, hasta el día de hoy dicho centro no ha realizado tampoco tal balance.
Desde Tatuytv nos preguntamos: ¿Qué podemos saber sobre el futuro que diseña La Ley Antibloqueo? ¿Será nuestro? ¿Será soberano? ¿Qué queda del protagonismo del pueblo?
Fuente: Tatuy tv Comunistaria
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