Durante las tres jornadas de sesiones extraordinarias en el Congreso de la nación argentina donde se debatía el polémico paquete de leyes del nuevo presidente, el ultraderechista Javier Milei, conocido como ley ómnibus, se desplegó en las calles un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad que se saldó con 20 personas detenidas y más de 150 heridas. Además, un centenar de heridos tuvieron que recibir asistencia médica, como el abogado defensor de derechos humanos Matías Aufieri, que recibió un disparo de bala de goma en el ojo por el que tuvo que ser operado de urgencia.
Entre los heridos, más de 30 fueron periodistas y fotógrafos por lo que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) emitió un comunicado calificándolo como “ataques deliberados de las fuerzas de seguridad a trabajadores y trabajadoras de prensa que sufrieron heridas por hacer su trabajo”. Entre los profesionales de la prensa heridos hay periodistas de diferentes medios, cámaras de televisión, fotoperiodistas y hasta un premio Pulitzer. Tres de los detenidos son también reporteros gráficos: un camarógrafo argentino y dos fotógrafos chilenos residentes en La Plata para los que ahora se pide la extradición.
Según la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), “desde el inicio de su gestión, el gobierno de Javier Milei, Patricia Bullrich y sus aliados provinciales, vienen desplegando las fuerzas de seguridad de manera nunca antes vista frente a las protestas y reclamos de un pueblo cada vez más empobrecido por sus medidas”. A lo que advierten que “el 31 de enero las fuerzas de seguridad estrenaron un nuevo gas irritante de altísima agresividad, que no sólo dificulta la respiración y afecta mucosas de ojos, nariz y boca, sino que también produce quemaduras químicas en la piel”.
Durante las protestas en los alrededores del Congreso se utilizaron tanquetas de agua, porras y escudos policiales para golpear a manifestantes y motos para la persecución, incluso en aceras y plazas. En una actuación brutal y desmedida se disparaba contra las manifestantes pelotas de goma, muchas de ellas a la altura de la cabeza, además de gases lacrimógenos irritantes.
Organizaciones de periodistas y defensoras de los derechos humanos tildan el operativo policial de “violento, desmesurado y fuera de la normativa vigente de actuación ante manifestaciones”
Quince organizaciones defensoras de los derechos humanos encabezadas por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitían un comunicado conjunto el sábado 3 de febrero en el que tildaban al operativo policial de “violento y desmesurado y por fuera de la normativa vigente de actuación ante manifestaciones”. Las organizaciones de la sociedad civil remarcaban que éste fue “organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, con un despliegue desmedido de distintas fuerzas que causaron heridas por balas de goma, gases irritantes con una capacidad de daño sin precedentes y golpes de porras.
A lo que añadían que estos hechos suponen “una regresión histórica”, ya que “hubo policías con armas de fuego, algo que se había evitado en todos los gobiernos desde hace más de 20 años“. ”La policía intimidó a personas mayores, dejó una treintena de periodistas con heridas de diversa gravedad, atacó a defensores y defensoras de derechos humanos y a manifestantes de distintos sectores políticos. Amedrentando la libertad de expresión y de manifestación, avanzó en las calles, en las veredas y en la plaza”, recalcan.
El comunicado insiste: “Dentro del Congreso, se transgrede el reglamento: transcurren las jornadas de debate sobre un dictamen que no se conoce, que se está escribiendo por fuera de las comisiones a medida que avanzan las sesiones. Estas irregularidades, de cara a la sociedad, deterioran la institucionalidad. Además, tal como están expresadas en el proyecto de ley, las facultades delegadas que solicita el Poder Ejecutivo podrían impactar en una parálisis legislativa y en márgenes ampliados de arbitrariedad dada la forma vaga, general e inasible en la que están expresadas. Las condiciones democráticas del debate y la convivencia están hoy profundamente tensionadas y enrarecidas. Mientras las y los legisladores debaten en tiempo récord el destino del país y sus recursos económicos y naturales, las y los más altos funcionarios publican mensajes que festejan y alientan la violencia policial y de grupos particulares”. Por lo que hacen “un llamamiento urgente por el respeto de los derechos que están siendo vulnerados, por una convivencia democrática, en términos institucionales adecuados y sin represión”.
Por último, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la Asociación de reporteros gráfico de Argentina y el CELS han solicitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “medidas de protección para cuidar a trabajadores y trabajadoras de prensa, que por las disposiciones del Gobierno, son víctimas directas de las sucesivas represiones desatadas en protestas y manifestaciones”.
Tomado de elsaltodiario.com
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