El Constitucional francés tumba las medidas más duras de la ley migratoria de Macron

El Consejo Constitucional de Francia ha censurado 32 artículos de la reforma de la ley de inmigración que el Gobierno de Macron había impulsado para tratar de contentar a la ultraderecha del país. La decisión del Constitucional implica tumbar más de un tercio del texto de la norma.

Sin embargo, el Ejecutivo ha mostrado su aceptación justificando que “se ha validado la casi totalidad de las medidas que estaban contenidas en el proyecto de ley del Ejecutivo”. Entre las medidas censuradas se encuentra, por ejemplo, el delito de estancia irregular.

Con anterioridad, la Asamblea Nacional ya había tumbado la primera propuesta de reforma por parte del Gobierno. Ahora, la decisión de censurar la norma ha llegado por los nuevos cambios impulsados por Macron, que no obtuvo la mayoría necesaria para aprobarla en un primer momento.

El Gobierno francés recurrió a pactar con el Partido Republicano y con la formación de ultraderecha Agrupación Nacional para conseguir sacar adelante la reforma.

El ministro del Interior galo, Gérald Darmanin, ha afirmado en una primera reacción que el Gobierno “tomará nota del rechazo de numerosos artículos”, atribuyéndolo a que “no se ha respetado el procedimiento parlamentario”.

Los líderes de los partidos que participaron en el pacto han mostrado también su descontento ante la decisión del Constitucional. Por un lado, el líder republicano Éric Ciotti ha expresado que “una reforma constitucional es más indispensable que nunca para salvaguardar el destino de Francia”. Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional, ha compartido una idea similar: “La ley de inmigración nació muerta. La única solución es el referéndum”.

Las claves de la censura

El Consejo Constitucional ha tumbado la imposición de cuotas de entrada a personas migrantes, una medida clave entre las imposiciones de la derecha del país. Anteriormente, se había acordado que esas cuotas las fijaría el Parlamento en un debate anual y los jueces señalan que esto atenta contra el principio de separación de poderes, porque “a los diputados y senadores no se les puede imponer la organización de su trabajo”.

Además, se han anulado medidas como el delito de estancia irregular, el endurecimiento del acceso a las prestaciones sociales, de los requisitos para reagrupar a familias, la obligación al pago de una fianza por ser estudiantes extranjeros o las restricciones al conocido como “derecho de suelo”.

Sin embargo, los magistrados han dado el visto bueno a obligar a las personas migrantes que quieran un permiso de residencia a suscribir un contrato mediante el que se comprometen a “respetar los principios de Francia”: las libertades individuales, la libertad de expresión o de conciencia, la igualdad de hombres y mujeres, la Constitución y la integridad territorial francesa.

Tomado de publico.es

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