Tal circunstancia ha funcionado como el factor de legitimización de un conjunto de medidas extraordinarias por parte del gobierno ecuatoriano, entre las cuales sobresalen por su significación y sus implicaciones: la declaración de un conflicto armado interno por parte del poder estatal contra las mafias del narcotráfico; y la solicitud de cooperación militar al Comando Sur de los Estados Unidos de América, realizada por parte de Daniel Noboa, el presidente de esa nación suramericana.
La declaración de guerra realizada contra el narcotráfico por el gobierno de Ecuador es una medida que exacerba la situación de conmoción nacional. Esto por tres razones:
i) En primer lugar, porque el narcotráfico se expresa como un fenómeno de acumulación de capital y de concentración de poder con expresiones territoriales concretas, con presencia e influencia sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas del tiempo histórico actual. Estudios como el de Norberto Emmerich (2015), demuestran que los sectores económicos, políticos y militares regentes en los Estados nacionales, coexisten y hasta han tejido comunidades de intereses con el narcotráfico.
ii) En segundo lugar, porque la guerra declarada tiene un enemigo poderoso capaz de asesinar un excandidato presidencial con total impunidad (difícilmente sin la participación o complicidad de los cuerpos de seguridad y el propio sistema de justicia), difuso y de gran complejidad para su identificación y su caracterización. Pero esto no parece ser un obstáculo para instaurar un conjunto de medidas de excepción y una racionalidad que desborda las fronteras del Estado de derecho y del debido proceso por parte de las autoridades policiales, militares y judiciales.
iii) En tercer lugar, porque resulta curioso o sorprendente que un poder estatal reconozca un conflicto armado interno, de manera prácticamente automática (¿acaso le otorgan un estatus político a su contraparte?), ante hechos amenazantes del crimen organizado. Esto tiene una significación particular porque aparentemente estos grupos criminales no poseen estructuras con la potencia necesaria para constituirse como una amenaza auténtica a la integridad territorial o el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado. Lo que sí han demostrado estos factores criminales, es una gran capacidad para infiltrar al poder estatal y la economía de ese país.
Por otra parte, la clamorosa e inmediata petición de asistencia militar estadounidense, así como la solicitud efectuada ante el Fondo Monetario Internacional para que brinde su apoyo financiero para enfrentar la crisis por parte del gobierno de Noboa, son elementos de gran trascendencia e impacto para el devenir de Ecuador, y ponen sobre el tapete que lo subyacente en este contexto de conmoción nacional es el desarrollo de un proceso de recomposición de ese país ante la dinámica geopolítica global y ante el sistema financiero internacional.
Es decir, en medio de la tempestad inducida por la violencia del crimen organizado (televisado en vivo y en directo), el gobierno ecuatoriano ha tomado medidas drásticas y de excepción. Por vía de la fuerza y la coerción, se ha determinado un escenario de alto riesgo para los movimientos sociales que se opongan a los dictámenes del gobierno, Esto por supuesto incluye a quienes estén en desacuerdo con la presencia militar estadounidense, al endeudamiento sistemático, a los megaproyectos depredadores de la naturaleza, así como a la defensa de la democracia en Ecuador.
La terapia de shock es la vía de hecho para contener el colapso de un régimen que carece de legitimidad porque plantea imponer reformas que contradicen la constitución de Ecuador de 2008, pero además es el acicate para imponer la profundización del neoliberalismo, la sumisión ante los poderes del capital global, la instauración de un régimen de excepción, y la normalización de la violencia estatal desproporcionada en un país signado por la conflictividad territorial y social, todo un caldo de cultivo para desencadenar una crisis de mayor escala (Dávalos, 2024).
Vale señalar que se coincide plenamente con la obligación y la necesidad que tienen los poderes estatales para confrontar el narcotráfico (un factor de poder que ha permeado al mismo Estado y al conjunto de la sociedad). No obstante, esto no debe significar la supresión de las normas y las garantías constitucionales, mucho menos debe ser la catapulta para imponer medidas regresivas para los derechos de la ciudadanía y para el interés económico de las naciones.
Instaurar reformas para constreñir los derechos ciudadanos y para empobrecer más a un país facilita un ecosistema idóneo para la industria del narcotráfico (que abarca mucho más que a grupos delictivos, ya que está integrada por la cadena de producción, tránsito, mercado de consumo, lavado de dinero y suministro de precursores químicos).
Enfrentar el narcotráfico desde los Estados nacionales implica la construcción de una política pública integral y con sentido estratégico, centrada en la reducción de la pobreza y la marginación, en la ampliación de los servicios públicos y sociales, en el fortalecimiento de la legitimidad de las instituciones, y en la implementación de reformas profundas en el ámbito policial y en el sistema penal y de justicia.
Por su parte, la cooperación internacional no debe restringirse a la militarización, sino que debe orientarse primordialmente hacia la creación de mecanismos que permitan rastrear y detectar la legitimación de capitales, hacia la mitigación del conjunto de la industria en todos los eslabones de su cadena (los cuales se legalizan en la banca y en las finanzas legales; y de manera simultánea son el soporte material de sectores políticos dominantes).
En síntesis, se requiere de medidas y políticas integrales para enfrentar el fenómeno complejo y multidimensional del narcotráfico, sobre la base del fortalecimiento de los sistemas democráticos. En ese sentido el caso ecuatoriano se dirige en contravía, porque utiliza el narcotráfico y sus derivados como un elemento de justificación de una terapia de shock para imponer reformas regresivas y para instaurar un Estado de excepción que restringe la democracia y anula el Estado de derecho.
Referencias:
• Dávalos, Pablo (2024). La Dcotrina de Shock para asegurar el retorno del FMI a Ecuador. Disponible en: https://rebelion.org/la-doctrina-del-shock-para-asegurar-el-retorno-del-fmi-a-ecuador/
• Emmerich, Norberto (2015). Geopolítica del narcotráfico en América Latina. Instituto de Administración Pública del Estado de México, A.C, México.
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