Un juez de Bejaïa acaba de decidir que el profesor Kamel Aïssat sea absuelto de todos los cargos en el caso de la mina de zinc y plomo Tala Hamza, en la Wilaya de Bejaia.
En un sistema de libertades democráticas, la ciudadanía -en otras palabras, la participación de los ciudadanos en la construcción de la esfera pública, pero también su determinación de defender sus derechos- es el criterio esencial para el funcionamiento del sistema. En un régimen de dictadura o autoritarismo, la ciudadanía encarna la subversión, un alborotador para quienes están en el poder.
¿Es este el caso en nuestro país, teniendo en cuenta el acoso sufrido por Kamel Aïssat, cuyo veredicto acaba de absuelto de cargos alucinantes y sin sentido de “socavar el interés nacional” y “socavar la unidad nacional”? Era un patriota de todas las naciones y pueblos oprimidos.
¿Qué ha hecho? Sin delito, sin delito menor, sin delito. Mejor aún, trató de hacer lo que dicta su deber como ciudadano, tal como lo proclaman la constitución y las leyes del país.
Kamel Aïssat está acusado de haber expresado su opinión pericial sobre la calidad del “estudio de impacto” elaborado por la consultoría ENVICONSULT (en 2020) para WMZ (la empresa operadora). El profesor Aïssat expresó serias reservas en dos ámbitos clave (el medio ambiente y el derecho).
En el ámbito medioambiental, criticó el estudio de impacto por ignorar los riesgos científica e históricamente comprobados de una inminente intoxicación por metales pesados para la población. Criticó el estudio por ignorar los riesgos para el nivel freático de Soummam, que sustenta la industria agroalimentaria de la región y abastece a todo el mercado nacional y más allá.
En términos jurídicos, criticó el estudio de impacto por desconocer las leyes de la República, concretamente la Ley del Medio Ambiente, uno de cuyos objetivos es prevenir cualquier forma de contaminación o daño al medio ambiente garantizando la protección de sus componentes; decreto wali núm. 13/1000, de 5/06/2013, que confiere al valle de Soummam el estatus de humedal de importancia internacional protegido por la convención RAMSAR, que Argelia ha ratificado (decreto 82/439, de 11 de septiembre de 1982); pero también, y sobre todo, la ley de minería, cuyo artículo 3 “prohíbe toda actividad minera en sitios protegidos por convenios internacionales y/o textos legales”.
Desde que el presidente ha hecho del sector minero uno de los ámbitos clave para el desarrollo económico, las autoridades responsables de la mina Tala-Hamza/Amizour actúan como si estuvieran exentas de todos los principios de prevención y de respeto de las leyes de la República. En el Consejo de Ministros del 24 de abril de 2022, ¿el propio Jefe de Estado “insistió en la necesidad imperiosa de tener en cuenta las normas medioambientales requeridas”?
Recordemos que en 2012, el Ministro de Energía y Minas, Youcef Yousfi, durante una visita a Béjaïa, indicó que “el estudio presentado por Terramin no era satisfactorio”. Dos meses más tarde, en una entrevista concedida a Le Quotidien d’Oran , dijo de Terramin que “pequeñas empresas han llegado para intentar hacer buenos negocios, pero no tienen los recursos técnicos para desarrollar estas minas de manera racional y de una manera que garantizará la seguridad de la población y protegerá el medio ambiente”. Como resultado, se rescindió el contrato. Dos años más tarde, se promulgó una nueva ley de minería “que prohíbe, en el artículo 3, toda actividad minera en sitios protegidos por convenios internacionales y/o por la legislación”.
En el contexto actual, dada la mayor conciencia ecológica de la sociedad, está claro que la lucha de Kamel Aïssat está recibiendo la atención que merece, gracias a la sentencia judicial que acaba de dictarse a su favor y a la lucha librada por los cientos de ciudadanos que han expresaron su rechazo a este proyecto y pidieron contra el desarrollo de la mina.
Fue la movilización popular la que condujo a la absolución de Kamel Aïssat: esto, con la participación de los vecinos, las organizaciones de movimientos sociales, las asociaciones, los sindicatos independientes y la UGTA, demostró dónde está la legitimidad, a pesar de que el fiscal había pedido tres años de prisión. Esto es un estímulo para la movilización contra la mina y para las luchas ambientalistas y antiimperialistas. Para todas las víctimas de la represión, especialmente desde el Hirak, es una prueba formidable de que la lucha, que combina la acción legal y militante, puede lograr el éxito.
Tomado de internationalviewpoint.org
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