23 Diciembre, 2023
Juan Ramón Guzmán*
De todos los casos de trabajadores injustamente presos que existen en Venezuela, muchos inclusive son de afiliación política chavista (como yo, que sigo siendo y seguiré siendo un militante chavista propio, es decir, que me rijo por mi propia conciencia), el caso que más me conmueve es el de Johana González.
Una trabajadora cuyo delito fue laborar honradamente durante 10 años en PDVSA, y términó siendo judicializada y presa, bajo cargos falsos que le fueron levantados para proteger a su jefe y a un empresario corrupto de Carabobo, que desviaron turbinas de PDVSA, para apropiárselas después como chatarra y a precios de chatarra.
El juez que la condenó, José Mascimino Márquez García, es uno de los detenidos por el escándalo de corrupción en PDVSA que estalló hace unos meses. Sin embargo, no se han rectificado las trampas judiciales cometidas por este personaje, siendo Johana una de sus principales víctimas.
José Mascimino Márquez García, en su investidura de juez, presionó a Johana con la figura de admisión de los hechos (un caramelo envenenado con que se suele chantajear a los presos en este país bajo el ofrecimiento de beneficios, además de dar estadísticamente, ante los superiores, la impresión de correcta administración de justicia y de celeridad procesal de los casos). Esto es importante acotarlo, la mayoría de los detenidos, aun siendo inocentes, aceptan la culpabilidad para no seguir estando en condiciones totalmente deplorables en la cárcel, condiciones deplorables que se pueden prolongar durante varios años, mientras demuestran su inocencia, debido al retardo procesal.
Johana “aceptó” unos delitos que no cometió y le fue impuesta una pena menor a 5 años con derecho a beneficios, al reunir un conjunto de requisitos, como buen comportamiento y la aprobación de un examen psico-social, que le permitió en poco tiempo obtener una boleta de excarcelación (el 29 de abril de 2022, día en el que debía salir de la cárcel), tal como lo establecen el código penal venezolano y la Constitución misma.
Pero, en un acto violatorio de la ley, el Ministerio de Servicios Penitenciarios se negó a cumplir con la boleta de excarcelación de ese tribunal de la República, dejándola reducida en su condición de presa sin ningún basamento legal.
Un año después, en abril de este año 2023, en un acto aún más insólito, ese mismo tribunal anuló a su propia boleta de excarcelación, alegando excusas burocráticas. Pero sin brindar ninguna medida al respecto. Hace un año y casi siete meses, que Johana González debió salir en libertad.
Hoy Johana subyace, como muerta en vida, en un limbo jurídico y judicial, del que nadie se hace cargo. No tengo ninguna duda en calificarla de secuestrada del Estado venezolano.
Para Johana González no ha habido mesas de diálogo ni nada. No ha habido ninguna voz política de peso, que de ella se apiade. Ni la más leve fibra de sensibilidad, aun teniendo una familia que la espera (pese a estar en una celda del INOF a cuyo cerrojo, al parecer, le botaron adrede la llave). ¡Nadie con Poder en este país se ha condolido de Johana! Aparte que en su caso hay mucho clasismo y bastante aporofobia.
¡Libertad para Johana González!
¡Quien le pegue a la Clase Trabajadora,
no merece el respaldo de la Clase Trabajadora!
*Juan Ramón Guzmán: C. I. 9.567.101
Acarigua, 22 de diciembre de 2023 –
Visitas: 4
