“Conviven diariamente con esa industria y algunas de las personas que he conocido pueden un día participar protestando con su lanza, pidiendo la intervención del Estado para mitigar los impactos ambientales, pero al día siguiente retomar su puesto como trabajador en la empresa petrolera”, asegura la investigadora francesa Doris Buu-Sao, nuestra invitada en esta edición de Escala en París.
“Las relaciones entre los pobladores y la industria petrolera no se limitan ni a una resignación silenciosa, ni únicamente a la confrontación”, escribe Doris Buu-Sao en su libro ‘El capitalismo en el pueblo. Petróleo, Estado y luchas medioambientales en la Amazonía’, publicado en francés por el CNRS (Centro Nacional de Investigaciones Científicas).
“El hombre que desfila por la Federación Quechua ante las cámaras, armado con una lanza y la cara cubierta de pintura de guerra, bien puede reaparecer unos días después como obrero en la explotación petrolífera, vistiendo un uniforme similar al de los trabajadores de Lima”, constata en su investigación.
Doris Buu-Sao llevó a cabo este trabajo en el marco de su tesis doctoral y analiza el impacto de la industria extractivista en la década del 2010. Para ello, pasó 15 meses conviviendo con las poblaciones de la ribera del río Pastaza, donde se sitúa el sitio petrolero Lote 1 AB, actualmente conocido como 192.
Una zona alejada a la que se llega por barco o por avión y donde durante 50 años se explotó el petróleo, con un gran impacto para la organización socioeconómica de los pobladores autóctonos de esta zona amazónica del norte del Perú y para el medioambiente.
La extracción de petróleo a partir de 1971 transformó completamente la sociedad. “Esa actividad se impone sobre ese territorio y genera cambios e impactos ecológicos”, explica la politóloga, quien comenzó a interesarse por el movimiento indígena peruano cuando se produjo el llamado Baguazo en 2009, en el que murieron 33 personas en enfrentamientos entre indígenas y policías, en el marco de unas protestas contra los decretos del entonces presidente, Alan García.
“Obviamente, generan protesta, pero las personas que protestan no solamente protestan, también conviven porque no tienen otra elección. Muchas veces conviven diariamente con esa industria y entonces algunas de las personas que he llegado a conocer pueden un día participar protestando con su lanza, pidiendo la intervención del Estado para mitigar los impactos ambientales, pero al día siguiente retomar su puesto como trabajador en la empresa. Y lo que yo he podido ver es que esas dos dinámicas, que pueden parecer contradictorias, se retroalimentan de alguna manera”, afirma Buu-Sao.
Unas dinámicas de confrontación pero también de dependencia. “Las protestas por parte de las organizaciones indígenas hacen que las empresas abran puestos de trabajo y al revés, el acceder al empleo en la zona petrolera yo lo interpreto como una forma de compensación, de justicia. A cambio de ese impacto ecológico, ustedes están contaminando mi territorio. Por lo menos dejen algo, dejen puestos de trabajo y al movilizarse los moradores obtienen por parte del Estado esa obligación” sostiene.
En aquel momento, la empresa que explotaba el yacimiento Lote 1 AB era Pluspetrol, que tuvo que pagar y contratar a equipos de trabajo para mitigar los derrames de petróleo. “¿Ahí quien trabajaba? Los hombres de las comunidades nativas a través de lo que llamamos empresas comunales, gestionadas por ellos”, recuerda Buu-Sao. Una relación nada monolítica como podemos pensar y bastante interdependiente.
La transformación de la organización socioeconómica fue tal que el abandono de la explotación petrolera, que impactó de forma nefasta con la contaminación de tierras y ríos, supone un verdadero problema para el futuro de las comunidades.
En estos momentos, no hay extracción de petróleo desde el confinamiento por el Covid-19. Aun así, sigue habiendo desastres ecológicos relacionados con este yacimiento. El oleoducto es tan viejo que se rompe y derrama restos. En abril pasado, hubo un derrame que afectó a 400 km2 de la selva.
PetroPeru, del Estado peruano, dice que va a retomar la explotación del Lote 192 en un año, pero en un contexto mundial de transición ecológica, con el reciente acuerdo en la COP28 de una transición sin energía fósil, la situación es más que incierta. La falta de actividad ha impactado en sus economías y ha puesto en peligro su supervivencia.
“Esas poblaciones que estuvieron en primera línea de la extracción petrolera y de su impacto ecológico ahora están en primera línea del desmantelamiento de esa economía, que se hace sin alternativas. Y, básicamente ahora, quizás, se están quedando sin luz, sin todos los servicios que les proponían las empresas y sin empleo”, afirma la investigadora.
En muchas ocasiones, los indígenas, pilares de la protección del medioambiente de la Amazonía, pagan con su vida esa defensa. Global Witness, ONG especializada en la lucha contra el expolio de los recursos naturales en los países en desarrollo y la corrupción política, asegura que entre 2010 y 2022, 54 defensores del medioambiente fueron asesinados en Perú.
Tomado de france24.com
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