Juntos Somos Río Negro busca modificar varias leyes antes del 10 de diciembre para impulsar el extractivismo minero sin hacerle pagar el costo político al gobernador electo. “Va a afectar a todas las comunidades porque estamos asentados en tierras fiscales”, advierten los pueblos originarios.
Redacción Canal Abierto | La bancada oficialista de Juntos Somos Río Negro (JSRN) en la Legislatura provincial presentó, entre gallos y medianoche, cuatro proyectos de ley que plantean reformas a los mecanismos de ventas de tierras fiscales y de explotaciones mineras.
La movida, orquestada por el oficialismo provincial para tratar de forma exprés estos proyectos se corresponde con las necesidades políticas del nuevo gobernador y líder del espacio Alberto Weretilneck, quien asumirá su cargo el 10 de diciembre. De esta manera el ex y futuro mandatario intenta evitar pagar el costo político de aprobar estas leyes que ya intentó modificar en varias ocasiones años atrás.
“Este proyecto de nueva Ley de Tierras entró ayer sin ningún tipo de consulta ni formal ni informal. Ingresó con un proyecto de modificación del Código de Procedimiento Minero”, explica a Canal Abierto Orlando Carriqueo, werken (vocero) del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia. “Las comunidades estamos con un amparo minero que ha sido rechazado con el argumento de que el gobierno de Río Negro no sabe dónde están ubicados los territorios comunitarios. Ese es el argumento de la Fiscalía de Estado, de la Dirección de Minería, la Dirección de Tierras, la Secretaría de Ambiente y del Superior Tribunal de Justicia (STJ)”.
“Ese mismo argumento lo vamos a utilizar para reclamarle al gobierno que si no sabe dónde están ubicadas las comunidades no se puede arrogar el derecho de llevar adelante una modificación estructural de la Ley de Tierras donde la afectación de ese entramado legislativo va a alcanzar a todas las comunidades porque estamos asentados en tierras fiscales”, sostiene el referente mapuche.
Los proyectos ingresados a la legislatura unicameral consisten en una nueva Ley de Tierras y tres propuestas que modifican normativas del sector minero que inciden sobre el Código de Procedimiento, el cobro de regalías y el Consejo de Evaluación Ambiental de la actividad.
La intención de JSRN, autor de las cuatro iniciativas, es que se aprueben en una sesión este viernes y, posteriormente, por tratarse de leyes que deben tener una aprobación en segunda vuelta, en una nueva audiencia el 5 de diciembre. Así, Weretilneck iniciará su nuevo gobierno con el camino allanado para dedicarse a sus anchas a impulsar el extractivismo minero de la mano de multinacionales como la australiana Fortescue.
Territorio de sacrificio
Frente al argumento utilizado por el STJ de que la Provincia no conoce la ubicación de las comunidades para hacer caer el amparo de las comunidades frente al avance minero, cabe señalar que la provincia no lleva adelante el relevamiento territorial de comunidades indígenas dispuesto por la ley 26.160.
“Este mismo gobierno hace más de 10 años no aplica el relevamiento territorial de la ley 26160, no entrega títulos comunitarios y no resolvió más de 140 denuncias de la Comisión Investigadora de Transferencia de Tierras que funcionó en la Legislatura entre el 2012 y el 2015, que hoy están cajoneadas en la Fiscalía de Estado”, denuncia Carriqueo. “Por otro lado, el Codeci (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas) está desfinanciado y prácticamente no funciona. En este escenario, quieren habilitar un nuevo uso de la tierra porque, según lo que sostiene la ley 279, la tierra tiene una función social, en principio es para el que la trabaja por lo tanto se trata de personas físicas y núcleos familiares los que pueden acceder a las tierras fiscales. Esta modificación habilita el uso minero e hidrocarburífero extractivo”.
Entre otros casos, la modificación propuesta por el oficialismo permitiría que la australiana Fortescue (que está detrás del desarrollo de hidrógeno verde) a la que el gobierno de Arabela Carreras otorgó 625.000 hectáreas otorgadas para se uso por 75 años, en los próximos años pueda pedir la titularidad de esas tierras, o de las 13.000 hectáreas que les acaban de otorgar para otro parque eólico.
“Esto es lo que pasó en Jujuy, es lo mismo, sólo que allá fue mucho más amplio e implicó la modificación de la Constitución. En Río Negro se apuesta a modificar leyes que son estructurales. La nueva ley de tierras va a poner parámetros para el acceso a la tierra y va a establecer condiciones para el uso extractivista del suelo”, concluye Carriqueo.
FUENTE: Canal Abierto
El werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche en Río Negro:
@o_carriqueo, en referencia al proyecto de ley que ingresó ayer a la Legislatura y que se quiere aprobar de manera exprés. -Estos son los sótanos de la democracia- expresó.
Orlando Carriqueo, Werken, Vocero, referente Indígena del Pueblo Mapuche en Río Negro
El Negocio está en marcha, entre gallos y media noche, fiel a las prácticas oscurantistas que caracterizan al Brujo
@Weretilneck y a
@JSRN_Oficial , se presentaron los proyectos mineros y de tierras sin ningún tipo de consultas a las comunidades y sin debate social. Abro hilo
Lo que se intenta acallar y ocultar es la impunidad de un GENOCIDIO cuyo botín principal fueron las tierras. Este mismo gobierno que hace más de 10 años no aplica el relevamiento territorial de la ley 26160 y que no resolvió más de 140 denuncias que están descritos.
En un informe final de la Comisión Investigadora de Transferencias de Tierras Rurales y en este libro “La Tierra de los Otros” dan cuenta de que los Sótanos de la Democracia están bien presentes en estas acciones de gobierno
Los proyectos de ley sobre Tierras y Minería en Río Negro generan descontento en las comunidades
por Lorena Roncarolo
Desarrollo minero en Jacobacci. En campaña, Weretilneck insistió con el impulso del sector. Foto Archivo
El coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro Orlando Carriqueo, denunció la intención de Juntos Somos Río Negro de avanzar con una modificación de la Ley de Tierras y el Código de Procedimiento Minero en la próxima sesión de la Legislatura.
Las iniciativas parlamentarias presentadas ayer en la Legislatura de Río Negro a fin de modificar la actual Ley de Tierras y el Código de Procedimiento Minero generaron malestar entre las comunidades mapuches.
«La ley de Tierras de 1961 tiene una función social y establece que es para quien la trabaja. Pretenden cambiarlo a una función empresarial. Denunciamos ocultamiento. Se está planteando una ley estructural sin debate, con la intención de tratarla de forma exprés en la sesión de este viernes», fustigó Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Advirtió que harán un planteo adminstrativo y judicial respecto a los proyectos de ley y no descartó una movilización.
Consideró «sospechoso» el ingreso simultáneo de los dos proyectos de ley, «sin ninguna participación, ni consulta formal o informal». Recordó que la misma iniciativa generó resistencia por parte de las comunidades en 2016, 2017 y 2019. Hoy, la historia se repite.
«La situación con las comunidades es un problema histórico. Hay 140 denuncias por pérdidas territoriales en la Fiscalía de Estado que trabajó la comisión investigadora de tierras entre 2012 y 2015 y que concluyó en un informe final», resaltó Carriqueo.
Agregó que la ley 2287 establece que en caso de detectar «una transferencia fraudulenta que afecte a familias mapuches o comunidades se debe investigar. Algo que nunca ha pasado». Y en este sentido, mencionó un libro vinculado a una compilación de esas denuncias llamado «La tierra de los otros», de la Universidad Nacional de Río Negro.
«Además -añadió Carriqueo-, el relevamieto territorial no está terminado. No solo tenemos los conflictos históricos de tierras sino que no contamos con el relevamiento de tierras. A esto se suman conflictos mineros en distintas comunidades«.
Carriqueo cuestionó que el nuevo proyecto de ley cambia la fiscalización ya que estaría focalizada en la Dirección de Tierras, «la principal responsable de los problemas que hoy tienen las comunidades». «Pero además, cambia el espíritu de la ley: hoy, dice que la tierra es para quien la trabaja. Para la actividad agrícola, ganadera y forestal. Con los cambios que pretenden impulsar, esa tierra es para uso minero, petrolero, turístico. Abre otro panorama», señaló.
Cuestionó que se trata de un proyecto de ley «estructural» que determina los usos de la tierra en Río Negro y planteó que «hoy Juntos Somos Río Negro tiene mayoría para llevarla adelante, con sus aliados del PRO».
Recordó que hay 180 comunidades asentadas en tierras fiscales en Río Negro. «Cuando una ley o un proyecto impacta en las comunidades y sus territoiros, es obligatoria la consulta libre previa e informada. Hoy el gobierno lleva adelante una modificación estructural que claramente las afecta«, señaló.
Finalmente, consideró que la intención del gobierno es la extranjerización de la tierra. «Ya lo hacen en la actualidad, pero las empresas deben comprar a nombres de testaferros. Lo que permite es que empresas como Fortescue puedan acceder a la titularidad de las 625 mil hectáreas en la meseta de Somuncura que ya están otorgadas. Abre la posibilidad para que sean titulares», subrayó.
FUENTE: Diario Rio Negro
Tomado de resumenlatinoamericano.org
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