Activistas y voceros de organizaciones por los derechos de la comunidad LGBTIQ, entre otras personas, protestaron el viernes 28 de julio frente al Ministerio Público para exigir la libertad plena de 33 hombres que la Policía Nacional Bolivariana detuvo el domingo 23 en el Avalon Man Club ubicado en la ciudad de Valencia, estado Carabobo.
La noticia sobre la detención se hizo viral debido a que los rostros de estas personas, así como sus documentos de identidad, teléfonos celulares, condones y orientación sexual quedaron expuestos en las redes sociales, acción que encendió las alarmas ante la evidente violación de derechos humanos a estos hombres.
Según una minuta policial de la región carabobeña, estas personas presuntamente practicaban una orgía, ingerían bebidas alcohólicas por eso se los llevaron detenidos hasta la comandancia principal en la urbanización Los Guayos. Sin embargo, resultó falso que los hombres estaban en pleno acto sexual cuando llegaron los uniformados al local.
Denuncia por “contaminación sónica”
De acuerdo a un reportaje que publicó el portal El Estímulo, una fuente que prefirió mantenerse bajo anonimato, dio su versión sobre cómo sucedió todo. En primera instancia, los efectivos de la PNB llegaron un poco antes de las 4:00 pm al sitio por una denuncia anónima de “contaminación sónica” y preguntaron qué tipo de sitio era ese. El encargado le explicó que era un “spa de ambiente” y, al funcionario no entender, el empleado le aclaró que era un espacio donde acuden los hombres homosexuales.
Posteriormente, pidieron que todas las personas bajaran para una requisa. La fuente le detalló al medio que en el spa no había música debido a que no un lugar para hacer fiestas y que había unos 35 hombres, cinco de éstos en el área del sauna, otros dos en la zona de masajes y los demás en el patio trasero. Los cinco que estaban en la parte superior en donde se ubica el sauna, bajaron envueltos en toallas y procedieron a vestirse, los demás estaban vestidos.
Expusieron a los 33 hombres en las redes sociales
El dueño del local se presentó en el local con la documentación y desde entonces comenzó la amenaza y el hostigamiento de la PNB que exigía la módica suma de 1.000 dólares por persona para dejarlos tranquilos. Sin embargo, los detuvieron a todos y una vez en la comandancia les tomaron fotos sin cuidar la identidad de cada uno y estos datos llegaron a las redes sociales.
Tres días después, exactamente el miércoles 26 se llevó a cabo en horas de la noche la audiencia de presentación de los 33 hombres, a quienes les imputaron los delitos de ultraje al pudor, contaminación sónica y agavillamiento. Una vez que culminó la audiencia, 30 de estos resultaron excarcelados con régimen de presentación durante seis meses y los otros tres (el dueño y dos empleados) permanecen detenidos y les exigen fiadores para poder salir bajo fianza.
Activistas se pronuncian
Toda esta situación generó rechazo no solamente entre los miembros de la comunidad LGBTIQ, sino también en el resto de la ciudadanía venezolana y organismos nacionales e internacionales. Por esto, el equipo de Radio Fe y Alegría Noticias conversó con Jau Ramírez, director del Movimiento Somos y fundador del Centro LGBTIQ en Mérida; Yendri Velásquez integrante del Observatorio de Violencias LGBTIQ; y con Danny Toro, director de País Narrado, para conocer de cerca la posición de sus organizaciones y las próximas acciones que llevarán a cabo.
Los tres coinciden que este hecho se trata de una escalada en la criminalización, persecución y discriminación hacia las personas LGBTIQ en Venezuela, porque lo que hacían estos hombres no es delito. Simplemente estaban en un local privado.
Velásquez expresó que todo el proceso es ilegal, empezando por el allanamiento al sitio sin una orden judicial y la extorsión a la que la PNB sometió a familiares y víctimas. “Hay que alertar que este hecho es una grave violación de los derechos humanos fundamentales de las personas LGBTIQ y que tiene consecuencias en el resto de la población”, dijo.
“La imputación del delito vinculado al pudor abre una puerta para que el Ministerio Público y la Fiscalía puedan meterse en los espacios más íntimos de cada persona; que puedan llegar a tu casa y allanarla por presuntos encuentros sexuales de las personas”, agregó.
El representante del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ resaltó que la detención a los 33 hombres no es un hecho aislado, pues aprovechó la ocasión para recordar que algunos políticos, activistas de derechos humanos, periodistas, entre otros, también han sido víctimas de la política persecutoria del Estado venezolano cuando deciden alzar la voz y denunciar hechos irregulares.
Hay silencio por parte de las autoridades
Velásquez comentó que en diversas ocasiones han solicitado de manera verbal, escrita y presencial la intervención de la Defensoría del Pueblo para que les garantice los derechos a estos 33 hombres; sin embargo, el silencio ha sido la respuesta.
“Hoy también debemos alzar la voz por las tres personas que están injustamente detenidas (el dueño del local y los dos empleados) a quienes les imponen que busquen fiadores con unos requisitos muy complejos. No hay delito, no hay pruebas para mantenerlos en un proceso penal”, añadió.
Homofobia de Estado
En ese sentido, Velásquez aseguró que desde hace un tiempo denuncian que existe homofobia de Estado hacia las personas LGBTIQ y destacó que en los últimos dos años, desde su organización, documentaron cuatro allanamientos a locales LGBTIQ: Caracas (2), Maracaibo (1), Mérida (1) y ahora se suma el de Valencia, información que también ratificó Jau Ramírez del Movimiento Somos.
Exigen reparación de daños
Por su parte, Ramírez no solo rechazó la detención de los 33 hombres, sino que además recalcó la existencia de un incremento en la criminalización hacia las personas LGBTIQ. “Evidentemente exigimos la libertad plena de todas las víctima de este proceso judicial, pero también exigimos reparación y no repetición de hechos hacia las personas LGBTIQ en todo el país”, expresó.
Ramírez detalló que desde el Movimiento Somos y el Observatorio LGBTIQ documentaron entre enero 2021 y diciembre 2022 al menos 11 detenciones arbitrarias a personas LGBTIQ por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en las regiones que comentó Velásquez previamente.
En ese sentido, Ramírez indicó que estas acciones ocurren en paralelo con las actividades que llevan a cabo las personas de cultos religiosos que están en contra de la comunidad LGBTIQ. “Esta escalada es consecuente por los discursos de odio por parte de los funcionarios de las instituciones del Estado, liderazgos religiosos y políticos, artistas y medios de comunicación que se han exacerbado en los últimos años”, comentó.
“¡Exigimos la libertad plena de estas 33 personas!”, dijo.
Por otro lado, el director de País Narrado, Danny Toro, resaltó que lo ocurrido es un atropello “flagrante de los derechos humanos a la población LGBTIQ” y, a su juicio, es un atentado en general hacia los derechos humanos en toda Venezuela.
“Vivimos en un país que no tiene Estado de Derecho, ni régimen democrático. No hay libertades civiles y a esto se le suma la discriminación y persecución que vive la población LGBTIQ”, afirmó Toro, quien añadió que todo se trata de un arrebato porque “no hubo delito que sea tipificado e imputable. Al final quienes cometieron delito fueron los cuerpos de seguridad del Estado por allanar sin orden previa y con sometimiento al escarnio público de estas personas”, apuntó.
Próximas acciones
Para finalizar, Velásquez informó que en los próximos días continuarán con la incidencia nacional e internacional, así como también habrá acciones de calle tanto en Caracas como en otras regiones del país. “Este es un tema que no solo se debe abordar en la óptica nacional sino que también la comunidad internacional debe actuar ante este hecho”, puntualizó.
Tomado de radiofeyalegrianoticias.com
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