Dos años han trascurrido desde el 21 de julio de 2021 cuando los trabajadores de Masisa, trasnacional chilena, introdujeron una denuncia en los tribunales laborales. La demanda exige el cumplimiento de un acta convenio firmada por la directiva de la empresa y los representantes laborales durante 2018.
Este documento obligaba a la empresa a hacer aumentos salariales progresivos a los trabajadores en el marco de la crisis inflacionaria del país. Ante un incumplimiento por parte de la compañía, los obreros emprendieron una batalla legal, primero en la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro, y luego en los tribunales. Dos años después, continúan sin recibir respuestas.
Jean Mendoza, trabajador con 21 años de trayectoria en Masisa, aseveró que el proceso ha estado viciado y el retardo procesal ha sido el instrumento para aplazar audiencias preliminares y llegar a una sentencia firme.
“Exigimos que ya no dilaten más las audiencias. Queremos respuestas para ese reclamo que tiene más de dos años en los tribunales. Exigimos a la jueza que está encargada del caso dar respuestas. Nuestras políticas salariales dependían de índices macroeconómicos los cuales ya no son publicados”, apuntó a Radio Fe y Alegría Noticias.
Mendoza agregó que ante esta situación, “el patrón empezó a hacer aumentos discrecionales de salario, es decir, lo que a él le parecía. ¿Quién vive con 28 dólares? Como estaba desactivada la convención colectiva, exigimos la creación del acta convenio como fórmula para solventar la situación temporalmente. El acta se empezó a incumplir cuando llegó el memorándum 2792. Incumplen con la convención colectiva y el acta convenio”.
Esta acta convenio fue un acuerdo al que llegaron los trabajadores con la empresa luego de que ésta empezara a violentar las cláusulas del contrato colectivo. Bajo esta figura se pretendía salvaguardar los beneficios de los obreros hasta que hubiese una discusión para una nueva convención colectiva; no obstante, nada de esto llegó a ejecutarse.
Sin embargo, según lo declarado por los trabajadores, ante la promulgación del memorándum 2792, documento emitido por el Ministerio del Trabajo, la empresa comenzó a irrespetar los acuerdos. El memorándum establece la importancia de proteger la fuente de trabajo, exonerando a la empresa de cumplir con beneficios demasiado “onerosos” que estén establecidos en las contrataciones.
El personal que labora en Macapaima, ubicado en el municipio Independencia del estado Anzoátegui, se mantiene devengando salarios de 28 dólares mensuales, lo que está por debajo de la canasta básica alimentaria.
En enero de 2022, cuando los trabajadores salieron masivamente a protestar, el Estado venezolano privó de libertad a Jean Mendoza, quien lideró las manifestaciones y fue acusado de “instigación al odio”.
Asimismo, desde 2021 los obreros vienen denunciando despidos injustificados, desincorporaciones forzosas, entre otras irregularidades dentro de la compañía.
Tmado de radiofeyalegrianoticias.com/
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