La Secretaría de Transparencia -organismo adscrito a la Presidencia de la República- liderada por Andres Idarraga presentó ayer el primer informe sobre impunidad en casos de corrupción en el país. Esta investigación reveló un enorme margen de impunidad, con un 94% de casos sin condena alguna.
La investigación contempla el periodo entre el 2010 y 2023. De 57.582 denuncias solamente el 6% ha terminado en alguna condena y 77% se queda en etapa de investigación. Gracias a esta situación prescriben los procesos y los cargos termina en vencimiento de términos.
Los delitos más comunes son el peculado por apropiación y la adjudicación irregular de contratos, seguido por el de concusión, el cohecho, interés indebido en celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias de servidor público.
Andrés Idárraga dijo que esto significaba “una vergüenza como Nación” y convocó a una “Comisión Nacional de Moralización” que estaría compuesta por instituciones estatales y organismos de control, además de estar precedida por el Presidente de la República.
San Andrés Islas lidera la lista de los departamentos con los mayores índices de impunidad frente a corrupción, seguido por Guaviare, Bolívar, Putumayo, La Guajira, Casanare, Córdoba, Vaupés, Arauca.
Las voces en contra
El Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa rechazó el informe y destacó sus propios logros frente a la Fiscalía. Sin embargo, el propio Fiscal ha sido cuestionado por falta de avances en varios temas cruciales para la justicia.
Otra de las voces que rechazaron el informe provino de la actual directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, quien estuvo al frente de la Fiscalía en marzo de 2012.
El pacto de Odebrecht
Colombia sigue recibiendo noticias sobre los sobornos de Odebrecht, en donde están involucrados toda la clase política tradicional, la cual hizo un pacto de silencio para que no fueran investigadas las campañas políticas de Óscar Iván Zuluaga y de Juan Manuel Santos.
Además, recientemente fueron salpicados por este escándalo altos cargos del Estado como el Registrador Alexander Vega y el Defensor del Pueblo Carlos Camargo.
Leyes laxas y aceptación de la corrupción
Cabe señalar que ayer la Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra el congresista conservador Julio Gallardo, de San Andrés, quien ya había sido condenado por el cártel de la Toga.
Entre la población está normalizado que los políticos se apropien irregularmente de recursos. Hace unos días, uno de los primeros condenados por el caso Odebrecht Elías Vidal, conocido como “el Ñoño” Elías, fue recibido en hombros en su pueblo natal, Sahagún, al ser liberado por cumplir cuatro quintas partes de su condena.
Esto, también evidenció que en la ley colombiana hay una enorme laxitud en las penas para los corruptos, que terminan en casa por cárcel y con sus fortunas intactas.
El problema de la corrupción es un problema estructural del Estado colombiano, en donde los fondos públicos se usan como botín para enriquecer a las clases dominantes expresadas en mafias y “clanes políticos”. Estos tienen la capacidad de comprar electores que, ante las difíciles condiciones de pobreza venden su voto y reproducen este círculo vicioso.
Tomado de colombiainforma.info
Visitas: 16
