Obreros denuncian que se les ha suspendido 50% del salario y que siguen los despidos injustificados, esto según sus palabras, bajo la mirada cómplice de la nueva directiva de CVG.
rabajadores de Planta Casima denunciaron a Correo del Caroní que han enviado más de 15 comunicaciones, entre físicas y digitales, a la nueva junta interventora de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para evidenciar las múltiples irregularidades y abusos que la directiva comete contra el personal. Sin embargo, hasta ahora no han obtenido respuesta, y aseguran haber perdido la confianza en esta nueva gestión.
La junta interventora está compuesta por Héctor José Silva Hernández en la presidencia y Alexis José Cabello como vicepresidente, ambos designados en sus cargos durante el mes de abril luego de la detención del expresidente de la CVG, Pedro Maldonado, y otros miembros de la directiva de la cúpula cevegista.
Pese a que Planta Casima fue una de las primeras fábricas que visitó la nueva directiva, visita en la cual los obreros pudieron denunciar a las autoridades las problemáticas que viven en planta, la realidad es que según los afectados, desde entonces nada ha cambiado en cuanto al acoso y amedrentamiento al que son sometidos por los gerentes de la empresa.
Trabajadores de Casima aseguran haber enviado más de 15 misivas a un correo electrónico que les señaló la junta interventora para consignar sus denuncias: ninguno ha sido respondido. A su vez, durante el mes de abril consignaron varios documentos en el edificio de la CVG, ubicado en Alta Vista, los cuales tampoco han generado acción por parte de las autoridades.
“En lugar de aportar soluciones, se han convertido en parte del problema. Acá en la planta hay abusos, terrorismo, maltrato contra los trabajadores. El principal ejecutor ha sido el gerente general de operaciones, Juan Díaz. De esto está al tanto la junta interventora y no hace nada por sanear, poner orden y devolver la paz a los trabajadores”, afirmaron los obreros a este medio.
Estas denuncias no son recientes. Los obreros vienen reiterando la crisis en la empresa desde noviembre de 2022, cuando exigieron el pago de horas extras, prestaciones y otros beneficios laborales. Entonces, la huelga fue disipada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes se apersonaron en la planta y tras lo cual se emitieron medidas cautelares de despido contra los trabajadores Freddy Acosta, Nelson Echandía y Junior Capriata.
Despidos injustificados y recorte salarial
Tras la llegada de la junta interventora, los trabajadores exigieron que los funcionarios se presentaran en la empresa, solicitud que fue cumplida, pero que hasta ahora no ha arrojado ningún beneficio.
De acuerdo con los obreros, durante el último año se han suscitado 34 despidos injustificados, 4 trabajadores han sido sacados de planta forzosamente, y 3 obreros tienen medida de separación de cargo en la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro.
La inspectoría ha sido denunciada en reiteradas oportunidades por los obreros de las distintas empresas básicas de Guayana como un “brazo ejecutor” del Estado, que no atiende ni da respuesta oportuna a las denuncias.
En el mismo orden de ideas, los obreros afirman que en represalia por las manifestaciones que han protagonizado desde el mes de abril, la compañía les suspendió un porcentaje de beneficios que corresponde al 50% de sus salarios.
“En este caso, responsabilizamos a la gerente de recursos humanos Glenda Sirit y también a los trabajadores del Departamento de Nómina, por ser cómplices de esta atrocidad. Se ha quitado el beneficio de alimentación a un numeroso grupo de trabajadores y de todo esto está al tanto la junta interventora, ya que les hemos hecho llegar comunicaciones”, afirmó Freddy Acosta.
Las quejas en torno a las bolsas de comida, dádiva alimentaria ofrecida por el gobierno, datan de junio de 2022 cuando los obreros ya reclamaban irregularidades en la entrega de este beneficio.
“Parece que la junta no está acá para aportar soluciones, también son parte del problema pues no hacen nada para acabar con tanta injusticia. Consideramos que el dinero que se nos ha descontado de nuestro sueldo es un robo, esa plata deben reponerla inmediatamente”, acotaron los afectados.
A más de un mes de la instalación de las nuevas autoridades en la CVG, estos no han organizado presentaciones públicas, tampoco han presentado un plan de acción, o rendido cuentas sobre las consecuencias de la corrupción en el holding.
Tomado de elcorreodelcaroni.com
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