Por Jorge Escalante
Durante meses, una intensa y heroica lucha popular demostró su descontento y enojo con poderosas movilizaciones cuestionando el modelo económico, el régimen burgués y su institucionalidad. Esta gran protesta sin precedentes tuvo una composición mayoritaria aymara, lo que puso sobre la mesa la lucha antirracista. Lima y su sector conservador y aristocrático no tuvieron más remedio que tolerar al cholo, al indio, al campesino marchando por las calles del centro y zonas aledañas, exigiendo respeto y cambios estructurales.
En este contexto, es importante aclarar que esta es una lucha de largo plazo, pues se trata de cambios de fondo y, por tanto, es un proceso abierto cuyo resultado dependerá de la organización, la unidad y la movilización.
Boluarte no cayó, pero sí debilitado y con un régimen de crisis recurrente. Al mismo tiempo, bajo un pacto de impunidad, detrás de todo este desastre de este régimen, están las maniobras de la derecha fascista, que mueve los hilos que conducen a Boluarte como un títere. Parte de ello es este Congreso desacreditado con un 96% de desaprobación y un gobierno que no tiene legitimidad, donde día a día se va deteriorando, y ahora más con el informe de la CIDH que concluye que ha habido violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. y la PNP en las protestas, denunciaron ejecuciones extrajudiciales y masacres en Puno y Ayacucho, hechos que no pueden quedar impunes.
DETENGAMOS LA DICTADURA
La derecha fujimorista y sus aliados quieren aprovechar el momentáneo repliegue de la movilización. Avanza con cambios y toma de instituciones, construyendo un régimen autoritario con tintes fascistas, para apaciguar la lucha y el sentimiento de cambio de nuestro pueblo, un régimen al servicio del modelo neoliberal, la corrupción y el gran capital.
Enumeramos algunas medidas antipopulares y antidemocráticas que, desde el Congreso y con el apoyo del Ejecutivo, se están implementando.
Fuerza Popular intenta aprobar una ley que permitiría la denuncia constitucional de los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE y la Reniec. De aprobarse esta afrenta, los órganos electorales quedarán vulnerables y se pisoteará su independencia, y las elecciones generales quedarán empatadas por las bancadas.
La elección del representante del Defensor del Pueblo, a pesar de la orden judicial de interrumpir el proceso por falta de transparencia, la dictadura parlamentaria aún eligió a Josué Gutiérrez, un funcionario adaptado a la dictadura, y tirando contra la pared al fujimorismo y al Perú Libre. El mismo movimiento que hizo para la elección del TC. La izquierda que necesita la derecha para sus fines.
Aunque el Poder Judicial tuvo que emitir un pronunciamiento aclarando que el derecho a la protesta es legal, ante el intento de la Corte Suprema de desestimar esta herramienta de lucha popular.
Pese a que Boluarte ha firmado, en su campaña electoral, un acuerdo en el que se compromete a no aceptar el proyecto Tía María, esta semana la ministra de Energía y Minas, Vera, ha declarado que Boluarte daría luz verde a la puesta en marcha de este proyecto con la empresa transnacional Sur.
La amenaza de privatización de la educación, entregando a López Aliaga la Dirección Regional de Educación de la Municipalidad de Lima, lo que también pone en riesgo la estabilidad laboral de los docentes.
ORGANIZACIÓN, UNIDAD Y VICTORIA EN LAS CALLES
No podemos tolerar un día más a esta clase política podrida y parasitaria, junto con el sistema capitalista, su crisis irreversible nos lleva al desastre; tras la pandemia aumentó a dos millones nuevos pobres, además Perú, se convirtió en el país con mayor inseguridad alimentaria de Sudamérica. 16,6 millones de peruanos, más de la mitad de la población. Es urgente retomar la movilización, los hermanos y hermanas de Puno proponen el 19 de julio como fecha para iniciar el proceso de lucha, muy bien, en esa ocasión es urgente formar un comité nacional de lucha unida, para discutir un plan de lucha derrotar al gobierno de Boluarte y cerrar el Congreso, pero la lucha no termina aquí, hay que enterrar la constitución de 1993 para imponer una Asamblea Constituyente libre y soberana con participación popular para cambiarlo todo.
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