Francia – El movimiento social en la incertidumbre

Por Léon Crémieux

Desde mediados de abril, se ha producido un verdadero cambio de ritmo en la movilización social que ejerce menos presión sobre Macron y su gobierno. Sin embargo, la hostilidad a la reforma de las pensiones y la hostilidad hacia Macron y su gobierno apenas han disminuido: todos los sondeos indican una caída creciente de la confianza en la opinión pública y un ambiente de fin de reinado, porque Macron entra en el segundo año de su mandato y es incapaz de encontrar una mayoría que apoye a su gobierno ni en población ni entre las y los diputados.

Macron pudo promulgar su reforma laboral el 14 de abril, tras haber obtenido el cheque en blanco del Consejo Constitucional, e incluso evitar la presión que habría representado el proceso de un referéndum de iniciativa compartida (RIP en sus siglas en francés). La movilización callejera en las calles continuó durante el mes de abril con concentraciones locales, particularmente durante los viajes a las ciudades de los ministros o de Macron. Las prohibiciones, las provocaciones y las múltiples violencias policiales no logran impedir las caceroladas y la presencia de cientos de manifestantes durante estos viajes. Tanto es así que Darmanin prefirió negar su llegada el 6 de mayo para inaugurar un centro urbano en el Norte y finalmente acudir a hurtadillas, todo ello para no enfrentarse a una manifestación de caceroladas.

La intersindical había decidido hacer del Primero de Mayo una iniciativa unitaria sin precedentes. De hecho, con 2,3 millones de manifestantes según la CGT y 300 manifestaciones en el país, fue con diferencia el Primero de Mayo más multitudinario de los últimos 30 años, aparte del Primero de Mayo de 2002. Aquél tuvo lugar en vísperas de la 2ª vuelta de las elecciones presidenciales Chirac-Le Pen y se transformó en una oleada antifascista de más de 2 millones de personas en las calles. El último Primero de Mayo sindical unitario, en 2009 en plena crisis financiera, sólo había logrado reunir a 465.000 personas según la policía frente a las 782.000 de este año, según la misma fuente. Por tanto, este Primero de Mayo ha representado  una importante reactivación de la movilización, volviendo a un nivel comparable al de las grandes manifestaciones del 23 y 28 de marzo, a pesar de la promulgación de la ley, a pesar del rechazo del referéndum y en ausencia de un movimiento huelguístico renovable. Esta dinámica también ha estado marcada por todas las encuestas de opinión en los que más del 60% de la población deseaba que continuara la movilización contra la reforma.

Así pues, el 1 de mayo de 2023 fue todo menos el último cartucho, con una combatividad estimulante en las manifestaciones y la voluntad de no pasar página. Esto va de la mano con los «100 días de zbeul» [100 días de disturbios], competición nacional entre todas las iniciativas de conciertos de cacerolas y acciones contra el gobierno, impulsada por la Union syndicale Solidaires y retransmitida en las redes sociales, en respuesta al compromiso de Macron de darse «100 días para actuar y salir de la crisis, 100 días de apaciguamiento», compromiso adquirido durante su discurso del 17 de abril.

Aunque Macron hable de apaciguamiento, el 1 de Mayo el gobierno dejó clara su implacabilidad policial contra las manifestaciones, como si quisiera ocultar la magnitud de las movilizaciones con el humo de los gases lacrimógenos . Los médicos de calle [sistema de asistencia en las manifestaciones] contaron 590 manifestantes y transeúntes heridos el Primero de Mayo, 118 de los cuales eran graves y tuvieron que ser evacuados a los servicios de urgencias. Ahora bien, todos los medios de comunicación han escenificado y denunciado al unísono la violencia de los matones y los heridos de la policía, tratando de sofocar tanto la violencia policial como la importancia social de las manifestaciones.
Macron y su gobierno salen mal parados de esta situación. Mientras Bruno Le Maire, ministro de Economía, se esfuerza por presentar una política económica sólida y un gobierno estable ante el BCE y las agencias de calificación, una de las tres principales agencias de calificación (junto con Moody’s y Standard & Poor’s), la agencia Fitch, acaba de rebajar la calificación de Francia de AA a AA-, dos escalones por debajo de Alemania. Como instrumento del capitalismo liberal, estas agencias evalúan la confianza que pueden tener los inversores y los compradores de títulos de deuda pública. Fitch sanciona «un elevado nivel de déficit presupuestario y de deuda pública y un clima social perjudicial para una política de consolidación». Sin embargo, ¡la reforma de las pensiones se presentó precisamente como garantía de una gestión presupuestaria rigurosa! Esta ingratitud provocará sin duda un aumento de los tipos de interés de la deuda pública francesa.
El MEDEF, escaldado por la incapacidad de Macron para dirigir la nave, se jacta de poder dialogar con los sindicatos sobre el reparto de valores, el teletrabajo y la formación profesional, e incluso de obtener el acuerdo de la CFDT y la CFTC sobre el «reparto la renta», es decir, todos los mecanismos que descartan los aumentos salariales en favor de la participación en los beneficios y los sistemas de incentivos. Por su parte, el gobierno de Elisabeth Borne quiere aceptar el reto y dar la imagen de estar abierto a los dirigentes sindicales después de haberlos despreciado durante tres meses. A principios de mayo, anunció que lanzaba invitaciones a las organizaciones sindicales para debatir todos los proyectos que se van a poner en marcha, una puesta en escena que disimula mal el rechazo de cualquier medida social. En todos los ámbitos: sanidad, educación e inmigración, todo lo anunciado por el gobierno tiene como objetivo endurecer las medidas de seguridad y recortar los presupuestos sociales. El truco habitual de Borne consiste en dividir la intersindical, excluyendo a los sindicatos no representativos (Solidaires, FSU y UNSA) y proponiendo una ronda de reuniones los días 16 y 17 de mayo a las otras cinco confederaciones, recibiéndolas por separado «sin un orden del día preciso». En esta especie de juego a pescar patos, el objetivo del gobierno es evidentemente romper el frente sindical y ver si puede haber una apertura a la negociación para restaurar la imagen social del gobierno. La CGT, la CFDT, la FO, la CFTC y la CGC acudirán pues por separado a Matignon. Una muestra de la fragilidad de la Intersindical es que no lo hacen sobre una plataforma común de reivindicaciones, salvo la reafirmación de la voluntad de retirar los 64 años.
Además, la Intersindical nacional ha convocado una nueva jornada de movilización para el 6 de junio. El objetivo explícito de esta jornada es apoyar una nueva iniciativa parlamentaria prevista para el 8 de junio por el grupo LIOT, un grupo independiente del centro que ya había iniciado la moción de censura el 20 de marzo. La iniciativa, consiste en un proyecto de ley que derogue el aplazamiento de la edad legal de jubilación a los 64 años. Dada la relación de fuerzas, no es imposible un voto mayoritario a favor de este proyecto, lo que supondría evidentemente una nueva bofetada al gobierno y la garantía de un embrollo en los días y semanas siguientes. Pero el gobierno podría contar con sus semialiados republicanos en el Senado para desmontar esta votación y con su bloqueo en la comisión mixta antes de que se vuelva a votar en la Asamblea. Por supuesto, la hipótesis de una votación de este tipo existe, pero lo esencial es que la Intersindical dejará esta hipotética votación como única perspectiva en las próximas semanas e incluso meses, al igual que depositó la esperanza en la posibilidad del referéndum hace unas semanas. De hecho, la intersindical no da ninguna perspectiva al movimiento social. Sin embargo, la fuerza de este movimiento, su profundidad y su persistencia deberían permitir el puesta en pie de una plataforma unitaria de reivindicaciones sociales impulsadas por la Intersindical que, más allá de la cuestión de las pensiones, han estado en la base de las movilizaciones; cuestiones como la carestía de la vida y  los salarios,  la sanidad, la educación y los servicios públicos, entre otras. Desgraciadamente, la otra cara de la moneda de una intersindical nacional unitaria que ha dado ritmo al movimiento desde enero, ha sido la debilidad de una dinámica autónoma de las intersindicales locales o sectoriales que den su propio ritmo y su propio contenido a la movilización. Esto es lo que hicieron en parte los sindicatos de la CGT de los sectores de la Energía, la Química, los Puertos y Muelles y las Carreteras, y lo que hizo en marzo la intersindical de la SNCF. Hoy, la energía de los equipos locales se expresa en las caceroladas y en los comités de bienvenida de los ministros, pero esto no basta para impulsar una nueva dinámica que ofrezca una perspectiva general de lucha a un movimiento social que no está agotado.

La otra cuestión, corolario de la anterior, es la incapacidad de la NUPES y de sus componentes para apoyarse en este poderoso movimiento social para el debate sobre las reivindicaciones de la lucha contra el liberalismo capitalista, en la prolongación del rechazo a los 64 años. La NUPES no se plantea apoyarse en la situación actual para proponer que, a nivel sindical y político, los militantes del movimiento se reúnan localmente en estructuras unitarias para debatir juntos, actuar y construir una fuerza que se presente como alternativa a Macron y a la extrema derecha. Por desgracia, el bajo nivel de autoorganización en las empresas y a nivel local también ha sido la característica del movimiento desde enero. Es lamentable el escaso número de iniciativas de debates unitarios entre las fuerzas políticas y sindicales en los últimos meses.
Hoy los componentes de la NUPES, en lugar de debatir iniciativas unitarias locales para la extensión del movimiento, tienen la mirada puesta en las próximas elecciones europeas de 2024, donde sus distintos componentes, aparte de France insoumise, (PS, EELV, PCF) esperan «recuperar su guinda» para reequilibrar la relación de fuerzas en la izquierda. Sin embargo, la urgencia debería ser abrirse a un acuerdo unitario para luchar contra las políticas capitalistas de Macron, mientras que la cólera social continúa presente entre las clases trabajadoras. Hace un año, la NUPES consiguió ocupar el terreno de la izquierda en las elecciones legislativas. Pero desde entonces, si los diputados de la NUPES han sido el relevo parlamentario del movimiento social, no se ha creado ninguna dinámica de encuentro militante unitario ni a nivel local ni a nivel nacional. Este es uno de los elementos que explica por qué, paradójicamente, la NUPES, como fuerza política, no saca ninguna ventaja política de este movimiento social, mientras que la extrema derecha, la RN, se construye sobre la crisis de la derecha y una polarización de los sectores abstencionistas de la derecha.

Así pues, podemos decir que tanto a nivel sindical como a nivel político, existe un momento de incertidumbre, un momento en el que el movimiento social y popular de resistencia a Macron está suspendido en el vacío. Por ello, la urgencia de las próximas semanas en la izquierda está en ocupar un espacio social y político para que los militantes que han trabajado codo con codo estos últimos meses puedan juntarse y actuar.

Traducción: viento sur

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