09 Mayo, 2023
Por Jorge Escalante*
CIDH concluye que el Estado cometió asesinatos extra judiciales y masacró a manifestantes del último levantamiento popular
El pasado miércoles 3 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hizo público en su informe en el cual concluye que las fuerzas militares y policiales actuaron extrajudicialmente asesinando violentamente a quienes participaron de las movilizaciones. Con relación a lo ocurrido en Puno y Ayacucho, la CIDH la califica como masacre contra los manifestantes.
Cómo se recuerda; a inicio del 2023 a raíz de que el Congreso vota a favor de la vacancia a Pedro Castillo y Dina Boluarte asume la presidencia, surge un proceso de levantamiento popular, que desde un primer momento, cuestiono al gobierno de Boluarte y al actual régimen político, por esa razón, una de las consignas más coreadas en las manifestaciones era la exigencia del cierre del Congreso y para que se convoque cuanto antes a una Asamblea Constituyente como salida política a la crisis.
Atemorizados por la fuerza, simpatías y duración de las protestas, las clases dominantes, a través del gobierno de Boluarte, no dudaron en pisar el acelerador de la represión y arremetieron a sangre y fuego contra los manifestantes sin escatimar en el respeto a los derechos humanos más básicos, de esa manera Boluarte se aferra al sillón presidencial y cierra filas con la derecha, la CONFIEP y la Casa Blanca en defensa del modelo económico, la constitución fujimorista y del Régimen peruano, corrido por la corrupción, beneficioso para los partidos de derecha y para el gran empresariado, los cuales engordaron sus billeteras gracias a la Constitución fujimorista en los gobiernos de turno de los últimos 30 años.
GOBIERNO SE LAVAS LAS MANOS
Luego de presentado el informe de la CIDH; las diferentes respuesta de algunos funcionarios y congresistas como Vivían Olivos de Fuerza Popular declaro: Para la CIDH, solo los izquierdistas y terrucos son peruanos y tienen derechos, el resto no tiene derecho a nada. Esto no está solo sesgado, sino también está asquerosamente politizado, pisoteando los derechos de muchos peruanos. Cero objetividad para la CIDH”.
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