El 1° de mayo se conmemora el Día Internacional de lxs Trabajadorxs a raíz de la brutal represión y masacre que sufrieron obrerxs de una fábrica en la ciudad de Chicago en 1886. En esa época, lxs trabajadorxs de la ciudad estadounidense podían tener jornadas laborales de hasta 18 horas. Con el crecimiento de los sindicatos y las huelgas, el colectivo de proletarixs consiguió derechos laborales que rigen hasta la actualidad, pero que deben ser defendidos permanentemente. 

Pese a las conquistas que ha tenido la clase trabajadora gracias a su lucha, 137 años después la realidad sigue siendo compleja y plagada de desafíos. El avance de la tecnología, la globalización, la automatización y robotización, están lejos de ser procesos pensados en el bienestar de la clase trabajadora, sino que por el contrario fueron transformaciones que dentro del sistema capitalista vinieron a profundizar la desigualdad, la concentración de riquezas en pocas manos, la precarización, explotación y desocupación de grandes sectores de la población y la devastación de la naturaleza. 

En Argentina, con la instauración de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica que le abrió las puertas al neoliberalismo, la clase trabajadora tuvo que enfrentarse al cierre de fábricas, a la liberalización de la economía, al aumento del endeudamiento y al terrorismo de Estado que intentó doblegar cualquier proceso organizativo. Luego con Menem se profundizaron los procesos de flexibilización laboral, el desfinanciamiento de los servicios públicos y las privatizaciones que dejaron a millones en las calles y que acentuaron la precarización de la vida en todo sentido.

Las consecuencias de todo eso se viven hasta hoy en día de manera cada vez más descarnada. Hoy el sueño de un trabajo estable que permitía acceder a una vivienda propia, envejecer y jubilarse queda cada vez más perdido en la memoria colectiva. Hay generaciones enteras que no tienen en su pasado reciente ningún antecedente de trabajo formal que les permita proyectarse y la juventud es uno de los sectores más afectados a la hora de incorporarse al mercado laboral.

En la década del ‘90 el movimiento piquetero se construyó como una herramienta de lucha y un proyecto convocante para todxs aquellxs que veían cómo las estructuras e instituciones que lxs habían contenido durante toda la vida se desvanecían en el aire. Mientras las centrales sindicales perdían peso debido a su burocratización y a su complicidad con las políticas menemistas, el corte de ruta y el piquete adquirían centralidad en la resistencia.

¿Cúal es la realidad hoy del trabajo? ¿Cuáles son los desafíos?

En los últimos años Argentina atraviesa un progresivo deterioro en las condiciones de trabajo. Desde el 2015 con el gobierno de Macri y la vuelta del FMI con el préstamo más grande de su historia, hizo que la crisis y la pobreza se agravara de forma escandalosa. La pandemia del coronavirus no hizo más que empeorar la situación y generó cambios estructurales que son difíciles de dimensionar hasta el día de hoy. Por último el ajuste feroz que está llevando a cabo el Frente de Todos para cumplir con los requisitos que impone el Fondo configuran un escenario por demás complejo.

Según la Organización Internacional del Trabajo, en el último semestre del 2022 el empleo no registrado alcanzó a un 45% de la población en Argentina. Es decir, que lo que más creció fueron lxs asalariadxs no registradxs, lxs que trabajan por cuenta propia y lxs monotributistas. Esto implica que este sector no accede a una obra social, tienen salarios más bajos, no tienen cobertura por accidentes de trabajo y no tienen derecho a los beneficios de jubilación y pensión de la Seguridad Social.

Dentro de este panorama las más afectadas son las mujeres y las identidades sexuales disidentes. Las primeras se desempeñan en trabajos peor remunerados y muchas veces informales como por ejemplo las trabajadoras de casas particulares, rubro en el que sólo un 20% se encuentra registrada. Mientras que travestis, trans, lesbianas y personas no binarias tienen mayores dificultades para incorporarse a un trabajo formal debido a la discriminación que viven a lo largo de su vida y que condiciona también su acceso a otros derechos como la educación, la salud o la vivienda.

A su vez, el proceso inflacionario está devorando los ingresos de lxs trabajadorxs, cuestión que se combina con que los salarios no aumentan en la misma proporción y sistemáticamente pierden poder adquisitivo. Esto genera que hoy en día el trabajo formal perdió su capacidad protectora y no es condición suficiente para satisfacer necesidades básicas y para no caer en la pobreza. Según datos del Observatorio de la Deuda Social en el 2011 había un 12,7% de personas que aún teniendo trabajo formal eran pobres, pero en el 2021 la cifra creció al 28%. El escenario no tiene indicios de haber mejorado si se observa la escalada de precios de los últimos meses y la devaluación recurrente del peso.

Esta precariedad explica porque hoy gran parte de la población no alcanza la edad jubilatoria y no reúne los 30 años de aportes necesarios, teniendo que acudir a moratorias en las cuales deben hacerse cargo de los aportes no realizados por sus empleadorxs, o jubilarse con la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) que representa sólo el 80% de un Salario Mínimo que se encuentra debajo de la línea de indigencia.

Mientras tanto, una porción cada vez más grande de población sobrevive con los ínfimos ingresos que proporcionan los programas de empleo como el Potenciar Trabajo y otras transferencias directas del Estado como la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar. Este grupo no ha parado de incrementarse en las últimas décadas y va conformando una gran masa de personas que no tuvieron nunca y no tendrán, al menos en un futuro cercano, trabajo formal. Tal es así que según una investigación de la multinacional Randstad un 32% de la población dijo estar buscando empleo hace más de 12 meses.

Este no es un fenómeno solamente argentino, sino que se da a nivel mundial, pero en los países capitalistas dependientes se observa de manera mucho más descarnada. Así se va acentuando cada vez más la brecha entre ricos y pobres, y a su vez va creciendo la cantidad de población estancada que no tiene forma de ser absorbida por el mercado de trabajo si no se implementan medidas que afecten las ganancias de los grandes capitalistas.

Según la resolución que creó el Potenciar Trabajo, uno de sus objetivos era lograr que lxs beneficiarixs ingresen al mercado laboral formal. Pero los mismos números del gobierno muestran la ineficiencia de sus políticas: hasta el momento sólo 15.583 personas (el 1,2% del total de beneficiarixs) consiguieron un empleo formal. De ese total, sólo el 38% tiene un sueldo por encima del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) mientras que el restante 62% sigue recibiendo una asistencia parcial del Estado para completar sus ingresos.

Al asumir Sergio Massa como ministro de economía lanzó el programa “Puente al Empleo” por el cual apenas 102 titulares del Potenciar Trabajo ingresaron al mercado laboral formal. Ese universo diminuto representa apenas el 0,01 por ciento del total de titulares.

Pese a que ni el gobierno ni los empresarios tienen una política activa en la generación de empleo, lxs beneficiarixs de estos programas sociales son señaladxs como los principales responsables no solo de su situación de desempleo sino también de la crisis económica que atraviesa el país. La campaña de estigmatización y persecución impulsada por el gobierno, con Victoria Tolosa Paz a la cabeza, y apoyada por los medios hegemónicos tiene como objetivo buscar un chivo expiatorio para poder llevar adelante el ajuste que impone el acuerdo con el FMI. Así por ejemplo todos los programas de asistencia del Estado representan tan sólo el 1,9% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que los subsidios a las empresas representan el 4,5%. Pero el ajuste se hace en el primer rubro y es el sector señalado como la causa de todos los males.

Sin embargo, sin todas esas transferencias directas del Estado y la labor cotidiana que hacen los movimientos sociales en los barrios populares para que cada familia tenga al menos un plato de comida en su mesa, el nivel de pobreza e indigencia sería aún mayor que el actual. El trabajo que se genera a través de estos programas es escaso, precario y no reconocido, por eso desde los movimientos insisten en la importancia de crear trabajo genuino atendiendo a las necesidades urgentes de la personas y de la naturaleza, cuestión que es imposible de realizar si no se rompe el acuerdo con el FMI y si no se afectan las ganancias de los empresarios.

Por lo tanto, el desafío principal de la clase trabajadora es en primer lugar generar una conciencia que permita cuestionar el acuerdo con el Fondo y el pago de una deuda que el pueblo no contrajo; A su vez, es fundamental impulsar una articulación de las luchas y  cuestionar las direcciones burocráticas de los sindicatos que no hacen más que obstaculizar los procesos organizativos y de protesta; Disputar el sentido común regresivo que fomentan los medios de comunicación y que pone como enemigos a lxs que menos tienen, mientras le da voz y espacio a sectores que pregonando la antipolítica buscan destruir lo poco que queda de lazo social; Romper el aislamiento, recuperar la calle y las herramientas de lucha de la clase trabajadora es la única vía para generar un cambio social profundo y de raíz.