Por Cristina Barrial Berbén / Sonia Ruiz Fresneda
El personal de limpieza de la facultad de Economía de Londres conseguía en junio del 2017 el fin de la subcontratación de sus servicios. Meses más tarde, la facultad de Estudios Orientales y Africanos de la misma ciudad también celebraba una victoria similar. A partir de entonces, los trabajadores de la limpieza volverían a formar parte de la plantilla, lo que implicaba poder disfrutar de derechos de protección social tan básicos como vacaciones pagadas, bajas por enfermedad y cotizaciones para la jubilación. Las manifestaciones, piquetes, ocupaciones y huelgas fueron impulsadas por el sindicato independiente United Voices of the World (UVW) y protagonizadas mayoritariamente por población migrante precarizada.
Hace menos de un año, España ratificaba el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras del hogar y los cuidados. Después de más de 10 años reivindicando que esta normativa internacional entrase en vigor en nuestro territorio, los colectivos y asociaciones de trabajadoras del hogar lograron una victoria cuyas consecuencias son muy materiales. Meses después, se desarrolló un Real Decreto a partir del cual por primera vez se reconoce el derecho a la prestación por desempleo en el sector y también se tipifican diferentes tipos de despidos, eliminando la figura del despido por desistimiento. Esta lucha también es feminizada, migrante, y no puede entenderse sin ponerla en relación con colectivos antirracistas o el movimiento por una sanidad pública y universal.
Organizarse es ya una victoria en sí misma, pero los frutos recogidos por los movimientos protagonizados por población migrante precarizada nos invitan a ir más allá y preguntarnos qué condiciones posibilitan que lo inesperado, hablando de organización colectiva y sindical, suceda. De esta premisa parte el antropólogo Davide Però, cuya investigación sobre trabajadores latinoamericanos en Londres aborda cómo se organizan los inorganizables y cómo se construye poder asociativo y sindical a pesar de que las situaciones que atraviesan sus protagonistas son de extrema precariedad económica, social, vital.
La inserción laboral en los sectores más desprotegidos, muchas veces parte de la economía informal, es uno de los factores a los que se suele aludir para describir esta supuesta dificultad para la organización colectiva y la transformación del sufrimiento y los malestares en acción política. Las trayectorias laborales en los países de “recepción” nos hablan de rutas migratorias y de relaciones coloniales, pero también de políticas migratorias concretas y actuales. En el Estado español no se puede hablar de migración y trabajo sin nombrar la ley de Extranjería, las cuotas laborales de difícil cobertura, los tres años en situación irregular antes de tramitar un permiso de residencia o los obstáculos para homologar los títulos obtenidos en otros países.
La vinculación entre política migratoria e inserción laboral llega a casos extremos como el de los call centers en México y El Salvador que desarrolla la antropóloga británica Sian Lazar en su ensayo How we Struggle. A political anthropology of labour (Pluto Press). Es recurrente que en estos centros de trabajo se empleen personas que han sido deportadas de EEUU por haber cometido algún delito, como la pertenencia a una pandilla. Hombres que en muchos casos migraron siendo niños y que se ven obligados a volver a su país de origen cuando ya no hay nada que les vincule con él. Sin embargo, las personas deportadas son trabajadores valiosas en los call centers, porque al haber vivido tantos años en EEUU cuentan con las competencias culturales necesarias para fidelizar clientes de este país. Tal y como cuenta la antropóloga, la deportación es una movilidad forzada que expulsa a trabajadores desde el centro a la periferia y luego les condena a la inmovilidad para servir a los clientes del centro, pero a kilómetros de distancia. Esta práctica está tan extendida que algunos call centers envían a reclutadores de recursos humanos a los aeropuertos cuando hay vuelos de deportación.
La precariedad aborda la vida misma, no sólo la esfera laboral, y por eso cuando hablamos de lo que dificulta la organización no podemos obviar el control social, ya sea a través de la presencia policial en las calles, las redadas racistas y los CIE, como de otras formas de gobierno de los cuerpos y desactivación política como el asistencialismo. El antropólogo Daniel Parajuá, a través de la definición neoliberal de empleabilidad, defiende que las políticas públicas centradas en el desarrollo de competencias personales para la inserción laboral de migrantes y como vía de acceso a mejores posiciones centra la responsabilidad en el individuo, no se encuadran en un marco de derechos y posponen la acción política, la protesta y la organización.
Además, teniendo en cuenta la variable género, es frecuente que los proyectos migratorios de las mujeres estén muy vinculados al envío de remesas a sus países de origen para la mejora de la calidad de vida de sus familias. Este mandato tiene un impacto sobre el margen de decisión de quienes se ven obligadas a continuar en un trabajo a sabiendas de que hay derechos que se están viendo vulnerados. Por otro lado, la inserción en trabajos afectivos, como el trabajo de cuidados, que involucran el contacto directo con clientes/pacientes, termina por crear relaciones que a veces difuminan la frontera de lo laboral y lo personal y que pueden suponer un obstáculo a la hora de reclamar lo que a una le pertenece por ley.
Y sin embargo, pasa
A pesar de los condicionantes, de los palos en las ruedas, no podemos olvidar que hemos comenzado este texto hablando de dos victorias emblemáticas protagonizadas por personas migrantes a través de sindicatos independientes y colectivos. Que en realidad hay muchos más ejemplos. Que finalmente las cosas pasan. O mejor dicho: se organizan. Davide Però desarrolla el concepto communities of struggle (comunidades de lucha) para hacer referencia a las características específicas de las formas de organización sindical y migrante en UK, los indie unions. Estas comunidades están orientadas hacia el apoyo mutuo, pero también se basan en repertorios de campañas, movilizaciones y negociaciones informales que buscan cubrir necesidades materiales e inmateriales, aliviar dimensiones objetivas y subjetivas de la precariedad.
El autor diferencia algunos elementos de las communities of struggle respecto a otras formas de organización formal como las estructuras sindicales de largo recorrido. Por un lado, documenta su habilidad para representar al exterior las disputas laborales en términos de demandas que son moralmente indisputables. También su capacidad para formar alianzas que van más allá del sitio de trabajo y que permiten escalar la protesta generando plataformas que aglutinan organizaciones y colectivos más diversos. Otro rasgo característico refiere a la representatividad, ya que la centralidad recae en los trabajadores migrantes que están en conflicto y no se delega en negociadores profesionales. La importancia de la vivencia en primera persona también facilita localizar las necesidades que van más allá de lo laboral: estos espacios colectivos son herramientas de formación, empoderamiento colectivo y aumento de la autoestima. Tal y como extrae de las entrevistas realizadas durante su investigación, participar en las actividades de los indie unions ha implicado superar miedos, aprender sobre derecho a la vivienda o prestaciones sociales y tejer relaciones sociales en eventos lúdicos o celebraciones, que influyen positivamente en la organización. En resumen, lejos de instrumentalizar las luchas, estos espacios crean comunidad y contribuyen a gestar una identidad colectiva y combativa.
Pero hablar de política es también hablar de lo cotidiano, de aquello que muchas veces no se reconoce como legítimo. Así es como Daniel Parajuá reivindica que la actividad política de los subalternos en ocasiones no se concibe como tal y se ignora por no estar conectada con procesos de movilización explícitos. La infrapolítica de los subordinados, como la describe James Scott, la forman gestos, discursos ocultos, maneras de decir y de relacionarse que no se incluyen dentro de lo que entendemos por organización pero que podrían, en un futuro próximo, llegar a serlo.
¿Nativa o extranjera la misma clase obrera?
Hay una proclama que se escucha en las manifestaciones relacionadas con el trabajo asalariado, que dice “nativa o extranjera la misma clase obrera”. Y aunque sabemos que esto no es del todo real, porque la clase obrera extranjera sufre más opresiones; si es así sobre el papel, en el sentido de que las personas migrantes que trabajan en España tienen los mismos derechos laborales que cualquier otra persona, independientemente de su situación administrativa, tengan o no papeles.
Esto implica que tienen derecho a ir al médico si enferman y no trabajar hasta que se recuperen, a impugnar un despido, reclamar salarios, contar con los equipos y medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes laborales, denunciar anónimamente a la Inspección de Trabajo e incluso si consiguen demostrar mediante una sentencia judicial o un acta de la Inspección que han trabajado de forma irregular durante más de 6 meses, y cumpliendo algún requisito más, tendrán derecho a obtener los papeles por arraigo laboral.
Sin embargo, la precariedad laboral y la vulneración de derechos persiguen a las personas migrantes como si no tuviesen escapatoria, aunque la hay a través de la organización y la lucha como respuesta. Una respuesta que no se esperan las personas que dirigen las empresas porque hacen uso de la intimidación y del miedo.
Que un empresario le diga a una persona migrante que trabaja para él que “los extranjeros no tienen derecho a vacaciones durante su primer año de contrato”, o que “van a denunciar a la policía por no tener papeles si se le ocurre quejarse de sus condiciones laborales”, es una práctica criminal habitual que en muchas ocasiones les funciona. Por eso, es fundamental conocer nuestros derechos para organizar nuestra rabia, defenderlos en colectivo y saborear la posibilidad de vencer.
5 pasos para protegerte y luchar:
- Habla con tus compañeras y compañeros para ver si están sufriendo las mismas vulneraciones.
- Organízate en colectivo para ver cómo denunciarlo.
- Acude a algún sindicato o colectivo social que haya en tu barrio o cerca de ellos.
- Recopila pruebas que puedan servirte en un juicio: grabaciones de conversaciones en persona o telefónicas (existen apps gratuitas para ello), pantallazos de conversaciones de Whatsapp, copias correos electrónicos, y si te pagan en un sobre o sin una transferencia bancaria, intenta ingresar ese dinero en un banco puntualmente para que puedas probar que has recibido una nómina mensual.
- Denuncia públicamente la situación, a veces sentimos vergüenza por lo que nos está pasando, pero quien debe sentirla es el empresario que explota y vulnera derechos. Por lo que habla con tus amistades, familiares y contactos sobre el conflicto. Realiza publicaciones en tus redes sociales (anima también a que lo hagan otros colectivos y personas para apoyarte), organiza piquetes informativos. En definitiva, socializa el conflicto.
Luchar ante la explotación laboral y abusos de los empresarios no perjudica, al contrario, ayuda a revertir la situación y hacer justicia. Si haces horas extras y no te las pagan, si no te dan de alta en Seguridad Social o no te hacen contrato, si realizas funciones que no son las que te contaron al darte el trabajo, si te pagan una cantidad distinta a la que acordasteis, si te despiden y no te indemnizan… todo esto puede denunciarse. ¡Organízate y lucha!
Tomado de elsaltodiario.com
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