1 de mayo en Centroamérica: las principales reivindicaciones que debemos enarbolar/ Ver- EL SALVADOR: El manoseo sobre las pensiones/ GUATEMALA: Otra vez pretenden corregir todos los males con la pena de muerte

29 Abril, 2022

Este 1 de mayo los trabajadores centroamericanos saldrán nuevamente a las calles, en condiciones cada vez más difíciles. Tras varias décadas, la ofensiva neoliberal cerró muchas de las industrias manufactureras, creadas en la época del Mercado Común Centroamericano (MCCA), reduciendo numéricamente a la clase obrera y debilitando a los sindicatos y a las centrales obreras tradicionales.

Bajo los tratados de libre comercio se instalaron nuevas empresas maquileras, de capital transnacional, creando un joven e inexperto proletariado que trabaja en condiciones de sobreexplotación, al cual se le niegan los elementales derechos de organización sindical.

Otro factor que ha contribuido a debilitar los sindicatos es el alto desempleo y el subempleo imperantes, que obliga a centenares de miles de centroamericanos a emigrar hacia Estados Unidos. El resultado ha sido trágico para el movimiento obrero y sindical.Por esta razón, a pesar de la gravedad de la crisis económica que afecta los salarios y el nivel de vida, casi han desaparecido las huelgas y las luchas de los trabajadores. La clase obrera industrial está postrada, y el proletariado joven de las maquilas todavía no despierta.En los últimos años, quienes han estado a la vanguardia de las luchas, defendiendo los puestos de trabajo y los salarios, han sido los empleados públicos, (educación y salud, principalmente) que tienen la ventaja de tener que luchar contra el único y mismo patrón: el Estado. Pero también este contingente sufre las consecuencias de la crisis económica y la crisis fiscal.En los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) los empleados públicos han librado escaramuzas laborales, pero con tendencia hacia la baja. Nicaragua merece una mención especial, pues bajo la dictadura Ortega-Murillo no solo están prohibidas las huelgas y luchas laborales, sino que hace más de una década que ni siquiera se celebra el 1 de mayo en las calles.El establecimiento de regímenes bonapartistas en el Triángulo Norte, que limitan las libertades democráticas y sindicales, y la dictadura en Nicaragua, son peligros reales que los sindicalistas debemos enfrentar. La lucha por la defensa, restablecimiento y ampliación de las libertades democráticas debe ser permanente.En Costa Rica, los trabajadores del sector público, a pesar de haber luchado con heroísmo contra La Ley de Empleo Público, que reduce los salarios y las conquistas laborales, fueron engañados y derrotados por las direcciones sindicales traidoras. En Panamá, en julio del 2022, los empleados públicos libraron una dura pelea por la defensa de los salarios y demás conquistas.Un grave problema que afecta a los empleados públicos en toda Centroamérica es el clientelismo. En todos los países, en mayor o menor grado, los puestos de trabajo en el sector público dependen del partido de gobierno, anulando la independencia que deben sostener los trabajadores.Estas son las difíciles condiciones en las que se celebrará el 1 de Mayo este año 2023. Por ello, con humildad, llamamos a los dirigentes sindicales a reflexionar sobre estas difíciles condiciones objetivas en las que debe luchar el movimiento sindical. Enumerar las dificultades no es para ponerse a llorar, sino para luchar contra ellas y salir victoriosos.Indudablemente, el principal problema que unifica a los trabajadores, incluso con sectores de la clase media y sectores populares, es la lucha contra la inflación, por un aumento de salarios conforme al costo de la vida y exigir el control de precios de la canasta básica o cesta popular.

El salario mínimo debe subir a 750 pesos centroamericanos (dólares) en todos los países de Centroamérica.

Debemos luchar por la defensa y revalorización de las pensiones. En todos los países de Centroamérica hay una ofensiva para aniquilar el de por si insuficiente sistema de pensiones. La seguridad social debe cubrir las necesidades de los trabajadores en la vejez. Y quienes no tuvieron la oportunidad de cotizar a la seguridad social, deben recibir una renta básica que les permita sobrevivir.

Para combatir el desempleo, y evitar la migración masiva de nuestra juventud, debemos exigir a cada gobierno un Plan de Obras Publicas que garantice un empleo y salario justo, para sobrevivir.

También debemos luchar por la democracia interna y la independencia de los sindicatos, expulsando a las direcciones burocráticas traidoras. Necesitamos organizar sindicatos en las maquilas, para sumar más trabajadores a la lucha.

Y no debemos de perder de vista que somos parte de la nación centroamericana dividida artificialmente en siete países. La lucha por la reunificación de Centroamérica pasa también por la estrecha coordinación de los sindicatos y centrales obreras de la región.

 

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EL SALVADOR.- El manoseo sobre las pensiones

Por: Alberto Castro

Bukele vuelve a repetir las viejas prácticas de sus predecesores. Algo en común que han tenido los seis presidentes de este periodo neoliberal, es decir, desde Alfredo Cristiani; Armando Calderón Sol; Francisco Flores; Antonio Saca; Mauricio Funes; Salvador Sánchez Cerén, hasta llegar a Nayib Bukele, es haberse servido de las pensiones de la clase trabajadora para financiar gastos en determinados momentos, y sobre todo sin el consentimiento previa consulta a las organizaciones sindicales, dando como resultado que se vuelvan estos ahorros de pensiones un recurso siempre a sus disposición del Gobierno de turno.

Historia del SAP: privatizaciones, AFP, FOP y deuda pública

Alfredo Cristiani puso sobre la mesa la necesidad de transformar al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), el cual integraba al Instituto Nacional de Empleados Públicos (INPEP), y al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) e Instituto de Previsión Social de la Fuerza armada (IPFA), con la privatización de la banca la suerte ya había sido echada al haber sentado las bases de la privatización de la seguridad social pero fue concretamente bajo el Gobierno de Armando Calderón Sol, que en 1996 la Asamblea Legislativa (AL), derogó al SNP y aprobó al Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), y la Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones.

Con ello se profundizó inició la institucionalización del neoliberalismo dentro de la previsión y seguridad social con el nacimiento de las aseguradoras del fondo pensiones (AFP). Bajo el Gobierno de Francisco Flores el Gobierno asumió la responsabilidad de las obligaciones que quedaron del SNP. En el gobierno de Elías Antonio Saca, ya con inconvenientes el SAP, para salvar de un quiebre a las AFP y quitarle carga al presupuesto nacional, la AL aprobó el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP). En estos últimos gobiernos de ARENA se incrementó gradualmente la deuda del Estado y en cambio se aumentaron las ganancias de los bancos privados y de las AFP mediante los Certificados Públicos de Inversión (CPI).

El SAP durante los Gobiernos del FMLN tuvo dos reformas, la primera en el Gobierno de Mauricio Funes donde la AL aprobó la reducción de la comisión de las AFP, en su segundo Gobierno con la deuda pública por encima del 60% del PIB, se planteó la creación de un sistema mixto (arriba de dos salarios mínimos con el sistema estatal y menos con las AFP). Entre los gobiernos de ARENA y FMLN al haber utilizado al FOP como el medio incondicional para hacer frente a las obligaciones del SAP, cuando Bukele asume la deuda ascendía por encima de los seis mil millones de dólares,   en su tercer año de Gobierno esta deuda ya era de $7,374.5 millones lo que demuestra como este gobierno al igual que los anteriores también ha utilizado al FOP para financiarse.

Bukele no ha mejorado la situación

Tan crítico con los Gobiernos de ARENA y FMLN, Bukele ha terminado haciendo lo mismo con las pensiones sólo haciendo cambio de matices para el bien de su imagen, pero en el fondo no ha resuelto el problema. Teniendo la mayoría simple con Nuevas Ideas y mayoría absoluta junto a GANA dentro de la AL, pudo haber impulsado una reforma favorable para la población cotizante, quienes estén jubilados o estén por jubilarse, pero no, una vez más impero la protección del capital que está tras las AFP, en 2022 hubo otra vulgar reforma al SAP, en la cual pese a eliminarse el FOP y por consiguiente reducirse la deuda publica en un 77%, muchas cosas quedaron en el aire.

Recientemente se ha dado a conocer que este Gobierno hizo un recorte de $507.5 millones destinados para el financiamiento del Sistema Integral del Fondo de Pensiones, para financiarse lo que afecta directamente a las Cuenta de Garantía Solidaria, significando un problema la estabilidad del fondo y es un riesgo para la estabilidad de las cuentas individuales. Con la actual ausencia de transparencia no hay certeza de cómo será saldada esta deuda, lo que queda claro es que nuevamente la crisis fiscal junto a la deuda pública originada por el desfinanciamiento del fondo sigue siendo un enorme problema. La clase trabajadora debe empujar por cambiar este sistema de pensiones, hecho a la medida neoliberal por un sistema público de pensiones, con representación sindical en su administración. Grande es el problema con las pensiones, pero el valor de luchar por cambiarlo debe ser mayor.

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GUATEMALA.- Otra vez pretenden corregir todos los males con la pena de muerte

13 de septiembre de 1996: ultimo fusilamiento en Guatemala

Por Armando Tezucún

Es ya un tema recurrente que, en época de elecciones, los candidatos de los partidos burgueses hagan toda clase de promesas demagógicas a los incautos votantes para granjearse su apoyo. En especial este ha sido el caso con los tópicos de seguridad, ante el incremento de los robos, asaltos, asesinatos y en especial las actividades delictivas de las pandillas juveniles, mejor conocidas como maras. Recordemos el lema de campaña de Otto Pérez Molina en las elecciones de 2011, cuando prometió “mano dura” contra la delincuencia; claro, al final los delincuentes resultaron ser él, su vicepresidenta y buena parte de sus ministros, que terminaron en la cárcel por actos de corrupción.

Dentro de las problemáticas que giran en torno a la seguridad ciudadana, está el de las penas aplicables a los distintos delitos, y a lo largo de los años ha generado agudas polémicas el tema de la pena de muerte. En cada proceso electoral, esta demanda es levantada por más de algún candidato o algún sector para obtener el apoyo de una población hastiada de la violencia delictiva y ansiosa de aplicar el ojo por ojo y diente por diente a los culpables de delitos mayores.

Giammattei pidió la reactivación de la pena de muerte

La campaña electoral 2023 no es la excepción, y la discusión de la pena de muerte ya está en la palestra pública. El tema lo inició el propio presidente de la república, Alejandro Giammattei, cuando el 27 de enero pasado, durante un acto de graduación de agentes de la policía, pidió la reactivación de la pena de muerte: “ojalá el Congreso de la República le devolviera lo que la constitución le dice al presidente de la república, el derecho del recurso de gracia para que la aplicación de la pena de muerte en Guatemala pudiera ser efectiva”, manifestándose decididamente en favor de la aplicación de la pena capital (La Hora 10/03/2023).

Unos pocos días después, el 31 de enero, un grupo de diputados oficialistas presentó una iniciativa de ley para reactivar la aplicación del indulto a la pena de muerte. En la plenaria de diputados del 1 de febrero, la iniciativa, denominada 6189, recibió el visto bueno y fue enviada a comisiones del Congreso para su discusión; el 14 de febrero obtuvo el dictamen favorable de la Comisión de Defensa, quedando pendiente el de la Comisión de Derechos Humanos.

El estado de cosas de la pena de muerte en Guatemala

Para comprender mejor la discusión en torno a la pena capital, es necesario aclarar que ésta se encuentra vigente en el artículo 18 de la Constitución Política de la República, que especifica los casos en que no es aplicable, y estipula: “Contra la sentencia que imponga la pena de muerte, serán admisibles todos los recursos legales pertinentes, inclusive el de casación; éste siempre será admitido para su trámite. La pena se ejecutará después de agotarse todos los recursos. El Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte” (https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Guatemala.pdf.). Sin embargo, en 2016 y 2017 la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucionales los delitos a los que es aplicable la pena de muerte, mediante las resoluciones 1097-2015 y 5986-2016.

Estos delitos eran asesinato, parricidio, ejecución extrajudicial, plagio o secuestro, torturas seguidas de muerte o daños graves a la salud, desaparición forzada, magnicidio, violación a menores de 10 años y los contenidos en la Ley Contra la Narcoactividad.

Años antes, en 2000, durante el gobierno de Alfonso Portillo, el Congreso de la República derogó el decreto 159, que regulaba el procedimiento para el otorgamiento del indulto a los condenados a la pena de muerte, recurso de gracia que correspondía al presidente de la república. En 2001 el presidente Portillo impulsó un proyecto para abolir la pena de muerte, pero fue rechazado. La última ejecución se llevó a cabo en el año 2000, por inyección letal.

En resumen, la pena de muerte está contemplada en el ordenamiento jurídico guatemalteco, pero un aspecto complementario, que es la posibilidad de que el presidente otorgue un indulto a los condenados, cambiándolo por pena de cárcel, no está vigente, y los delitos a los cuales era aplicable la pena capital ya no están sujetos a tal aplicación. Es decir, no hay ya delitos a los cuales se pueda aplicar como condena la pena de muerte, y el presidente de la república ya no tiene la potestad de perdonar a los hipotéticos condenados a muerte.

La iniciativa 6189

Esta iniciativa se titula “Iniciativa que dispone aprobar ley para la aplicación del Recurso de Gracia o Indulto de la pena de muerte”. Como mencionamos, fue presentada por diputados del partido oficialista y sus aliados, los partidos Valor, FCN-Nación, Une, Vamos y Partido Humanista, incluyendo a la presidenta del Congreso Shirley Rivera.

De acuerdo a estos legisladores, “Esta ley tiene como única finalidad determinar si en un caso concreto, a juicio del Jefe de Estado y bajo su estricta responsabilidad, procede conmutar la pena de muerte contenida en sentencia firme dictada por los órganos jurisdiccionales competentes para sustituirla por la de privación de libertad…”; la derogación del indulto en el año 2000 creó un vacío legal “…que ocasiona falta de certeza jurídica al no contar el condenado a pena de muerte, con el debido recurso final que es el INDULTO o perdón presidencial, con lo cual se violenta el Debido Proceso y el Derecho de Petición, ambos establecidos en la Constitución Política de la República, vacío legal que constituye un obstáculo para la debida aplicación de dicha pena y al no existir un procedimiento adecuado para cumplir con normativa constitucional, resulta necesario crear el mecanismo legal idóneo para cumplir con la finalidad que esta persigue…” (https://www.congreso.gob.gt/detalle_pdf/iniciativas/5976).

Los diputados aducen que la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ambos firmados por el Estado de Guatemala) señalan que toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, “…no pudiéndose aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente” (Idem). En realidad, si leemos atentamente el Pacto de San José, su espíritu es el respeto a la vida de las personas, y en el caso de los países que no han abolido la pena de muerte, detalla una serie de restricciones para su aplicación; en el artículo 4, Derecho a la Vida, de seis acápites, cinco están destinado a poner limitantes a la aplicación de la pena de muerte.

Este énfasis en el derecho a la vida es ignorado por los ponentes de la iniciativa, y al parecer ignoran también que los delitos a los que era aplicable la pena capital ya no están afectos. Además, sabemos de sobra que la ley burguesa, en última instancia se aplica a los trabajadores y a las clases oprimidas, jamás a los capitalistas, tal como podemos observar en la aplicación de la pena de muerte en los estados de la Unión Americana donde la mayoría de ejecutados pertenecen a las minorías afroamericanas o latinos. Paradójicamente, los retrógrados diputados que propusieron la iniciativa no lo hicieron con la intención de que los futuros supuestos condenados a muerte puedan obtener el perdón presidencial, sino para que, al estar vigente este requisito, la pena de muerte tenga vía libre para ser aplicada.

La iniciativa 6189 sigue el camino hacia la aprobación por el Congreso

Si bien la Comisión de Defensa del Congreso de la República dio un dictamen favorable a la iniciativa, la Comisión de Derechos Humanos no lo ha hecho. Esta última anunció el 23 de febrero que realizaría una consulta a la Corte de Constitucionalidad antes de emitir su dictamen, además de citar al ministro de Gobernación y a expertos en temas de seguridad.

Dado que basta con que una de las comisiones de un dictamen favorable para que el pleno de diputados pueda conocer una propuesta de ley, el 22 de marzo en sesión plenaria los legisladores discutieron el primer debate de la iniciativa 6189. El 12 de abril avanzó el segundo debate de la misma. El tercer y final debate fue agendado para el 19 de abril, sin embargo, antes de que se conociera el punto, se rompió el cuórum, y no se pudo efectuar la votación.

El oficialismo está confiado en que la iniciativa será aprobada. El diputado Manuel Conde, candidato a presidente por el partido de gobierno Vamos, aseguró que una inmensa mayoría en el Congreso la respalda, “Es una discusión que debe de darse en el lugar adecuado y es el Congreso el lugar adecuado (…) yo espero que lo aprobemos porque este es un elemento más que nos va a permitir la llegada de la aplicación de la pena de muerte, tengamos el indulto y hagamos la denuncia total o parcial del pacto de San José y vamos poder aplicar la pena capital mientras tanto no es posible” (La Hora 12/04/2023).

Los candidatos de la extrema derecha apoyan completamente la reactivación del indulto. Zuri Ríos, candidata de la coalición Valor-Unionista e hija del exdictador genocida Efraín Ríos Montt, declaró: “Nosotros ya consultamos al pueblo de Guatemala, el pueblo quiere que se aplique la Pena de Muerte y de hecho, la Constitución la contempla, no hay que tener miedo de tomar decisiones firmes y menos cuando se trata de proteger la seguridad de nuestras familias, nadie está por encima de la ley” (La Hora 19/04/2023).

La tentativa de poner en vigencia la pena de muerte, si bien no tiene legalmente muchas posibilidades de éxito, es otra faceta de la intención de los grupos conservadores oligárquicos, militares y del crimen organizado, de limitar las libertades democráticas. Los trabajadores, campesinos, indígenas, jóvenes y mujeres debemos oponernos decididamente a este tipo de iniciativas, tomando las calles y carreteras para manifestar nuestro descontento.

Fuente: EL SOCIALISTA CENTROAMERICANO

 

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