PERÚ: El Gobierno peruano agita el fantasma del terrorismo para enterrar las protestas contra Boluarte

Yesenia Alanya: “Nuestros familiares están sufriendo una persecución política por ejercer derechos amparados por la Constitución como la libertad de expresión y asociación”

Alejandro Manay Pillaca vive en Ayacucho, donde el Ejército del Perú asesinó a una decena de manifestantes, y fue uno de los dirigentes sociales que participó en las movilizaciones cuyas demandas se articularon en torno a la dimisión inmediata del Ejecutivo, el adelanto de elecciones y la elaboración de una nueva carta constitucional para el país. El profesor universitario de 35 años se encontraba cenando en un restaurante el pasado 12 de enero cuando salió a hacer una llamada y fue reducido violentamente por un grupo de hombres con chaleco negro y arrastrado hasta una camioneta.

Manay pensó que lo habían secuestrado, pues ninguno de los asaltantes se identificó y el vehículo en el que estaba siendo transportado no portaba insignias que delatasen su procedencia. Durante el trayecto, pudo escuchar que se dirigían al cuartel militar de Los Cabitos, un lugar conocido en la región por haber sido la sede de numerosas desapariciones y torturas ejecutadas por policías y militares durante el conflicto armado que asoló el país en los años 80 y 90. En ese momento, se imaginó lo peor.

Este es el relato que Jack Diburga, abogado especializado en derecho penal, obtuvo del docente ayacuchano cuando se trasladó a Lima para asumir su defensa y entrevistarse con el acusado. Alejandro Manay, que trabaja en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) y ocupa el cargo de secretario del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), fue apresado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) junto a otros seis dirigentes de la asociación: Estefany Alanya, Alex Gómez, Rocío Leandro, Piero Giles, Yulisa Gómez y Fernando Quinto.

Muchos detenidos fueron llevado a Los Cabitos, un centro clandestino en manos del Ejército del Perú donde se llevaron a cabo detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales durante la guerra sucia

Seguidamente, fueron trasladados a las dependencias de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) en Lima imputados de un presunto delito de pertenencia a organización terrorista. Allí permanecieron durante más de un mes a la espera de la resolución del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional sobre la pertinencia de aplicar medidas cautelares a los enjuiciados. El magistrado emitió su dictamen el pasado 15 de febrero y declaró fundada la petición de 18 meses de prisión preventiva realizada por el Segundo Despacho de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Terrorismo y Delitos Conexos en casi todos los casos presentados, con excepción de Yulisa Gómez.

Yesenia Alanya, hermana de una de las encarceladas, preside la Asociación de Familiares de Dirigentes Sociales Detenidos de Ayacucho (Afadisda) y denuncia con vehemencia las arbitrariedades que han caracterizado el desarrollo del proceso: “Nuestros familiares están sufriendo una persecución política por ejercer derechos amparados por la Constitución del Perú como la libertad de expresión y de asociación”.

Por su parte, los abogados de la defensa presentaron un recurso de apelación en el que destacan las inconsistencias de la resolución dictada por el magistrado Raúl Justiniano, tales como negar el arraigo familiar de los procesados por no tener hijos o cuestionar su arraigo domiciliario por vivir en régimen de alquiler, pese a las pruebas aportadas por la defensa que evidencian la existencia de un vínculo incuestionable con la ciudad de Ayacucho en el ámbito laboral, residencial y del parentesco.

Duler Alipio es uno de los letrados que representan a los imputados y señala que “las acusaciones aluden a la participación en un coloquio internacional sobre violencia de Estado en el conflicto armado interno o a la movilización a favor de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente”, por lo cual afirma que no existen elementos de convicción para sustentar un delito de afiliación a una organización terrorista. “Les quieren administrar un castigo preventivo, una suerte de pena por anticipado, sólo por alzar su voz contra las políticas del Estado peruano”, concluye el jurista.

Las irregularidades del proceso de detención

Los dirigentes del Fredepa fueron interceptados en Ayacucho el 12 enero, sobre las 7.30 hs, mientras realizaban sus actividades cotidianas. Poco después, algunos familiares pudieron enterarse de los arrestos gracias al testimonio de unos amigos que presenciaron los hechos y acudieron a todas las comisarías de la ciudad en compañía de Yuri Martínez, abogada penalista, para averiguar dónde se hallaban los detenidos.

Como no pudieron dar con ellos, Yesenia Alanya comenzó a llamar una y otra vez a su hermana Estefany, psicóloga social y vicepresidenta del Frente de Defensa, hasta que ésta pudo contestar durante unos segundos para decir que la estaban llevando por la zona del aeropuerto, cerca del cuartel Los Cabitos. La hermana de Yulisa Gómez, Rosemary, dice que tuvo mucho miedo cuando supo donde estaba: “Me sentí desesperada porque el cuartel de Los Cabitos es un lugar donde asesinaron y torturaron a muchas personas en los años 80 y 90”.

Diana Juancón, madre de Alejandro Gómez, uno de los imputados, y se enteró a primera hora de la mañana de la detención de su hijo mientras miraba los informativos: “Se les llenaba la boca con difamaciones hacia su persona”

En efecto, la Comisión de la Verdad y Reconciliación certificó que esta base militar fue un centro clandestino en manos del Ejército del Perú donde se llevaron a cabo detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de cientos de personas durante el desarrollo del conflicto armado entre el Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso y el Estado peruano.

Según precisa Jack Diburga, el artículo 71 del Código Procesal Penal recoge los protocolos de detención y prescribe que “los acusados no pueden ser llevados a cualquier lugar, sino que deben ser custodiados en una comisaría o, en cualquier caso, en una de las sedes del Ministerio Público”.

Una vez conocido el paradero de los dirigentes ayacuchanos, Yuri Martínez se dirigió a Los Cabitos con varios familiares para comprobar el estado de los detenidos y conocer las acusaciones que pesaban sobre ellos. “Nos personamos en el cuartel, donde habían dispuesto un cordón militar de tres cuadras, y nos impidieron el acceso pese a que invocamos el derecho a la debida entrevista con un abogado de libre elección”, relata la letrada. Ante la inflexibilidad de los oficiales y los agentes de la PNP, Martínez coordinó la presentación de un habeas corpus para solicitar la presencia de un juez penal de Ayacucho con el fin de verificar la situación de los dirigentes apresados.

El magistrado acudió al lugar de los hechos en compañía de varios fiscales provinciales y empleados de la Defensoría del Pueblo y exigió que le permitieran ejercer su potestad. Los militares, sin embargo, cerraron el paso a la autoridad judicial y se negaron a ofrecer información bajo la premisa de que la operación estaba siendo dirigida por un tribunal de la capital. Tras horas de espera, los familiares de los detenidos avistaron a la una de la mañana una avioneta despegando de la base y entonces fueron informados de que se los estaban llevando a Lima.

El Fredepa ha logrado consolidarse como “un espacio plural de identificación de los sectores populares y empobrecidos de Ayacucho y de intermediación sociopolítica”

Tal y como afirma Duler Alipio, los activistas ayacuchanos no pudieron ejercer su derecho a entrevistarse con un abogado de su elección hasta las 5 de la tarde del 13 de enero, cuando quedaban pocas horas para que se venciese el plazo para recurrir la detención. Los familiares, por su parte, se encontraron con ellos días después para comprobar su estado y escuchar su versión de los hechos.

Todos los imputados detallaron diferentes abusos y agresiones durante el proceso de detención y el traslado a la capital. “Cuando tuve la oportunidad de conversar con mi hermana, me dijo que se la llevaron a golpes, a rastras, que le jalaron del cabello y le metieron rodillazos para obligarla a subir al vehículo, incluso le hicieron tocamientos indebidos de connotación sexual”, explica Yesenia Alanya.

Exposición mediática y acusaciones inconsistentes

Al día siguiente, el general de la PNP y Director de Investigación Criminal (Dirincri), Óscar Arriola, y el fiscal superior contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez, concertaron una rueda de prensa en la que presentaron públicamente a los dirigentes del Fredepa como integrantes de uno de los “organismos generados” por la Nueva Facción Roja de Sendero Luminoso y tanto sus nombres como su imagen pasaron a protagonizar las portadas y los titulares de los principales medios de comunicación.

Diana Juancón es madre de Alejandro Gómez, uno de los imputados, y se enteró a primera hora de la mañana de la detención de su hijo mientras miraba los informativos: “Se les llenaba la boca con difamaciones hacia su persona, decían que era de Sendero Luminoso, pero mi hijo no es ningún terrorista, es buen chico, es solidario con todo el mundo”.

Los cargos expuestos por el fiscal Chávez están asentados en todos los casos en la condena del ejercicio de derechos fundamentales como el de expresión o asociación. Y es que la acusación principal se basa, precisamente, en la pertenencia de los enjuiciados al Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, una organización civil inscrita en el registro público y destinada a la defensa de los intereses de la ciudadanía ayacuchana.

Mercedes Crisóstomo, antropóloga asociada a la Pontificia Universidad Católica del Perú con máster en Ciencias Políticas y Estudios de Género, analiza la fundación y la evolución del Fredepa a lo largo de las décadas en un trabajo denominado ‘Servir al pueblo de todo corazón. Una aproximación al Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho’, publicado en 2011. En dicho documento, se detalla que la entidad, reconocida como el primer frente de defensa del Perú, se constituyó en 1966 para impedir la clausura de la UNSCH y transmitir una serie de reivindicaciones al gobierno central.

La jurista Indira Rodríguez concluye que las detenciones se efectuaron con “fines políticos”, para justificar “las atrocidades cometidas por el Gobierno durante los dos meses de movilizaciones a nivel nacional”

La investigación revela que, tras varias décadas de actividad y de apoyo a las demandas de comerciantes, estudiantes, campesinos, obreros u otros gremios, la agrupación ha logrado consolidarse como “un espacio plural de identificación de los sectores populares y empobrecidos de Ayacucho y de intermediación sociopolítica que demanda inclusión y reconocimiento al Estado”. De hecho, la región de Ayacucho es una de las más depauperadas del país, con una tasa de pobreza del 62,6% que supera que supera con creces la media nacional (situada en el 34,8%).

Pero pese a la extensa trayectoria de la organización y a su vinculación efectiva con diferentes sectores de la sociedad ayacuchana, la Fiscalía defendió su postura con rotundidad durante las sesiones judiciales: “El Fredepa sería un organismo generado de la Nueva Facción Roja de la organización terrorista Sendero Luminoso, toda vez que ha realizado el trabajo partidario de creación como frente de clases, aglutinando a las masas conforme a lo establecido en el documento Plan de Construcción del Partido”.

Sin embargo, los paralelismos trazados por el equipo jurídico de la acusación se basan en vaguedades asentadas sobre las coincidencias observadas en el uso genérico de cierta terminología, como “lucha de clases” o “derechos laborales”, o la defensa de ciertos objetivos políticos, como “plantear una nueva constitución” a través de una asamblea constituyente, una propuesta respaldada por el 69% de la ciudadanía peruana, según una encuesta publicada el pasado mes de enero por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Los informes de la Dircote esgrimidos por la Fiscalía también reparan en la asistencia de varios de los dirigentes imputados a manifestaciones y acciones de protesta impulsadas por colectivos estudiantiles o sindicales y reiteran que dichas actividades forman parte de las estrategias de implantación de los supuestos herederos de Sendero Luminoso. Alipio arguye al respecto que si el Fredepa estuviera implementando la agenda política de un grupo terrorista, las 110 asociaciones a las que representa “se verían implicadas en el mismo delito y estamos hablando de campesinos, maestros, estudiantes, obreros y comerciantes”.

La investigación de la Dircote, iniciada a mediados de 2022, puso especial énfasis en el seguimiento de una serie de coloquios celebrados entre el 3 y el 6 de agosto en el Auditorio José María Arguedas de la UNSCH de Ayacucho, bajo el rótulo ‘Violencia de Estado en el Perú. Del Conflicto Armado Interno a la Generación del Bicentenario’, en los cuales participaron varios de los enjuiciados. Según este informe expuesto por la Fiscalía, “la realización de este evento no obedece a un mero evento académico, sino que va más allá con el fin de captar y poner a los asistentes en contra del Estado, justificar el accionar de la organización terrorista Sendero Luminoso y promover el odio en contra de este sistema democrático”.

Los paralelismos trazados entre las protestas y Sendero Luminoso se basan en vaguedades asentadas sobre las coincidencias observadas en el uso genérico de cierta terminología, como “lucha de clases” o “derechos laborales”

El ex-jefe de la Dircote, José Baella, se manifestó el 7 de agosto a través de su cuenta de Twitter para denunciar que el simposio fue organizado por “ONG conocidas que defienden a ultranza a las organizaciones terroristas” y estaba “dirigido a concientizar y confundir a los jóvenes de que, en el Perú, no hubo terrorismo”.

En respuesta al exabrupto, las entidades implicadas en el congreso publicaron un comunicado en el que censuraron con rotundidad la postura del general de la PNP: “Las afirmaciones vertidas por José Baella son extremadamente falsas, pues nuestro evento no forma parte de un trabajo político ideológico, sino de un trabajo académico”. Asimismo, aclararon que la iniciativa fue diseñada e impulsada por instituciones académicas nacionales e internacionales (como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Complutense de Madrid o la University of Houston) y, en ningún caso, por agrupaciones relacionadas con la promoción o justificación de actividades delictivas.

El proyecto surgió del convenio firmado entre la Université Le Havre Normandie (ULH) y la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep) con el objetivo de organizar un ciclo de conferencias que permita reflexionar sobre las experiencias y consecuencias derivadas del conflicto armado entre las fuerzas insurgentes de Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas del Estado peruano con motivo de la celebración del bicentenario de la independencia del país andino.

Según Anouk Guiné, socióloga y profesora de la Facultad de Relaciones Internacionales de la ULH especializada en la investigación de la violencia estatal en el Perú, es fundamental promover el debate sobre dicha etapa, dado que se inserta en una dinámica a escala latinoamericana “de actos de represión y de terror que no buscan una paz positiva, es decir una paz transformadora que resuelva el origen de los conflictos, o sea las desigualdades”.

La académica francesa es la principal impulsora de esta empresa y explica que, tal y como establecen los protocolos de la Comisión de Investigación de la ULH, fue seleccionada por el claustro universitario de su facultad tras evaluar decenas de iniciativas presentadas en régimen de convocatoria abierta. De esta manera, señala Guiné, unos 40 representantes de las entidades involucradas participaron del comité científico encargado de la elaboración de la propuesta, un trabajo conjunto que revela “el clima de diálogo, debate y discusión democrática” en el que se desarrolló el intercambio de una diversidad de puntos de vista, por lo que “el coloquio no tuvo un fin partidario, apologista ni doctrinario”.

Criminalizar las protestas

El proceso de los dirigentes sociales del Fredepa es una muestra de las estrategias del poder estatal peruano para reprimir y desacreditar la oleada de protestas que se organizaron en contra del Gobierno de Dina Boluarte tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. Durante su intervención en la sesión del 27 de febrero del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Indira Rodríguez, una de las abogadas de la defensa encargada de presentar el caso ante instancias supranacionales, acusó al “régimen dictatorial de Boluarte” de servirse del sistema judicial para “criminalizar a los manifestantes y desactivar ciertos debates”.

La letrada relacionó la incriminación de las voces disidentes con la aplicación extemporánea de las denominadas ‘leyes antiterroristas’ promulgadas por la administración fujimorista en la década de 1990: “Estas normativas apelan a las lógicas de un conflicto que finalizó hace 30 años y se caracterizan por permitir la violación de derechos humanos y favorecer una interpretación expansiva de conductas que están más allá del marco delictivo”.

Es más, de las observaciones elaboradas por la ONU sobre el seguimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte del Perú, presentadas el pasado 5 de abril, se desprende que “la definición imprecisa de ‘terrorismo’ establecida en la Ley contra el Terrorismo puede llevar en la práctica a la arbitrariedad y al abuso” y “fomenta el llamado ‘terruqueo’, una práctica que consiste en asociar a personas que ejercen sus derechos con comportamientos o ideas afines al terrorismo, con el fin de invalidar su discurso”.

El Gobierno de Boluarte “está persiguiendo a todo aquel que tenga una opinión crítica sobre la situación que atraviesa el país y la condena de nuestros familiares abriría la puerta a más persecuciones arbitrarias”

Y es que, según Yuri Martínez, la judicatura ha demostrado su parcialidad al aceptar la petición de la Fiscalía “a partir de subjetivismos y demagogias”, cuando, “en la mayoría de los casos, es bien exquisita a la hora de considerar el dictamen de una prisión preventiva”. La instrucción del caso y la exposición pública de los detenidos de Ayacucho denotan, asimismo, que las estrategias del Ministerio Público y la Dircote “están motivadas por fines políticos y encaminadas a justificar las atrocidades cometidas por el Gobierno durante los dos meses de movilizaciones a nivel nacional”, remata Rodríguez.

Con el fin de minimizar los periodos de reclusión y mitigar el dolor causado por el proceso, el equipo jurídico de la defensa ha incoado un recurso de apelación contra la resolución de prisión preventiva, que será abordado en sede judicial durante esta semana, mientras espera la fecha del juicio y la posibilidad de elevar la causa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de que la sentencia sea desfavorable.

Yesenia Alanya, por su parte, lamenta la situación de su hermana y los demás activistas ayacuchanos y alerta de que el Gobierno de Boluarte “está persiguiendo a todo aquel que tenga una opinión crítica sobre la situación que atraviesa el país y la condena de nuestros familiares abriría la puerta a más persecuciones arbitrarias”.