Jean Marc von der Weid*
Enfrentarse al agronegocio
Ya he mencionado en artículos anteriores de esta serie algunas de las contradicciones entre el agronegocio y el nuevo gobierno del presidente Lula. Aquí explicaré las causas de este enfrentamiento, que viene de lejos, pero que tiene todo para intensificarse durante esta administración.
La agenda del agronegocio ha pasado y pasa por los siguientes puntos:
En primer lugar, este sector exige el mantenimiento e incluso la ampliación de generosos beneficios fiscales, como la amnistía de deudas con FUNRURAL (Fondo de Asistencia al Trabajador Rural), el mantenimiento de las bajísimas tasas del ITR (Impuesto Territorial Rural), de hecho evadido de forma generalizada por empresas y propietarios rurales, la exención de impuestos en la importación de insumos agrícolas y los intereses subsidiados en los créditos. La reforma tributaria tendrá que discutir todos estos privilegios y esto no ocurrirá sin conflictos.
En segundo lugar, el agronegocio exige la represión de los movimientos sin tierra en los casos de ocupación de tierras baldías, de las empresas que violan las leyes ambientales y de las que utilizan mano de obra esclava. Con Bolsonaro, el agronegocio se ha armado para enfrentar estas ocupaciones a balazos, y no ha dejado de utilizar a sus pistoleros, no sólo para expulsar invasores, sino también para asesinar o intentar asesinar a líderes campesinos, indígenas y defensores de los derechos de los trabajadores rurales. Desarmar al agronegocio y hacer cumplir la ley en los casos de deforestación irregular y uso de mano de obra esclava no será posible sin conflictos con el agronegocio.
En tercer lugar, el agronegocio quiere facilitar aún más la liberación de nuevos agrotóxicos y transgénicos, retirando a ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) de la evaluación de los riesgos de estos productos y entregándosela al MAPA (Ministerio de Agricultura y Pecuaria). Esto a pesar de que las normas de evaluación de ANVISA ya han sido más que flexibilizadas en el pasado. Por supuesto, la defensa del medio ambiente y de la salud pública no sentará nada bien a la agroindustria, es claro.
En cuarto lugar, y este es un punto crucial en este análisis, el agronegocio quiere acabar con las reservas naturales, las comunidades indígenas y quilombolas 1, defendiendo su expansión territorial. De más está decir que esta agenda choca directamente con los derechos de los indígenas y quilombolas y con la agenda ambiental del gobierno, apoyada por los gobiernos de los países importadores de nuestros productos.
¿Qué importancia tiene el hambre de tierras del agronegocio para su éxito económico? Después de todo, toda la propaganda de la CNA (Confederación de la Agricultura y Pecuaria, la mayor representante de los propietarios rurales brasileños: ndt), y de otras organizaciones del agronegocio, señala el gran avance de la productividad de sus sistemas productivos en la expansión de la agricultura y la ganadería brasileñas, frente a una expansión mucho menor del área de cultivos y pasturas. Si analizamos los datos comparativos de los cultivos y la ganadería brasileños con los de sus competidores internacionales, en particular con los Estados Unidos, vemos que los competidores tienen una mayor productividad en el uso de la tierra, con menores costos en el uso de la tecnología y también tienen menores costos en el manejo y transporte de los productos. ¿Cuál es nuestra ventaja comparativa para estar entre los mayores exportadores del mundo? Nuestras ventajas radican en los límites de Estados Unidos (y otros exportadores) para ampliar su oferta, frente a una expansión de la demanda mundial, en particular de China. Por otro lado, la legislación medioambiental estadounidense, pese a ser bastante laxa, es más estricta que la nuestra, o al menos se aplica con mayor rigor. También pesa en la balanza el menor valor del real frente al dólar. Este factor tiene su contrapartida en el mayor coste de los insumos agrícolas (fertilizantes y pesticidas), en su mayoría importados por Brasil. Pero en el balance de ganancias y pérdidas, nuestra soja tiene ventaja en las exportaciones. Pero las grandes diferencias entre nuestros costes de producción y los de los estadounidenses están en el precio de la tierra y de la mano de obra, mucho más bajos aquí.
El bajo precio de la tierra en Brasil tiene que ver con la existencia de grandes áreas no ocupadas para uso agrícola. Es cierto que estamos llegando a un límite en esta expansión del uso de la tierra para este fin. Los ecosistemas en los que esta expansión sigue teniendo lugar son, sobre todo, el Cerrado y la Amazonia. Es bien sabido que la productividad natural de los suelos en estos biomas es baja y que la respuesta en términos de producción caerá en pocos años. Esto significa que, para mantener niveles razonables de productividad del suelo, la agroindustria tiene que ocupar continuamente nuevas tierras. Este proceso ha evolucionado en los últimos 20 años, llevando al desplazamiento de la producción ganadera cada vez más hacia el norte, mientras que los antiguos pastizales del sur y sureste han sido sustituidos por cultivos de soja y caña de azúcar.
En las regiones, más aptas para la agricultura, del sur y sureste, el agronegocio está más tecnificado e incluso tiene áreas de excelencia de alta productividad, pero el conjunto depende de este movimiento de ocupación de nuevas áreas. En la ocupación de la Amazonia por el agronegocio, el proceso comienza con la deforestación selectiva para explotar la madera dura, seguida de la tala rasa para eliminar toda la vegetación nativa para cultivar soja. Cuando los índices de productividad empiezan a caer, la tierra se destina a la ganadería extensiva hasta que, finalmente, se abandonan las empresas y aparecen las llamadas áreas degradadas. Este proceso también ocurre en el Cerrado y el Pantanal, con variaciones según los ecosistemas. Hoy tenemos áreas degradadas cuyo tamaño oscila, según la evaluación, entre 80 y 120 millones de hectáreas. Nada de esto existe en Estados Unidos y otros países exportadores. Nuestra ventaja económica comparativa se mide en términos de destrucción medioambiental.
Este cuadro apunta a un conflicto estructural entre la agenda del agronegocio y la agenda ambiental y convierte a este sector en enemigo acérrimo de un gobierno que se declara dispuesto a la deforestación cero en todos los biomas, cortando el proceso de expansión del uso de la tierra por el agronegocio.
El gobierno Lula busca alianzas con sectores “más racionales” o “más modernos” del agronegocio, pero parece ignorar la fuerte unidad del sector y su expresión parlamentaria, la poderosa bancada ruralista. Se apela a la amenaza que para nuestras exportaciones representa la restrictiva legislación de la Unión Europea (UE), dirigida a frenar las importaciones de cualquier producto agrícola y ganadero procedente directa o indirectamente de zonas deforestadas. Es ignorar que nuestras exportaciones en este sector se dirigen cada vez más al mercado chino, cuya demanda no deja de crecer, a pesar de una relativa desaceleración. Los chinos no tienen restricciones medioambientales como las de la UE, que también crecen amenazadoramente para excluir los productos transgénicos. Todas estas amenazas, sin embargo, no están provocando cambios en los procedimientos nacionales de la agroindustria. Al contrario, lo que el sector pide al gobierno es que presione a los importadores para que no se apliquen en los acuerdos comerciales que se negocian desde hace años. ¿Cómo se comportará la diplomacia brasileña? ¿Asumirá la defensa del agronegocio?
Hay otro factor de conflicto en perspectiva. ¿Dónde quedará la defensa del derecho de los campesinos a la tierra? ¿Utilizará el gobierno la legislación para expropiar fincas donde haya trabajo esclavo o donde se haya llevado a cabo deforestación ilegal? Esto está previsto en la legislación, pero nunca se ha aplicado. Y ya hay proyectos de ley para cambiar la legislación y evitar la expropiación.
El MST (Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra) y otras organizaciones campesinas perdieron el poder de acción que tenían, sobre todo durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, pero no desaparecieron, como tampoco desapareció la demanda de los campesinos de más tierras. ¿Dónde hacer la reforma agraria? El gobierno dio una pista en una frase de Lula, mencionando la posibilidad de promover una amplia reforestación en las áreas degradadas con asentamientos de reforma agraria. Es una propuesta compleja y difícil. Reforestar no es lo mismo que implantar asentamientos de productores campesinos para cultivar maíz, frijoles, mandioca o lo que sea. El costo de esta operación no será pequeño. Las áreas degradadas se encuentran en regiones aisladas y con poca infraestructura social y económica.
Por otro lado, ¿ qué ingresos puede generar un asentamiento de reforestación? Aunque las propiedades se destinen en parte a la producción agrícola junto con la inversión en reforestación, los colonos tendrán la responsabilidad de plantar y mantener las zonas reforestadas. Y no piense que basta con dejar trabajar a la naturaleza para que los bosques autóctonos se recuperen de forma natural. Si así fuera, estas tierras, abandonadas durante años para el cultivo o el pastoreo, ya estarían recuperadas. La degradación puede haber llegado a tal punto que sólo la intervención humana durante algún tiempo podría conducir a cierto nivel de recuperación. En otras palabras, los agricultores que acaben instalándose en estas zonas de recuperación tendrán que ser remunerados por sus servicios de reforestación. Serán lo que en Francia se llaman “jardineros de la naturaleza”. La idea me parece excelente, pero a menos que haya una inversión externa masiva para este fin, no me parece una empresa al alcance del Estado brasileño en su estado actual.
Y hay más aún. Los campesinos sin tierra prefieren obtener tierras en sus regiones de origen, no sólo por razones culturales, afectivas y familiares, sino también porque es allí donde tienen experiencia en conocimientos agrícolas. Todos los que estudian los procesos de migración forzada o inducida durante la dictadura militar (en la reubicación de los afectados por las represas o en la migración inducida de los gaúchos para ocupar la Amazonia) conocen la enorme cantidad de desastres individuales y colectivos que ocurrieron en esas empresas. Los gaúchos no sabían qué ni cómo plantar en ese ecosistema tan diferente de la pampa, no estaban acostumbrados al clima, quebraron y murieron en gran número.
La gran presión para la reforma agraria vendrá de los hijos de los pequeños propietarios que prefieren no emigrar a las ciudades, o de los casi dos millones de pequeños propietarios con superficies inferiores a cinco hectáreas, localizados principalmente en el nordeste y en las bolsas de pobreza rural del sudeste, especialmente en Minas Gerais, y del sur y centro oeste. La reforma agraria no es lo mismo que la colonización de la Amazonia o del Cerrado, la “solución” de los militares en los años setenta.
La decisión, si se toma, de promover una verdadera reforma agraria exigirá la aplicación de la Constitución, que definió el concepto de uso social de la tierra. Esto significa evaluar si los latifundistas hacen que sus tierras sean productivas dentro de parámetros técnicos, según índices de productividad que se definieron en 1988 y que están totalmente desfasados. La ley complementaria indicaba la necesidad de un reajuste permanente de estos índices y el objetivo era suprimir los grandes latifundios infrautilizados, pero nunca se han revisado en estos 35 años. Si el gobierno sigue por este camino, puede esperar un enfrentamiento brutal con el agronegocio.
Para concluir este análisis de los problemas del gobierno con el agronegocio tenemos que ver la imperiosa necesidad de hacer frente a la demanda de alimentos del mercado interno. Ya he escrito en otros artículos que el discurso que señala a la agricultura familiar como la capaz de responder a esta demanda no tiene base en la realidad. La agroindustria ya es responsable de la mayor parte de la producción de alimentos para el mercado interior, aunque se dirija principalmente a la exportación. Además, este énfasis en las exportaciones se está acelerando entre los productores del agronegocio y los propios agricultores familiares, especialmente los más capitalizados, reduciendo progresivamente la oferta para el mercado interno.
Para hacer más atractiva la producción de alimentos será necesario gravar las exportaciones para hacer más competitivo el mercado interior. No es una operación fácil porque la concentración de las exportaciones en unos pocos productos, principalmente para alimentación animal, no permitirá aumentar la oferta de alimentos sólo gravándolos.
No estamos en Vietnam, donde la mayor producción es de arroz, un producto de alto consumo nacional y también el mayor producto de exportación. Cuando se produjo la crisis alimentaria de 2008/2009, el gobierno vietnamita frenó las exportaciones para garantizar el suministro en el mercado nacional. Contener las exportaciones de soja en Brasil no mejoraría el abastecimiento interno de alimentos básicos, a menos que aumentara mucho el consumo de tofu, pero al menos los precios del aceite de soja no serían tan faraónicos.
El consumo de carne podría ampliarse en Brasil, limitando en parte las exportaciones. Esto está ocurriendo ahora debido a la retención de las exportaciones de carne de vacuno a China por problemas sanitarios. El precio de la carne de vacuno ha bajado mucho y los mataderos están lejos de estar en crisis. No hay muchas otras alternativas de productos imponibles que no sean eventualmente el arroz y el maíz.
La conversión masiva de la producción del agronegocio al mercado interno exigirá políticas más amplias de precios mínimos garantizados por el Estado y sus resultados no serán inmediatos. Y, ciertamente, la rebelión del agronegocio será brutal.
Sin embargo, es bueno observar las políticas de abastecimiento del mercado interno adoptadas por los países de la Unión Europea y de América del Norte. En todos ellos la primacía del mercado interior es la regla de oro y las exportaciones son complementarias.
Este conjunto de problemas planteados por el papel asumido por el agronegocio en Brasil, al reconducir a nuestro país al ciclo de los monocultivos de exportación y dolarizar nuestra producción de alimentos, hace que los precios del mercado interno se alineen con los de las bolsas de materias primas. El modelo productivo adoptado, con un alto nivel de impactos negativos sobre el medio ambiente, la salud pública y la distribución de la renta, implica un gran conflicto a corregir.
Esta es la mayor trampa que amenaza al nuevo gobierno y no parece ser consciente del conflicto que enfrenta, no sólo por las razones objetivas señaladas anteriormente, sino también por las raíces ideológicas y políticas ya consolidadas, con el agronegocio implicado tanto en el apoyo político a Bolsonaro como en el apoyo a los intentos de desestabilización de la democracia en Brasil.
* Jean Marc von der Weid, expresidente de la Unión Nacional de Estudiantes-UNE (1969-71) y fundador de la organización no gubernamental Agricultura Familiar y Agroecología (ASTA).
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Nota
- Población de las comunidades rurales más pobres. Originarios del quilombo, un territorio construido por esclavos que huían de la explotación y la opresión, un lugar diseñado por negros fugitivos, sus hijos y otros libertos. Los quilombos se configuraron como espacios de autogobierno y, durante cientos de años, fueron las principales experiencias de negación radical del orden colonial.
Revista IHU, 1-4-2023
Traducción de Correspondencia de Prensa, 4-4-2023
Tomado de: Correspondencia de Prensa
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