El camino hacia la paz total en Colombia no es nada fácil. A ella se oponen los enemigos políticos de Gustavo Petro, los partidos de la derecha, el grueso de los oficiales del Ejército y la Policía, y los grandes poderes económicos.

 

Días antes de asumir el gobierno, el primer acto al que asistió Gustavo Petro como presidente electo de Colombia fue la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad, una institución resultante del proceso de paz con las antiguas FARC. El presidente de la Comisión, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, hizo un resumen de los horrores documentados por la Comisión —4.237 masacres, 8.208 ejecuciones extrajudiciales, 450.664 homicidios cometidos por organizaciones paramilitares, guerrilleras y la fuerza pública, etc.— y el inminente presidente de Colombia se comprometió a cumplir sus recomendaciones.

El informe ponía énfasis en la necesidad de superar el pasado mediante la reconciliación entre los colombianos. Petro asumió sin dificultad estas recomendaciones, muy acordes con su enfoque del “perdón social” debatido en la campaña electoral, adoptándolo como una guía para su Gobierno en sus planes de construcción de la paz. Meses antes, en un trino del 13 de abril de 2022, expuso así su posición al respecto: “Sin perdón no hay reconciliación. Si el país ha vivido décadas de violencia, la única manera de saldar las heridas es a partir de un inmenso perdón global. El perdón social es un proceso histórico que implica justicia reparativa y verdad”.

Las negociaciones de paz con el ELN, la organización guerrillera más antigua y de mayor arraigo avanzan más lentamente de lo esperado, con algunas marchas y contramarchas

El camino hacia la paz no es nada fácil. A ella se oponen sus enemigos políticos, los partidos de la derecha, el grueso de los oficiales del Ejército y la Policía, y los grandes poderes económicos, tanto de la economía formal —por ejemplo el sector de los combustibles fósiles— como quienes se benefician de la enorme fuente de ingresos que representa el narcotráfico. La paz total no se negociará bajo los mismos parámetros con las organizaciones guerrilleras que con los grupos narcoparamilitares, a los que se exige, además del cese de hostilidades, su sometimiento a la justicia ordinaria, sin lugar para una negociación política como la que se realiza con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las demás guerrillas, inspirada en el Acuerdo de Paz con las FARC y que supone implementar alguna forma de justicia transicional.

Las negociaciones de paz con el ELN

Las negociaciones de paz con el ELN, la organización guerrillera más antigua y de mayor arraigo —unos 3.500 combatientes repartidos por todo el territorio rural— avanzan más lentamente de lo esperado, con algunas marchas y contramarchas. Después del primer encuentro entre las dos delegaciones, se produjo una minicrisis entre el Gobierno y la mesa negociadora del ELN por desacuerdos de procedimiento, tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro del 31 de diciembre afirmando que se había alcanzado un acuerdo de “cese al fuego bilateral” con esta y otras fuerzas ilegales. El ELN respondió que no podía aceptar “como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno”.

Una primera ronda de conversaciones tuvo lugar en Caracas, entre el 17 y el 21 de enero, y sirvió para limar asperezas entre las partes después de este tropiezo inicial. La segunda ronda de negociaciones tuvo lugar en México entre el 13 de febrero y el 10 de marzo, y contó con la participación inicial de 16 miembros del Gobierno y ocho del ELN, a los que posteriormente se sumaron otros miembros del ejecutivo como el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y la vicepresidenta Francia Márquez.

Además de las delegaciones de ambas partes, asistieron a este segundo ciclo de conversaciones los representantes de seis países garantes —Brasil, Cuba, Chile, México, Noruega y Venezuela— y de otros cuatro que actúan como acompañantes —Alemania, España, Suecia y Suiza—. Este importante respaldo internacional fue otra consecuencia positiva del anterior ciclo de diálogos realizado en Caracas. Además, como señaló en su discurso de apertura el jefe negociador por parte del Gobierno, Otty Patiño, hubo un “refuerzo eclesial muy importante”, ya que también participaron como acompañantes permanentes de las negociaciones el arzobispo de Popayán y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Omar Sánchez Cubillos, y el arzobispo emérito de Cali, Darío Monsalve.

El dirigente del ELN fue especialmente crítico respecto de “la fracasada guerra contra las drogas”, a la que culpó de la degradación institucional de la sociedad colombiana

El delegado del Gobierno indicó que se había acordado “entrelazar dos grandes temas”. El primero, “quizás el más importante”, es la participación de la sociedad en las transformaciones para la paz: “Ello implica poner en el centro de la mesa, no a la mesa misma ni a sus componentes, sino a un actor que hoy no está visible aquí, pero que debe ser el protagonista y beneficiario de este proceso de paz, que son las comunidades colombianas que hoy padecen el abandono y el conflicto armado”.

Otro aspecto que quiso destacar el delegado gubernamental es la metodología que guía este proceso, según la cual “lo que se acuerda en la mesa se implementa en los territorios”, lo que obliga a “cierta modestia de la mesa, porque lo que se acuerda en la mesa siempre estará sujeto a ser mejorado por lo que diga la gente en los territorios”.

El otro tema destacado de la agenda negociadora es el “cese al fuego”, entendido ahora, por indicación expresa de Petro, no tanto “como una disminución de las confrontaciones armadas, sino fundamentalmente como una disminución de la hostilidad hacia la población civil”. Con vistas al desescalamiento del conflicto, el jefe negociador por el gobierno subrayó que el objetivo era tomar decisiones que generasen “alivios permanentes, no treguas temporales”.

El ELN llevó a la mesa de diálogo la propuesta de aligerar los rigores del sistema carcelario colombiano para todos los presos, además de solicitar un régimen especial para aquellos pertenecientes a la organización que tienen problemas de salud. El discurso de Pablo Beltrán reivindicó la historia de su organización, antes de aceptar que llegó la hora de negociar la paz. El dirigente del ELN fue especialmente crítico respecto de “la fracasada guerra contra las drogas”, a la que culpó de la degradación institucional de la sociedad colombiana. Lo dijo con un guiño favorable a la política del nuevo gobierno colombiano: “Por fortuna, están en curso iniciativas latinoamericanas, lideradas por México y Colombia, para buscar una política antidrogas alternativa que deje de estar basada en la represión y en la guerra”.

A pesar de este inicio esperanzador, el frente oriental del ELN secuestró en esos días a un sargento del Ejército, lo cual enturbió las negociaciones y en parte frustró las expectativas de un avance en la concreción de un alto al fuego. Petro se pronunció en un trino condenando el secuestro: “Estos son hechos que sabotean cualquier posibilidad de paz”. Con todo, para contextualizar esta acción violenta de la guerrilla, hay que recordar que a fines de enero murieron nueve guerrilleros elenos en un operativo de la Armada en Buenaventura. Las conversaciones se producen en un contexto de conflicto aún activo en los territorios. El sargento fue liberado en los primeros días de marzo.

A mediados de enero, una delegación conjunta del Gobierno y el ELN emprendió una caravana humanitaria que se desplazó durante cinco días por los ríos Bajo Calima y el Medio San Juan para recoger la demandas de las comunidades más afectadas por el conflicto

Previamente, a mediados de enero, una delegación conjunta del Gobierno y el ELN emprendió una caravana humanitaria que se desplazó durante cinco días por los ríos Bajo Calima y el Medio San Juan para recoger la demandas de las comunidades más afectadas por el conflicto.  Un objetivo inicial del encuentro en México fue exponer el diagnóstico de la caravana humanitaria realizada conjuntamente por el Bajo Calima y el Medio San Juan, y acordar los llamados “alivios humanitarios” más inmediatos para la población afectada por la violencia. Tanto los delegados del gobierno como el gestor de paz por el ELN que participaron en ese evento estuvieron presentes en la mesa de diálogo.

Según declaraciones de ambas partes, las negociaciones se realizaron en un clima distendido. Incluso se celebró una misa oficiada por el sacerdote Silverio Suárez, un alto cargo de la Policía colombiana que ejerce como observador de la mesa de diálogo junto a otros cuatro militares. Aceptada sin reparos por la guerrilla marxista fundada por el sacerdote español Manuel Pérez, la misa se celebró en homenaje a tres grupos de víctimas: los 22 cadetes de la policía asesinados por el ELN en enero de 2019 (una acción que canceló las conversaciones de paz que mantenía la guerrilla con el gobierno de Iván Duque), los nueve guerrilleros del ELN abatidos en enero de este año por la Armada en Buenaventura y los más de 300 firmantes del Acuerdo de Paz con las FARC que fueron asesinados desde entonces.

Estos gestos simbolizan la voluntad de las partes de reconciliarse y asumir sus responsabilidades con respecto al pasado. El ELN sabe que ahora tiene una oportunidad única, que se presenta por primera vez en sus 60 años de historia, de negociar la paz sin renegar de sus objetivos políticos de transformación social. Socavar las negociaciones con acciones violentas supone dinamitar también el capital político del gobierno para avanzar en la búsqueda de acuerdos. La dirigencia del ELN no ignora que cuantas más dificultades encuentre el gobierno para avanzar en este proceso, menos capacidad de maniobra tendrá para someter a los grupos paramilitares con los que también combate.

En su declaración de fin de año sobre el cese al fuego Petro incluyó, además del ELN, al Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia (disidencias), los paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC, también llamados Clan del Golfo) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. La precipitación del Gobierno al anunciar estos acuerdos, en la búsqueda legítima de un mayor respaldo social a las negociaciones, desdibujó las formas y produjo recelos y críticas. El presidente tuvo que precisar que no habría ninguna negociación política con los paramilitares y reiteró la exigencia de su sometimiento a la Justicia ordinaria.

En ese y otros movimientos un tanto precipitados se focalizaron las críticas de distintos sectores, poniendo la lupa en los supuestos errores del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Sin embargo, nadie puede acusar al ejecutivo de lentitud o inercia, ya que el enorme esfuerzo desplegado en tan solo siete meses parece suficiente prueba de su voluntad de actuar con rapidez. Si la discreción del Comisionado en el desarrollo de algunas negociaciones despertó el rechazo de las comunidades que se sintieron excluidas, otras iniciativas del gobierno se dirigieron a recoger la opinión de las víctimas de la violencia en los territorios.

En paralelo a las negociaciones con el ELN desarrolladas en México, Gustavo Petro reafirmó que “una parte fundamental de ese pacto por la paz, de ese pacto social, es la distribución de la tierra”

En paralelo a las negociaciones con el ELN desarrolladas en México, Gustavo Petro reafirmó que “una parte fundamental de ese pacto por la paz, de ese pacto social, es la distribución de la tierra”, aludiendo a la necesidad urgente de realizar la reforma agraria para dar cumplimento a este aspecto esencial de su programa político y del Acuerdo de Paz alcanzado con las FARC en 2016. Recordó que una de las principales asociaciones de terratenientes ofreció venderle al Estado colombiano cinco millones de hectáreas para distribuir entre los campesinos y ex combatientes, e instó a sus dirigentes a concretar pronto esa propuesta.

El segundo ciclo de conversaciones concluyó el 10 de marzo en ciudad de México, con la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez, y con la firma de un acuerdo entre las delegaciones del Gobierno y el ELN que establece una detallada agenda de seis puntos que regirá los diálogos. El próximo ciclo se realizará en Cuba, otro país garante de los acuerdos. Estos son los temas de debate acordados:

1. Participación de la sociedad en la construcción de la paz

2. Democracia para la Paz

3. Transformaciones para la Paz

4. Víctimas

5. Fin del conflicto armado

6. Plan general de ejecución de los acuerdos

El apartado 2.2. propone “Examinar, desde una perspectiva democrática, el modelo económico, el régimen político y las doctrinas que impiden la unidad y la reconciliación nacional.”

El debate sobre el modelo económico estuvo ausente de anteriores procesos de paz, pero ahora es factible por la singularidad ideológica del actual gobierno, orientado a beneficiar a las mayorías populares. Este enfoque se complementa con el apartado 3.2 que establece la discusión de “políticas públicas tendientes a superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción y la degradación ambiental, en búsqueda de la equidad.”

El punto cinco incluye, entre otros aspectos: “(5.2) la determinación de condiciones y garantías para la seguridad y el ejercicio de la política del ELN”, “(5.3) la erradicación de toda forma de paramilitarismo” y “(5.5) el cese del fuego y hostilidades de carácter bilateral”.

También se integra en la negociación la propuesta del presidente Petro de alcanzar un amplio acuerdo social que permita dejar atrás la violencia como forma de resolver los conflictos entre colombianos. La vicepresidenta Francia Márquez hizo alusión a ello en su discurso de clausura, y además declaró: “Hay un tema que no se ha discutido aquí, pero es necesario ponerlo sobre la mesa, y es el tema del narcotráfico. No podemos garantizar la paz sin resolver el narcotráfico y la fallida política de drogas.”

Las negociaciones con las disidencias de las FARC

Existen más de 20 grupos guerrilleros conocidos como disidencias de las FARC, con presencia en muchos departamentos de Colombia, algunos grupos aliados entre sí, y otros enemigos acérrimos en su lucha por el control del territorio y los negocios ilícitos. Las dos principales organizaciones disidentes comunicaron muy pronto al gobierno Petro sus intenciones de participar en nuevos diálogos para negociar la paz.

En los primeros días de febrero de 2023 se firmó un protocolo para el cese al fuego con el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP, una de las principales disidencias, que cuenta con 2.300 hombres en armas en la zona oriental del país y que controla, además, siete frentes en departamentos occidentales (Cauca, Valle del Cauca y Nariño). Esta es la mayor fracción de la guerrilla que rechazó firmar el Acuerdo de Paz de 2016, actualmente dirigida por Iván Mordisco, y tiene como aliados a otros grupos disidentes. El 9 de marzo pasado el presidente Gustavo Petro solicitó a la Fiscalía General la suspensión de las órdenes de captura de 19 dirigentes de esta organización. Fundamentó su petición en la necesidad de “facilitar los diálogos del proceso de paz que este gobierno adelanta”.

El debate sobre el modelo económico estuvo ausente de anteriores procesos de paz, pero ahora es factible por la singularidad ideológica del actual gobierno, orientado a beneficiar a las mayorías populares

Además de este grupo insurgente, el otro gran foco de disidencias de las FARC es la llamada Segunda Marquetalia, que opera en la región oriental fronteriza con Venezuela, y que a diferencia del anterior sí participó en la firma del Acuerdo de Paz de 2016 y luego renegó del mismo. La principal causa de su desvinculación fue el entrampamiento realizado durante el gobierno de Iván Duque contra su dirigente Jesús Santrich, principal negociador y firmante del acuerdo en La Habana, falsamente acusado de tráfico de cocaína. Según reveló la Comisión de la Verdad en un informe titulado precisamente “Caso Entrampamiento”, su captura fue el resultado de una maniobra orquestada por la DEA y la Fiscalía y puso en jaque el proceso de paz.

Alfonso Prada, ministro del Interior y vocero del presidente Petro, declaró en febrero que el gobierno estudiaba los mecanismos que permitieran “superar ese impasse jurídico”. Por su parte Rodrigo Londoño, alias Timochenko, el último jefe de las FARC-EP que negoció el Acuerdo de Paz con el gobierno de Juan Manuel Santos y actual representante en el Congreso del partido Comunes, también se declaró partidario de “dar tratamiento político a la Segunda Marquetalia y demás organizaciones armadas compuestas por exintegrantes de las extintas FARC-EP”, a pesar del enfrentamiento histórico que mantiene con estos grupos disidentes.

El 13 de marzo el fiscal general suspendió las órdenes de captura de los 19 integrantes del Estado Mayor de las disidencias de las FARC porque “el presidente Petro dio carácter político a los disidentes” a fin de “avanzar en los diálogos”. El gobierno anunció ese mismo día el comienzo de un segundo proceso de paz, simultáneo al que mantiene con el ELN, y la creación de una mesa de diálogo con los delegados de las disidencias. Petro aseguró entonces que con este paso “prácticamente la mitad de las personas hoy en armas entran en negociación con el gobierno”.

Queda por ver qué ocurrirá con la otra mitad, los individuos armados que integran las bandas paramilitares y que se nutren de la extorsión y el narcotráfico, quienes no tendrán opciones de negociación y deberán acogerse a la ley de sometimiento que se tramita en el Congreso.

 

Fuente: EL SALTO DIARIO

 

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Jimmy Alexander Moreno es vocero nacional del Congreso de los Pueblos, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular e integrante del Comité Nacional de Paro. Fue detenido en Popayán, el pasado 28 de septiembre de 2021.

La persecución política contra este líder social ha sido sistemática y persistente en todos los años en los que lleva desempeñándose como defensor de los Derechos Humanos y de la vida digna. Moreno ya había denunciado hostigamientos y escenarios de persecución por parte del Estado. Su familia también ha sido víctima de intimidaciones.

El Congreso de los Pueblos denunció que es víctima de persecución por parte de la Fiscalía General de la Nación. De hecho, varios integrantes han sido víctimas de persecuciones, judicializaciones y criminalizaciones llamadas «falsos positivos judiciales» o «montajes judiciales». Líderes y lideresas sociales como Teófilo Acuña, Adelso Gallo, Robert Daza, Erika Prieto, José Murillo son algunas de las personas que han sido víctimas de este tipo prácticas realizadas por la Fiscalía colombiana.

Varias personas del Congreso de los Pueblos, entre otras organizaciones, confirman que esta es una estrategia de represión por parte del Estado, a través de la cual busca desarticular el movimiento social con extensos procesos judiciales contra liderazgos quienes, por falta de pruebas, terminan por ser absueltos pero luego de pasar varios meses o años en la cárcel.

Desde el 30 de marzo del presente año, iniciará el proceso jurídico propiamente en el cual Jimmy Moreno demostrara la existencia del montaje judicial que adelanta la Fiscalía.

CI FC/25/03/2023/14:00

 

Fuente: Colombia Informa

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Los pueblos que se manifiestan explican que en los territorios, se ha desmejorado la calidad de vida de las comunidades, han vulnerado flagrantemente las dinámicas organizativas, continúan los asesinatos de líderes y lideresas sociales. También, se han presentado desapariciones de autoridades comunitarias, control militar sobre la población, desplazamiento forzado repetitivo, confinamiento en los territorios y el establecimiento de retenes por parte de estos grupos ilegales.

 

Las comunidades exigen la presencia del Comisionado de Paz, del Ministerio del Interior, de la Unidad de Protección de Personas (UNP), de la Unidad de Víctimas, de la Alcaldía de Buenaventura, de la Gobernación del Valle, de la Vicepresidencia de la República. También, solicitan el acompañamiento de las Naciones Unidas, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización de Estados Americanos (OEA), de las Organizaciones no Gubernamentales de Derechos Humanos, entre otras entidades, para abordar puntos claves para las personas que habitan la región.

 

CI FC/23/03/2023/

https://www.colombiainforma.info/comunidades-de-buenaventura-inician-protesta-por-crisis-humanitaria/

 

Fuente: Colombia Informa

 

 

 

 

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