Chile- Deportación colectiva a menores de edad haitianos: Carta Abierta en contra de las violaciones de Derechos Constitucionales y Humanos de los Niños y Niñas migrantes haitianos

Santiago, 16 de marzo 2023

Señor Luis Eduardo Thayer

Director del Servicio Nacional de Migraciones

Estimado señor:

Las organizaciones de la sociedad civil y personas que firmamos esta carta, venimos a representar nuestra profunda indignación con lo ocurrido el pasado 14 de marzo a un grupo de menores de edad -al menos 20 niños, niñas y adolescentes de origen haitiano- que cuentan con visas de reunificación familiar otorgadas por el estado chileno, pero a los que les fue impedido el ingreso al país por el puesto migratorio del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez, en razón del vencimiento del plazo perentorio de 90 días que se les exige para hacer ingreso, luego de expedida la visa. Y a los que los funcionarios de la PDI obligaron a devolver a su país de procedencia.

Resulta del todo claro que estamos en presencia de un vicio normativo, regulatorio, administrativo, que deriva en la denegación del derecho a la reunificación familiar. Porque se establece un plazo perentorio para poder hacer uso de una visa que se otorga en razón de una condición permanente de estas personas y que ha sido acreditada en el proceso de tramitación de la visa.

El imponer un plazo de 90 días para que las personas ingresen y puedan poner en aplicación y vigencia la visa de reunificación familiar es absolutamente innecesario. No toma en cuenta que las personas no puedan viajar oportunamente desde su país de origen hacia Chile por razones por completo ajenas a su voluntad. En este caso, porque no existen vuelos de líneas aéreas comerciales entre Haití y Chile, en la actualidad y desde hace un buen tiempo. Y estas personas tuvieron que contratar y pagar un vuelo “charter” que, en definitiva partió y llegó a Chile con escasos días “fuera de plazo”.

Se ha impedido y desconocido en la práctica el principio de reunificación familiar. Agravante de lo ocurrido es que se trata de niños, niñas y adolescentes respecto de los cuales, de acuerdo a Tratados Internacionales y a la propia legislación chilena, el estado debe otorgar especial protección.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) menciona el derecho de los niños, niñas y adolescentes a no ser separados de sus padres contra su voluntad. Además, este instrumento establece que las solicitudes de un niño o de sus padres para ingresar a un estado con fines de reunificación familiar serán atendidas por el estado de manera positiva, humana y expedita.

Estos estándares no se han cumplido en los casos de estos niños que fueron retenidos y luego expulsados del país por PDI, a pesar de tener un visado aprobado para entrar en vigencia una vez que ingresaran a Chile.

Es de conocimiento público que desde hace más de 2 años no existen vuelos comerciales que de forma frecuente y con fechas programadas permiten viajar entre Haití y Chile. Muchas agencias han tomado la iniciativa de hacer vuelos “chárter”, es decir, vuelos que solo despegan una vez que se venden suficientes pasajes. Esto obliga a las personas que desean salir del país a esperar hasta que el vuelo esté lleno, para confirmarlo y en consecuencia no cuentan con una fecha cierta de despegue. Realizar un viaje puede tomar meses de espera. Además, la situación política de Haití es desde hace varios años inestable con altos índices de inseguridad ciudadana haciendo que los habitantes no puedan circular libremente.

El criterio de actuación de los funcionarios de la PDI no tuvo en cuenta que se trataba de menores de edad que viajaban solos y que no cuentan con el apoyo adecuado ni con recursos ni conocimientos apropiados para hacer valer el ejercicio cabal de sus derechos. Lo que los expone a violaciones y denegación de sus derechos como consecuencia de la separación de sus familias. Para agravar aún más la situación, los padres de los menores no fueron informados de lo ocurrido. Muchos de ellos manifestaron que al preguntar por qué sus hijos no ingresaban, no tuvieron respuestas que les explicaran la situación, por lo que no llamaron a un abogado a tiempo.

En razón de todo lo expuesto, le solicitamos concretamente que, de forma general, se elimine de las visas de reunificación familiar el plazo de 90 días para ingresar a Chile. Y en este caso en particular, el estado chileno resarza a estos niños, niñas y adolescentes de lo ocurrido, poniendo a su disposición y bajo costo del Estado chileno, un vuelo que les permita a la brevedad posible ingresar a Chile y reunirse con sus padres y familiares.

Es hora de que las autoridades migratorias de este gobierno demuestren voluntad política para hacer respetar los estándares de derecho internacional de los Derechos Humanos en materia migratoria. Y no se siga con regulaciones que obligan a las personas a buscar formas de ingreso irregular en que se exponen sus vidas y se someten a la explotación de redes de tráfico de personas y al maltrato de funcionarios, que confunden a personas víctimas de una situación con criminales que se aprovechan de ellos.

El estado chileno ha optado por tener prácticas de disuasión de la inmigración, incluyendo la militarización de las fronteras. Desoyendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ya se pronunció al respecto de esto hace más de un año. En el legislativo existen más de treinta proyectos de ley cada vez más restrictivos para los migrantes, los que terminarían fomentando de forma sistemática una mayor migración irregular.

Esperamos que en este gobierno y bajo su dirección, el Servicio Nacional de Migraciones se atreva a revertir esta deplorable tendencia. Es lo que corresponde a lo que en su momento se ofreció como orientación programática de su administración ante la ciudadanía.

Todo este escenario sin tener en cuenta las afectaciones contra las personas afrodescendientes. Nuestros pedidos y acciones constantes como personas afrodescendientes no son escuchados por los diversos actores políticos del Estado, organizaciones de Derechos Humanos ni por el sistema de Naciones Unidas que hasta la fecha no implementa acciones concretas con perspectiva étnico racial, ni con enfoque interseccional. La plataforma R4V sigue estando pensada únicamente para personas venezolanas y dentro de este grupo tampoco se tienen en cuenta otras identidades, ni grupos como los afrodescendientes, demostrando que a pesar de los instrumentos que reconocen como opera el racismo sistémico y de las recomendaciones de los mecanismos no se visibiliza a la población afrodescendiente en líneas de acción concretas ni en las respuestas institucionales hacia temas migratorios.

Mecanismos como el CERD, y el CMW instan al Estado chileno a respetar los estándares de derechos humanos, a combatir los discursos de odio, y transversalizar una perspectiva interseccional en todas las instituciones públicas. Por ello, consideramos de vital importancia que las acciones que implemente su Servicio tomen en cuenta a las personas afrodescendientes, que en el diseño, desarrollo y análisis de estas se además se incluya a personas afrodescendientes en su diversidad y que sean escuchados/as.

Confiamos en el trabajo de su oficina para ayudarnos a construir una sociedad libre de discriminación racial y esperamos que se tomen medidas concretas con respecto a los casos de los menores a quienes se les ha vulnerado los Derechos Humanos como personas migrantes, pero también como NNAJ según convenios adscritos en la convención de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Firmas de Organizaciones que solidarizan: