La necropolítica, según el historiador y filósofo camerunés Achille Mbembe, es una forma de ejercer el poder político en la que la muerte se convierte en un medio para controlar y subyugar a la población. En lugar de fomentar la vida, se decide quién puede vivir y quién debe morir, y se utiliza la muerte como una herramienta política. La muerte, a su vez, no se limita únicamente a la dimensión física, sino que también puede manifestarse de formas más sutiles a través de la exclusión social y la negación de derechos. Los gobiernos aplican esta forma de violencia, ya que sus políticas y prácticas pueden llevar a la marginación y privación de la dignidad de las personas.
En la actualidad, esta política se puede ver en la gestión de las migraciones, donde las políticas restrictivas y punitivas aumentan la vulnerabilidad y la inseguridad de la población migrante, produciendo muertes evitables y reforzando la diferencia en el derecho a la vida. Desde una perspectiva socialista, se explica que estas políticas son inherentes al desarrollo capitalista y han sido una constante a lo largo de la historia.
En los últimos años, hemos sido testigos de un aumento en el flujo migratorio a nivel mundial. Las guerras, la explotación de la tierra, el narcotráfico, la trata de personas, los monocultivos industriales y la pobreza generada por el capitalismo desenfrenado, han creado situaciones de desplazamiento forzado para miles de familias que luchan por sobrevivir. En ese contexto, en todo el mundo, la política migratoria se ha vuelto más estricta para frenar los flujos de migrantes, generando graves consecuencias para la vida humana, lo que ha aumentado la inseguridad y la vulnerabilidad de las personas migrantes forzadas.
En República Dominicana se ha desarrollado una fundamentación doctrinaria anti-haitiana en la que la existencia misma de Haití, de inmigrantes haitianos y de personas dominicanas de ascendencia haitiana representan un “peligro” para la soberanía
En el caso específico del Estado dominicano, se ha desarrollado una fundamentación doctrinaria anti-haitiana en la que la existencia misma de Haití, de inmigrantes haitianos y de personas dominicanas de ascendencia haitiana representan un “peligro” para la soberanía. Esto se debe a que el origen del Estado dominicano, por largas décadas del siglo XIX, estuvo hegemonizado por sectores pro-anexionistas que veían su futuro ligado a España, Francia o los EEUU, y no como nación independiente que desarrollara relaciones fraternas con Haití.
En el siglo XX y lo que va del siglo XXI, la República Dominicana ha estado bajo dominio semicolonial estadounidense y se han ido consolidando elementos de apartheid, como la diferenciación racial en el acceso a derechos fundamentales como el derecho mismo a la nacionalidad. En el metabolismo político dominicano, todos los partidos del sistema compiten por presentarse cada uno como el más anti-haitiano, utilizando un populismo pseudonacionalista.
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CRISIS HUMANITARIA
El chasquido del látigo recibe a miles de haitianos en la frontera estadounidense
La fantasía política de contención migratoria ha demostrado la extrema precariedad del Estado de Derecho y ha fortalecido el rechazo a los extranjeros haitianos empobrecidos. Los discursos políticos y mediáticos han fomentado la barrera de la otredad y han creado una ficción política de “nosotros aquí y ellos allá”. En este contexto, los derechos humanos se ven amenazados y los enclaves fronterizos se convierten en espacios perpetuos de estado de excepción. Además, se niega la nacionalidad a personas dominicanas por su ascendencia haitiana, generando la mayor comunidad en situación de apatridia en la región.
Los conceptos de biopolítica y necropolítica permiten entender formas racistas de subyugación y gestión de las poblaciones en la actualidad. El imperativo económico del capitalismo ha llevado a la cosificación de la vida humana y a la reducción del ser humano a una mercancía fácilmente reemplazable. Esto ha resultado en una concepción de las personas forzadas a emigrar como consumidores fallidos, es decir, como vidas no rentables que sobran, según los criterios del mercado globalizado.
Las políticas fronterizas restrictivas han modificado las rutas migratorias y la negación de los mecanismos de regularización para migrantes que tienen años residiendo en el país, los ha dejado en una posición de vulnerabilidad ante las redes delictivas. Resulta revelador que, mientras el gobierno dominicano aumenta su estrategia de expulsión masiva de migrantes, no ha realizado esfuerzos significativos para aprobar una ley que castigue con dureza a los grupos delictivos que trafican con personas, y al mismo tiempo, niega la existencia de la explotación laboral y el trabajo forzado de la mano de obra haitiana.
La necropolítica gubernamental contra las personas haitianas y dominicanas de origen haitiano en República Dominicana es un conjunto de formas de violencia y discriminación que buscan excluir y marginar a estas comunidades
Al mismo tiempo, se observa una continua retroalimentación entre el gobierno y los grupos ultranacionalistas que perpetúa un ciclo de discriminación y exclusión. La política del gobierno, tanto sus acciones como omisiones, alimentan una actitud de odio, mientras que los discursos de los grupos ultranacionalistas ejercen una presión sobre el gobierno para que adopte políticas aún más discriminatorias. Este ciclo vicioso conduce a la perpetuación de la violación de los derechos humanos y la exclusión social.
La necropolítica gubernamental contra las personas haitianas y dominicanas de origen haitiano en República Dominicana es un conjunto de formas de violencia y discriminación que buscan excluir y marginar a estas comunidades, negarles sus derechos y recursos básicos, y en algunos casos llevarlas a la muerte a través de la negligencia. La necropolítica implica, por una parte, “ver, oir y callar”, es decir, ignorar y desentenderse de la situación de estas personas, permitiendo que sigan siendo víctimas de violencia y discriminación. Esta política tiene un efecto letal, ya que les impide acceder a los servicios básicos y recursos necesarios para sobrevivir y desarrollarse de manera digna, por ejemplo negando servicios de suministro eléctrico y de agua a comunidades enteras. Por otra parte, implica la deportación masiva, separación de infantes de sus familias, detención arbitraria de mujeres embarazadas, allanamientos sin orden judicial y extorsión a inmigrantes haitianos por parte de agentes policiales, tortura e incluso asesinato de trabajadores inmigrantes haitianos.
Es imperativo que se adopten políticas migratorias justas y respetuosas de los derechos humanos, en las que la protección de la vida humana sea la brújula moral. La cosificación de las personas migrantes debe detenerse y se debe reconocer la dignidad de todas las vidas humanas, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio.
Fuente: El Salto Diario
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‘La guerra está invadiendo’: los grupos de ayuda pueden tener que reducir los servicios en Haití a medida que crece la violencia
Operaciones de Médicos Sin Fronteras amenazadas por incidentes armados y tiroteos en sus hospitales, pero el cierre sería una ‘catástrofe’ para los haitianos
MI esperando ver a otro paciente quemado o traumatizado, el guardia de seguridad del hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Tabarre, Port-au-Prince, miró por la ventana del automóvil en la puerta principal. Dentro había dos hombres, con la cabeza cubierta por capuchas, apuntándolo con rifles automáticos.
Cuando se negó a dejarlos entrar, uno de los pistoleros escaló el muro del recinto.
“No tenemos idea de quiénes eran”, dice Alexandre Marcou, otro miembro del equipo de MSF en la capital de Haití, sobre el incidente, que ocurrió el 23 de febrero. “Puede ser muy turbio, no sabes quién es parte de un grupo armado y quién es parte de la policía”.
Un día antes, en el centro de emergencias de MSF en Turgeau, al sur de la capital, estaba más claro quién estaba amenazando las operaciones de la organización benéfica de salud. Policías armados bloquearon las entradas y salidas del hospital y registraron todas sus instalaciones y ambulancias.
Es posible que las fuerzas de seguridad estuvieran buscando a cuatro pandilleros que, según se rumoreaba, estaban recibiendo tratamiento por quemaduras.
MSF pudo continuar su trabajo en Turgeau pero, dada la creciente frecuencia de incidentes violentos, le preocupa que tenga que reducir las operaciones en Haití.
“Cuando realmente no podemos garantizar que nuestro equipo trabajará en un entorno seguro, eso es una línea roja”, dice Marcou.
Los dos incidentes son los últimos de una serie de violaciones a los derechos humanos que han dejado a las ONG en Haití temiendo tener que abandonar la nación insular ya su asediado pueblo a medida que se hunde cada vez más en la violencia .
Haití ha estado sumido en un caos económico, social y político cada vez mayor desde que su presidente, Jovenel Moïse, fue asesinado en julio de 2021.
Superado en armas y no electo, el gobierno está perdiendo terreno frente a las pandillas, que ahora tienen el control de dos tercios de la capital .
Los observadores de derechos humanos han documentado un aumento en los abusos más atroces, como la violencia sexual, mientras que la mitad de la población no tiene suficiente comida y el cólera ha regresado, matando al menos a 594 personas desde octubre de 2022. A medida que las pandillas se vuelven más poderosas , están aterrorizando a los trabajadores humanitarios, que son la última línea que responde a las crisis.
El 26 de enero, hombres armados entraron en un hospital apoyado por MSF en la capital, sacaron a rastras a un paciente de la sala de emergencias y le dispararon en la cabeza frente a las puertas delanteras.
Mahaman Bachard Iro, coordinador de MSF en Haití, dice: “Cada vez es más difícil trabajar en estas condiciones”.
La organización se ha convertido en la última opción de tratamiento para muchos haitianos y es el único grupo no gubernamental que administra o brinda apoyo directo a hospitales en Port-au-Prince. El sistema de salud pública está en colapso casi total. En el extenso barrio marginal de Cité Soleil, hogar de 300.000 de las poblaciones más vulnerables del país, así como de sus pandillas más notorias, MSF administra uno de los dos únicos hospitales; el otro es privado. Sin embargo, tuvieron que cerrar el departamento de pacientes ambulatorios cuando los tiroteos se volvieron tan regulares que las balas perdidas seguían volando a través de sus clínicas.
“La primera línea de la guerra está invadiendo y no queremos que el hospital se convierta en el campo de batalla de los grupos armados”, dice Marcou.
La violencia está haciendo que las operaciones sean casi imposibles para los grupos de la sociedad civil, dice Fiammetta Cappellini, representante en el país de la Fundación Avsi, una ONG italiana.
“A medida que todo va de mal en peor, estos eventos ocurren con más frecuencia y cruzan una línea que para todos los humanitarios es infranqueable”, dice.
Con una reputación como ONG de primera línea, la decisión de MSF de suspender algunos de sus servicios es un presagio que otros grupos pueden seguir. Aunque no está considerando retirarse de Haití por completo, dice, ya que por ahora está atrapado en el fuego cruzado de la guerra de pandillas y no es un objetivo directo.
Cappellini dice: “Todavía podemos continuar con todas nuestras actividades con protocolos de seguridad altamente restringidos. Si podemos, seguiremos adelante, pero está claro que si nos pasa algo así, tendremos que tomar la misma decisión [que MSF]”.
Pocos son lo suficientemente valientes como para predecir el futuro de Haití a medida que las condiciones se deterioran aún más. Pero Cappellini dice que las consecuencias de que MSF siga limitando o retirando sus servicios serían “una catástrofe”.
Fuente: The Guardian
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