“No es sólo sequía, es saqueo”: esta frase se pudo observar en un cartel colocado en las letras de Atlántida, balneario de Canelones, este martes. Allí, vecinas, vecinos y representantes de organizaciones socioambientales de la Costa de Oro se reunieron en una asamblea “en el marco de un prolongado período con escasez de precipitaciones por tercer año consecutivo, donde las dinámicas hídricas de nuestro territorio se ven seriamente afectadas”, según se plasmó en un informe leído durante la instancia y al que accedió la diaria. Señalaron, además, que están sufriendo diversas consecuencias en carne propia a causa del fenómeno, como las “restricciones en el consumo de agua”, “anuncio de posibles cortes”, “pronóstico de pocos días o semanas de suministro de agua potable para el área metropolitana y otras localidades del territorio”, sumado a que “muchos barrios y balnearios padecen un irregular servicio en cantidad y calidad de agua”.

Uno de los puntos en los que se hizo hincapié fue en la emergencia agropecuaria, declarada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP): “Si bien la sequía afecta a toda la producción, las y los productores familiares con pequeñas y medianas extensiones son quienes están viviendo una situación dramática, con pérdidas significativas de animales y cultivos. El no disponer de grandes capitales de reserva hace difícil sostener la actividad en tiempos de tanta adversidad climática”. En el documento expresan que esto les preocupa especialmente, porque son “las y los guardianes de la escasa soberanía alimentaria que nos queda”. A su vez, sostienen que es importante que los consumidores apoyen y acompañen las reivindicaciones de este sector.

Sin embargo, también plantearon algunos cuestionamientos. “¿Acaso nuestro país no se caracteriza o caracterizaba por presentar una vasta red hidrográfica con numerosos ríos, arroyos, cañadas, lagunas e importantes reservas de agua subterránea? ¿Será que el modelo productivo que se impulsa desde la década de los 90, que se profundiza y extiende, está generando graves impactos en las dinámicas de los ecosistemas, afectando directamente el funcionamiento de nuestras cuencas hidrográficas?”. A partir de este punto, afirman que investigaron y encontraron diversos estudios académicos que profundizan sobre la temática, entre ellos, “solicitudes de profesionales junto con vecinas y vecinos exigiendo más información sobre proyectos que implican un significativo costo ecológico” y “cartas con sugerencias basadas en investigaciones enviadas a las autoridades por proyectos que se están llevando adelante sin ningún estudio de impacto ambiental”.

Entienden que la “profundización y avance del modelo celulósico forestal, materializado en tres plantas de procesamiento de pulpa de celulosa”, junto con el gran volumen de agua que utilizan, podría tener su impacto en la sequía. Recuerdan que, según el último mapa de cobertura de uso del suelo del MGAP, en la actualidad 1.087.109 hectáreas del territorio son destinadas a este uso y que “estudios académicos advierten de una disminución de 50% de los caudales hídricos cuando nuestras cuencas son forestadas”. Al mismo tiempo, manifiestan que “otro rubro productivo de gran impacto hídrico” es la producción de soja. Detallan cómo el cultivo se ha ido expandiendo en nuestro país hasta alcanzar “más de 1 millón de hectáreas” y que “no tiene como destino alimentar a la población, sino ser exportada y alimentar animales en China”.

Por otra parte, declararon su preocupación por dos temáticas más. Una de ellas es la decisión del Ministerio de Ambiente de no informar las cantidades de agua y energía que utilizará el data center de Eleanor Applications SRL –empresa subsidiaria de Google–, que pretende instalarse en Canelones. La otra problemática es el proyecto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas –que surgió a partir de una iniciativa privada–, que tiene como objetivo la construcción de una ruta doble vía dentro del área protegida Humedales del Santa Lucía.

A modo de conclusión, expresaron que “las políticas llevadas adelante por las distintas administraciones han demostrado una fuerte carencia de estudios de impacto ambiental a mediano y largo plazo”. “Muchas veces se hace oídos sordos a sugerencias y exhortaciones de técnicos e investigadores formados en la Universidad de la República con profundos y comprobados conocimientos y de colectivos de vecinas y vecinos organizados con profundos conocimientos del territorio y sus dinámicas por ser habitantes directos. Se priorizan los intereses de transnacionales ante la salud y disponibilidad de agua potable de la población”, subrayan. Por esta razón, apuntan que el agua “es un bien preciado” y que la situación que está atravesando el país “no es sólo sequía, es saqueo”. “El derecho de acceso al agua es humano y constitucional, no nos pueden amenazar con cortes a vecinas y vecinos trabajadores, mientras se firman a espaldas del pueblo proyectos con un gasto de millones de litros de agua”, agregan.

Paula Amarú, integrante de la Comisión en Defensa de Laguna del Cisne y el Arroyo Solís Chico, una de las organizaciones que convocó la actividad, dijo a la diaria que tienen pautada otra asamblea para el 18 de marzo. Su idea es hacer que este tipo de instancias sean “permanentes” para “hacer un seguimiento” a la situación del territorio.