Comité por los Derechos del Pueblo de La Vega denuncia que el Estado violó los derechos a la libertad, a la justicia, a la salud y a la vida de José Félix Maíz

¡EN LA VEGA NOS SIGUEN FALTANDO 5!

Con profunda tristeza, rabia e indignación comunicamos que JOSÉ FELIX MAIZ, uno de los 5 jóvenes de La Vega injustamente detenido durante más de un año y medio y aun sin sentencia, sufrió anoche un
paro respiratorio y murió el día de hoy, 31.01.23.

Este Comité tiene muy claro que la muerte de JOSÉ FÉLIX es consecuencia de factores estructurales que
reproducen la desigualdad en nuestra sociedad; es consecuencia del clasismo y el racismo que denunció
el Comandante Chávez como patrones de actuación del sistema de justicia penal. Esos factores
estructurales se encarnan en funcionarixs concretos, que tomaron decisiones, que protagonizan la
reproducción de una justicia selectiva y discriminadora, que libera al fuerte y se ensaña con el débil.

Cada unx de esxs funcionarixs, actuando en representación del Estado venezolano, es responsable de la
cadena de injusticias que hoy conducen a la muerte de JOSÉ FÉLIX y posibilitan que sigan en prisión
DARWIN RIVAS POLANCO, KEVIN REINOSA PARRA, HECGERSON CHAPARRO CASTILLO Y OSMAR JOSÉ
BENÍTEZ.

El deterioro físico de JOSÉ FÉLIX ameritó su hospitalización desde el pasado viernes 20 de enero en el
Hospital General “Dr. Domingo Luciani”, como consecuencia de las terribles condiciones de reclusión en
que se encontraba en el Centro de Detención Policial de San Agustín (Caracas), mientras seguía a la
espera de la última audiencia de juicio en su contra. Detallamos a continuación los hechos que
condujeron a su prisión arbitraria, deterioro de su salud y muerte y, exigimos a las autoridades
competentes modificar las políticas públicas y legislación que conducen a la criminalización de los
jóvenes del barrio, a salvaguardar las vidas de las demás personas que se encuentran privadas de
libertad en el Centro de Detención Policial de San Agustín y a otorgar la libertad inmediata de los otros 4
jóvenes de La Vega que siguen injustamente detenidos.

Hechos que dan lugar a esta injusta situación

1. El 12 de junio de 2021, en el contexto del operativo denominado “Gran Cacique Guaicaipuro”, JOSÉ
FÉLIX MAIZ fue detenido en el callejón San Nicolás del sector Los Mangos de la Parroquia La Vega
cuando se dirigía a comprar un kilo de arroz para sus hijos con un dólar que se había acabado de ganar
por ayudar a algunas familias de su comunidad a cargar agua.

2. Los funcionarios que lo detuvieron lo trasladaron al Centro de Coordinación Policial ubicado en La
Quebradita y allí le exigieron el pago de 5.000 dólares para liberarlo. Ante la negativa de JOSÉ FELIX de
cumplir tal exigencia, no sólo por la injusticia de la misma, sino además por la imposibilidad material
para realizarla, los funcionarios lo presentaron a los tribunales acusándolo de haber sido detenido en
compañía de DARWIN RIVAS POLANCO, quien fue sacado de su casa (allanada sin orden judicial), en
presencia de múltiples testigos, sin armas y sin estar cometiendo delito. A ambos, que ni siquiera se
conocían, los acusaron de apuntar con armas de fuego a una comisión policial, desde una zona boscosa.
Las armas sembradas por la policía eran una pistola 9 mm en malas condiciones, un rifle neumático (es
decir, de aire) y balas de fusil no compatibles con el rifle neumático.

3. Como consecuencia de los hechos punibles simulados por los funcionarios policiales, JOSÉ FELIX MAÍZ
y DARWIN RIVAS POLANCO fueron imputados por tráfico ilícito de armas y municiones y asociación para
delinquir. El 21 de noviembre de 2021 fueron condenados a 6 años de prisión por un delito menor a
esos (porte ilegal de armas), dada la imposibilidad de la Fiscalía de demostrar los graves delitos
inicialmente imputados. La injusta decisión fue revocada en el mes de mayo de 2022 por la Corte 6ta de
Apelaciones ante la falta de fundamento probatorio que demostrara el delito por el que fueron
condenados, en tanto las únicas pruebas en su contra fueron las versiones, por cierto, contradictorias,
suministradas por los funcionarios que actuaron durante el procedimiento que dio lugar a su injusta
detención.

4. El 15 de agosto de 2022 se dio apertura al nuevo juicio, pero este fue interrumpido por falta de
comparecencia de los funcionarios policiales citados para rendir testimonio sobre la experticia de las
armas sembradas a los muchachos. El 16 de noviembre el juicio se reinició nuevamente y las audiencias
se realizaron de manera ininterrumpida hasta el 26 de diciembre, fecha en la que fue necesario realizar
una incidencia en tanto el último funcionario que falta por rendir su versión de los hechos no pudo ser
contactado. La fecha para evacuar el único medio de prueba que resta antes de dictar sentencia se fijó
para el pasado 11 de enero de 2023, fecha en la que tampoco pudo llevarse a cabo como consecuencia
de la incapacidad física que se derivó de un desafortunado accidente que sufrió la jueza titular del caso.
5. La siguiente fecha para realizar la audiencia se fijó para el pasado jueves 26 de enero de 2023. La
audiencia no se llevó a cabo, según se nos informó, por la solicitud de declaración de contumacia por
razones de salud de JOSÉ FÉLIX que introdujo la defensa pública el día martes 23 de enero del presente
año.

6. Son evidentes la falta de fundamento probatorio y las múltiples contradicciones que existen en las
versiones rendidas por los funcionarios que actuaron durante el procedimiento. En ese sentido, no
existe ninguna justificación para que las dificultades para ubicar al último funcionario que resta para
rendir su versión (quien por cierto se limitó a conducir la patrulla en la que trasladaron a las personas
injustamente detenidas y que por tanto no tiene nada nuevo que aportar a lo que ya han señalado sus
demás compañeros) haya significado un grave retardo para dictar sentencia y poner en libertad plena a
dos jóvenes, que nunca debieron estar privados de libertad por los hechos que arbitrariamente les
imputaron.

7. En este más de año y medio de lucha nos hemos encontrado con funcionarios policiales, fiscales y
jueces, que reconocen en privado sentirse presionados en este caso, aun sabiendo de la inocencia de
nuestros muchachos. Dado que se trató de un operativo de gran relevancia pública (la respuesta del
Estado ante el avance de bandas delictivas), estos funcionarios temen aparecer como cómplices de las
bandas si liberan a algunos de los detenidos en esos procesos, aun sabiendo de su inocencia. De la
decisión de los grandes decisores y del miedo de los medianos y pequeños operadores está hecha la
injusticia que condujo a la muerte de JOSÉ FÉLIX y que mantiene en prisión a otros 4 jóvenes de La Vega.

8. Durante el retardo judicial injustificado la salud de JOSÉ FÉLIX sufrió un grave deterioro que no fue
atendido a tiempo a pesar de los evidentes signos que lo demostraban y que ameritó el traslado de
emergencia, por nuestros propios medios, y su hospitalización, desde el pasado 20 de enero de 2023
hasta el día de hoy, fecha en que ocurre su muerte. El diagnóstico de JOSÉ FÉLIX, según informe médico,
fue sepsis, pancitopenia, candidiasis faringoeosofagica, síndrome de desgaste orgánica y tuberculosis.
Patologías en su mayoría asociadas a las indignas condiciones de reclusión en que se encontraba.
Grave deterioro de las condiciones de salud de JOSÉ FÉLIX MAIZ como consecuencia de las indignas
condiciones de reclusión que caracterizan a los centros de detención policial

9. Desde el pasado 6 de noviembre, el Comité por los Derechos del Pueblo de La Vega denunció
públicamente el grave deterioro en la salud de JOSÉ FÉLIX MAÍZ como consecuencia de las indignas
condiciones de reclusión en que se encontraba en la celda 1 del Centro de Detención Policial de San
Agustín del Sur. Como se describió en ese momento, la hamaca de JOSÉ FÉLIX estaba ubicada debajo de
“la muerte”, es decir, de la bolsa negra que contiene los desechos fisiológicos de todas las personas de
su celda, lo que lo sometía a permanecer y dormir bajo un constante olor nauseabundo y estar sobre
expuesto a enfermedades. De manera reiterada él y este Comité solicitamos un cambio de celda, pero
se le negó bajo el argumento de que en la celda 2, en donde estaría en mejores condiciones, no había
suficiente espacio.

10. Para esa fecha JOSÉ FÉLIX ya venía presentando quebrantos de salud caracterizados por dolor en el
pecho y en la espalda al respirar, pérdida de peso, orina con sangre, dificultad para caminar y color
amarillento en su piel. En una oportunidad, incluso, tuvo que ser trasladado de su celda casi desmayado
y en condiciones de mucha debilidad.

11. Aun cuando se logró el cambio de celda tras la denuncia realizada, las nuevas condiciones de
reclusión eran similares en tanto se trata de un problema estructural que caracteriza a la mayoría de los
centros de detención policial. El uso actual de estos centros como sitios de reclusión permanente
excede con creces la función inicial para la que fueron diseñados, esto es, servir como lugar de
detención breve, provisional, hasta tanto las personas son puestas a la orden de los tribunales. Cabe
recordar que en el ordenamiento legal venezolano la libertad es la norma y la detención preventiva
debe ser la excepción. Esto ha sido modificado en la práctica con políticas policiales que favorecen la
detención preventiva y que aumentan indebidamente la población privada de libertad, tanto en centros
policiales como en prisiones.

12. Bajo esas indignas condiciones de reclusión, la salud de JOSÉ FÉLIX continuó deteriorándose hasta
que el pasado miércoles 18 de enero de 2023, tuvo que ser trasladado de urgencia a un CDI, en donde le
diagnosticaron varicela y se ordenó practicarle una prueba de tuberculosis. Para ese momento, el rostro
de JOSÉ FÉLIX presentaba una importante hinchazón, concentrada particularmente en los ojos y boca,
acompañada de erupciones en su piel, fuertes dolores en todo el cuerpo y mucha debilidad.

13. Ante el empeoramiento de los síntomas, el día viernes 20 de enero trasladamos a JOSÉ FÉLIX, por
nuestros propios medios, para recibir atención médica de emergencia. Después de haber acudido
infructuosamente a tres hospitales públicos (El Algodonal, el Pérez Carreño y el Hospital Clínico
Universitario), en donde nos negaron la hospitalización bajo el argumento de que no contaban con los
servicios que requería JOSÉ FÉLIX, finalmente fue ingresado en el “Dr. Domingo Luciani”, en donde
desde su llegada recibió un trato digno y atención expedita y permaneció hospitalizado hasta su
lamentable fallecimiento.

Qué exigimos:

Como hemos dicho, el fallecimiento de JOSÉ FÉLIX y la privación arbitraria de su libertad es consecuencia
de elementos estructurales del sistema de administración de justicia denunciados por el Comandante
Chávez (clasismo y racismo). Además, constituye un incumplimiento de las responsabilidades contraídas
por el Estado venezolano en materia de derechos humanos, respecto de la protección de los derechos
de las personas privadas de libertad. JOSÉ FÉLIX, fue detenido arbitrariamente y sembrado por la policía
(en el marco de un operativo policial que dejó grandes réditos políticos), fue extorsionado; fue acusado
sin pruebas por la Fiscalía; fue condenado sin pruebas por un juez al punto que dicha sentencia fue
revocada y ordenado un juicio nuevo; estuvo detenido en condiciones inhumanas en un centro de
reclusión que no tiene capacidad de garantizar vida, salud o dignidad a los detenidos mientras
transcurre el nuevo juicio con demora; fue ruleteado por varios hospitales antes de ser atendido. Todo
eso ocurre como expresión de las desigualdades e injusticias estructurales que surcan nuestra sociedad.

Frente a los hechos específicos que hemos descrito exigimos, además, a las autoridades competentes:

1. Que la Jueza 9na de Juicio dicte sentencia sin dilaciones injustificadas y declare la inocencia de
JOSE FELIX MAÍZ y DARWIN RIVAS POLANCO, durante la audiencia fijada para el próximo 7 de
febrero de 2023, dado que en el juicio se demostró que no existen pruebas en su contra.

2. Que se adopten las medidas necesarias para identificar y brindar atención médica oportuna a
otros privados de libertad del centro de detención policial de San Agustín que pueden estar en
similares condiciones de salud a las que presentaba JOSÉ FÉLIX MAIZ.

3. Que se inicie un proceso de investigación y reparación integral ante las violaciones múltiples a
los derechos humanos que han sufrido los 5 jóvenes de La Vega y sus familiares, lo que incluye
el otorgamiento de su libertad plena y el establecimiento de las responsabilidades a las que
hubiere lugar por parte de quienes tenían a su cargo la vida y la salud de José Félix y los otros
muchachos de La Vega.

4. Que cese la criminalización de la pobreza en nuestros barrios por parte del aparato de justicia
penal y que se retome la reforma policial detenida desde 2013.

5. Revisar el uso abusivo de la detención preventiva, que explica el grave hacinamiento y las
indignas condiciones de reclusión, especialmente en los centros de detención policial, en el
marco de una reforma profunda al sistema de administración de justicia para hacerlo garantista,
erradicar el clasismo y el racismo.

El próximo viernes 3 de febrero nos concentraremos en las inmediaciones del Palacio de Justicia a partir
de las 11 am para expresar nuestro dolor, nuestras denuncias y hacer valer nuestras exigencias.
Convocamos a todas las organizaciones del poder popular, a la militancia de izquierda de Caracas y a
todas las personas que se sientan indignadas con esta situación.

¡EN LA VEGA NOS SIGUEN FALTANDO 5!

Comunicado completo: https://surgentes.org.ve/wp-content/uploads/2023/01/Muere-uno-de-La-Vega-esperando-justicia.pdf

Fuente: Sugente.org

________________________________________________________________________________

Entre junio y julio de 2021 se realizó un importante operativo policial denominado Gran Cacique Guaicaipuro que involucró el despliegue de más de mil funcionarios con el objetivo de desmantelar las bandas delincuenciales que operaban en la parroquia La Vega, la Cota 905 y sectores aledaños.

Estos operativos ocurrieron con graves violaciones a los derechos humanos, particularmente de personas que no tenían ningún tipo de relación con los grupos criminales. Tal es el caso de cinco jóvenes que un año y medio después permanecen injustamente encarcelados. Sus familiares y amigos se han organizado en el Comité por los Derechos del Pueblo de La Vega para exigir su liberación.

La activista Martha Lía Grajales del colectivo Surgentes conversó con Tribuna Popular sobre este caso.

Inicialmente, el Comité documentó 23 graves violaciones de derechos humanos durante los operativos de 2021 en La Vega: 19 corresponden a detenciones arbitrarias y cuatro a ejecuciones extrajudiciales.

“En el transcurso de esta lucha, varias personas fueron liberadas; lamentablemente la mayoría de ellas bajo un procedimiento que se denomina admisión de hechos; es decir, reconocieron delitos que no cometieron presionados por la necesidad de recuperar su libertad”, relata Grajales.

Sin embargo, hay cinco jóvenes que “declinaron esta opción” y hoy sus familiares se mantiene en lucha para conquistar su libertad plena.

Quiénes son “Los cinco de La Vega”

Darwin Rivas Polanco, José Félix Maíz, Osmar José Benítez, Hécgerson Chaparro Castillo y Kevin Reinosa Parra. Son jóvenes con edades comprendidas en los 24 y 35 años. En su mayoría, son padres de familia que se dedicaban a oficios informales; uno de ellos es boxeador.Darwin Rivas Polanco

La policía entró de manera ilegal a su casa; solicitó su cédula y, ante su familia, se lo llevaron en una patrulla, argumentando que lo iban a radiar.

José Félix Maíz

Iba camino a comprar un kilo de arroz para sus cuatro hijos después de haber conseguido un dólar por colaborar con algunos vecinos en cargar agua. Funcionarios policiales le exigieron identificarse y bajo el mismo argumento fue puesto junto a Darwin en una patrulla. Ambos fueron presentados como miembros de «la banda del Koki».

Osmar José Benítez

Venía camino a casa luego de retirar su cédula de identidad. Pasó por una alcabala policial ubicada en la redoma de La India y los policías le exigieron identificarse. Él mostró su cédula y explicó que no tenía ningún tipo de antecedente penal. Los funcionarios lo retuvieron y vecinos se acercaron a exigir las razones de mantenerlo allí. Los funcionarios no dieron respondieron y lo llevaron a la sede policial de La Quebradita, donde fue reiteradamente golpeado. Cuatro días después fue presentado a tribunales como miembro de «la banda el Koki».

Hécgerson Chaparro Castillo

Se encontraba en su vivienda limpiando mientras esperaba a su esposa e hija que había nacido tres días antes. Funcionarios llegaron a su casa; pidieron cédula y exigieron que todos se pusieran boca abajo. Cuando supieron que Hécgerson tenía antecedentes penales por un delito menor lo golpearon y acusaron de ser miembro de la banda, mientras le exigían que diera información relacionada con otros integrantes.

Kevin Reinosa Parra

Fue detenido cuando se dirigía a la casa de la madre de Hécgerson. Los funcionarios, al constatar que se trataba de un joven de la misma familia, se lo llevaron.

“Todos fueron golpeados por la policía y luego acusados de terrorismo, asociación para delinquir y tráfico de armas y municiones. A todos estos muchachos le sembraron armas y explosivos a través de prácticas de simulación de hecho punible”, explica Grajales.

Inocentes presos
El Comité ubica la causa de estas detenciones arbitrarias en “la necesidad que tenía la policía de mostrar resultados frente a una problemática tan sentida como la inseguridad; en un momento en que las bandas que operan en esos territorios estaban generando muchísimos estragos”.

“A la policía le exigen combatir a estas bandas y lo que hizo, ante las deficiencias en sus capacidades de investigación penal y sus debilidades institucionales que tienen, fue detener un gran numero de personas inocentes para demostrar que se estaba atacando el problema”, explica la activista.

Grajales afirma que el Comité reconoce como legítimo el deber del Estado de atender el problema de las bandas delincuenciales, “pero debe hacerse con pleno respeto a los derechos humanos de toda la población”.

“Estos operativos han estado dirigidos en contra de personas inocentes o incluso de los eslabones más bajos de la cadena delincuencial; lo que no solo constituye una gran injusticia que reproduce la pobreza y la desigualdad, sino que deja prácticamente intacto el problema que se supone tratan de solucionar”, agrega.

Estatus actual de los casos
Darwin Rivas Polanco y José Félix Maíz enfrentan un mismo proceso judicial. En noviembre de 2021 tuvieron una sentencia condenatoria por porte ilegal de armas. A ellos no se les pudo demostrar los graves delitos por los que se inició el proceso judicial en su contra y como consecuencia, el juzgado los condenó por un delito menor a seis años de prisión.

La condena tenía como único sustento probatorio las versiones de los funcionarios policiales y fue apelada en abril de 2022. EL Comité ganó la apelación; como consecuencia la sentencia fue anulada y se ordenó repetir el juicio.

“Nuestros muchachos en este momento ya atravesaron todo el juicio, estamos a la espera de la última audiencia este 11 de enero, cuando esperamos que la jueza dicte libertad plena”, informa Grajales.

Por su parte, Osmar José Benítez, Hécgerson Chaparro Castillo y Kevin Reinosa Parra enfrentan un grave retardo procesal penal. Osmar tuvo audiencia preliminar en septiembre de 2021; Hécgerson y Kevin en diciembre de ese año. Desde esa fecha no ha sido posible iniciar el juicio.

“La apertura de juicio ha sido diferida en seis ocasiones por causas no atribuibles a los muchachos; principalmente porque están señalados junto a otras 28 personas por el caso de las bandas de la Cota 905 y el traslado de tantos es muy difícil porque todos están recluidos en diferentes lugares”, explica la integrante de Surgentes.

Una cadena de violaciones de DDHH
Grajales describe los operativos como el punto de partida de una cadena de violaciones de los derechos humanos tanto de los muchachos como de sus familias: “se caracterizaron por allanamientos ilegales; robos en las viviendas, malos tratos y golpes”.

Los familiares duraron un año sin tener acceso al expediente. Además, “los muchachos no contaron con derecho a la defensa real en tanto los abogados de la Defensa Pública no promovieron pruebas ni ejercieron un verdadero derecho a la defensa”.

Esto trajo como consecuencia que hoy en día “no cuenten dentro del proceso con pruebas que claves y que sus familiares pidieron que fueran promovidas pero que, de manera negligente, estos defensores públicos no realizaron”.

El Comité ha denunciado que los expedientes no tiene ningún tipo de fundamento probatorio: “Bajo otras circunstancias estos muchachos deberían estar gozando de su libertad. Es reiterada la jurisprudencia del TSJ que establece que la sola versión de los funcionarios policiales actuantes dentro de los procedimientos no constituyen plena prueba de ningún tipo de hecho sino apenas un indicio”, aclara la defensora.

Por si esto fuera poco, los jóvenes están recluidos en unas condiciones indignas de hacinamiento; en lugares con con poca ventilación y “deben pagar un dólar a los funcionarios cada vez que quieren tomar aire o sol. Los familiares también deben cancelar entre dos y cinco dolares cada vez que quieren visitarlos”.

“En este contexto, varios de ellos han presentado graves enfermedades respiratorias y en la piel, pero ha sido muy difícil que reciban asistencia medica”, cuenta Grajales.

El Comité por los Derechos del Pueblo de La Vega exige celeridad procesal, juicio en libertad, respecto al debido proceso y libertad plena para los cinco; pero además solicitan al Estado venezolano “que cese la criminalización de la pobreza de la que son victimas los jóvenes en el barrio”.

“Es necesario un proceso de reforma en la policía y en el sistema de administración de justicia para erradicar su profundo carácter clasista y racista. Debemos volver a Chávez y apostar a la construcción de condiciones de vida dignas como la mejor forma de prevenir la violencia”, reflexiona Grajales.

Perú- Jorge Escalante*: Reconocimiento A Los Grupos Que Desactivan Bombas Y Dan Asistencia A Los Heridos/ Ver- (Foro-Debate) «La Rebelión Peruana»

31, enero, 2023

 

 

UN SALUDO COMBATIVO Y RECONOCIMIENTO A LOS GRUPOS DE DESACTIVA BOMBAS Y DE ASISTENCIA A LOS HERIDOS.

A medida que avanza este proceso de lucha contra la dictadura de la asesina de Boluarte y sus cómplices, se recrudece la represión y se vuelve más violenta.

Boluarte acorralada por la movilización y cada día más aislada, se niega irse de la casa de gobierno y avanzamos a una mayor confrontación.

Pero así como avanza este proceso, surgen grupos de jóvenes que se organizan cumpliendo una tarea muy importante.

DESACTIVA BOMBAS: Ellos valientemente en primera línea son los llamados “desactivadores”. Con máscaras antigás, gafas de seguridad y guantes gruesos, estos voluntarios sujetan los contenedores calientes y los arrojan dentro de enormes botellas de plástico llenas con una mezcla de agua, bicarbonato de sodio y vinagre

LEER LA PUBLICACIÓN COMPLETA HACER CLICK AQUI

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02TYjeqyY25UuLHc2UcmfMEW4e4hDSA812RSRSBHMPQtisMg6PvhTmwcG7nxRGSgGfl&id=553462429

 

*Jorge Escalante: Dirigente de Súmate- Nuevo Perú

Compartir en facebook

Tweet

Visitas: 1