Portugal – Paros magisteriales: Gobierno pide opinión a la PGR, sindicatos denuncian presiones

Los sindicatos aseguran que las huelgas que han convocado son legales y dicen que defenderán el derecho de huelga. Hay tres convocatorias distintas para el paro magisterial de este mes y las que defienden que el camino es la convergencia de los procesos de lucha.

Este jueves, el Gobierno anunció que solicitó una opinión jurídica a la Fiscalía General de la Nación y otra al Centro de Competencia Jurídica del Estado (JURISAPP) sobre la legalidad de los paros magisteriales que se desarrollan en todo el país.

Las movilizaciones espontáneas que sacuden al sector educativo no terminan en huelgas. Hay concentraciones, vigilias, marchas, manifestaciones y peticiones, entre otras formas de lucha. Pero simultáneamente con todo esto, también se están dando diferentes procesos de huelga.

El Sindicato de todos los Profesionales de la Educación, STOP, ha convocado un paro indefinido en el que los docentes de cada escuela eligen las fechas, duración y contornos de los paros. Por su parte, el Sindicato Independiente de Maestros y Educadores, SIPE, está en proceso de convocar a un paro parcial para el primer mandato de cada docente. Y otros ocho sindicatos, ASPL, FENPROF, PRÓ-ORDEM, SEPLEU, SINAPE, SINDEP, SIPE y SPLIU, iniciarán, a partir del próximo lunes, una huelga rotatoria por distritos que arranca en Lisboa y finaliza el 8 de febrero en Oporto.

Llamado a la convergencia de las fuerzas sindicales reunió más de 1500 firmas

También hay dos manifestaciones nacionales diferentes convocadas para Lisboa. Una marcha por la Escuela Pública promovida por STOP, que se realizará este sábado por la tarde, y una manifestación nacional organizada por el frente sindical de los ocho sindicatos de maestros el 11 de febrero.

Estos llamados inconexos hicieron que un grupo de docentes de todo el país y pertenecientes a diversas organizaciones sindicales lanzaran un llamado para que los sindicatos se entiendan y unan fuerzas en las dos manifestaciones y en los distintos procesos de lucha. El texto “Unidos somos imparables” había reunido en la tarde de este jueves, menos de 48 horas antes de su difusión en las redes sociales, más de 1.500 firmas de docentes y aún está disponible para ser firmado en línea .

Los sindicatos se niegan a limitar el derecho de huelga

Pero los sindicatos están de acuerdo en una cosa: las huelgas que se convocan son legales. En declaraciones a RTP, Francisco Gonçalves, dirigente de FENPROF, garantizó que la huelga convocada por los ocho sindicatos “cumple con todos los requisitos legales”, y agregó que espera que las solicitudes de opiniones no sean un intento de limitar el derecho de huelga porque si Se contará con “la fuerte oposición de FENPROF”. Este dirigente sindical también manifestó que desconocía los términos de la convocatoria realizada por los demás sindicatos y prefirió no comentar al respecto.

André Pestana, dirigente de STOP, aseguró que su sindicato “ya tiene varias opiniones que refuerzan la legalidad de esta huelga” y destaca que “la legalidad o ilegalidad de una huelga no se determina por opiniones”. En otras palabras, “tendrá que ser un tribunal el que determine la ilegalidad de esta huelga”. Sin embargo, agrega, “ningún tribunal puede callar lo que está pasando en todo el país”. A la agencia Lusa, dice que estas solicitudes tienen como objetivo “echar arena a los ojos”, dada la “gran adhesión, una adhesión creciente, una gran huelga y lucha, tanto de trabajadores docentes como no docentes en muchos cientos de escuelas. de norte a sur del país”.

También a Lusa, Júlia Azevedo, dirigente de la SIPE, denuncia que la medida del ejecutivo “es una forma de presionar a los docentes”. Esta presión se deriva de la dimensión “espontánea” y “muy fuerte” de las protestas “en todo el país”. Respecto a la legalidad del proceso, agrega: “Nos sorprende este pedido del Gobierno, porque nosotros enviamos nuestro aviso con cinco días de anticipación y nada nos dijo el Ministerio de Educación, así como tampoco tuvimos ningún contacto de el Ministerio de Trabajo. Nos sorprende que el Ministerio [de Educación] cuestione la legalidad de un aviso previo que según nuestro departamento legal está completamente dentro de la legalidad, porque cumple con todos los requisitos exigidos por la ley”.

Tomado de esquerda.net

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