2 enero 2023
Existe la costumbre, al menos en países de raíz cultural occidental-cristiana, entre creyentes y no creyentes, de pasar revista cada fin de año a cuanto de bueno o malo le haya acontecido a uno. Junto a ese balance de positivo y negativo se elaboran planes para afianzar o multiplicar lo primero y limitar o disminuir la intensidad de lo segundo.
Individuos, colectividades, gobiernos, participan por igual de esta costumbre; los primeros, por lo general, de forma privada, consigo mismos o con sus allegados. Para colectividades y, sobre todo, gobiernos, es casi una obligación que ese balance sea público, si se habla en términos de democracia.
No recuerdo que tal hábito haya existido en Cuba alguna vez entre las instituciones gubernamentales, pero cualquier momento es bueno para comenzar. ¿Por qué no hacerlo nacer ahora?
Al hábito del recuento y los planes para el nuevo año se uno otro, el de los votos; esto es: la expresión de buenos deseos para los demás en el año que comienza.
Vista la carga de eventos negativos, frustrantes y deprimentes que han signado el año que finaliza, y que nos dejan, como ciudadanos, sin esperanza de mejoría a corto o mediano plazos, me ha parecido útil hacer público un pequeño número de mis votos para el país.
Sé que no alcanzarían, de cumplirse, para sanar las heridas que nos laceran, pero al menos podrían contribuir a la creación de una atmósfera más sana, donde los cubanos, sin dejar de pensar diferente, podamos dar pasos hacia un diálogo ecuménico, hacia el reencuentro entre hermanos, tan añorado por muchos, si bien temido o repudiado en los extremos del espectro político nacional.
Suena idealista, a sueño irrealizable, pero…, ¿no son estas fechas propicias al sueño y el idealismo?
Un comentario previo a los votos
Según la propaganda, los problemas enfrentados por la población son el precio que pagamos por defender «nuestros principios». Por esa defensa sufrimos una guerra comercial y financiera cruel e inhumana, causa principal, casi sine qua non, del fracaso de los esfuerzos gubernamentales por la prosperidad del país.
En otras palabras: el pueblo defiende sus principios, el gobierno defiende al pueblo, y el enemigo extranjero impide que el accionar del gobierno por el bienestar de todos tenga éxito. Por la agresión extranjera, vivir en Cuba es cada vez más un suplicio, y su juventud (¿desconocedora de los principios defendidos por sus padres?) huye en busca de otros horizontes.
Es innegable que defender los principios en que se cree, y sufrir el martirio por ellos si fuera preciso, es una actitud encomiable, y ha dado lugar a muchas obras literarias. Pero ocurre que la vida no es la literatura, y a estas alturas el cubano de a pie no tiene claro de qué principios para la resistencia le hablan.
Por ello, mi voto para 2023, previo a cualquier otro, es: Que quienes dirigen el país enumeren, uno por uno, esos principios por los cuales soportamos tanto castigo.
No es mi intención ofender a las autoridades, pero lo cierto es que los tan mencionados principios por los cuales «resistimos la agresión imperialista» no están claros para el ciudadano simple que pierde día a día el bien más preciado que posee, su tiempo, en buscar alimentos para sí y su familia. Quien discrepe de mi afirmación está invitado a hacer una encuesta en cualquier cola en Diez de Octubre, municipio donde vivo, o en otro que libremente escoja.
Me detengo ahora en dos de esos principios por los cuales, supongo, nos dicen que debemos resistir: soberanía e igualdad. Analizarlos acaso sirva para responder a la pregunta que no pocos se hacen: «¿Vale la pena resistir?».
a) Soberanía
Soberanía significa que el Estado mantiene una política independiente en sus relaciones internacionales.
Por más que busco, nada me indica que seamos más soberanos que cualquier otro país pobre de América, incluso que la propia Cuba de, por ejemplo, la época de Ramón Grau San Martín o Carlos Prío Socarrás (vaya a la prensa de la época quien desee comparar).
¿Ha sido Cuba totalmente soberana alguna vez? Rara vez eso ocurre si no se tiene independencia económica. Nuestra dependencia económica, primero de la Unión Soviética y del came, después de Venezuela, Rusia y quién sabe quién más, me hace dudar de nuestra soberanía plena como Estado.
Si Cuba fuera realmente soberana, sus medios de difusión no se guardarían tanto de denunciar acciones negativas de ciertos gobiernos, o no estarían tan pendientes de la elección de este o aquel presidente en Estados Unidos. En otro plano, tampoco se mantendría silencio ante acciones repudiables de ciertos «amigos», por un supuesto compromiso ideológico (y también económico en algún grado, por lo general).
Esta no es una afirmación gratuita: Arabia Saudita, Turquía, Rusia o Irán, por ejemplo, han cometido atrocidades (bombardear Yemen o descuartizar a un periodista, el primer país; invadir Siria o Ucrania, los dos siguientes; asesinar mujeres, o condenarlas a muerte por no usar el velo, y ahorcar opositores, el último), pero nunca se ha producido la correspondiente declaración oficial de condena del gobierno cubano.
Tampoco hubo pronunciamiento de ninguna de las instituciones culturales, sociales, etc., cubanas, en relación con el caso Ayotzinapa (por el contrario, el señor Peña Nieto pronunció uno de los discursos de elogio póstumo en las exequias del ex presidente Fidel Castro). ¿Decisión soberana del Estado cubano, o compromiso económico?
Sin llegar a tanto, nunca un sincero amigo de Cuba y de su gobierno, el poeta Ernesto Cardenal, recibió la menor muestra de apoyo oficial, al menos de las instituciones culturales del país, mientras fue perseguido y atropellado por el gobierno nicaragüense, a pesar de su edad avanzada y frágil salud. Murió sin recibir la solidaridad de un país que se define como soberano, pero que no podía criticar a un presidente «amigo».
Lamento si ofendo a alguien, pero no veo cómo puede ser soberano en sus decisiones un país con tanto compromiso político o económico.
b) Igualdad/equidad
El discurso sobre la igualdad adolece de un mal de inicio: La igualdad total no existe, ni en nuestro país ni en ningún otro, ni puede existir sin convertirse en injusticia.
Haciendo abstracción de algo tan elemental, pensemos en la igualdad desde un punto de vista menos teórico. En Cuba hay igualdad según la Constitución, pues todos tenemos el mismo derecho a la salud, la educación y el deporte (y a la alimentación, la vivienda, etcétera), pero la práctica, esa tan testaruda y materialista condición, no parece demostrarlo. Y la práctica es el criterio de la verdad, según el marxismo (por si alguien lo olvidó: Oficialmente en Cuba se sigue la ideología marxista).
Pasemos por alto las carencias de todo tipo de nuestras instituciones sanitarias y educacionales, el deterioro de sus instalaciones, la ausencia de medicamentos y las deficiencias en la formación de educandos y profesores. Olvidemos además que instrucción y salud públicas existen en muchos países, no son privativas del nuestro.
En cambio, preguntémonos: ¿Es cierto que todos tenemos igual derecho a ellas? ¿Todos por igual podemos ser atendidos, por ejemplo, en el cimeq, o solo los pertenecientes a ciertos círculos de ciudadanos privilegiados? ¿Los familiares de los altos cargos gubernamentales, partidarios o de las llamadas organizaciones de masa tienen que hacer colas desde la madrugada para ver si alcanzan a comprar el medicamento que necesitan para su enfermedad crónica?
Las respuestas son obvias.
En cuanto a la educación, la consigna «La universidad es para los revolucionarios», ¿no establece una desigualdad por motivos ideológicos? ¿Y la expulsión de profesores por no seguir determinados criterios políticos o filosóficos? Respuesta obvia, nuevamente.
Sinceramente, considero que un principio de igualdad donde unos ciudadanos son «más iguales que otros» no amerita ni justifica el sacrificio de nadie.
Es evidente, pues, que soberanía e igualdad no son los principios por los cuales nos sacrificamos (o nos sacrifican); entonces, ¿cuáles son?
No tengo respuesta. Por tanto, deseo que en 2023 las autoridades respondan a esa pregunta y nos actualicen la lista de los principios en defensa de los cuales el pueblo de Cuba sufre.
Votos Considero que un principio de igualdad donde unos ciudadanos son «más iguales que otros» no amerita ni justifica el sacrificio de nadie. (Foto: Cibercuba)
Por último, mis votos para 2023
- Amnistía
Ante todo, deseo que el año comience con una amnistía general para los encausados por causas políticas sin excepción, en especial para los participantes en las recientes manifestaciones antigubernamentales.
A las familias rotas por una emigración desmesurada, en su mayoría constituida por jóvenes, se suma en los últimos años la cantidad no despreciable de las que se ven afectadas porque algunos de sus miembros (también en su mayoría jóvenes) se encuentran en prisión. Sabemos que hubo quien se aprovechó de las manifestaciones para cometer actos delictivos, pero incluso ellos forman parte de familias que sufren, y además tienen derecho a una oportunidad de recomenzar su vida. La prisión es castigo, pero no escuela de hábitos ciudadanos.
Por ello, el Estado debería decretar una amnistía política general, y reevaluar las condenas de quienes participaron en acciones violentas. Con esa medida no daría una muestra de debilidad, como parece temer, sino todo lo contrario: El castigo puede ser una muestra de fuerza, pero el perdón es siempre una prueba de superioridad moral.
- Abolición de la pena de muerte
Es inconcebible que un ministro de justicia afirme en público que fusilar opositores o delincuentes es «una necesidad» de su país, y vergonzoso resulta que ningún parlamentario o jurista discrepe de sus palabras. Pero ello ocurrió a mediados de año, en plena sesión de la Asamblea Nacional.
Si sinceramente el ministro cree en la necesidad de la muerte de ciudadanos para el bienestar del país (obsérvese que usó el término país; o sea, tanto el Estado como sus instituciones, los ciudadanos, etc., usted y yo incluidos), el gobierno debe llamar a referendo de inmediato, para conocer si ese es también el sentir mayoritario de la ciudadanía.
La pena de muerte es reprobable desde cualquier punto de vista político, jurídico, ético, hasta práctico, y desobedece uno de los diez mandamientos obligatorios para la religión declaradamente profesada por no pocos de los diputados presentes en la mencionada sesión de la Asamblea Nacional.
Incluirla en el Código Penal significa un retroceso jurídico para la república; hiere los sentimientos religiosos y humanistas de gran parte de la población, y significa colocar la legalidad del país bien atrás en el panorama jurídico internacional. Además, su énfasis en los delitos políticos es escandaloso.
Para completar, es una vergüenza la manera en que se aprobó por la Asamblea Nacional, demostrativa de que los diputados desconocen el articulado de la Constitución que juraron defender, y con apenas una única, muy tímida, voz discordante.
Recordemos que la Constitución de la república nacida el 20 de mayo de 1902 prohibía expresamente la pena de muerte por motivos políticos; la de 1940 la limitaba a delitos cometidos por militares y a espías en tiempo de guerra contra nación extranjera. En cambio, en un retroceso jurídico de marca mayor, en 2022 se ha aprobado su uso generalizado, en cualquier momento, y principalmente para delitos políticos.
Deseo para este año que el Consejo de Estado, en uso de sus facultades constitucionales, emita un mandato que modifique el Código Penal recién aprobado y elimine de él cualquier mención a la pena de muerte, por la causa que sea. Ello demostraría que el Estado cubano actual es, además de moderno, fuerte, se siente seguro de sí mismo, y no resulta, en temas jurídicos, menos progresista que la república nacida hace 120 años.
- Garantía jurídica para los artículos 52, 54 y 56 constitucionales
Uno de los elementos que conspiran contra el entendimiento nacional y colocan a Cuba lejos de la definición de Estado de derecho, es la injustificada demora en aprobar la norma que garantice el disfrute ciudadano de lo dispuesto en los artículos 52, 54 y 56:
Artículo 52. Las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley.
Artículo 54. El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión.
Artículo 56. Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley.
Estos son derechos constitucionales que se explican por sí mismos. Si el cubano es, como afirma la Constitución, un Estado de derecho, no hay necesidad de argumentar por qué debe existir una norma que garantice el eficaz cumplimiento de unos derechos tan comunes en cualquier país civilizado, incluso en los que no son un modelo de democracia y participación ciudadana.
Llegados aquí, vale hacer una llamada de atención contra la posible tentación, en los legisladores, de elaborar la norma no para protegerlos y asegurarlos, sino para acotarlos y limitarlos, para mediatizarlos, lo cual sería totalmente antidemocrático.
Esta advertencia no surge de la nada; hay razones para temer esa tergiversación. No olvidemos que, a pesar de lo establecido en la Constitución, hay ciudadanos cubanos a quienes se les niega la posibilidad de entrar en el país, sin que exista sentencia firme al respecto de tribunal competente previamente constituido. Al menos en un caso, hubo público reconocimiento de las autoridades, pero no rectificación, sino reafirmación oficial de la violación del derecho; en otros existe silencio ante las denuncias, pero los hechos están ahí.
No olvidemos, además, la presencia, en el Código Penal recientemente aprobado, del artículo 120.1, referido al «uso arbitrario de derechos constitucionales», cuya redacción se presta a todo tipo de interpretaciones contra el libre ejercicio de los derechos establecidos en la propia Constitución, y la presencia, además, del artículo 431.3. h), que estipula prisión de seis meses a un año, multa, o ambas penas, a quien promueva la abstención en los procesos electorales…
Esto último parece fantasía, pero es cierto: En el Código Penal actual se establecen penas contra algo que no es ilegal, ya que el voto no es obligatorio en Cuba. ¿Lo sabían los ilustres juristas que redactaron la ley? ¿Leyeron el Código Penal los diputados que lo aprobaron por unanimidad?
Realmente, asusta la posibilidad de que nos hayamos convertido en un Estado anómico.
Al publicar mis buenos deseos por el inmediato establecimiento de una norma para la protección de los artículos 52, 54 y 56, es necesario que los legisladores tengan bien claro que no se trataría de una norma para limitar derechos, sino para asegurarlos. Que no imponga restricciones, sino adecue esos derechos constitucionales a principios lógicos de convivencia ciudadana.
Por ejemplo, la norma debe indicar a partir de qué número de manifestantes esperados, y circulando por qué vías, los organizadores deben solicitar permiso a las autoridades; o la obligatoriedad, en caso de manifestaciones muy numerosas, de tomar medidas para evitar accidentes o acciones fuera de control; también debe recoger la obligación de la autoridades de colocar agentes del orden debidamente identificados en lugares donde posibiliten el normal desarrollo de la manifestación masiva, no para impedirla.
También la norma debe establecer la exención de solicitud de permiso previo a manifestaciones individuales o de pocas personas por lugares donde no afecten la circulación pública. Al igual que ocurre en otros países, cualquier individuo, o pequeño grupo de individuos, ha de tener reconocido su derecho a pararse en un lugar público con un cartel o un altavoz a expresar pacífica y respetuosamente su opinión sobre cualquier asunto de la política local o nacional, incluso internacional, que considere de su incumbencia. Y para ello no hay por qué solicitar ningún permiso.
Desde luego, las medidas expresadas en la norma han de ser exactamente las mismas para manifestaciones de protesta o queja por la actuación gubernamental y para manifestaciones de apoyo al gobierno. Otra vez más, la igualdad no puede ser solo para un tipo de ciudadanos.
Otros votos por el reencuentro entre cubanos
Los votos anteriores pueden ser cumplidos sin mayor dificultad y en un corto plazo, si el Estado cubano decide demostrar que la consigna «pensar como país» es algo más que eso, una consigna.
Deseo mucho más para Cuba en este comienzo de año. Por ejemplo, me gustaría que no se repita la decepcionante experiencia de las dos últimas sesiones de la Asamblea Nacional; que se elimine de la ley electoral la antidemocrática fórmula de elección de diputados, y se establezca la potestad de las asambleas barriales para elegirlos (única forma realmente democrática de hacerlo); que se devuelva a la palabra elección su verdadero significado de selección entre varias posibilidades, y se elimine el tergiversado, antidemocrático e irreal principio de «valen todos», impuesto en los años noventa; que los diputados, antes de jurar la Constitución, la estudien, y en su labor en la Asamblea Nacional actúen en consonancia con ella y su compromiso con el pueblo; que promuevan normas y no se limiten a aprobar lo que les propone el gobierno; que discutan, discrepen y mantengan su opinión frente a quien sea, pues ellos representan, o debieran hacerlo, a la ciudadanía, no a un gobierno, un partido o un funcionario, por encumbrado que se encuentre.
Por otra parte, me gustaría que se eliminen las leyes no escritas que impiden a las mujeres alcanzar el grado de general en las fuerzas armadas o asumir la máxima responsabilidad en determinados ministerios (Salud, Cultura, Interior, Relaciones Exteriores, Fuerzas Armadas, Economía, Primer Ministro, etc., o de organizaciones como ctc, cdr, anap, uneac…), o la presidencia de la república o de la Asamblea Nacional.
Nada de lo que pido en estos votos exige algo más que la decisión gubernamental de realizarlo y poner al Estado en consonancia con su definición como Estado de derecho.
Sospecho, sin embargo, que al terminar 2023 poco o nada de esto se verá realizado. Pero expreso estos votos porque considero que el único esfuerzo inútil es el que no se realiza.
Está claro que ellos no resolverán la dolorosa crisis que vive el pueblo cubano, si no se acompañan de otras acciones. Pero opino, como afirmé al inicio, que pueden servir para que la atmósfera nacional sea más respirable y podamos acercarnos, unos y otros, a conversar, a discutir con respeto, a buscar entre todos una salida no violenta, no dolorosa, a nuestra insostenible situación actual.
Mi voto final es que quienes ocupan las más altas responsabilidades al frente del país atiendan la voz del pueblo de una vez, dejen de mantenerse en el mismo círculo de opiniones, y actúen en consonancia. Que no olviden con tanta frecuencia que no son los jefes del pueblo: Son solo sus servidores más encumbrados.
*RODOLFO ALPÍZAR CASTILLO: Escritor, lingüista y traductor cubano.
Fuente: LA JOVEN CUBA
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