miércoles 14 de diciembre de 2022 – Edición Nº1777 (FOL- Frente de Organizaciones en Luchas)

 

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La violencia económica en la forma de incumplimiento del deber alimentario es una de las caras más frecuentes del patriarcado. En Argentina, el 75% de las mujeres que no conviven con el padre de sus hijes no cuenta con cuota alimentaria. Si bien el Registro Nacional de Deudores Alimentarios sería un avance no debe ni puede quedar como una normativa que restrinja a los deudores para renovar el carnet de conducir o entrar a un club, sino que también debería aplicar políticas integrales.

 

En la Ciudad de Buenos Aires la Legislatura aprobó una normativa que establece la gratuidad de la inscripción al Registro de Deudores Alimentarios. A través de esta normativa se crearía una base de datos nacional que permita sancionar a los padres que no cumplan con la manutención de sus hijxs. El objetivo es centralizar la información para que aquella persona que tiene la custodia del menor, no tenga que hacer gestiones en todo el país para lograr las inhabilitaciones correspondientes.

Por otro lado también avanza un registro nacional y otro proyecto para indexar las cuotas alimentarias a la inflación. Estas medidas son un avance contra la violencia económica pero en un contexto de ajuste donde las mujeres y disidencias son las más golpeadas se vuelve necesario un abordaje de fondo que incluya políticas más integrales.

¿Cómo funciona la violencia económica en el caso de los deudores alimentarios?

Ante el incumplimiento de la cuota alimentaria, muchas mujeres desisten del reclamo judicial porque no tienen la posibilidad de pagar un patrocinio jurídico, o se agotan en los laberintos de la justicia. También se encuentran con que, por la inflación, los montos que fija la justicia les van quedando tan desactualizados que prefieren evitar el desgaste personal del reclamo constante. Terminan endeudadas, empobrecidas, haciendo malabares para llegar a fin de mes, sin tiempo para seguir sus estudios o disponerlo para el ocio. Hay padres que se borran del pago de la obligación alimentaria y también del tiempo de cuidar a sus hijes. La salud de las mujeres se resiente.

Luego de que con la segunda y tercera mediación tampoco cumpliera, Tamara le pidió a la mediadora la tenencia completa de sus dos hijos. “Me mandó a contactar un abogado. Busqué un particular y quise pagar pero cuando les dije que el padre de mis hijos era una persona sin sueldo fijo no me volvieron a llamar solo me dijeron que viera un abogado por orden judicial”, dice y cuenta otros perjuicios que le trajo la situación, como trabar un trámite en tierra y vivienda para regularizar su terreno. “Hasta el día de ahora nunca conseguí nada, le pido que le compre útiles o zapatillas y nada imagínate mis hijos pasaron por muchas cosas pero de qué sirve hacer un papel si al final hacen lo que quieren”.

La obligación de dar alimentos que tienen los padres y las madres con respecto a sus hijos/as comprende todo lo que ellos y ellas necesitan para su manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Por regla ambos progenitores tienen el deber de dar alimentos a sus hijos e hijas convivan o no con ellos/as.

Fernanda es madre de 5 hijxs y trabaja en un movimiento social. Después de un año de separarse en 2019 ella logra la cuota alimentaria de un 30% de su sueldo ya que solo 3 tienen el apellido del padre y obtiene menos de 700 pesos por día por hijx. “Obviamente eso solo cubre una sola comida no cubre otros gastos pero para la justicia cubre todo” dice. “Ahora me encuentro alquilando así que tengo que no solo trabajar en la orga, sino en busca de otro trabajo porque no llego ni a mitad de mes. La experiencia fue un desastre no solo para mí sino para mis hijos”, agrega.

Ni el caso de Tamara ni el de Fernanda son aislados. En Argentina, el 75% de las mujeres que no conviven con el padre de sus hijes no cuenta con cuota alimentaria, según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.

Este año el Ministerio que encabeza Estela Díaz presentó los resultados de una encuesta respondida por más de seis mil mujeres de los 135 municipios bonaerenses: Casi siete de cada diez mujeres separadas y con hijos que la contestaron no reciben obligación alimentaria o sólo la percibe eventualmente. Es decir los casos se repiten en el 66% de las mujeres que maternan en la Provincia de Buenos Aires.

El incumplimiento de alimentos representa entonces un claro ejemplo de violencia económica dado que la mujer a cargo de sus hijxs que no cuenta con cuota alimentaria se ve obligada a multiplicar horas de trabajo para cubrir los gastos generados. Esta realidad profundiza la feminización de la pobreza, impactando sobre la actividad laboral de las mujeres, que cuentan además con menores ingresos y una mayor tasa de desocupación, subocupación e informalidad.

Para inscribir al incumplidor, según el proyecto que ahora debe tratar el Senado, tiene que haber sentencia firme y debe adeudar tres cuotas consecutivas o cinco alternadas. A veces los incumplidores pagan salteado como estrategia para no llegar a quedar expuestos para ser inscriptos pero no se terminan de poner al día. “Como la ley no dice un monto, lo que muchas veces sucede es que, si el padre dice: ‘Yo el mes pasado le compré las zapatillas o los remedios’, y presenta el ticket, ya estaría como ‘habilitado’ para el Registro de Deudores porque le entregó algo el mes pasado y este mes puede ser que no le dé nada. Es mucha la especulación y, mientras tanto, los derechos de la infancia son vulnerados“, dice Marcela Gómez Vizzoni. Ella junto a otras madres integra la agrupación Hogares Monomarentales, un movimiento que se tejió a partir de la visibilización que cada una hacía en sus redes sociales de la situación de abandono que atravesaban.

Además, el Registro Nacional de Deudores Alimentarios establece como sanción que quienes se encuentren registrados no podrán acceder a una serie de acciones y trámites, como a la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento de tarjetas de crédito, inscripciones en los registros de la propiedad inmueble, solicitud o renovación de licencia para conducir, expedición o renovación de pasaporte, entre otros.

¿Pero cuánto vale la vida de los hijos? El incumplimiento del deber alimentario que se encuentra regulado en el Código Civil y Comercial y en tratados internacionales no puede compensarse con este tipo de sanciones como la restricción a renovar la licencia de conducir porque se trata de un problema más grave: el incumplidor hace abandono de persona. Esto es un problema de violencia que en este contexto de crisis, se recrudece mucho más y requiere políticas integrales urgentes que encuentren soluciones de fondo.

Fuente: FOL

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Una condena que no sorprende a nadie

La Justicia es en Argentina un estamento privilegiado, propenso al nepotismo, exento de impuestos y beneficiario de pensiones desmesuradas. Tal conformación es incompatible con una democracia digna de tal denominación. Necesitamos un poder judicial no vitalicio, electivo y con más participación popular.

 

El Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La oposición de derecha y los grandes medios salieron a aplaudir la decisión, que calificaron de «histórica» y caracterizaron como un «paso importantísimo» para defender las instituciones.

El poder judicial: ¿por qué y para qué?

Para comprender una de las fuentes que alimentaron este resultado se requiere prestar atención al papel que ha sido pensado para el poder judicial, ya desde tiempos lejanos. Nos referimos sobre todo a su carácter «contramayoritario». Se lo concibió desde el siglo XVIII como un órgano no electivo, apto para la corrección de «excesos» o «desviaciones» que pudieran cometer los poderes sometidos a votación popular. Desvíos a los que se pretende neutralizar mediante un órgano decisor cuya no dependencia de las mayorías derive en un sólido vínculo con las fuerzas conservadoras de la sociedad.

Si se suma su carácter vitalicio, solo contrarrestable con la ardua implementación de un juicio político, queda claro que el imperio de la soberanía popular se detiene a las puertas de los tribunales.

Suele argumentarse que el carácter «contramayoritario» juega a favor de asegurar una protección especial a las minorías vulnerables. En muchos casos, y de modo evidente en nuestro país, sin duda son minorías los sujetos de la protección judicial. Pero no las débiles sino las más fuertes. Y difíciles de vulnerar de ninguna forma.

Y allí está la sedicente «independencia» judicial, que en la visión más habitual se define solo frente al poder ejecutivo y al legislativo. Y eso siempre y cuando quienes ocupan los otros dos poderes del Estado no merezcan completa confianza a las clases dominantes.

La llamada «justicia» es en Argentina un estamento lleno de privilegios, propenso al nepotismo, exento del impuesto a las ganancias, beneficiario de jubilaciones desmesuradas… De tal concepción y práctica institucional emana un fallo como el que se ha conocido esta semana.

Más allá de apelaciones éticas o de propuestas de reformas parciales, lo que cabe es tomar nota activa de la incompatibilidad de esta conformación judicial con una democracia digna de tal denominación. Se necesita un poder judicial no vitalicio. Y elegido por instancias con menos componentes corporativos y más participación popular.

Ellos votan, nosotros vetamos

Lo más grave de la condena emitida es su finalidad proscriptiva. El propósito es definir desde las autoridades judiciales quién puede ser candidato y quién no a través de la «inhabilitación» a perpetuidad. No por un veredicto desfavorable de las urnas sino por el mayestático poder de un núcleo de jueces de manifiestos vínculos con los principales animadores de la crítica «republicana» a su persona y su gobierno.

El contexto no ayuda. La presencia de jueces, funcionarios, agentes de inteligencia y dos altos ejecutivos del grupo Clarín en una reunión furtiva en la estancia de un empresario muy cuestionado echa un nuevo baldón no solo sobre la imparcialidad judicial, sino hacia su respeto hacia las leyes que se supone defienden.

Aunque sin relación directa con la trama del caso «Vialidad», el espectáculo de «ínclitos» magistrados judiciales en promiscuidad con empresarios de medios y funcionarios políticos, dejándose financiar un viaje —y, para peor tratando de disimular el carácter de dádiva (un delito) que podría tener todo el periplo— ofrece una pésima imagen.

Más allá del efecto de postergación que pueden proporcionar las sucesivas apelaciones disponibles, lo que está diciendo el tribunal oral es que Cristina Fernández de Kirchner debe ser excluida de la vida política. Y mientras haya recursos pendientes, la apuesta será a su descrédito, en tanto que condenada que debería su permanencia en libertad a la morosidad de los trámites en curso.

La «Justicia» parece aspirar a una judicialización cada vez mayor de la actividad política. Quizás incluso a la funesta distopía del «gobierno de los jueces». Y cuenta para ello con necesarias complicidades de la dirigencia política. Ante cualquier controversia con cierta gravitación, se responde no con un debate más o menos de cara a la ciudadanía, sino con una demanda o denuncia ante los jueces. Y esto atañe tanto a la presente oposición como al actual oficialismo.

De intenciones y responsabilidades

El fallo se orienta contra la capacidad movilizadora que ostenta el peronismo. Y el temor a una «radicalización» que pueda traer el retorno de rasgos «populistas» al gobierno, por más que las condiciones económicas y la voluntad de la dirigencia no aparezcan propicias a una deriva de ese tipo.

El Frente de Todos ha escenificado una condena unánime a la decisión judicial. Lo que no borra el pasado no tan lejano en que el actual ministro de Economía manifestaba en público su aspiración a meter en la cárcel a las principales figuras del kirchnerismo.

La corrupción existió y existe. Lo amañado de este juicio y la parcialidad manifiesta del tribunal y los fiscales no exime automáticamente a Cristina Fernández ni a los otros acusados de la posibilidad de haber tomado parte en la comisión de actos ilegales. Lo que ocurre es que el principio de inocencia establece que la culpabilidad tiene que ser probada, no puede presumírsela. No cabe obligar al acusado a verificar su inocencia.

Otro debate es el de la responsabilidad política de quien estuvo durante ocho años al frente del aparato estatal, aunque no se haya involucrado de modo directo en determinadas acciones u omisiones. De allí a dar por probado que fue autora de delitos hay distancia. Debería ser obvio, el plano jurídico es distinto del político.

La que no merece ser convalidada es la pretensión de que la acción persecutoria y proscriptiva sea una prueba indirecta del carácter «nacional y popular» de la actual gestión de gobierno. La Justicia no actúa contra las políticas actuales. Ellas están en línea con el Fondo Monetario Internacional y con parte de las coordenadas del programa permanente del gran capital, con la «austeridad fiscal» en primer término. Su acción tiene un carácter preventivo, por si en el futuro el peronismo «vuelve a las andadas» con políticas que preserven siquiera un poco a trabajadorxs y pobres.

Lo que el poder del capital busca, cada vez con empeño mayor, es fortalecer a las diversas instancias que puedan «corregir» expresiones de la voluntad popular que no le sean del todo favorables. O bien que entronicen a personajes de la política que no le inspiran entera confianza. El estamento judicial es solo uno de esos mecanismos y puede actuar bien como protagonista de acciones antidemocráticas, bien como respaldo o aval de las que tengan otras procedencias. La ventaja que ofrece su legitimación en el saber jurídico y su pretensión de «independencia» queda ajada, pero no destruida, ante las evidencias de inequidad y falta de apego a los procedimientos.

Lo que adquiere claridad es el predominio de los «poderes permanentes» respecto a los electivos. Y el mensaje es inequívoco: ninguna instancia de poder sometida a votaciones y plazos de vigencia debe tomarse en serio su autonomía frente a los verdaderos poderosos, so pena de ser acosado por éstos e incluso desplazado. Y, de ser posible, «borrado» para siempre de la escena pública. El entramado «democrático» está cada vez más despegado de los deseos e intenciones de los votantes y los elementos de «gobierno del pueblo» se hallan en mengua permanente.

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En Argentina asistimos a la consumación de un atentado contra la voluntad popular: una condena a quien sigue siendo la dirigente de mayor popularidad en el país. Con pruebas menos que endebles y una explícita carga proscriptiva. El alegato del fiscal Diego Luciani, sobrecargado de histrionismo para disimular su fragilidad, constituyó el anuncio de lo que vendría. Junto con su actuación, el fallido atentado contra la vida de Cristina Fernández (que solo una mirada interesada puede atribuir a un grupo de «loquitos») y la condena por un tribunal oral con insólitas cercanías con el expresidente Mauricio Macri forman una serie que sería ridícula si no tuviera una carga siniestra.

La movilización, la disputa en la calle, la creatividad orientada hacia diversas formas de poder popular pueden ser el principal contrapeso frente a quienes aspiran a que la política se dirima en ámbitos cerrados, al amparo de cualquier presencia indiscreta. Pero el quizás improvisado renunciamiento de la vicepresidenta a postularse para cualquier cargo parece apuntar en sentido contrario. De hacerse efectivo, dejaría a sus partidarios al margen de la posibilidad de elegirla. Y, de rebote, concuerda con el propósito de quienes la juzgaron o impulsaron esa decisión.

Para quienes aspiran a sostener su independencia tanto respecto a la oposición de derecha como frente al gobierno, el camino es cuestionar las decisiones de la mal llamada «Justicia» con atención al diseño elitista y clasista de todas las instancias judiciales. Las víctimas de sentencias injustas son muchas y están diseminadas por todo el país. La gran mayoría no pertenece a las élites sino al amplísimo campo social afectado por la explotación y la pobreza.

 

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