Selena Pizarro*
23 NOV 2022
El gobierno de Xiomara Castro aprueba la despenalización de la “píldora del día después” solo en caso de violación, las organizaciones feministas califican de “farsa y burla” esta nueva medida.
Honduras habita el corazón de Centroamérica. Una zona maltratada por el expolio de las compañías transnacionales —made in occidente—, el narcotráfico, la violencia contra los cuerpos de las mujeres y disidencias, los asesinatos a defensoras medioambientalistas o el paso de miles de personas que forman la ruta migratoria jugándose la vida en un cementerio fronterizo.
El 28 de noviembre de 2021 por primera vez una mujer ganó la presidencia del país. Xiomara Castro del Partido Libre (PL) asumió la gobernanza de Honduras, que había estado en manos del mismo partido durante once años tras el golpe de estado en 2009. Hasta entonces, el conservador Juan Orlando Hernández del Partido Nacional (PN) había sido el presidente, siendo extraditado a Estados Unidos el 21 de abril de 2022 acusado de narcotráfico.
Xiomara Castro en su toma de posesión afirmó: “Mujeres hondureñas, no les voy a fallar. Voy a defender todos sus derechos, cuenten conmigo”
Xiomara Castro en su toma de posesión afirmó: “Mujeres hondureñas, no les voy a fallar. Voy a defender todos sus derechos, cuenten conmigo”. A punto de cumplir un año de la victoria del PL, Regina Fonseca, Hogla Teruel, Carmen Fabiola Villatoro y Elma Perdomo son cuatro feministas hondureñas que han compartido su análisis del nuevo gobierno sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en su visita a Madrid.
Las cuatro han decidido cruzar el charco, junto a otras activistas centroamericanas, para reunirse en una gira que empezó en Bilbao y culminó en la ciudad madrileña, en noviembre de 2022. La Fundación Calala Fondo de Mujeres ha sido la responsable de generar el evento Tejiendo territorios 2022. Encuentro de activistas migrantes y defensoras, por la dignidad aquí y allá. Una organización feminista que promueve los derechos, la participación y el empoderamiento de las mujeres en Centroamérica y el Estado español. Para Margarita Morales, del Área de Programas, “en Calala jugamos a ser un poco alebrijes, vamos sorteando las diferentes cosas que hay en el sistema para que los fondos puedan llegar a donde tienen que llegar, a los colectivos de base, esa es nuestra prioridad”.
Durante su estancia en este territorio, las activistas han recibido la noticia de la despenalización de las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia (PAE) en casos de violación. Honduras dejará de ser el único país de América Latina que prohíbe el uso de la “píldora del día después”, una restricción que llegó amparada por un acuerdo ministerial como una de las primeras medidas del régimen tras el golpe de estado. Regina Fonseca calificó la noticia como “discriminatoria y una burla para las mujeres que hemos luchado durante 13 años”. Esta medida consiste en un protocolo de atención a sobrevivientes de violación que tras la denuncia deben acudir al centro de salud, donde “seguramente sean atendidas por alguien que no tenga ni idea, acabe revictimizándolas y mirándolas de pies a cabeza”.
El Ministerio Público recibió 3.305 denuncias de violación en el 2021, sin embargo, “son 49 las mujeres que llegan a los hospitales según el último registro, es decir, la mayoría de las sobrevivientes se quedan en silencio”. La medida es también discriminatoria para las mujeres de las zonas rurales que no disponen de centros de salud cercanos y para las menores de edad que necesitarán el consentimiento de sus padres. Además, Fabiola Villatoro recuerda que muchas no llegan a denunciar porque “son violadas por el papá, el abuelo o el tío”.
En el caso de las mujeres con diversidad funcional la falta de datos invisibiliza y normaliza la violencia. Sobre el acceso a la salud sexual reproductiva, Elma Perdomo considera que “por falta de las PAE muchas mujeres con discapacidad son violentadas y abusadas sexualmente, y todo eso queda en lo privado. Los observatorios no segregan los datos. Una mujer sorda, por ejemplo, no se puede comunicar porque solamente tenemos siete intérpretes profesionales en el país, y hace tiempo se cerró la universidad que tenía la carrera”.
La prohibición constitucional del aborto
Honduras es uno de los países más hostiles del mundo para las mujeres en materia de aborto, es ilegal incluso en caso de violación, incesto o para salvar la vida de la mujer. En enero de 2021 hubo una reforma constitucional que blindó la prohibición absoluta del aborto para prohibir su legalización. “Para cambiar esa norma constitucional se necesitan 96 de 118 diputadas y diputados en un Congreso que es absolutamente conservador, entonces la posibilidad de un cambio legislativo no es real. Tenemos que buscar otros caminos”, aseguró Fonseca.
Tras la reforma, el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos y la organización Somos Muchas, apoyadas por una veintena de colectivos feministas, presentaron un recurso de inconstitucionalidad que fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ese mismo año. “Si la CSJ resuelve con una respuesta parcialmente favorable, podríamos tener una revisión posterior. Otra alternativa es tener un Congreso Nacional con tres cuartas partes de las diputadas y diputados favorables a un cambio para que la Constitución vuelva como estaba antes”.
Mientras se dibujan las diferentes vías legales en la lucha por el aborto, Fonseca advierte que “en los márgenes podemos hacer lo que queramos y nos toca transgredir esa cancha institucional porque el Estado le da la espalda a las mujeres”. Para Villatoro “seguimos en el mismo loop de estar resistiendo y sobreviviendo”.
La persecución de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como la ilegalización de las píldoras abortivas de emergencia o la prohibición del aborto, en parte, tiene su origen en los fundamentalismos religiosos y la articulación del pensamiento de ultraderecha
Por otro lado, Perdomo denuncia las frecuentes esterilizaciones forzadas sin consentimiento a mujeres con diversidad funcional, como consecuencia de un gobierno que “no entiende lo que es la inclusión”. Esta práctica además es fruto de una opinión pública que, tras encuestas realizadas, “el 95% opina que las mujeres con discapacidad deberían abortar, no así en el caso de las que no tienen ninguna discapacidad”.
La persecución de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como la ilegalización de las PAE o la prohibición del aborto, en parte, tiene su origen en los fundamentalismos religiosos y la articulación del pensamiento de ultraderecha. A lo que Hogla Teruel respondió que existe “una sociedad civil organizada que está pensando en salir a las calles. Toca tener paciencia por la vía legal e institucional”.
Transgredir ante el avance de la ultraderecha
En general, la violencia contra las mujeres ha aumentado en el país, según Teruel “cerca de 180 mujeres fueron asesinadas en lo que va de año. Creemos que aunque al narco-dictador se lo hayan llevado el crimen organizado sigue vivo, sigue dentro de la estructura del gobierno”. De hecho, el nuevo gobierno mantiene la figura de la Policía Militar, creada por el ex presidente en 2013, a pesar de que fue promesa de campaña su derogación. Para Teruel, esta medida tiene que ver con “el temor a otro golpe de estado”.Mientras la población hondureña mira con lupa los cambios del gobierno de Xiomara Castro, a su vez, las organizaciones feministas observan con preocupación el avance de la ultraderecha en el país, como una fuente de desestabilización del ejecutivo. “La ideología de género es un discurso que viene de los fundamentalismos religiosos y de la ultraderecha, y la penetración de la iglesia acá es salvaje”, aseguró Fonseca. “Me preocupan las fuerzas ultraconservadoras, cómo se articulan de acá [Europa] para allá [América Latina] y cómo transitan. Vemos los vínculos que tienen los grupos neoconservadores en Honduras con Vox, sobre esto estamos haciendo ahorita un estudio”, añadió.
El gobierno de Xiomara Castro, que llegó al gobierno arropada entre banderas moradas, tiene una deuda pendiente con los derechos reproductivos y sexuales de las hondureñas. Las organizaciones feministas llevan 13 años luchando por el aborto, y seguirán haciéndolo contagiadas por la marea verde del “será ley” que ya arrasó en Argentina, México y Colombia. Para Fonseca, “la precariedad en la garantía de derechos hace que nosotras busquemos maneras de sobrevivir y de saltarnos la cuerda. Nos toca, no sólo resistir, sino transgredir. El Norte tiene mucho que aprender del Sur en esta lucha de los derechos sexuales y reproductivos”.
*Selena Pizarro Gómez: Periodista y escribe para @ElSaltoDiario
Fuente: ElSaltoDiario
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