Por Pablo Pozzolo
El gobierno de Daniel Ortega continúa con la persecución a la oposición y los movimientos sociales. La huelga de hambre de una de las históricas dirigentas sandinistas, hoy prisionera del régimen, es una nueva muestra de una resistencia que no se doblega.
Más de un año lleva presa Dora María Téllez en la cárcel nicaragüense conocida como El Nuevo Chipote. Más de un año en condiciones tan duras –aislamiento total, pésima alimentación, visitas muy esporádicas de familiares y abogados, por ejemplo– que a fines de setiembre inició una huelga de hambre junto con otros dos presos políticos. Lo que ella pide es que cese el aislamiento y que le permitan acceder a material de lectura. Otro de los huelguistas, Miguel Mendoza, reclama que lo dejen ver a su hija, a la que no ve desde que fue detenido, hace unos 16 meses.
Téllez no es cualquiera en la historia política reciente de Nicaragua. No es cualquiera tampoco en la historia del sandinismo. Comandante guerrillera durante la lucha contra la dictadura de los Somoza (la llamaban Comandante 2), fue quien lideró, como jefa del Estado Mayor del Frente Norte, la toma de León, la segunda ciudad del país, un episodio clave en el proceso revolucionario. Antes había combatido en Managua y en las montañas y la selva. Se había integrado muy joven al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), luego de haber estudiado medicina y haberse formado como cirujana de guerra en Cuba. Tras el triunfo de la revolución fue ministra de Salud, en el marco de un gobierno cuyas principales figuras acabaron siendo purgadas del FSLN cuando este terminó en manos de la pareja Daniel Ortega y Rosario Murillo, actuales presidente y vicepresidenta de Nicaragua. Fue también vicepresidenta del Consejo de Estado y diputada, y nunca abandonó la militancia social y la producción intelectual. La universidad francesa Sorbonne Nouvelle le otorgó un doctorado honoris causa por su «excepcional trayectoria política y científica».
Su disidencia con el oficialismo sandinista comenzó hace largo tiempo, en los años noventa, cuando el aparato orteguista terminó de apoderarse del FSLN y comenzó a implementar alianzas sociales y políticas diametralmente opuestas a las que defendía en los setenta. En 2008 Téllez ya había protagonizado una huelga de hambre en pleno centro de Managua para denunciar alguna de las tantas redadas represivas lanzadas por Ortega, que estaba entonces en su segundo mandato.
La rebelión social de 2018, cuya represión causó centenas de muertos, la encontró en primera fila. Fue detenida en junio de 2021, poco antes de las elecciones de noviembre y después de una nueva oleada de protestas callejeras contra las políticas del gobierno. La condenaron a ocho años de prisión. Téllez siguió así el camino de muchos otros exsandinistas para quienes el FSLN actual es una fotocopia de pésima calidad de aquel que se había propuesto construir una nueva Nicaragua y que concentraba el odio del gran empresariado, los sectores más ultramontanos de la Iglesia y Estados Unidos. Al detenerla, la acusaron de «traición a la patria», el mismo delito que le endilgaron a otra serie de exsandinistas que marcharon a la cárcel junto con ella, como el general Hugo Torres y el excanciller Víctor Hugo Tinoco. Torres, que en 1974 participó en una operación militar que derivó en la liberación de presos sandinistas, entre ellos Daniel Ortega, y cuatro años después en la toma del Congreso, junto con Téllez, murió en febrero en la cárcel de El Chipote, sin la atención médica que necesitaba, según denunciaron sus familiares.
Sandinismo sin sandinistas
En su momento, otra excomandante sandinista, Mónica Baltodano, hoy exiliada, dijo que las detenciones de Téllez y Torres pintaban al orteguismo en toda su desnudez. De la de Téllez en particular comentó que era una de las «peores infamias», de un grado similar de «indignidad» que la persecución a la que fue sometido el sacerdote y poeta Ernesto Cardenal, integrante también del primer gobierno sandinista y luego acorralado por el FSLN reconvertido, hasta su muerte, en 2020. «Aquella fuerza que fundó Carlos Fonseca con propósitos de justicia social, liberación y avanzar en la democracia ya no existe. Ha sido pervertida por el orteguismo, así como lo ha hecho con el Ejército, la Policía, el Poder Judicial y todas las instituciones. Todo funciona como una correa del poder familiar», apuntó Baltodano en un escrito en el que denunciaba la situación de Téllez y de otros presos políticos en Nicaragua.
«El problema que los sandinistas tienen con Téllez es que ella sigue siendo sandinista», escribió la semana pasada el escritor y periodista uruguayo Fernando Butazzoni en una columna de opinión (La Diaria, 6-X-22) en la que presenta a la exguerrillera como «quizá la presa política más ilustre de América Latina, la más amenazada y la más radical». Un par de días antes, esta semana, más de 200 académicos y periodistas americanos y europeos (fundamentalmente de Argentina, Francia, México, Canadá, Estados Unidos y Uruguay), ligados en su mayoría a la izquierda intelectual, reclamaron la libertad de Téllez en una carta abierta, la segunda en el mismo sentido en pocos meses (la primera había recibido alrededor de 70 adhesiones).
En junio de 2021, pocos días después de la detención de Téllez, en otra carta pública (difundida por Brecha, 25-VI-22), intelectuales, académicos, dirigentes políticos, militantes sociales identificados comúnmente con la izquierda denunciaban los «zarpazos» represivos de Ortega y, de manera general, el «largo proceso de deterioro» del gobierno nicaragüense y del FSLN, «que registra episodios de corrupción, abandono de principios, enriquecimiento ilícito, maniobras y acomodos junto con la peor derecha, destinados a amasar fortunas y a perpetuarse en el poder».
Retórica vacía
Entre los suscriptores de esta última columna figuraba William Robinson, profesor de Sociología, Estudios Globales y Latinoamericanos en la Universidad de California que en los ochenta colaboró con el primer sandinismo e integró el claustro de la Universidad Centroamericana de Managua hasta 2001. En una entrevista que concedió a la publicación The Real News pocos días después del inicio de la cuarta gestión presidencial consecutiva de Ortega (Viento Sur la transcribió en español, 18-XI-21), Robinson hace un largo análisis sobre el derrotero del sandinismo en el poder, las distancias entre su retórica y su práctica y el tinglado del supuesto enfrentamiento a muerte entre el FSLN y Estados Unidos, alimentado por ambos, pero desmentido en los hechos.
«Desde 2007 hasta 2018 hubo un pacto de cogobierno entre la clase capitalista y Ortega, y el 96 por ciento de la economía de Nicaragua está en manos de la clase capitalista nicaragüense y transnacional», dijo Robinson en la entrevista. «Ortega abrió las compuertas al saqueo del país por parte de las empresas transnacionales. El sector agrario, la industria, los servicios, el sector financiero, todo está dominado por el capital transnacional y sus homólogos nicaragüenses, la clase capitalista y una nueva burguesía sandinista. El círculo más cercano a Ortega-Murillo se ha enriquecido fabulosamente. Han invertido cantidades importantes en las maquilas, esas empresas donde se sobreexplota a la gente. En la agroindustria, en el sector financiero, en el comercio exterior, en el sector turístico. Este círculo íntimo que ahora gobierna el país se ha integrado en la elite nacional, en la clase capitalista del país.»
Estados Unidos se ha acomodado muy bien a este estado de cosas, pautado por la cooperación estrecha de Nicaragua con la DEA (Administración de Control de Drogas en inglés), el Comando Sur o la migra estadounidenses, a pesar –otra vez– de declaraciones que van en sentido contrario. Ninguno de los gobiernos estadounidenses, ni republicano ni demócrata, quiso modificar ese cuadro, que perduró hasta 2018, cuando la represión a las protestas sociales, protagonizadas por la base histórica del sandinismo (campesinos, trabajadores, desocupados, estudiantes) más organizaciones ecologistas y feministas, fue tan brutal que Washington se vio obligado a implementar algunas sanciones ya contempladas en leyes que estaban en vigor, pero no habían sido aplicadas.
Recién en 2018, apunta Robinson, «Washington rompe su estrecha relación con el gobierno». «Pero ni siquiera entonces, ni en los últimos tres años, ha decretado sanciones comerciales contra Nicaragua, y los negocios florecen entre los dos países. Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua y este hecho no se ha visto afectado para nada por la retórica antisandinista que emana de Washington. De hecho, desde 2018 el Banco Centroamericano de Integración Económica ha proporcionado al régimen créditos de más de 2.000 millones de dólares. Y, tan solo en 2020 y 2021, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo le han concedido varios cientos de millones de dólares en ayudas. Washington no ha bloqueado ninguno de ellos ni tiene problemas con alguno.» (La guerra en Ucrania, que reforzó la dinámica intervencionista estadounidense, puede estar alternando este marco.)
Dora Téllez no paró de denunciar las inconsistencias del discurso revolucionario del FSLN orteguista. «Era un blanco obvio, cantado, privilegiado», comentó Baltodano.
Tomado de correspondenciadeprensa.com
Visitas: 7
