La huelga indefinida de las últimas cinco semanas en las refinerías de petróleo y las gasolineras ha supuesto un punto de inflexión para los movimientos sociales franceses.
Miles de personas desfilaron por las calles de 150 ciudades en Francia durante la huelga general del 18 de octubre. Trabajadores y trabajadoras de la educación, de los ferrocarriles, de las industrias química y aeronáutica, de las guarderías, de la salud y de las residencias de ancianos respondieron masivamente al llamamiento sindical de CGT, FO, FSU y SUD-Solidaires, así como de las organizaciones juveniles y estudiantiles francesas. La jornada de huelga general se centró en reclamar aumentos generalizados de salarios.
Un centenar de bloqueos de institutos y otras acciones por parte de estudiantes de secundaria marcaron la impronta juvenil de la movilización y la inscribieron en el marco de lucha de la huelga indefinida de las últimas cinco semanas en las refinerías de petróleo y las gasolineras de todo el país. Si bien la participación en este último día de huelga interprofesional no ha alcanzado niveles históricos —107.000 manifestantes, según la policía; 300.000, de acuerdo a las cifras de los sindicatos—, las condiciones materiales de vida siguen incendiando el debate público e inspiran la estrategia del movimiento social en un contexto marcado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Como suele ser habitual, bloqueos, sabotajes y duras cargas policiales fueron la tónica general de la jornada.
Huelga petrolera
El conflicto, que comenzó el 20 de septiembre en dos refinerías de Esso-ExxonMobil, se extendió una semana más tarde a las refinerías de Total Énergies. El resultado es que se ha llegado a bloquear el funcionamiento de seis de las siete refinerías petroleras del país. Como fruto de esta acción sindical de bloqueo, una parte de las estaciones de servicio sufrió desde principios de octubre dificultades de abastecimiento, más pronunciadas en algunas regiones del país. Las largas colas en las gasolineras que siguen aún con combustible disponible se han convertido en una imagen cotidiana.
Según los datos oficiales del domingo 16 por la tarde, suministrados por el Ministerio de la transición energética, el 30,1 % de las estaciones de servicio tenían dificultades de abastecimiento. Las protestas siguen la senda del movimiento social de 2010 contra la reforma de las pensiones, cuando esta vía de bloqueo petrolero fue experimentada en una huelga interprofesional larga y masiva.
Aunque está forma de lucha genera dificultades para quienes necesitan utilizar frecuentemente su coche para ir a trabajar, parece que el respaldo a este movimiento de huelga es bastante amplio. Más aún, en un contexto de caída de los salarios reales y de beneficios récord para las empresas energéticas. Total Énergies ha generado un beneficio de más de 18.000 millones de euros en el primer semestre de 2022. La remuneración de su presidente y director ejecutivo Patrick Pouyanné ha sido un 52 % más alta que el año anterior.
La huelga indefinida exige una subida de salario de 10 %, con el objetivo de compensar la inflación (5,6 % en septiembre respecto a hace un año). También se exige que se redistribuyan una parte de los actuales superbeneficios energéticos.
Bajo la presión huelguística, mediada por los sindicatos CGT y FO además del propio Gobierno, la dirección de Total Énergies se vio obligada el jueves pasado a abrir negociaciones con los sindicatos, tal y como lo había hecho antes la dirección de Esso-ExxonMobil. Ambas empresas se han valido de la división del movimiento sindical para firmar un acuerdo con sindicatos que no participaban en las huelgas, la moderada CFDT y la corporativista CFE-CGC que, aún siendo mayoritarios en las elecciones sindicales de estas grandes empresas, no cuentan con capacidad de incidencia entre los círculos huelguistas de las refinerías y depósitos de carburantes.
En Esso, el acuerdo comprende un aumento general de los salarios del 5,5% (más un punto más de primas y aumentos particulares) y en Total un incremento de 5% para todos los salarios (más dos puntos particulares). Son aumentos que no llegan a compensar la inflación, especialmente para los precios de los alimentos y la energía, muy por encima de la inflación general oficial. En contra de estos acuerdos de mínimos, las asambleas generales de huelguistas han votado seguir con la huelga, por lo que el movimiento social sigue su curso animado por la jornada interprofesional de huelga celebrada ayer.
Macron contra las cuerdas
Frente a este conflicto social, el Gobierno liberal autoritario de Macron se opone desde hace meses al establecimiento de nuevos impuestos a los superbeneficios de las grandes empresas, energéticas y otras. Tras negarse inicialmente a intervenir en el conflicto, el pasado miércoles 12 de octubre el gobierno empezó a citar a trabajadores huelguistas, forzando la vuelta al trabajo bajo amenaza de multas y penas de prisión mediante el establecimiento de servicios mínimos y abriendo disputas jurídicas sobre la legalidad de estas medidas represivas.
Si bien estas medidas han permitido abrir un poco los flujos de carburantes, también han desatado la rabia de muchos sindicalistas que las denuncian como un ataque al derecho de huelga. Para estos, la escasez de combustibles no es una razón jurídicamente válida para citar trabajadores huelguistas, más cuando el Gobierno no ha tomado ninguna medida de priorización del acceso al combustible para los servicios esenciales.
En este contexto, los trabajadores de Esso han suspendido su huelga el viernes 14, después de 24 días, pero al mismo tiempo las confederaciones sindicales CGT, FO, FSU, SUD-Solidaires y las organizaciones juveniles han impulsado la huelga general de ayer para reclamar aumentos de salarios y contestar los ataques al derecho de huelga de los trabajadores de las refinerías. Esperan ampliar el movimiento social a otros sectores como el transporte ferroviario, mientras que comienzan nuevas huelgas en las empresas del sector aeronáutico de Occitania y en las centrales nucleares.
Mientras tanto, una manifestación “contra la vida cara y la inacción climática” ha convocado en París entre 30.000 personas (según la policía) y 140.000 personas (según la organización) el domingo 16 de octubre. Prevista desde el verano, esta marcha fue promovida por la Nueva Unión Popular, Ecológica y Social (NUPES), la coalición de izquierdas que agrupa a la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, el Partido Socialista, Europa-Ecología-Los Verdes (EELV) y el Partido Comunista, a la cual se ha sumado en esta ocasión el Nuevo Partido Anticapitalista, diversas asociaciones ecologistas y de solidaridad y algunas federaciones sindicales.
El domingo en París se vio a Jean-Luc Mélenchon caminar al lado de la escritora Annie Ernaux, premiada por el Nobel de literatura este mismo mes de octubre, y del dirigente socialista Olivier Faure, que declaraba a la multitud que “no había nacido y que ya caminaba con vosotros, desde la Comuna de París hacia el Frente Popular y el 10 de mayo de 1981” (fecha de la elección del socialista François Mitterrand como Presidente de la República). Ahondaba así en la impronta marcada por el líder insumiso, que pretende estar “dibujando la construcción de un nuevo Frente Popular que ejercerá el poder en el país cuando llegue el momento”.
Tras una secuencia calamitosa en el seno de la coalición de izquierdas por la aparición de casos graves de violencias sexistas —lo que ha supuesto la exclusión de dos importantes dirigentes de la Francia Insumisa y de los Verdes— la celebración de esta manifestación es una buena noticia para la NUPES. En efecto, la coalición de izquierdas busca posicionarse como primera oposición frente al macronismo presidencial y a la extrema derecha del Rassemblement National (ex-Frente Nacional, extrema derecha) de Marine Le Pen, que por primera vez alcanzó la friolera de 89 diputados en la nueva legislatura empezada en junio. Por lo menos, esta manifestación ha sido “un apoyo a la movilización de los asalariados”, tal y como ha afirmado Melénchon.
El combate continúa
Si bien las confederaciones sindicales no habían llamado directamente a participar en la manifestación promovida por la NUPES, la intensificación del movimiento social se hace cada vez más impracticable para el Gobierno. Con una insuficiente mayoría en la Asamblea Nacional, Macron tendrá que apoyarse en la derecha tradicional de Los Republicanos para aprobar los presupuestos, y tal vez en la extrema derecha de la Agrupación Nacional para sus proyectos de reforma contra las prestaciones de desempleo y las de jubilación.
En ese contexto, el Gobierno espera que se calme el ambiente social, pero está nervioso y teme el estallido, tan habitual en Francia a lo largo de toda su historia moderna. El movimiento social francés impulsado por los sindicatos cuenta con una amplía participación autónoma, de colectivos estudiantiles y juveniles, ecologistas, feministas y libertarios que no hacen sino dotar de fuerza y radicalidad a un marco de lucha ya de por sí determinado para obtener victorias.
Mientras que la huelga seguía en Total Énergies, el Ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, estimaba este lunes 17 de octubre en BFMTV que el movimiento social actual es “inaceptable” e “ilegitimo” y llamaba a “liberar los depósitos de carburante y las refinerías”. En ese momento, tres de las siete refinerías francesas seguían paradas por la huelga y una más por razones técnicas. Aunque parezca habitual en un político de signo neoliberal, este claro llamamiento a la represión confronta con la tradición francesa de la libertad de asociación y reivindicación sindical, mediante la cual se han forjado todas las instituciones públicas y sociales desde la posguerra. El Gobierno se la juega a aplacar la movilización por una vía crecientemente represiva, pero la historia está llena de ejemplos en los que esa determinación echa gasolina al fuego y el estallido adquiere consecuencias impredecibles.
El secretario general de la CGT Philippe Martinez ha marcado posición con firmeza en la radio France Inter, afirmando que “el Gobierno ha subestimado la rabia en las refinerías pero también la rabia general del país”. Más allá de la jornada de huelga del 18 de octubre, la pelota vuelve al tejado de las refinerías y empresas energéticas, que deberán decidir en sus asambleas si reconducen la huelga y continúan con la movilización, al tiempo que se suma con fuerza el transporte ferroviario y otras actividades consideradas esenciales para el normal funcionamiento del país.
En cualquier caso, este otoño se inicia con una importante aceleración del conflicto social y una agudización del debate político en torno al reparto de la riqueza, mientras un gobierno débil y sin rumbo claro trata de amortiguar los golpes y apelar a un orden cada vez más caótico e indeterminado.
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