Colombia Informa habló con Leonardo Vega Herrera, quien hace parte del equipo de trabajo legislativo del congresista Edwar Sarmiento Hidalgo. Nos explicó de qué se trata el proyecto de ley y qué garantías busca establecer para el ejercicio de la protesta social y la manifestación pública.
Colombia Informa: ¿De qué se trata el proyecto de ley? ¿Cuáles son sus objetivos y su enfoque?
Leonardo Vega Herrera: El proyecto de ley trata de establecer garantías para el ejercicio de la protesta social y la manifestación pública y desarrollar el artículo 37 de la Constitución Política, busca dar cumplimiento al punto 2.2 de los acuerdos de paz sobre las garantías para la protesta y la movilización.
También, está buscando dar respuesta a la deuda histórica que hay alrededor de la ausencia del marco normativo para este derecho fundamental que está establecido en la Constitución de 1991 y su enfoque es la ampliación del marco democrático.
Nosotros podríamos tratar de parafrasear a Uprinmi al decir que: Como trata una sociedad a las expresiones de cambio que esta tiene, es un reflejo de cómo esa sociedad es.
Podemos decir que como se ha tratado la protesta social y la manifestación pública históricamente, ha sido de una forma militarista, represiva, donde el ejercicio siempre se ve limitado, donde siempre se ve a quien se manifiesta y quien protesta es visto como un enemigo interno.
Entonces lo que se busca con el proyecto de ley es darle un giro a eso y hacer un cambio de paradigma.
El proyecto tiene un enfoque de derechos garantista y terminaría, en efecto, promoviendo una ampliación de ese marco democrático.
Al mismo tiempo, busca dar cumplimiento a varias sentencias de la Corte Constitucional, por mencionar una donde un mandato expreso es la C-223 de 2017, que declara la inexequibilidad de unas disposiciones que estaban expuestas en el Código Nacional de Convivencia o el Código de Policía, por tratarse de unas disposiciones restrictivas.
Entonces, la Corte, además de haberlo señalado así en otras sentencias, también lo ha señalado alrededor de la necesidad de generar la posibilidad en la que no exista vulneración de los derechos humanos alrededor de las personas que ejercen este derecho.
También es importante señalar que ha habido unas disposiciones internacionales, unos mandatos tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como una sentencia proferida hacia un caso en Venezuela, por ejemplo, que determina que la libre expresión, el derecho de reunión, la libre asociación, son elementos esenciales para que quienes se encuentran en oposición puedan manifestarse pública, democrática y pacíficamente.
CI: ¿Quiénes impulsan el proyecto?
Leonardo Vega Herrera: Este proyecto de ley es impulsado en el Congreso principalmente por el representante a la Cámara de Cundinamarca, Edward Sarmiento Hidalgo, pero después en el camino se sumaron otras voces fundamentales, entre ellas sería crucial destacar la de Alirio Uribe Muñoz, su equipo de trabajo hizo parte considerable en el seguimiento a la construcción del articulado del proyecto, también la oficina del senador Robert Daza y la oficina de Jahel Quiroga.
Fue radicado el 4 de octubre y hoy está en curso en el Congreso a través del número 270 de cámara de 2023.
También es muy valioso señalar que un gran número de organizaciones sociales y de sectores sociales han hecho parte de la construcción de este proyecto.
Alrededor de la construcción se podría decir que hubo unas 25 organizaciones en la construcción activa del articulado en los espacios de discusión, entre ellas podemos señalar a Viva la Ciudadanía, a Foro Nacional por Colombia, al Comité de Solidaridad con Presos Políticos, al Cajar, a la Campaña Defender la Libertad, a Temblores y otro listado relevante de organizaciones. También los sindicatos hicieron parte de esto como la CUT.
CI: ¿En qué fase se encuentra y cuál es la ruta del proyecto?
Leonardo Vega Herrera: El proyecto fue radicado el 4 de octubre y ya fueron designados diez ponentes para el proyecto de ley por tratarse de una ley estatutaria.
El proyecto fue radicado en Cámara, eso quiere decir que su trámite inicial tiene que ser en la Comisión Primera de la Cámara. Si llega a buen puerto pasaría a la plenaria de cámara y después iría a dar el mismo recorrido en Senado para que finalmente, si eso fuese posible, termine convirtiéndose en ley.
En este momento exacto lo que se hizo cuando se dio la designación de ponentes fue solicitar una audiencia pública para poder dar respuesta a un proyecto de ley que fue radicado por parte del Partido Conservador, que es el proyecto de ley 275 de 2023 de la Cámara, y fueron acumulados.
Al tratarse del mismo tema, del mismo artículo constitucional que se está tratando de desarrollar, los dos proyectos fueron acumulados. Estamos a la espera de que nos den una fecha para la audiencia pública.
Se espera generar un espacio participativo y buscar una concertación con el otro coordinador-ponente. Como coordinador ponente del 270 fue designado Eduardo Sarmiento Hidalgo y el otro coordinador ponente es Andrés Felipe Jiménez del Partido Conservador, también representante a la Cámara. Y después de la audiencia pública, buscar que exista una ponencia única conjunta.
CI: El Partido Conservador tiene también un proyecto de ley sobre la protesta social, ¿cuáles son las diferencias?
Leonardo Vega Herrera: Las diferencias entre los dos proyectos de ley son significativas. En el proyecto de ley, radicado por parte de las organizaciones sociales y de algunos congresistas de la bancada del Pacto Histórico, se ha tratado de desarrollar que se reconozca a las víctimas del ejercicio represivo por parte de la policía.
Por el lado del Partido Conservador se busca que se establezca como víctimas a quienes se ven con afectaciones económicas, principalmente por rayones, por cierres, por trancones, por este tipo de situaciones. Esa sería una primera diferencia.
El enfoque que tiene alrededor de quien termina siendo víctima nos dice de ante mano cómo ellos ven el ejercicio de la protesta. Nosotros lo vemos como la ampliación, como un ejercicio legítimo y un derecho fundamental, y ellos lo ven como una expresión que termina generando afectaciones alrededor de la movilización de la economía y de los bienes.
Una segunda diferencia muy importante es que en el proyecto del Pacto Histórico se busca hacer una limitación a la intervención militar.
Es decir, las fuerzas militares son un cuerpo que hace parte de la defensa contra la posibilidad de un ejercicio de violencia, ya sea violencia armada o por parte de un actor en conflicto en el territorio nacional o un actor externo al territorio nacional. Esa es la finalidad de las fuerzas militares.
En el proyecto de ley 270 del Pacto Histórico buscamos que las fuerzas militares no intervengan en la protesta porque no están hechas para eso, no tienen el conocimiento, no tienen el equipamiento, no tienen una formación tampoco de derechos humanos, no conocen o no han establecido bien unos límites para eso y han generado vulneraciones y afectaciones muy graves.
Por el lado del Partido Conservador, lo ven como una fuerza de apoyo a los posibles desmanes y están haciendo una lectura de que de las protestas puede salir un posible derrocamiento a un gobierno o alguna lectura así un poco exagerada más allá de lo que realmente buscan las protestas.
En efecto, sí existe una oposición, pero no existe una organización armada que esté camuflándose alrededor de las protestas. Es la lectura totalmente diversa que se tiene de ello, por lo que ellos permiten que haya intervención.
Además, de estar esto amparado en la observación número 37 del 2020 de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En esa observación se dice que no puede haber presencia de militar alrededor del ejercicio de la protesta social y la manifestación pública.
Otra diferencia importantísima que tiene el proyecto, es que el proyecto radicado por un sector importante del Partido Conservador, es que está dirigido a dar control y a regular de una manera un poco superficial la protesta. En cambio, el proyecto de ley radicado por la bancada del Pacto y por las organizaciones es un proyecto que busca la garantía, no la regulación, sino la garantía del derecho a la protesta social y la manifestación pública.
En ese sentido, es un proyecto de ley garantista, hay un enfoque en el que se trata de hacer una limitación al uso de la fuerza, también en observancia de las sentencias, de los acuerdos de paz.
En el 2021, las cifras giran en torno de 87 personas que al manifestarse fueron víctimas de homicidio. Según la legislación internacional, existen principios para la fuerza pública de legalidad, proporcionalidad, neutralidad, diferenciación, necesidad, y únicamente en donde no exista ninguna otra vía, se hará un empleo de la fuerza.
Además, la utilización de la fuerza tiene que ser avisado con anticipación, no se puede hacer arbitrariamente. Y lo más importante, no tiene que ser una manera de buscar la dispersión de la protesta, porque eso es limitar el ejercicio del derecho, eso es limitar a las personas que están alrededor de eso y terminar generando escenarios de violencia y de agresión.
Otra diferencia relevante es que para el Partido Conservador debe crearse un fondo que se llama Fondemocracia y es que quienes están alrededor de la protesta tienen que crear para después se repare a quienes se les vio afectado su derecho y establece unas reglas como que tienen que presentar su cédula, pruebas y no sé qué más.
De nuestro lado, se busca la creación de una Mesa Nacional de Garantías que está establecida en los acuerdos, hace parte de las recomendaciones para Colombia, hace parte de los desarrollos jurisprudenciales, hace parte de esos análisis, también teóricos e investigativos.
Lo que busca es que haya garantías de no repetición a través del fortalecimiento de los escenarios de diálogo, de concertación y de búsqueda de soluciones prácticas para las personas que se manifiestan.
Según ellos, las personas que se manifiestan no son la mayoría, o la inmensa mayoría. No son personas que estén organizadas alrededor de una reivindicación política, aunque sean personas que están exigiendo que se haga una carretera, que se construya un puente, una escuela o que se les ponga la luz.
Entonces, el enfoque allí es bastante diferente y la idea es buscar ese escenario de concertación y demostración de qué es lo que realmente sucede alrededor de la manifestación y de la protesta, porque no se protesta por un color, sino que se protesta por una necesidad.
Siempre hay personas que se están manifestando alrededor de derechos concretos y de necesidades concretas que en la generalidad de las ocasiones no encuentran una respuesta y una solución.
CI: Para finalizar, para ustedes, ¿qué papel tienen los medios alternativos en este proyecto de ley?
Leonardo Vega Herrera: El papel de los medios alternativos es fundamental alrededor de este proyecto porque existe una lectura hegemónica, una comunicación hegemónica y un establecimiento de una narrativa desde ese lugar de enunciación. Este siempre ve a los manifestantes, a las personas que están exigiendo un derecho, siempre ve a los protestantes como personas en ejercicio de una conducta, entre comillas desviada. Así es como los leen, y así es como se legitima ese accionar represivo y violento.
Los medios comunitarios y alternativos tienen una lectura un poco más objetiva, al decir por qué se está dando la manifestación, por qué se está dando la protesta, y al hacer eso, al demostrar también que hay acciones desmedidas por parte de la fuerza pública, han terminado siendo también víctimas de represión y de agresión.
Por eso, este proyecto de ley radicado por algunos congresistas del Pacto Histórico es un proyecto que busca en su artículo 12 establecer un reconocimiento para los medios alternativos en el desarrollo de su actividad y que haya una protección para estos.
Es decir, que no exista limitación hacia su ejercicio ni estigmatización de lo que están haciendo, porque lo que están haciendo es simplemente informar y estar en el lugar, tratando de transmitir lo que está sucediendo tanto en los hechos concretos de la movilización como alrededor de lo que se está exigiendo, que es lo que generalmente se invisibiliza.
También es importante entender que en el punto 2.3 de los acuerdos de paz existe una búsqueda por el reconocimiento también de esos medios comunitarios.
Entonces, no es solo alrededor de lo que se conoce concretamente y lo que ha generado en estos escenarios de invisibilización, de represión y de estigmatización para los medios, sino también que hay una necesidad alrededor de esto, de desarrollar lo que está en los acuerdos de 2016 y que todavía siguen sin tener un desarrollo normativo ni una implementación.
Tomado de colombiainforma.info
*****************************************
Las masacres y asesinatos de liderazgos sociales continúan
Más de 150 líderes y lideresas sociales asesinadas, 39 firmantes de paz y 86 masacres en lo que va del 2023 son algunas de las cifras que recuerdan que el paramilitarismo, la responsabilidad del Estado y el conflicto armado continúan afectando a las comunidades.
El pasado 25 de noviembre fue asesinado Luis Mendoza, un reconocido líder que se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Rosales, ubicada cerca al corregimiento El Crucero, en Sahagún, Córdoba.
Así mismo, las primeras informaciones confirman que Mendoza fue asesinado en una vía de la zona rural del municipio de Pueblo Nuevo, en el departamento de Córdoba.
Además, en la región operan el Frente Javier Yepes del Bloque Roberto Vargas del Clan del Golfo, también conocidos como los paramilitares de las Autodefensas Gaitanitas. También operan otras bandas de dominio local e integrantes de la Séptima Brigada del Ejército Nacional.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo acusa a este grupo de instaurar formas de control y regulación de la vida cotidiana de la población civil. Según la Defensoría, el Clan del Golfo configuró una sociedad limitada en sus libertades y una inexistente capacidad para afrontar o resistir a los códigos y prácticas de dominio criminal de este grupo paramilitar.
Crímenes de líderes, lideresas sociales y firmantes de paz
Por otro lado, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó que en lo que va del 2023 han sido asesinados más de 150 líderes y lideresas sociales. Desde la firma de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las desaparecidas FARC en 2016, el número de líderes y lideresas sociales supera las más de 1564 víctimas.
Así mismo, Indepaz también señaló que 39 firmantes de paz han sido asesinados en Colombia en el 2023. Desde que se acogieron a los acuerdos de paz en 2016, 403 exguerrilleros y exguerrilleras han sido asesinados, a pesar de haber dejado las armas y acogerse a los acuerdos.
De igual forma, el pasado 25 de noviembre fue asesinado Argemiro Fajardo Perdomo, quien vivía en Buenos Aires, Cauca, donde trabajaba en un proyecto productivo de café. En la zona donde lo asesinaron operan las llamadas disidencias.
Las masacres no terminan
De igual forma, las cifras recopiladas por Indepaz indican que en lo que va del 2023 han ocurrido 86 masacres en Colombia, en las cuales han muerto 277 personas. En mes de noviembre ha sido el segundo con mayor número de masacres del 2023.
Igualmente, en 2022, la cifra de masacres llegó a 94 y dejó 300 personas víctimas. En 2021 hubo 96 masacres en las que fueron asesinadas 338 personas.
Visitas: 13
