Crecen los cuestionamientos por actos de corrupción en la cúpula de la Fiscalía. Malversación de fondos, informes inflados, persecución a opositores y vínculos con las mafias generan el rechazo de la ciudadanía.
Francisco Barbosa habría despilfarrado dinero de la Fiscalía
Investigaciones periodísticas revelaron que el fiscal Barbosa, junto al Contralor Carlos Zuluaga (del Partido Conservador), habrían ocultado excesivos gastos personales pagados con presupuesto de la Fiscalía.
Se trata del rublo “Gastos Reservados de la Fiscalía”, los cuales aumentaron un 171% unos $51.888 millones de pesos en 2022.
La Contraloría es el organismo competente para hacer auditorías a los presupuestos que se enmarcan como “reservados” y que son exclusivos de las Fuerzas Militares y la Fiscalía halló que Barbosa gasto ese dinero en adecuaciones a su vivienda bajo el argumento de su seguridad.
La investigación fue obstruida en un principio por Barbosa, quien se negó a entregar la información oportunamente y finalmente accedió a entregarla bajo la condición de que la auditoría se hiciera en las instalaciones de la Fiscalía para evitar filtraciones.
La auditoría fue hecha por un equipo elite de la Contraloría en 2022 y publicada a finales del año pasado, pero el Contralor Carlos Zuluaga, en una maniobra para proteger al fiscal saliente, cambió el equipo investigador y trasladó el caso a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) dirigida por Juan Camilo Zuluaga, quien tiene mucho poder en esa institución y es cercano al Partido Conservador, lo que muchos interpretan como la sepultura del caso.
Mintió en su informe de rendición de cuentas
Durante sus actos públicos de rendición de cuentas, Francisco Barbosa mencionó permanentemente unas cifras que no son claras. Se trata de los bienes incautados a las mafias, los cuales según él representa entre 28 y 30 billones de pesos, cifra que cambió según el evento público.
Fiscal Francisco Barbosa
A través de investigaciones y el cruce de informaciones entre los bienes reportados a la Sociedad de Activos Especiales y los bienes que tienen medidas cautelares aplicadas por la Fiscalía, se concluyó que las exorbitantes cifras mencionadas por el Fiscal General no son ciertas. La SAE dice que a ella no le han entregado esos bienes.
La gran mayoría de los bienes que tienen medidas cautelares no están bajo el poder material y a disposición de la Fiscalía, en muchos casos se encuentran perdidos o solo existen en el papel, y los pocos que están en su poder se encuentran abandonados.
Los 30 billones de los que habla Barbosa serían su propio cálculo hipotético de lo que cuestan estos bienes investigados.
Desmienten cifras del Fiscal
Por otro lado, la Corporación Excelencia en la Justicia desmintió totalmente su informe final y denunció escandalosas cifras de impunidad y negligencia en esta institución.
El abogado y experto de esa corporación, Fabio Humar dijo que “Colombia está muy cerca de ser un Estado fallido en materia de administración de justicia”.
Así mismo, el 81% de procesos que llegan a la Fiscalía terminan archivados con solamente un 2,7% de sentencias obtenidas.
En el 55% de los casos no se logra saber quién es el responsable de los delitos. Además, en los casos que la Fiscalía lleva a juicio pierde seis de cada 10 casos, y el 32% de las audiencias son aplazadas.
Metodología para inflar las cifras
Varios periodistas han revelado la existencia de una metodología que desde la pasada administración se aplica en la Fiscalía para dar como esclarecidos casos que solamente iniciaron un proceso de investigación, y que nunca llegan a sentencias condenatorias, y de esta manera alterar las cifras.
Los fiscales locales presionados por sus superiores envían las solicitudes de imputación ante los jueces para obtener un positivo, y luego retiran el caso, que vuelve a los despachos sin ningún avance. De esta forma se inflan informes sobre el rendimiento del ente acusador.
Además, con la creación de la Unidad de Intervención Temprana, que fue un organismo hecho para descongestionar el sistema y poder archivar casos en donde no se puede conocer al responsable o casos donde no se logre tipificar el delito, esta última se convirtió en el argumento para archivar procesos masivamente.
Pacho Malo, el protegido de Mancera, es acusado de persecución de lideresa social
Danelly Estupiñán, quien estuvo activa en el paro cívico de Buenaventura en el 2017 como defensora de derechos humanos, sufrió la persecución de agentes del CTI en 2018, quienes le hicieron fotografías y la intimidaban al frente de su vivienda.
Después de exiliarse un año en el País Vasco, volvió en 2019 y los hostigamientos continuaron, lo cual le hizo a ella comenzar a tomar medidas.
Martha Mancera y «Pacho Malo»
Danelly tomó una fotografía a dos de los hombres que la seguían durante el 2019, registró varios hechos de persecución y los entregó a la fiscalía, que le respondió que no tenían ningún proceso en su contra.
La lideresa se enteró de que el año pasado uno de los sujetos que la perseguía es Francisco Ardila “Pacho Malo”, director del CTI en Buenaventura, que hoy está envuelto en un escándalo que lo compromete con operaciones de narcotráfico. Además, cuenta con la protección de la Vicefiscal Martha Mancera, señalada de tener vínculos con el narcotráfico.
Martha Mancera contra las cuerdas
Recientemente, el periodista Daniel Coronell le preguntó a Mancera si conocía las andanzas de su subalterno “Pacho Malo” y sobre el informe que de él habían hecho otros dos agentes que lo descubrieron en operaciones ilícitas. Ella negó la existencia de tal informe y, por tanto, nunca tomó cartas en el asunto.
Sin embargo, el informe fue presentado a Mancera y luego publicado por distintos periodistas que sostienen que esta y otras son pruebas suficientes para demostrar la complicidad de la Vicefiscal, quien inició su carrera en la Fiscalía del Norte del Valle hasta escalar al cargo actual.
Crecen las exigencias para que nombren una nueva fiscal
El pasado 8 de febrero, docentes y centrales obreras convocaron protestas masivas por los escándalos de corrupción que rodean al fiscal saliente Francisco Barbosa y a la Vicefiscal Martha Mancera.
En las principales ciudades, miles de ciudadanos se unieron al clamor por la elección de una nueva fiscal dentro de la terna presentada por el presidente Gustavo Petro.
La Corte Suprema no consiguió ponerse de acuerdo en la elección, lo cual desató aún más descontento entre los manifestantes, quienes después de hacer un plantón en la Fiscalía se dirigieron al Palacio de Justicia para presionar a los magistrados.
El grupo de manifestantes argumentó que esta podría ser una maniobra para dilatar la elección de la nueva Fiscal y permitir que Barbosa deje encargada a la cuestionada Mancera o a algún fiscal cercano a su séquito.
Finalmente, la policía disolvió a la fuerza las protestas a las afueras del palacio por orden presidencial. El Presidente anunció más tarde que en ningún momento estuvo en riesgo la vida ni la movilidad de los magistrados, como lo hicieron ver los grandes medios.
Varias organizaciones sociales anunciaron nuevas protestas para el próximo 22 de febrero, día en que la Corte Suprema se reunirá nuevamente para elegir a la nueva Fiscal General de la Nación.
Tomado de colombiainforma.info
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