Por Menpo Giardinelli.
Una aserción no menor, que confundió al pueblo argentino y fue aviesamente mal analizada y publicitada, dice desde hace casi dos meses que Javier Milei fue votado por la gran mayoría del pueblo argentino. Lo que no es verdad ni es un error inocente.
El ahora Presidente fue votado por solamente el 40,31% del padrón habilitado para votar, que no es lo mismo. O sea que casi el 60% —esto es: bastante más de la mitad de la población— no lo votó para presidir esta república.
Afirmar y propagandizar lo contrario fue una maniobra —un cuento— mal intencionado y nada inocente.
Lo cierto es que, coordinadamente y aprovechando el desconcierto de la población y el rápido exitismo desatado por cierta barbarie dizque “libertaria” y por la prensa interesada, desde el vamos todos los mentimedios se dedicaron a manipular los guarismos y los porcentajes, esquivando conteos claros y precisos que estaban a la mano pero casi todos los mentimedios ocultaban al afirmar, apresuradamente y mintiendo, que Milei había sido “votado por más del 50% del electorado”, lo cual en ningún momento fue cierto.
Y no lo fue porque como candidato recibió exactamente 14.476.462 votos que, aunque no fueron pocos y sirvieron para consagrarlo, la verdad es que representaron sólo la voluntad de ese 40,31% de los 35.912.841 ciudadanos que estuvieron habilitados para votar.
Y no sólo eso: tampoco se informó que en ese balotage solamente votó el 76% del padrón, siendo así uno de los registros más bajos de toda nuestra vida democrática.
Sergio Massa, por su parte, recibió ese domingo de noviembre sólo 11.516.142 votos (el 32,6% del total), mientras que el 1,55% (372.496 votos) fueron en blanco y el 1,62% (390.113) fueron anulados. Ambos guarismos suman más de otro 3% que tampoco fue reconocido, y números estos a los que cuando se les suma algo más del 23% de abstención dejan claro que por lo menos el 58,77% de los votos emitidos no fueron para el candidato Milei.
Tanto fue así que los medios interesados, apenas terminado el comicio, publicitaron apresuradamente y mintiendo, que Milei había sido “votado por más del 50% del electorado”, lo cual en ningún momento fue cierto.
En la segunda vuelta (o sea el balotage), de los 35.912.841 ciudadanos habilitados para votar lo hicieron solamente 27.021.600 ciudadanos/as, de los cuales Milei recibió sólo los mencionados 14.476.462 de votos efectivos, o sea poco más de la mitad (el 55,69 % de los votantes efectivos), pero ése NO FUE el porcentaje del padrón. O sea que el triunfo electoral de LLA de ninguna manera equivalió al cacareado porcentaje de votantes.
Al contrario, más bien representó mucho menos de lo que dijeron los mentimedios, que no hablaron de números sino precisamente de porcentajes y –fieles a su comportamiento y estilo– dibujaron así un triunfo que sí fue tal, pero para nada tan contundente.
Por cierto, en la primera vuelta habían votado 27.623.920 ciudadan@s efectivos. Lo que indicaba que entonces no habían votado otros 8.288.921 ciudadanos registrados, a quienes no se tuvo en cuenta —se los ninguneó absolutamente— en los sucesivos resultados dibujados por los mentimedios.
Así las cosas, esta columna entiende que el indudable triunfo de Milei fue electoralmente incuestionable, en efecto, pero ni tan holgado ni tan contundente. Y entiende también que gran parte del pueblo argentino fue engañado y conducido a depresión mediante la grosera manipulación de guarismos a partir de ese domingo de diciembre. No fue casual que se exageró y sobredimensionó la cantidad de votos con el evidente objetivo de que el legítimo triunfo electoral resultara exagerado, ya que el ganador había recibido muchos menos votos que los que se dieron a entender a la población. ¿Con qué objeto? Deprimir a la flamante oposición y atropellar a la democracia con tantas apresuradas y amenazantes decisiones que se tomaron y se siguen tomando.
Por lo tanto, y avanzado el proceso político en medio de chicanas, amenazas y mentiras, corresponde concluir —y que el pueblo argentino lo sepa— que el Sr. Javier Milei no fue votado por “más del 50% del electorado” (aunque sí lo fue por el 40,3% del padrón habilitado para votar) y que por consiguiente una cosa y la otra no son lo mismo. Lo que desde el vamos ayuda a entender la baja calaña y los turbios intereses de gran parte de sus acólitos y chupamedias, y a la vez impone desde ahora mismo a la política la ardua, ciclópea tarea de recomposición de la democracia y de un sistema de partidos —en particular el peronismo, el radicalismo y la izquierda— que necesaria y urgentemente deberán cambiar profundamente. Por supervivencia, pero sobre todo por la Patria.
Tomado de pagina12.com.ar
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El Gobierno dejó de enviar fondos y alimentos a los comedores comunitarios
Por Mara Pedrazzoli.
La explicación oficial para suspender la asistencia a los comedores es que se busca mejorar el sistema. Las organizaciones denuncian que la situación es “desesperante”. Ayer hubo un giro para la Tarjeta Alimentar, que cubre una población acotada.
El Gobierno mantiene pisado el envío de fondos y alimentos a los comedores comunitarios en todo el país, y la situación allí se agrava día a día. El dinero no alcanza en todas las familias para comprar alimentos y la población que asiste a los comedores crece. La política pública alimentaria venía siendo cuestionada por los movimientos sociales, en el marco de un proceso de reducción del gasto fiscal, pero suspender los pagos y el envío de mercadería mientras “están pensando” una mejor respuesta no contribuye a la solución, denuncian. Ayer el Gobierno giró un monto para la Tarjeta Alimentar, un programa que cubre una asistencia acotada para niños y niñas de hasta 14 años.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, no ejecutó las partidas de los programas alimentarios destinados a comedores populares que por ley se habían renovado emulando el presupuesto de 2023. De esta manera, el Gobierno contribuye al ajuste fiscal pero cargando el peso sobre los grupos más vulnerables de la sociedad, y no sobre la casta. Inclusive el superávit fiscal de 2 por ciento del PBI acordado con el FMI preveía el diseño de políticas públicas de contención para los sectores más vulnerables.
No obstante, la cartera manejada por Pablo de la Torre decidió pisar los programas con financiamiento del BID para la compra de alimentos secos y frescos —el “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”— y otros con fondeo local para asistencia a comedores comunitarios y escolares, que suman unos 180.000 millones de pesos presupuestados: el 8,4 por ciento de los fondos de la Secretaría.
En enero de 2023, la ejecución presupuestaria destinada a comedores comunitarios fue del 24 por ciento del total de los recursos. Hoy es del 0 por ciento, según muestran los datos oficiales abiertos del Presupuesto Nacional. El Gobierno únicamente ejecutó los giros por la Tarjeta Alimentar, que es una política de asistencia acotada dirigida a niñas y niños de hasta 14 años, que representa el 32 por ciento del presupuesto de la Secretaría. Ayer, para ese programa fueron destinados 132.000 millones de pesos.
La explicación del Gobierno para suspender la asistencia a los comedores es que quieren mejorar el sistema, para que los establecimientos compren directamente la mercadería con una tarjeta en lugar de recibir provisiones enviadas por el Estado Nacional. A esto apunta la política de extender la Tarjeta Alimentar a los comedores, que hasta ahora alcanzó a un número muy reducido.
Los movimientos sociales también critican las compras que realiza el Estado pues “entrega mal y tarde”, ya que ningún proveedor quiere venderle porque pagan con una demora de casi seis meses. Rafael Klejzer, referente del movimiento La Dignidad, señaló que los movimientos sociales muchas veces consiguen agilizar las compras y obtener mejores precios porque compran al por mayor pero además conocen a los comercio de cercanía. “Los comedores no funcionan íntegramente con asistencia del Estado, como habitualmente se cree, sino que muchas veces reciben raciones de colectas o yendo al Mercado Central a reciclar la mercadería que después se consume”, aclara.
Desde el Centro de Estudios por la Soberania Popular Mariano Moreno, que dirige Klejzer, relevaron los aumentos de precios en comercios de cercanía a los barrios populares durante enero y encontraron cifras preocupantes: el vinagre subió 64,2 por ciento en el mes, los jugos en polvo 63,3 por ciento, la polenta 54 por ciento, el aceite 45 por ciento, la harina 43,5 y la leche 41,4 por ciento, para mencionar algunos ejemplos.
Las subas en los comercios de cercanía suelen ser mayores que en supermercados, esto cuando el programa Precios Justos estaba vigente pero también por las ofertas que suelen ofrecer los grandes centros comerciales pero no un almacén. “En el contexto inflacionario actual, si el Estado sólo prorroga las partidas del Presupuesto 2023 el desfinanciamiento para los comedores populares será muy importante”, advierte Klejzer. “Ya en 2023 recibimos alimentos por un 20 por ciento menos que años anteriores”, agrega. Los movimientos sociales vienen cuestionando la política alimentaria del Gobierno: “desde 2021 funciona mal”.
Natalia Zarza, referente socio-comunitaria de la UTEP y trabajadora en comedores, comenta que la situación es desesperante para algunos sectores de la sociedad. “Donde antes se daban 80 tuppers hoy se reparten 150, y cada tupper contiene más de una ración, pero la mercadería no alcanza. Entonces los comedores que abrían de lunes a viernes, ahora solo abren tres días y los que abrían tres días pasaron a abrir solo uno”, ejemplifica.
En igual sentido se manifiesta Klejzer: “La gente que asiste a los comedores populares crece cotidianamente, entonces algunos comedores no daban abasto se transformaron en merenderos, y otros merenderos son ahora una olla popular de una vez por semana”. La cantidad de personas que asiste a los comedores cambia semana a semana. “Estamos recibiendo gente en nuestros comedores que nunca antes vimos venir. Recibimos más gente que en la pandemia, porque a nadie le alcanza la plata para comer. No es una situación de personas sin trabajo o que hacen changas, sino de familias con empleo formal que se quedan sin dinero antes de fin de mes”, agrega Zarza. “La situación en los barrios es delicada y las personas se enojan con las propias compañeras porque entregan raciones pequeñas que es lo que se llega a cocinar”.
La calidad de la comida en los comedores muchas veces no es buena y las entregas estatales son lerdas y discontinuas: “Un día te dan hidratos pero no entregan aceite ni azúcar, otro día te arreglan con algunas latas de tomate y arvejas”, sostienen desde la UTEP, pero discontinuar las asignaciones de recursos físicos y monetarios a los comedores no parece ser parte de la solución. Mientras el Gobierno “está pensando” una mejor respuesta, transforman lo malo en peor. Lo mismo sucedió con la entrega de las cajas de navidad que fue suspendida en diciembre porque evaluaron que eran muy pocas, “inclusive en la transición de Cristina Kirchner y Mauricio Macri se entregaron”, señalaron desde los movimientos sociales.
Respecto a las asignaciones presupuestarias, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo el miércoles pasado que el Ministerio de Capital Humano “ha duplicado la ayuda alimentaria y aumentado en un 75 por ciento el presupuesto destinado a las transferencias a comedores”, sin embargo ninguna de esas cifras pudo constatarse con la información oficial consultada por este diario. Sí se observó que el presupuesto para políticas alimentarias es exactamente el mismo que en 2023 —lo cual supone un fuerte ajuste sobre el poder de compra con una inflación superior al 211 por ciento anual—, y que en materia de comedores populares el presupuesto está siendo subejecutado, con asignaciones cero. Ante este escenario, los movimientos sociales, referentes de iglesias y algunas ONGs presentaron a las autoridades un listado de los comedores que administran y la cantidad de personas asistentes, pero todavía no obtuvieron respuesta.
“El lunes vamos a hacer una fila en la puerta del Ministerio de Capital Humano para que atiendan individualmente a quienes tienen problemas de alimentación”, comentaron desde La Dignidad, “pero todavía no resolvimos cómo trasladar a las personas que viven en el interior del país”. Además, el jueves repetirán la asistencia a las puertas de supermercados para recibir donaciones. Interpretan que va a haber lucha. En tanto desde la UTEP calcularon en respuesta a las autoridades que “si el Gobierno quiere atender una a una a las personas con hambre, le va a tomar 85 años poder hacerlo, a razón de dos minutos por persona”.
Tomado de pagina12.com.ar
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