Según el organismo internacional, ni el protocolo ni el capítulo de Seguridad de la ley Ómnibus son compatibles con los estándares internacionales. El pronunciamiento se conoció después de una denuncia que hicieron las centrales obreras, movimientos sociales y organismos de derechos humanos.

Patricia Bullrich arrancó envalentonada su segunda gestión al frente del Ministerio de Seguridad: protocolo anti-manifestaciones, una resolución para cobrarles “multas” a las organizaciones sociales y un proyecto de ley que busca criminalizar a quienes participen de protestas o las organicen. La batería de decisiones de la ministra no cayó bien en la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde tres relatores especiales le reclamaron al gobierno de Javier Milei que revise las disposiciones porque no son compatibles con los estándares internacionales y le aconsejaron que “no imponga restricciones indebidas al derecho a la libertad de reunión pacífica”.

El martes, el mismo día en que había negociaciones frenéticas en la Cámara de Diputados para cerrar un dictamen que permitiera llevar al recinto la Ley Ómnibus, llegó una comunicación firmada por los relatores Clement Nyaletsossi Voule (Libertad de reunión pacífica y de asociación), Irene Khan (Promoción y Protección del derecho a la libertad de opinión y expresión) y Mary Lawlor (Situación de los defensores de Derechos Humanos). El texto recién se hizo público este viernes a través de un tuit de Voule, el relator que ya había irritado a Bullrich cuando criticó el protocolo anti-manifestaciones.

Naciones Unidas desmenuzó artículo por artículo el protocolo que Bullrich puso en práctica por primera vez el 20 de diciembre pasado y que viene fallando porque no logra –a pesar de la saturación y de la parafernalia policial– impedir que los manifestantes corten las calles para hacerse escuchar. No hubo ni una sola ponderación positiva. En la cartera ubicada en la calle Gelly Obes optaron por el silencio frente a las consultas de este diario sobre cómo habían caído las consideraciones de la ONU.

“El derecho a la reunión pacífica, junto con otros derechos conexos, constituye el fundamento mínimo de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto de la ley y el pluralismo”, afirmaron los tres expertos que enviaron la comunicación al Estado argentino.

La criminalización

Los relatores le recordaron a Bullrich la Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que es el órgano que vigila la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Ese pacto, en la Argentina, tiene rango constitucional. Ese documento sostiene, a contramano de lo que dice la ministra de Seguridad, que “las reuniones pacíficas pueden promover ideas u objetivos polémicos que pueden causar perturbaciones, por ejemplo, a la circulación de vehículos o peatones o la actividad económica”.

La interrupción del tráfico no constituye violencia –remarcan– y únicamente se habilita a las fuerzas de seguridad a dispersar a los manifestantes si hay una amenaza inminente de violencia grave. “Los estándares internacionales prevén que la sociedad toda pueda enterarse de las demandas de quienes ejercen este derecho, y subrayan que la libertad de reunión pacífica es un derecho, no un privilegio”, subrayaron.

Bullrich caracterizó las protestas y los cortes de calle como un delito flagrante, que permite la actuación de las fuerzas de seguridad sin que haya una orden judicial. Sin embargo, la ONU le respondió que podría “estar en presencia del fenómeno de criminalización de la protesta social a través del uso del derecho penal”. Para los expertos, “considerar toda reunión como violenta o delictiva ex ante es una decisión contraria al estándar internacional”.

A diferencia de lo que se vio el miércoles, cuando las fuerzas federales bloquearon toda la subida al Puente Pueyrredón en Avellaneda, los relatores de Naciones Unidas recordaron cuáles son las tareas que deberían desplegar los uniformados en manifestaciones. “La obligación de los agentes encargados de hacer cumplir la ley en una reunión no consiste primariamente en controlarla o restablecer el orden; su obligación inicial y principal es facilitar la protesta pacífica y el ejercicio de los derechos que en ella confluyen”, destacaron.

Desde la ONU también le dijeron a Bullrich que no debería usar en el protocolo expresiones como “armas no letales” porque, en realidad, la experiencia muestra que esos dispositivos también pueden matar si se usan de manera indebida.

En otro apartado, los relatores evaluaron que la decisión del Ministerio de Seguridad de identificar manifestantes, organizadores, transportes e incluso transportistas podría afectar la garantía procesal de presunción de inocencia. “Se debería permitir el anonimato de los participantes, a menos que su conducta ofrezca motivos razonables para su detención”, fundamentaron.

Los referentes de la ONU también repararon en dos de los ejes que más le interesan a Bullrich: la presencia de niñes y de migrantes. Según el protocolo, si una persona migrante es parte de una protesta, las autoridades pueden dar aviso a Migraciones. Para la ONU, es una medida discriminatoria. “Todos tienen el derecho de reunirse pacíficamente: tanto los ciudadanos como los no ciudadanos. Lo pueden ejercer, por ejemplo, los ciudadanos extranjeros, los migrantes (documentados o indocumentados), los solicitantes de asilo, los refugiados y los apátridas”, recordaron.

Sobre la presencia de niñes y adolescentes en manifestaciones, los expertos de la ONU enfatizaron que el Estado argentino debe permitir que puedan ejercer su derecho a reunirse pacificamente y tiene la obligación de concientizar a los funcionarios sobre las necesidades específicas de personas o grupos en situación de vulnerabilidad.

Advertencia al Gobierno y el Congreso

La comunicación de la ONU se produjo después de una denuncia que hicieron semanas atrás la CGT, las dos CTA, movimientos sociales y organismos de derechos humanos. “Es importantísimo que hayan tomado la denuncia que hicimos y muestren que no estábamos equivocados cuando veíamos que estas propuestas se alejan del marco de los derechos humanos y las libertades democráticas”, evaluó Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“La respuesta es excelente por varias razones –apunta Luis Campos, integrante del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma–. En primer lugar, por la velocidad y, en segundo lugar, por la contundencia de las afirmaciones. Está muy claro en el análisis que todas las propuestas están reñidas con los estándares internacionales”.

Para Tufró, la comunicación no solo debe ser leída por Bullrich sino también por los diputados y las diputadas que están actualmente discutiendo la ley Bases, que tiene un capítulo de Seguridad que fue defendido por la propia ministra. “Esperamos que esto sea también un mensaje para los legisladores. En el juego de las negociaciones, ninguno de los que participan se pronunció sobre este tema que es gravísimo. Solo lo hicieron quienes ya anunciaron que rechazan el proyecto”.

Solo Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda y de Trabajadores -Unidad (FIT-U) hicieron foco en que las propuestas de Bullrich buscan criminalizar la protesta al proponer penas de hasta seis años para quienes sean sindicados como organizadores de protestas. Incluso la ministra debió retirar el artículo que establecía que tres personas constituían una “manifestación” y, por ende, estaban sujetos a la obligación de avisar, por ejemplo, al Ministerio de Seguridad. Diputados como Leopoldo Moreau habían resaltado durante el debate que era un virtual estado de sitio.

“Siempre dijimos que las medidas que estaban tomando desde el Ministerio de Seguridad son ilegales y que los diputados que voten el capítulo penal en la ley Ómnibus están poniéndole su voto algo absolutamente ilícito. Serán parte del ilícito cuando ya es de público y notorio que lo que están haciendo es ilegal”, afirma la diputada Myriam Bregman (FIT-U).

Tomado de pagina12.com.ar

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Del paro nacional al show de Caputo

El jugador que faltaba

La enorme movilización del miércoles puso en escena al verdadero peligro para los planes de Milei, Caputo y Sturzenegger, las tres caras que condensan los intereses empresarios plasmados en el DNU y la Ley Ómnibus. El caos que muestra el Gobierno impidió la negociación y todo termina en un retroceso desordenado.

Fuera de los arranques temperamentales en el gabinete, la respuesta sobre quiénes gobiernan es: Federico Sturzenegger y Luis Caputo. Ese desencuentro entre el modelo utópico de un Javier Milei que recibió el respaldo de las urnas, frente a los que realmente tienen una idea del modelo que las megacorporaciones quieren imponer, produce turbulencias permanentes. El miércoles se despertó el gigante y apareció el verdadero problema para el gobierno con un paro de la CGT y uno de los actos gremiales más masivos de la democracia.

En Argentina pasa algo similar a lo que pasó en Davos. Apareció un muñeco, levantó el dedo y dijo: “todos ustedes están dejando que el mundo vaya hacia el comunismo”. El Peluca ni se refirió a los problemas que había planteado el informe anual de riesgos globales del Foro Económico Mundial de Davos, donde el comunismo hace mucho que no figura en la lista de amenazas. El informe estaba más preocupado porque la economía de Estados Unidos crecerá sólo el 1 por ciento en 2024, la de Alemania cayó 0,3 por ciento en 2023, pero su industria manufacturera se contrajo a una tasa interanual de 6-7 por ciento y tanto la economía francesa como la británica se volvieron negativas en el último trimestre de 2023; lo mismo ocurre con Japón y Canadá, en tanto que Países Bajos, Suecia, Austria y Noruega entraron en recesión.

Muchos de los que fueron a escucharlo esperaban encontrar un liderazgo que permitiera superar esta situación crítica. Pero se dieron cuenta de que se trataba del número vivo. No lo volverán a escuchar. El informe decía que pese a todo, empezaba a bajar el precio de los alimentos y la inflación. Menos en Argentina, donde con Milei crecía hasta más del 200 por ciento, y en Turquía donde subió el 50 por ciento.

En Davos, Milei habló de Marte, igual que hace en Argentina. No tenía plan económico y abrazó el mamotreto de Federico Sturzenegger como si fuera su salvavidas y hasta ahora ha sido su única guía para la acción. Y acudió a Luis Caputo, el principal responsable del desastre que fue el gobierno de Mauricio Macri, para que resolviera los temas financieros. Cuando abre la boca, Milei sólo repite la misma cantilena sobre la libertad y la mar en coche, pero no tiene la más mínima respuesta para los problemas concretos.

Caputo dijo que no aceptaba y después se desdijo y se convirtió en el principal ministro. Ahora afirmó que se irá cuando termine su tarea, que era conseguir fondos que no consiguió. Entonces se habla de que será expulsado para que lo reemplace Sturzenegger que ocupa un lugar surrealista: está, pero no está. Y para completar, un lector del diario señaló que, en alemán, Sturz significa caída y egger arrastrar. El diccionario dice que el apellido completo Sturzenegger puede significar “caer de una montaña” o “chocar en una esquina”, patapúfete. En cualquier otra situación el apellido sería lo de menos, pero este momento da para todo.

Este personaje que está pero no está y maneja la economía, aunque su apellido advierte que va a “chocar en una esquina”, apareció en todas las reuniones donde el oficialismo crítico u opoficialismo discutió los parches a la ley ómnibus con distintos funcionarios. Esta presencia del señor “caer de una montaña”, sin ser legislador ni funcionario puso de malhumor a los legisladores, hasta que Miguel Angel Pichetto amenazó con retirarse si permanecía Sturzenegger.

Los legisladores nunca saben si lo que negocian será después vetado por Milei. Los funcionarios como Guillermo Francos, a veces tienen autoridad y a veces no. Más que con los funcionarios, con Sturzenegger, o con el mismo Milei, tendrían que negociar punto por punto con las corporaciones que son favorecidos por cada uno de ellos y cuyos abogados son quienes los redactaron. En esas conversaciones caóticas, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, cambió el azúcar tucumano por el desastre de los jubilados y los trabajadores, antes de que Caputo anunciara el retiro del capítulo fiscal. Con esa negociación habilitó la aprobación del dictamen por mayoría de la ley ómnibus, al fraccionar con tres de sus diputados al bloque de Unión por la Patria.

Pero ni aún así, lo que se aprobó le servía a Caputo por su acuerdo con el FMI, al que le prometieron más de lo que pedía. El dictamen fue aprobado por 21 votos positivos y 34 que aprobaron en disidencia. No podían cerrar ese acuerdo sin arruinar a los jubilados. En ese acuerdo figuraba la liquidación del Fondo de Garantía Sustentable. Y tuvieron que reunirse otra vez después de la aprobación para recauchutar el texto recauchutado porque muchos de los que votaron sólo han leído el punto que les interesaba y desconocían todo lo demás.

Hay otra trampa en ese debate porque si le conceden las facultades extraordinarias que pidió Milei, no está claro si todo lo que se sacó del texto en esas negociaciones, no será instalado luego por decreto del Ejecutivo. Por estas zonas turbias, la Coalición Cívica se retiró de las negociaciones y presentó dictamen por minoría, al igual que Unión por la Patria, el GEN, los socialistas y la izquierda.

Milei perdió varios puntos de apoyo en la sociedad y se debilitó la convicción de muchos de los que todavía quieren creerle. La movilización contra la ley ómnibus y el DNU fue masiva en todo el país. La mayoría de la gente salía de los subtes, los trenes, y los colectivos atestados. No se veían las grandes filas de ómnibus a los costados de las avenidas como sucedía antes. Y el paro fue muy fuerte en la industria. Hubo empresarios que se adhirieron a la medida de fuerza y cerraron. El comercio, en cambio, fue casi normal. El gobierno no esperaba esta adhesión a la convocatoria, apeló al amedrentamiento y las amenazas y sólo consiguió motivar aún más a los manifestantes.

El paro y el acto mostraron que en pocos días cambió el humor político de la sociedad y que se replegó el discurso hegemónico que llevó a Milei a la Casa Rosada. La soberbia y la indignación inoculadas por las redes y los medios hegemónicos se redujeron a un mínimo y poco convencido “hay que darle tiempo” como máxima expresión de apoyo.

El acto fue contundente como ariete de la política. Además de la furia de Milei, llamó a la reflexión a varios de los legisladores que abrieron el camino a la ley ómnibus y participarán, a partir del martes, en su debate. Milei prometió que dejará sin caja a los gobernadores y está impulsando la creación de una fiscalía para investigarlos.

La reacción popular era un dato que aparecía muy soslayado por el gobierno, que trató de minimizar el paro y el acto. A nivel mundial, tuvo una resonancia muy fuerte, incluso entre los medios conservadores. La resistencia popular empezó a complicarle los planes, las alianzas y la imagen internacional de gobernabilidad, la característica que más le puede interesar a fondos de inversión y organismos financieros. El paro y el acto demostraron que es imposible realizar cambios estructurales tan regresivos sin fuerte resistencia popular y manteniendo gobernabilidad. En gran medida, la atención de todo el planeta estaba pendiente de la resolución de esa problemática. La masiva participación popular en el paro y el acto le dieron respuesta.